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Desde hace algunos años se presenta en Colombia un retorno del Derecho administrativo para las entidades estatales con régimen contractual excepcional. Este artículo analiza su deber de tramitar la contratación en el SECOP II o en la plataforma transaccional que haga sus veces, argumentando que este mandato procedimental expresa la referida tendencia, pues restringe la libertad de forma que rige, por regla general, en el Derecho privado, y maximiza la garantía de principios desarrollados en buena medida por el Derecho administrativo, como los de publicidad y transparencia. Asimismo, el texto estudia los desafíos a los que está sujeto el uso de dicha plataforma electrónica por parte de tales entidades, precisando que se trata de una herramienta transaccional y no simplemente publicitaria.

Los múltiples retos que enfrenta la sociedad contemporánea exigen de las Administraciones públicas actuaciones cada vez más eficientes y eficaces. El Derecho administrativo debe, por tanto, enriquecer su sistema conceptual incluyendo criterios directivos de la conducta administrativa que trasciendan de los criterios jurídicos tradicionales ligados al binomio legalidad-ilegalidad. En este contexto la interdisciplinariedad adquiere importancia, pues facilita el diálogo con ciencias externas al Derecho y permite incorporar en el sistema jurídico el saber cultivado en estas. El presente estudio se aproxima a dicho planteamiento y propone concebir el conocimiento científico como un concepto gradual valioso en el marco de la metodología aplicativa del Derecho administrativo. En efecto, se explica que el conocimiento científico actúa como un criterio que sirve para valorar el grado de racionalidad epistémica que debería exigirse a la Administración en la creación, complementación y aplicación de su norma de conducta. Adicionalmente, se propone la idea de que tal saber es un estándar de racionalidad que admite niveles y que, en consecuencia, esta circunstancia no debería perderse de vista al estudiar su incidencia en la actuación administrativa.

El artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 estableció que el Gobierno Nacional debe adoptar pliegos de condiciones tipo obligatorios para ciertos procedimientos de selección contractual. Adicionalmente, lo facultó para crear y extender la obligatoriedad de dichos documentos a otras modalidades de selección. A partir de esta disposición y de los reglamentos expedidos por el Gobierno, se faculta a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente para implementar pliegos vinculantes para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En razón de estas competencias, surge la duda de si ha desaparecido la potestad discrecional para la confección del pliego de condiciones; inquietud que aborda el presente artículo.