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This paper analyzes the debate that arose in the Peruvian legal system about whether the term that the State has to collect civil compensation in cases of judgments arising from criminal procedures for offenses against public administration is one of expiration or prescription. The difference is not minor because while the prescription period allows for interruptions, the expiration period is not interrupted even when the debtor performs dilatory maneuvers to avoid payment. This last situation is recurrent in the context of the prosecution of the crimes against the public administration, as they sanction state corruption. In this paper, we intend to contribute to the aforementioned debate based on the revision of the figure of civil compensation and its capacity to combat and prevent corruption. Also, the definition, scope and differences between the figures of the expiration and the prescription will be studied to indicate, on the end, that this last institution is the one applicable to the supposed matters of examination. El presente artículo analiza el debate surgido en el ordenamiento jurídico peruano en torno a si el plazo que tiene el Estado para cobrar la reparación civil en casos de sentencias derivadas de procesos penales por delitos contra la Administración pública es uno de caducidad o de prescripción. La diferencia no es menor, pues, mientras el plazo de prescripción admite interrupciones, el plazo de caducidad no se interrumpe aun cuando el deudor realiza maniobras dilatorias para evitar el pago. Esta última situación resulta recurrente en el marco de la persecución de los delitos contra la Administración pública en tanto sancionan la corrupción estatal.En este trabajo, se pretende aportar al referido debate partiendo de la revisión de la figura de la reparación civil y su capacidad para combatir y prevenir la corrupción. Asimismo, se estudiará la definición, los alcances y las diferencias entre las figuras de la caducidad y la prescripción para señalar, sobre el final, que es esta última institución la aplicable a los supuestos materia de examen.

La presente investigación se centra en analizar la siguiente interrogante: Ante los supuestos de incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿existen reglas y criterios en el ámbito judicial para resarcir adecuadamente al afectado? Es frecuente que en los casos de incumplimientos contractuales, donde se solicita la ejecución forzada del contrato o la resolución del mismo, se plantee un pedido de resarcimiento de daños y perjuicios. Dicho mecanismo de tutela es utilizado por los acreedores a fin de paliar los daños que se hubiesen ocasionado. Ahora bien, son recurrentes los supuestos en los cuales el monto requerido es cuantitativamente distinto al que se otorga vía resolución judicial, o simplemente a pesar que pueda tenerse la razón, se declara infundada la demanda por la falta de acreditación de los daños. A nuestro entender, en principio el método para resolver el incumplimiento contractual tendría que ser mucho más simple, tendría que bastar con determinar en primer lugar si existe un incumplimiento de obligaciones, luego si realmente existieron daños, para finalmente establecer de manera razonable cómo debe resarcirse el referido incumplimiento. Ocurrido esto, una de las partes recurre a la instancia judicial, generándose un conflicto de interés, ya que por un lado la parte que ha incumplido el contrato se encuentra en una situación incierta respecto a si va a responder o no por el incumplimiento y, de ser el caso, hasta cuánto va a responder1; en cambio por otro lado existe la necesidad de la parte afectada que el proceso judicial sea lo más eficiente posible, en el cual se le coloque a éste en semejante posición a la que hubiese tenido si la otra parte hubiese cumplido. Tesis