Search

Se interpreta que la información gubernamental debe ser expuesta a la legislatura, los órganos de control y a la ciudadanía con el fin de rendir cuentas de lo actuado y deberá permitir, entre otros aspectos, la evaluación de gestión de quienes tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos. En nuestra opinión, existe una relación muy importante entre la transparencia en la rendición de cuentas y la gobernanza. Enfatizamos la importancia de incorporar mejores prácticas de gobierno corporativo en el sector público, como generador de valor en la dirección, control de gestión y administración de riesgos en la toma de decisiones a nivel de gobierno central, así como también en las empresas estatales. Es por ello que resulta confuso encontrar por un lado normativa emanada de la Secretaría de Hacienda de la Nación (Resolución 25/95 de la SH) que define activo utilizando conceptos perimidos, los que ignoran al patrimonio natural y cultural. Por otra parte, la misma Cuenta de Inversión hace referencia a la transparencia en la rendición de cuentas y también se explican los conceptos que posibilitan que los diferentes usuarios generen las capacidades necesarias para el entendimiento y posterior análisis de las cuentas públicas, para cuya elaboración, entendemos, ignora un patrimonio significativo. Si bien en un Estado Constitucional la transparencia a través del acceso a la información pública es considerada uno de los pilares basales del sistema democrático y republicano de gobierno, de investigaciones preliminares surge que existe falta de integridad en la información al no presentar en la Cuenta de Inversión el patrimonio natural y cultural. Es la hipótesis de este estudio que de las normativas referidas al derecho de información pública y administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, entre otras, surge la necesidad de incorporar los avances en la doctrina y tecnología contable para aportar a la accesibilidad y transparencia de la información pública gubernamental. Es el objetivo aportar a la adecuación y/o actualización de la información pública gubernamental en lo referido al patrimonio natural y cultural para mejorar su accesibilidad y transparencia y, con ello, contribuir a conocer objetivamente las potencialidades con que cuenta el país. Se realiza una investigación teórica. Se tiene en cuenta que la definición de activo de la Resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda de la nación debe ser actualizada y se seleccionan, entre otras, el derecho de acceso a la información pública (Ley nº 27.275 Derecho a la Información Pública y la Ley nº 25.831 sobre el régimen de libre acceso a la información pública ambiental); la gobernanza y el patrimonio natural y cultural (Ley nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, orientaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-) y los principios políticos normativos answerability y enforcement. Se realizan análisis críticos y comparativos y se infieren conclusiones. Entre las conclusiones se expresa que se requiere la construcción de un puente entre la normativa vigente y los criterios más a avanzados en cuanto a reconocimiento, medición y exposición de elementos del patrimonio para el Sector Público, respetando en todo momento el espíritu que debe regir a la Contabilidad Gubernamental para representar acabadamente la realidad económica y social de los respectivos Estados.

El pasado es historia, el futuro presenta incertidumbre y suposiciones; el presente se impone con una serie de cambios sustantivos donde el control patrimonial es necesario en bienes del patrimonio cultural, como eje de la actividad productiva del hombre en general, en este caso en la actividad pública, donde el foco debe ubicarse en la transparencia de la gestión de los gobiernos. Estos bienes como obras de arte, antigüedades, documentos históricos, entre otros elementos, considerados patrimonio cultural, cuentan no solo con un valor económico, sino también emotivo que no puede ser medido en términos monetarios. La contabilidad pensada en sentido amplio, como sinónimo de información, debe proveer información cuantitativa y cualitativa sobre el patrimonio económico y social del ente público y sobre sus variaciones periódicas, que debe ser útil para los usuarios en la toma de decisiones de índole económico-social. Los usuarios tipo: cuerpos legislativos y de fiscalización, necesitan información que les ayude a evaluar: a) La capacidad del ente público para pagar obligaciones en tiempo y forma; b) El origen, naturaleza, características, rendimiento y sustentabilidad de los recursos empleados; c) Calidad de la gestión de la administración en cuanto a la sustentabilidad de la obtención de los recursos para atender el bien social; d) La legalidad bajo la cual se obtuvieron y aplicaron los recursos. Dentro de este esquema, la contabilidad gubernamental se concibe como un sistema integrado de información inherente al proceso económico-financiero y social de los entes públicos, que requiere el aporte conceptual de la teoría de los sistemas y de la disciplina contable. Los informes contables financieros irán acompañados de información complementaria necesaria para la comprensión integral de la situación sintetizada, que podrá revelarse a través de notas, cuadros, gráficos u otro formato.

El término crisis financiera se suele utilizar en un sentido genérico, para hacer referencia a la situación en la que un país sufre una dificultad económica que no tiene su origen en la economía real del país, sino que está fundamentalmente asociada a problemas del sistema financiero o del monetario. La Teoría Macroeconómica, distingue claramente entre las variables de “Flujo” y las variables de “Stock” (también denominadas existencias). Las variables de flujo, se expresan en relación a un período de tiempo, por ejemplo, el PBI se genera desde el 1ro.de enero hasta el 31 de diciembre de un año, y por lo tanto es un flujo, mientras que la cantidad de dinero existente a una fecha determinada se trata de un stock o existencia, medida en un punto en el tiempo. La estructura patrimonial (modelo estático sobre stocks) debe perseguir como objetivo informar, a la ciudadanía en general, sobre los recursos públicos y su financiación, como así también permitir la elaboración de indicadores para medir la gestión del gobierno y así evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la generación de bienes y servicios que brinda el Estado. Los estados financieros (contables) deben reflejar la responsabilidad del gobierno por los recursos que se les han confiado y los créditos máximos autorizados con la condición de hacer, ofreciendo información que resulte útil para la toma de decisiones.

El petróleo y los minerales constituyen recursos naturales, sujetos a diferentes disposiciones establecidas en la normativa internacional en cuanto a su explotación, uso y disfrute. En 1945, con la creación de Naciones Unidas (ONU), se estableció la libre determinación de los pueblos y como elemento básico para su cumplimiento, el derecho de los pueblos a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. El término “exploración” es utilizado en la industria petrolera para designar la búsqueda de petróleo o gas. Su objetivo fundamental es la incorporación de nuevas reservas probadas, es decir mantener un inventario de volúmenes de crudo en el subsuelo que pueda ser producido para mantener la oferta del producto durante un periodo prolongado. Por ello, el objetivo del proceso de “exploración” consiste en maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de hidrocarburos gaseosos y no gaseosos del suelo y a efectos de lograr un proceso sustentable, debería ser desarrollado en armonía con el personal y el medioambiente. En sus orígenes, la industria petrolera encontró sencillo localizar yacimientos, porque se explotaron los muy superficiales, cuya existencia era conocida, o porque fueron descubiertos por obra del azar. No obstante, la creciente importancia de esta industria, originó una búsqueda intensiva y racional de nuevos yacimientos, que se transformó en una verdadera ciencia, con aportes, de la geología, la física, la química. En la actualidad, el hallazgo de yacimientos petrolíferos no es obra librada al azar y obedece a una tarea científicamente organizada, que se planifica con mucha antelación, empleando instrumental de alta precisión y técnicos especializados que deben ser trasladados a regiones a menudo deshabitadas, en el desierto o en la selva, obligando a construir caminos y sistemas de comunicación, disponer de helicópteros, instalar campamentos y laboratorios. La disciplina contable debe cumplir con su función, permitiendo elaborar informes que satisfagan las múltiples necesidades de los usuarios, revelando interrelaciones financieras, económicas y sociales entre las diferentes unidades económicas y revelando información sobre los sitios en los cuales pueden existir acumulaciones de hidrocarburos, los costos relacionados con la verificación de su existencia y así revelar aquello que está desarrollando el ente para aumentar el nivel de certidumbre y la cuantificación de las reservas. Las particularidades de la industria del petróleo, la incertidumbre sobre el éxito o no que demandarán las actividades de “exploración”, el prolongado ciclo operativo que media entre la inversión inicial y la primera producción de hidrocarburos y la dispersión entre el esfuerzo exploratorio para evaluar si es relevante desarrollar o no un yacimiento y el valor de los flujos futuros de fondos descontados asociado a los complejos acuerdos de las empresas para compartir riesgos que generalmente también involucran a países dueños de dichos recursos genera un desafío para la contabilidad. Las normas internacionales de información financiera dieron un paso importante en el 2004 cuando el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la NIIF 6 “Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”. Entendemos válidas las razones enunciadas por la norma internacional cuando alude a su no existencia en este tipo de actividades, pues “están fuera del alcance de la NIC 38 Activos Intangibles” y las “diferentes perspectivas sobre cómo deberían ser contabilizados los desembolsos por exploración y evaluación de acuerdo con las NIIF”. No obstante, en nuestra opinión, estamos de acuerdo en que los mencionados costos de exploración sean considerados activo, pues beneficiarán ejercicios futuros. Es por ello, que en nuestra opinión, no solo deben incorporarse como activo los costos de exploración en su totalidad e imputarse a resultados aquellos que luego se conviertan en esfuerzos relacionados con pozos desechados, sino que además en información complementaria deberían exponerse indicadores que demuestren el esfuerzo efectuado por los entes para un desarrollo sustentable y exitoso de su actividad. En virtud de lo antes expuesto podría obtenerse información útil para eliminar proyectos exploratorios no rentables, identificar proyectos clave: con alta rentabilidad, otros con alto potencial de incorporación de reservas y otros con alto riesgo en sus indicadores financieros.

El producto final de la contabilidad -cualquiera sea la especialidad- debe cumplir con un objetivo y es el de suministrar información útil que refleje la realidad y el comportamiento social del ente. Si consideramos que la contabilidad patrimonial se refiere a una especialidad que para la elaboración de informes, requiere de la consideración de normas, el desafío radica en encontrar el camino para resolver las dificultades actuales relacionadas principalmente con el reconocimiento y medición de activos intangibles, pues los elementos patrimoniales tangibles pierden significatividad en la valoración del ente en su conjunto. Similar reflexión deberíamos efectuar sobre el producto final de la contabilidad gubernamental. En lo que respecta a las del sector público, con la promulgación de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional Nº 24156 (LAF), surgió un avance cualitativo y cuantitativo muy importante: Se aprobaron los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público Nacional – Resolución Nº 25 /95 emanada del órgano coordinador del macro-sistema de Administración Financiera, a saber Secretario de Hacienda, impulsadas por el órgano rector del sistema de contabilidad, Contaduría General de la Nación y además se implantó el registro de contabilidad por partida doble. Los principios y finalidades fundamentales del sistema de contabilidad gubernamental - que deberá ser llevado de acuerdo con los “principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables en el sector público”, como prescribe el Art. 87, apartado e, de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N°24156- se encuentran enunciados en los distintos apartados de los Arts. 86 y 87, LAF. La LAF ordenó a la Contaduría General de la Nación “Dictar normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional. En ese marco se prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir por las entidades públicas”. Debemos tener en cuenta que el sector público se distingue por una serie de características que pueden influir al momento de definir el Marco Conceptual. Ellas son: 1) Elementos externos a la organización o de influencia indirecta: se relacionan con conceptos contables como el reconocimiento de las operaciones y algunos de los requisitos de la información, lo que permite justificar la necesidad de adoptar prácticas determinadas: Heterogeneidad Fragmentación del poder Responsabilidad Ausencia de mercado. 2) Elementos internos a la organización o de influencia directa: se ubican características que afectan directamente los requisitos de la información contable como ser: Prestación de un servicio como objetivo prioritario Ausencia de ánimo de lucro Dificultades para la medición del output Diferente concepto de beneficio Énfasis en la posición financiera Importancia del presupuesto y de la legalidad. Al momento de definir un Marco Conceptual, los elementos que lo integran son claramente identificables: los objetivos de la información contable, sus características cualitativas, los elementos de los estados contables o financieros y el concepto de mantenimiento de capital. Si nos referimos al segmento de la Contabilidad Gubernamental, su integración dentro de dicha estructura, puede dar origen a interpretaciones específicas acerca de sus elementos principales pero nunca a la consideración de un Marco Conceptual diferente, ya que se entiende que dicho Marco debe ser único para ambos segmentos: contabilidad financiera y gubernamental, pues en ellos se consensuaron cuestiones de la teoría contable como definición de activos, pasivos y resultados. La heterogeneidad del sector público se manifiesta en que las organizaciones que lo integran, no solo prestan una variedad de servicios diferentes, sino también en las características legales, sociales, económicas y políticas que presentan. Dichas organizaciones poseen poderes y responsabilidades, así como distintos objetivos, fuentes de financiación y estructuras organizativas que conllevan a adoptar diferentes prácticas contables que difieren, en algunos casos, de los aplicados a los entes privados, lo que justifica el dictado de normas propias para el Sector Público. Asimismo, los estados contables o financieros son documentos importantes que le permiten a la sociedad - como sujetos pasivos - evaluar la administración responsable de los fondos públicos por parte del gobierno, relacionados con la norma presupuestaria que aprobara el órgano volitivo (Congreso Nacional). Contar con normas precisas es decisivo para exigir la rendición de cuentas a las entidades del sector público, respetando los requisitos de la información contable que deben satisfacer los informes financieros elaborados por dichas entidades y que el legislador le ha otorgado a la Contaduría General de la Nación. El sector público debe asegurar que cuenta con un proceso normativo transparente y de alta calidad para ratificar la fiabilidad y utilidad de los estados contables gubernamentales. Cabe agregar que las actuales normas generales aplicadas en los informes del Sector Público Nacional (Resolución 25/95 de la Secretaria de Hacienda) fueron dictadas con anterioridad a los estándares internacionales para el Sector Público emanados de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Las diferencias entre el contexto local frente al internacional, los desarrollos nacionales no considerados en los estándares internacionales y las eventualeS diferencias de la estructura normativa de la contabilidad pública respecto de la establecida en dichos estándares, se entiende, justifican ampliamente que en una primera instancia, la Contaduría General de la Nación, en Argentina, emita normas propias, empleando aquéllos como supletorios, recomendaciones o buenas prácticas.

La rendición de cuentas implica la responsabilidad de llevar a cabo ciertas acciones como también dar cuenta de ellas. El núcleo de la contabilidad de los factores sociales y ambientales, que consiste en la comunicación de la información sobre el impacto de una entidad y de sus actividades a la sociedad, se encuentra receptado en una concepción amplia de la contabilidad. La mayor parte de las empresas mineras presentan su compromiso social con valores relacionados con la sostenibilidad en sus declaraciones de visión de negocio y políticas organizacionales, sin embargo, no muchas logran una integración eficiente de esos valores en sus niveles operacionales. El compromiso corporativo es condición esencial, pero no suficiente, para lograr la sostenibilidad, la otra condición esencial es una cultura empresarial en la que la sostenibilidad sea un valor profesional, de modo que esté motivada por el compromiso personal, más que por cumplir una norma. Las empresas mineras se presentan ante la sociedad por medio de sus estados financieros, en ellos revelan el desarrollo de su actividad empresarial y dan a conocer su accionar económico, social y ambiental y la información que hacen pública es el resultado de haber gestionado los recursos naturales de una zona. En ese sentido, se vislumbra un crecimiento económico, pero las comunidades de los alrededores no aprecian los avances que las empresas mineras presentan en sus estados financieros y en sus informes de sostenibilidad, debido a sus habitantes se mantienen dentro de los niveles de pobreza y aún de indigencia. Consideramos que es relevante tener en cuenta que los entes mejoran su desempeño social y ambiental por medio de iniciativas que contribuyen a edificar eficientes sistemas de gestión ambiental, es decir de Responsabilidad Social (RS). Las empresas y en especial las mineras, deben brindar información sobre su colaboración con el desarrollo sostenible. La contabilidad patrimonial (financiera), cuyo producto final son los estados contables (financieros), permite que las empresas se valgan de ellos para presentarse ante la sociedad como socialmente responsables. El acuerdo existente entre las organizaciones y la sociedad trata de legitimar mediante la divulgación de información social y medioambiental su actuación, proyectando una imagen de empresa socialmente responsable. En nuestra opinión, una de las motivaciones por las cuales las empresas - en especial las mineras - revelan información social y medioambiental es para lograr la aprobación de la comunidad con la cual conviven. Es el afán por legitimar su existencia, en función de la credibilidad social, lo que provoca en las organizaciones - en ocasiones incluso escondiendo la verdadera naturaleza de la relación que mantienen con su entorno natural- a emitir información medioambiental. La Teoría de la Legitimidad (TL) investiga la reacción de la empresa ante lo que la sociedad espera de ella: en este caso, una actitud social y medioambientalmente responsable. En este sentido, entre las teorías sociales, es la que goza de mayor aceptación en el mundo académico, constituyendo el marco teórico utilizado en numerosos estudios realizados en el área de la Contabilidad Social y Medioambiental, para explicar las razones que llevan a los directivos del ente a divulgar voluntariamente este tipo de información. El continuo interés por cuestiones relacionadas con el deterioro ambiental, motiva a la sociedad a exigir a las empresas de sectores críticos o sensibles, como las mineras, causantes de pasivos ambientales, comportamientos responsables en su desempeño ambiental. Uno de los objetivos para la preparación del Balance social es demostrar la forma en la que contribuye la organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora, o incide en el deterioro de las tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional y/o mundial. Si bien la Resolución Técnica 36 FACPCE resulta de aplicación voluntaria, consideramos de significativa importancia que empresas con actividades que impacten sobre el medioambiente presenten a terceros “Balances Sociales” exteriorizando- a partir de normas establecidas por la profesión contable – información de dichos entes relacionada con el resultado de sus políticas en lo relativo a las aristas económica, social y ambiental, pero siempre reflejando “fielmente” su accionar. Serán los profesionales en Ciencias Económicas quienes deberán actualizar permanentemente los contenidos normativos que dan origen a informes que claramente reflejen los impactos medioambientales y así lograr la “utilidad” que con ellos buscan sus usuarios y no solo revelando sus logros y silenciando sus fracasos.

Necrotizing enterocolitis (NEC) is a serious condition related to prematurity and the initiation of enteral feeding. In this article, we review the evidence published in recent years on necrotizing enterocolitis risk factors (prematurity, feeding with low-weight formula, existence of intestinal dysbiosis) and protective factors (human milk or donated milk supply, supplementation of human milk with oligosaccharides, probiotics administration, and the determination of disease predictive biomarkers). A systematic review was conducted of preventive, risk and predictive factors for necrotizing enterocolitis in neonates prior to 37 weeks' gestational age, based on a literature search for clinical trials, meta-analyses, randomized controlled trials and systematic reviews published between January 2018 and October 2021. For this purpose, the PubMed, MEDLINE, and Cochrane Library databases were consulted. The literature search obtained 113 articles, of which 19 were selected for further analysis after applying the inclusion and exclusion criteria. The conclusions drawn from this analysis were that adequate knowledge of risk factors that can be prevented or modified (such as alteration of the intestinal microbiota, oxidative stress, metabolic dysfunction at birth, or alteration of the immunity modulation) can reduce the incidence of NEC in premature infants. These factors include the supplementation of enteral nutrition with human milk oligosaccharides (with prebiotic and immunomodulatory effects), the combined administration of probiotics (especially the Lactobacillus spp and Bifidobacterium spp combination, which inhibits bacterial adhesion effects, improves the intestinal mucosa barrier function, strengthens the innate and adaptive immune system and increases the secretion of bioactive metabolites), the supplementation of human milk with lactoferrin and the use of donated milk fortified in accordance with the characteristics of the premature newborn. The determination of factors that can predict the existence of NEC, such as fecal calprotectin, increased TLR4 activity, and IL6 receptor, can lead to an early diagnosis of NEC. Although further studies should be conducted to determine the values of predictive biomarkers of NEC, and/or the recommended doses and strains of probiotics, lactoferrin or oligosaccharides, the knowledge acquired in recent years is encouraging.