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La opción por la cantidad y el emplazamiento periférico de la vivienda social que marcó la política de vivienda en Chile en los noventa y mediados de la década del 2000 generó múltiples problemas sociourbanos para los habitantes y llevó a la configuración de periferias segregadas en casi todas las ciudades del país. La consecuencia directa de estas intervenciones fue la complejización de la vida urbana cotidiana de los residentes, el deterioro sostenido de sus espacios habitacionales y de su convivencia social. Asumiendo el concepto de prueba —que remite a una situación compleja de carácter histórico y estructural que afecta la vida de los individuos y que les obliga a movilizar respuestas—, la experiencia urbana de los beneficiarios de estas políticas puede ser considerada a priori, una prueba. A través de un estudio cualitativo-exploratorio realizado en el año 2020 en la villa El Nacimiento, población de vivienda social progresiva construida en 1992 en la comuna de La Pintana, buscamos conocer cuáles eran, para un grupo de residentes, los componentes esenciales de la prueba urbana y las respuestas que han movilizado para enfrentarla. Los resultados confirman el peso de lo urbano en la manera en que esta población pobre es estructuralmente producida por la sociedad de la que forma parte, mientras que el esfuerzo individual y la vivienda en propiedad se erigen como principales soportes.

Este artículo presenta los resultados de una investigación llevada a cabo por el Departamento de Trabajo Social de la UCSH en el período 2003-2005. En ella, se aborda la evolución de tres situaciones de interés público seleccionadas para la realización del estudio, a saber, el conflicto generado en torno al Relleno Sanitario Santa Marta —Región Metropolitana— la crisis de la Salud Pública y el debate previo a la promulgación de la Ley de Divorcio. La reconstrucción de estas situaciones se realizó con el objeto de posibilitarnos el reconocimiento de actores de la sociedad civil —individuos y/u organizaciones—que asumieron un rol activo en el conflicto, evidenciado por la articulación y difusión de un discurso público respecto al tema. Luego, se buscó profundizar en esta información mediante la recolección del discurso de distintos actores de la sociedad civil vinculados a las tres situaciones de interés público. Los criterios de selección de estos informantes fueron: que se tratara de actores estratégicos en términos de representar una posición definida en la situación (la mayoría de los entrevistados aparecen mencionados en las fuentes consultadas) y dos, que tuvieran voluntad y disposición a participar en la investigación. Ello, con el propósito de reconstruir primero, los máximos éticos (A. Cortina) contenidos en sus posiciones, para luego, a partir de la caracterización de esos máximos, buscar elementos comunes (mínimos) que nos permitieran reflexionar sobre las posibilidades de constitución de una ética cívica.

El Departamento de Trabajo Social se encuentra realizando hace un año y medio una investigación titulada: sociedad civil y ciudadanía: claves para su comprensión y fortalecimiento. Esta investigación se planteó como problema la debilidad de la sociedad civil chilena, como actor significativo para la construcción de un proyecto país que tenga como norte la democracia social y política (igualdad de oportunidades y participación amplia y sistemática en la toma de decisiones). Una sociedad civil que ha emprendido un camino en pro de su fortalecimiento, es, según Adela Cortina, una sociedad pluralista donde los ciudadanos comparten unos mínimos para construir una base común. El tema de los mínimos se ha constituido en los últimos años, en un eje central de los debates ético/políticos acerca de la justicia. Estos mínimos se referirían a aspiraciones y valores que, configurados como condiciones normativas, es posible universalizar. Ello, en tanto, si bien se anclan en la dimensión autónoma del sujeto, encierran ideales de justicia colectiva que apelarían a una voluntad autónoma de dejarse orientar por lo que "todos podrían querer''. Como preguntas de investigación surgieron entonces las siguientes, ¿cuáles son en Chile estos mínimos? ¿en torno a qué derechos y valores se articulan? ¿quiénes los definen y cómo los defienden? ¿qué se requiere para su articulación en la perspectiva de construir una ética cívica? ¿reunimos la condición básica de ser una sociedad pluralista que posibilite y legitime la existencia y expresión de diferentes máximos, a fin de construir, a partir de ello, una ética de mínimas que no sea producto de la imposición de una mirado hegemónica? ¿de qué manera el trabajo social puede contribuir a estos procesos? Como finalidad y objetivos de la investigación nos propusimos aportar al esclarecimiento de los fundamentos que diversos actores sociales -entre los cuales escogimos representantes de los distintos sectores (Estado, mercado, sociedad civil)- establecen como justificación de sus acciones en relación a situaciones de interés públicos con presencia en la agenda pública y en los medios de comunicación. Estas situaciones de interés público, permitirían identificar la manera en que los actores se sitúan y sustentan sus posiciones, formulan sus objetivos, defienden sus intereses y elaboran estrategias de acción para alcanzarlos. Al mismo tiempo, observaríamos la respuesta ciudadana ante ellos, sus creencias, fortalezas y debilidades en una situación concreta: brindándonos un espacio de manifestación de posiciones y expresión de derechos y valores. En el presente artículo presentamos la problematización y discusión en torno a los temas eje de la investigación, esperando divulgar los principales hallazgos y conclusiones del estudio en una próxima publicación.