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El objetivo de este artículo es discutir cómo los derechos de la naturaleza han sido juridificados y disciplinados por los jueces colombianos. Para lograrlo, utilizamos una metodología con dos componentes: un análisis del discurso de sentencias judiciales y un examen de doctrina y teoría sobre el origen y los pilares del movimiento de los derechos de la naturaleza. A lo largo del texto analizamos cómo su lectura desde nociones tradicionales jurídicas como propiedad y bien común limita las aspiraciones transformadoras que inspiran el movimiento de los derechos de la naturaleza.

Desde la intersección entre la sociología, la antropología y el derecho, este artículo analiza las diferentes herramientas legales existentes para la protección del medio natural en Colombia, las cuales han generado, en su aplicación, diversos conflictos derivados de las estrategias de conservación de los ecosistemas, la complejidad legal y la invisibilización de realidades sociales. A partir del análisis de la situación en la Ciénaga Grande de Santa Marta, el artículo argumenta que la interacción de las distintas medidas de protección y conservación del entorno está generando una tensión entre la garantía de los derechos humanos, el bienestar de las personas y los propios ecosistemas.

El presente artículo presenta el rol que el principio de precaución ha venido adquiriendo en el ordenamiento como un criterio jurídico vinculante. Para lograr este objetivo propuesto se lleva a cabo un estudio de línea jurisprudencial tomando como caso de referencia la invocabilidad del principio en casos de contaminación electromagnética; acompañado de un barrido dogmático sobre las cuestiones bases de la problemática descrita. El artículo se plantea en tres grandes partes, en la primera, se presentan conceptos clave para el desarrollo del mismo, en la segunda se lleva a cabo el estudio de la citada línea jurisprudencial y, por último, se proponen unos criterios de invocabilidad a manera de ejercicio propositivo.

Los capítulos que conforman esta obra colectiva, y que hace parte de la conmemoración del 25º aniversario de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, son de autoría de los profesores del programa y los textos son producto de las reflexiones en las líneas de investigación que comprenden la agenda del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia. Nuevos rumbos del derecho administrativo, muestra la dirección que está tomando la disciplina en función de fenómenos jurídicos y extrajurídicos contemporáneos como la constitucionalización del derecho, el control de convencionalidad y la globalización económica. El libro está estructurado en cuatro partes: asuntos transversales, tópicos del derecho administrativo relacionados o conexos con el derecho constitucional, temas actuales sobre la contratación pública y cuestiones de derecho administrativo especial.

El presente artículo pretende mostrar cómo la existencia del principio de desarrollo sostenible en el ordenamiento jurídico, posee un impacto sobre el bienestar de las personas; relación que además puede considerarse en tensión en aquellos casos donde se presenten prohibiciones absolutas que impidan un verdadero desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. Para mostrar esta realidad, se llevó a cabo un análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal, con énfasis especial en el caso de los ecosistemas de páramo, donde, en pro del proteccionismo ambiental, se han creado restricciones absolutas en relación al uso de los recursos naturales renovables, soportado en la bandera del interés general. Como resultados, los autores logran evidenciar las tensiones que plantea el principio de desarrollo sostenible respecto a derechos por cuenta de su incorrecta aplicación e interpretación.

El presente artículo de reflexión analiza el modo como el Gobierno nacional en su afán de proteger los recursos naturales renovables, ha creado de manera desarticulada algunas reglas en relación con los vertimientos, generando en consecuencia, una inestabilidad en la jerarquía normativa y un desorden interpretativo en la forma de aplicar dichas normas por parte de las autoridades ambientales. Se tratarán entonces dos temas particulares: la necesidad de contar o no con permiso de vertimientos cuando estos son realizados a los sistemas de alcantarillado, y las transiciones que sobre la norma de calidad de vertimientos (parámetros y valores límite máximos permisibles) se han desencadenado desde el 2010 hasta la fecha; a través de un estudio metodológico desde la dogmática jurídica.

espanolEste articulo analiza el rol de la accion de cumplimiento tras el escenario que supuso el incumplimiento del Gobierno sobre lo pactado en los acuerdos regionales que motivaron la terminacion del Paro Nacional Agrario de 2013, mediante los cuales se suscribio el compromiso de suspender mecanismos policivos de decomiso y destruccion de semillas no certificadas, asi como de mejorar condiciones para continuar con las practicas tradicionales de resiembra que a los campesinos les ha garantizado su soberania alimentaria durante generaciones. El problema juridico que se busca abordar es de si tal incumplimiento se genero o no en un contexto de inseguridad juridica para las comunidades campesinas, en su condicion de administrados y, si en tal sentido, se presento una defraudacion de su confianza legitima. Se propone que, a traves de la legitima confianza y la buena fe como enfoques interpretativos, la accion de cumplimiento seria invocable en esta situacion particular. EnglishThe article analyzes the role of the compliance action after the scenario supposing the failure of the Government to comply with the regional agreements that led to the termination of the National Agrarian Strike in 2013 through which commitment to suspend police confiscation mechanisms and destruction of non-certified seeds, as well as to improve conditions to continue with the traditional practices of replanting, which have guaranteed peasants their food sovereignty for generations, was signed. The legal problem to be addressed is whether the non-compliance was generated in a context of legal uncertainty for the peasant communities in their condition of being administered and, in that sense, if defrauding of their legitimate expectations was present. It is proposed that, through legitimate trust and good faith as interpretive approaches, enforcement action would be invoked in this situation.

Desde la investigacion y ensenanza la Universidad del Rosario ha prestado atencion a la incorporacion de la problematica del cambio climatico, por ello ha trabajado en la consolidacion de un Grupo de Estudios Interdisciplinarios en Cambio Climatico.

La licencia ambiental es un instrumento de planificación que permite realizar el análisis previo y establecer las posibles consecuencias o impactos que genera un proyecto, obra o actividad, para tomar las medidas correspondientes, tal y como lo propone el título VIII de la ley 99/1993. El desarrollo normativo de esta figura se da, en especial, desde la expedición de la ley 99/1993 y los diferentes decretos que han reglamentado el procedimiento para su otorgamiento, cuestión sobre la cual versa el presente documento: las transiciones entre cada norma y los requisitos y reglas de cada una vistos desde la actividad minera. Como metodología se propone estudiar desde la dogmática jurídica, las fuentes del derecho, particularmente de la doctrina, la jurisprudencia y la ley, con el fin de abstraer los conceptos integrantes del régimen normativo transicional de la licencia ambiental en relación con la actividad minera, usando el método lógico-deductivo con el propósito de establecer consecuencias desconocidas desde principios conocidos. Es decir, se reflexiona sobre el licenciamiento ambiental en materia minera, mostrando algunas opciones interpretativas que se presentan con cada cambio normativo, identificando las principales problemáticas y ofreciendo posibles soluciones. The environmental license is a planning tool that allows to carry out the previous analysis and to establish the possible consequences or impacts generated by a project, work or activity, to take appropriate measures, as proposed by the title VIII of Act 99/1993. Regulatory development of this figure is given, in particular, from the issue of Act 99/1993 and the various decrees which have regulated the procedure for its granting, question with which this document deals: the transitions between each norm and the requirements and rules of each one seen from the mining activity. As a methodology it is proposed to study, from the legal dogmatic, the sources of law, particularly of the doctrine, jurisprudence and legislation, in order to abstract the concepts of the regulatory transitional regime of environmental license in relation to mining activity, using the logical-deductive method with the purpose of establishing unknown consequences from known principles. That is to say, it reflects on the environmental licensing in the mining field, showing some interpretative options that are presented with each regulatory change, identifying the main problems and offering possible solutions.

El presente artículo pretende analizar si el acuerdo de paz suscrito el 26 de agosto de 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como su reformulación en la versión del 12 de noviembre de 2016 – los textos son similares, en donde únicamente cambia la inclusión de unas mayúsculas y la eliminación de la expresión “equidad de género” –, contribuye a la concreción del derecho humano al agua y representa una oportunidad en la mejora de su garantía en las zonas rurales del país, entendiendo la paz como un medio para la garantía de derechos. This article aims to analyze whether the peace agreement signed on August 26, 2016 between the National Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP), as well as its November 12, 2016 reformulation – both texts are similar, only differing by the inclusion of some capital letters and the omission of the expression “gender equity” –, contributes to the realization of the human right to water and represents an opportunity to improve its guarantee in rural areas of the country, understanding peace as a means to guarantee rights.

El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.

El presente escrito tiene como objetivo mostrar la tensión que existe entre el principio de imparcialidad y el control integral que realiza el Estado sobre algunas actividades especiales. Para lograrlo será expuesto el caso de las empresas del sector solidario que prestan servicios públicos domiciliarios, las cuales deberán rendir cuentas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante sspd) tanto por las acciones que realicen en pro de su objeto social como por aquellas netamente contractuales o administrativas. La estrategia metodológica utilizada en esta investigación parte del estudio de las fuentes del derecho —norma ius fundamental, ley, doctrina, jurisprudencia y, en general, el ordenamiento jurídico relacionado—, para posteriormente, de manera empírica, obtener consecuencias desconocidas a partir de preceptos normativos conocidos. Lo anterior para concluir que, aunque las normas y decisiones judiciales sobre la prohibición de control concurrente en el sector solidario deben ser acatadas, estas se limitaron a emitir juicios de regla, sin lugar a ponderación de principios. Es decir, no se estudió la conveniencia de la norma, sino simplemente su contenido, lo cual nos lleva a insistir que es sumamente perjudicial para el sector de servicios públicos que sea la sspd quien asuma la vigilancia y el control integral de estos. The present article exhibits the tension that exists between the principle of impartiality and the integral control that realizes the State over special activities. In order to achieve this, it will be exposed the case of the companies of the social-support sector providing domestic public utilities, companies that must give account to the Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, both for the actions realized in favor of its corporate purposes, and also for those administrative and contractual. The methodological strategy used on this research, begins from the study of the Law sources —constitutional law, law, doctrine, jurisprudence, and overall the related law system— to, consequently, in an empirical manner, obtain unknown consequences, based on known normative precepts. In the end, we can conclude that though the regulations and legal decisions regarding present control prohibition must be complied, such were limited to issue regulations’ comparisons, ruling out principles praising. Meaning, it was not the convenience of the regulation that was studied, but rather, its content, which leads us to insist on how extremely detrimental it is for the public utility sector that the Home Public Utility Superintendence (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) takes over supervision and integral control of the summoned.