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El sector de las telecomunicaciones en México experimentó una profunda transformación durante la década de los años noventa: el monopolio público telefónico fue privatizado (1990), se emitió una nueva ley del sector (1995), se creó un nuevo ente regulador (1996) y se abrió a la competencia el segmento de larga distancia (1997). El cambio estructural en el sector trajo consigo avances importantes en materia de densidad, calidad y precios de los servicios. Sin embargo, estos avances han sido insuficientes para impedir que en México sigamos contando con una baja densidad telefónica y precios elevados de los servicios, en relación con los estándares internacionales. Los factores que pudieran considerarse como responsables del rezago de las telecomunicaciones en México son variados y difíciles de cuantificar. Sin embargo, evidentemente el haber privatizado Telmex antes de que se estableciera un marco legal adecuado, preciso y transparente es una de las causas principales del atraso que caracteriza al sector de las telecomunicaciones en nuestro país. Otro factor, que también contribuye a este rezago, es la carencia de un ente regulador verdaderamente independiente. En la actualidad, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se distribuyen las funciones de regulación. La primera (la Cofetel) se ocupa principalmente de administrar, registrar, vigilar, opinar, coordinar, etc., pero no de tomar decisiones; la toma de decisiones descansa en la SCT y, por lo tanto, en el Ejecutivo Federal. Eso implica la posibilidad de que ciertas metas económicas más generales -como mantener la estabilidad en los mercados financieros- puedan anteponerse al desarrollo del sector. La combinación de un marco legal impreciso y de un ente regulador, sin verdadera independencia, crean las condiciones ideales para que las reformas que son necesarias y urgentes no se llevan a cabo con la prestancia requerida, como la que atiende a la modificación de la canasta de servicios básicos controlados y el sistema de precios tope; así como la definición del procedimiento para determinar de manera transparente las tarifas de interconexión, la creación de un fondo para financiar el servicio universal, etc. Es preocupante que algunas deficiencias legales y regulatorias sean tan obvias y aunque existen los medios para efectuar los cambios, muy poco se ha hecho para corregirlas. Las reformas al sector llevan ya cuatro años de retraso. Esperemos que la nueva Legislatura federal asuma el reto que representa el sector de las telecomunicaciones y le dedique el tiempo y los recursos apropiados para promover, con rapidez y eficacia, los cambios necesarios.