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El trabajo analiza el régimen jurídico de la vacunación en España, los conflictos surgidos por el desacuerdo de los padres a la hora de decidir sobre la vacunación de sus hijos menores y la posibilidad de ejercitar una acción de responsabilidad en caso de daño a la salud de esos hijos., This paper contains a description of the legal regime of vaccination in Spain, the conflicts thar arise between parents about the decision to vaccinate their minor children and the possibility of exercising a compensation action in case of damage to the health of those minors.

La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un importante desafío para las universidades al configurarse las TICs como el eje vertebrador de todo el proceso de enseñanza. En este contexto se enmarca la presente red de innovación educativa, una estrategia de gamificación que pretende paliar, mediante la implementación de breakouts digitales en conjunción con la plataforma Moodle, las deficiencias que se ponen de manifiesto tras la apuesta por la docencia online y dual. Se pretende con esta herramienta educativa la consecución de tres objetivos: mejorar el proceso de aprendizaje, y en particular a través de la autoevaluación; garantizar un feedback efectivo en el grupo; e incrementar la motivación del alumnado. A los efectos de valorar el grado de consecución de estos objetivos, hemos combinado instrumentos de recogida de información cuantitativa, tales como la observación directa de la actividad y encuestas, con otras técnicas cualitativas, en concreto, foros de discusión. Los resultados obtenidos muestran una gran acogida de esta experiencia educativa por parte del alumnado, destacando que la misma fomenta la motivación, la interacción docente-discente, así como la asimilación de conocimientos. En conclusión, los breakouts, en su modalidad digital, presentan un alto potencial educativo para ser implementados en las disciplinas jurídicas.

La irrupción de la COVID-19 ha dificultado la presencialidad en las universidades, apareciendo un nuevo escenario en el que las TICs ya no desempeñan una función de enriquecimiento de la docencia presencial, sino que se configuran como el eje vertebrador de todo el proceso de enseñanza. En este contexto nace la presente red de innovación educativa, una estrategia de gamificación que pretende paliar, mediante la implementación de breaks outs digitales en conjunción con la plataforma Moodle, las deficiencias que se ponen de manifiesto tras la apuesta por la docencia online y dual. Se pretende con esta herramienta educativa la consecución de tres objetivos: mejorar el proceso de aprendizaje –y en particular a través de la autoevaluación– garantizar un feedback efectivo en el grupo e incrementar la motivación del alumnado. A los efectos de valorar el grado de consecución de estos objetivos, han sido combinados instrumentos de recogida de información cuantitativa, tales como la observación directa de la actividad y las encuestas, con otras técnicas cualitativas, en concreto, los foros de discusión. Los resultados obtenidos muestran una gran acogida de esta experiencia educativa por parte del alumnado, destacando que la misma fomenta la motivación, la interacción docente-discente, así como la asimilación de conocimientos. En conclusión, los break outs, en su modalidad digital, presentan un alto potencial educativo para ser implementados en las disciplinas jurídicas.

A COVID-19 é a primeira crise contemporânea de saúde pública com potencial para sobrecarregar o sistema público de saúde mundial. A assistência à saúde é um recurso da sociedade compartilhada e, portanto, os princípios éticos que orientam seu racionamento exigem que serviços, medicamentos e equipamentos sejam aplicados onde forem mais eficazes, o que prioriza os pacientes com maior probabilidade de se beneficiar do tratamento. Os prestadores de serviços de saúde tomam decisões racionais com recursos escassos e merecem uma liberdade considerável para as suas deliberações de boa-fé, guiadas por estruturas éticas estabelecidas. O padrão de atendimento adequadamente aplicado sofre modulação em sua aplicação, o que requer uma mitigação da responsabilidade civil médica dentro de certos parâmetros objetivos. A lógica normativa é fundamentada no princípio da reciprocidade. Quando a sociedade pede que alguns de seus membros corram grandes riscos pessoais ao servir os interesses do público, é razoável esperar que a sociedade assuma algumas responsabilidades por eles em troca dos riscos assumidos. É apropriado que os formuladores de políticas públicas articulem padrões de atendimento especiais para desastres em massa, como a COVID-19. O objetivo do artigo é identificar como, no Brasil, Portugal e Espanha, a objetiva alteração das circunstâncias impôs a adequação da análise judicial de padrões de conduta profissionais a um panorama de calamidade., COVID-19 is the first contemporary public health crisis with the potential to overwhelm the public health system worldwide. Health care is a resource of the shared society and, therefore, the ethical principles that guide its rationing require that services, medicines and equipment be applied where they are most effective, which prioritizes patients most likely to benefit from treatment. Health service providers make rational decisions with scarce resources, and deserve considerable freedom for their deliberations in good faith guided by established ethical structures. The standard of care properly applied is modulated in its application, which requires a mitigation of medical liability within certain objective parameters. The normative logic is based on the principle of reciprocity. When society asks some of its members to take great personal risks in serving the interests of the public, it is reasonable to expect society to take some responsibility for them in exchange for the risks taken. It is appropriate for public policy makers to articulate special care standards for mass disasters, such as COVID-19. The objective of the article is to identify how in Brazil, Portugal and Spain, the change in circumstances imposed the adequacy of the judicial analysis of professional standards of conduct to a panorama of calamity., COVID-19 es la primera crisis de salud pública contemporánea con el potencial de abrumar al sistema de salud pública en todo el mundo. La atención de la salud es un recurso de la sociedad compartida y, por tanto, los principios éticos que orientan su racionamiento exigen que los servicios, medicamentos y equipos se apliquen donde sean más efectivos, lo que prioriza a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse del tratamiento. Los proveedores de servicios de salud toman decisiones racionales con recursos escasos y merecen una libertad considerable para sus deliberaciones de buena fe guiadas por estructuras éticas establecidas. El estándar de atención aplicado correctamente se modula en su aplicación, lo que requiere una mitigación de la responsabilidad médica dentro de ciertos parámetros objetivos. La lógica normativa se basa en el principio de reciprocidad. Cuando la sociedad pide a algunos de sus miembros que asuman grandes riesgos personales para servir a los intereses del público, es razonable esperar que la sociedad asuma alguna responsabilidad por ellos a cambio de los riesgos asumidos. Es apropiado que los formuladores de políticas públicas articulen estándares de atención especial para desastres masivos, como la COVID-19. El objetivo del artículo es identificar cómo en Brasil, Portugal y España, el cambio objetivo de circunstancias impuso la adecuación del análisis judicial de los estándares de conducta profesional a un panorama de calamidad.

Las nubes de palabras son representaciones visuales de términos en distintos tamaños, correspondiendo los más grandes a los que se repiten más veces. A través de ellas es posible conocer los preconceptos del alumnado en relación con términos jurídicos, cuyo significado no siempre coincide con el sociológico. Así, esta experiencia de innovación educativa parte de la creación de nubes de palabras por parte del alumnado de las asignaturas de “Derecho civil” del Grado en Criminología y de “Derecho de Familia y Derecho de la Seguridad Social” del Grado en Trabajo Social, a través de la plataforma virtual Mentimeter. Tras la creación de una nube en cada tema, se han analizado las razones por las que se han incorporado las palabras que la componen y se ha explicado el significado jurídico del término objeto de estudio. De este modo se pretende facilitar el aprendizaje de conceptos jurídicos, dinamizar su explicación y fomentar la participación del alumnado. En cuanto a tales objetivos, el 100% de los estudiantes encuestados considera que la experiencia educativa ha sido positiva y recomienda el uso de esta metodología docente en otras asignaturas. En conclusión, el uso de nubes de palabras por medio de las TIC facilita la explicación de conceptos jurídicos y permite dinamizar la enseñanza del Derecho.

La situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 proporciona una buena oportunidad para reflexionar sobre la política de vacunación. El ordenamiento jurídico español adopta como regla general el carácter voluntario de la vacunación, aunque hay determinadas situaciones (entre las que puede encontrarse la pandemia internacional del COVID-19) en las que podría imponerse la vacunación forzosa. Más allá de los datos normativos, también debe prestarse atención a la batalla global que se estaba librando en los últimos años frente a los antivacunas, que puede encontrar un aliado muy potente en los infectados por el virus, que demandan con urgencia el descubrimiento de la vacuna que ponga remedio a la enfermedad., The health emergency situation caused by the COVID-19 coronavirus provides a good opportunity to reflect on vaccination policy. The Spanish legal system adopts as a general rule the non-mandatory vaccination, although there are certain situations (as, for example, the international pandemic of COVID-19) in which forced vaccination could be imposed. Beyond the normative data, attention must also be paid to the global battle that has been raging in recent years against anti-vaxxers, which can find a very powerful ally in those infected by the virus, that urgently demand the discovery of the vaccine that will remedy the disease.

El ensayo clínico constituye una de las piedras angulares de la investigación biomédica. De hecho, son necesarios para la autorización de nuevos medicamentos o para nuevas indicaciones terapéuticas de los que ya están siendo comercializados. De los ensayos clínicos dependen, además, buena parte del avance científico y de la mejora en la asistencia sanitaria. Aunque estadísticamente no son muy frecuentes, los daños en ensayos clínicos sí son muy mediáticos, saltando a un primer plano de la actualidad cada vez que se producen muertes o lesiones graves de los participantes. Se pone así de manifiesto, en un par de ejemplos recientes, la tensión y el difícil equilibrio entre la seguridad de los sujetos de ensayo y la necesidad de utilizar una metodología irrenunciable para progresar en el tratamiento de las enfermedades. Nos referimos, en primer lugar, al caso Bial, que ocurre en Francia a principios de 2016. Tras la previa experimentación en chimpancés, se estaban desarrollando desde mediados de 2015 en las instalaciones de la empresa privada Biotrial, con sede en Rennes, ensayos de un medicamento para combatir cambios de ánimo y distorsiones motoras que aparecen en enfermedades degenerativas. El ensayo se encontraba en fase I3, realizándose con voluntarios sanos que sufrieron accidentes cerebrales con necrosis y hemorragias profundas, llegando a fallecer un participante. En el segundo caso, en julio de 2018 se paraliza en Holanda un ensayo clínico con Viagra en embarazadas tras la muerte de 11 bebés. Las madres habían recibido durante el embarazo sildenafilo para favorecer el crecimiento de la placenta. La prueba se inició en 2015 y participaron 183 gestantes (93 tomaron Viagra, 90 un placebo). El sildenafilo dilata los vasos sanguíneos y se utiliza la mejorar la erección masculina, y los médicos esperaban que aumentara el flujo de sangre en la placenta, haciendo que prospere el feto, pero ahora se teme, a la espera del resultado de la investigación, que el sildenafilo

Los niños expuestos prenatalmente a drogas pueden ser considerados un caso especial de infancia en riesgo. La exposición prenatal a drogas se asocia a un amplio rango de complicaciones obstétricas y alteraciones neuroconductuales infantiles. Este trabajo analiza los diferentes mecanismos de protección de menores en situación de riesgo o desamparo que ofrece el Derecho civil, con especial referencia a las últimas reformas de 2015 que modifican la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, completando el estudio con las normas autonómicas existentes en la materia., Infants prenatally exposed to drugs can be considered to be a special case of infancy at risk. Prenatal drug exposure can be associated with a wide range of obstetrical complications and neurobehavioral disturbances in infants. This paper analyses the different mechanisms offered by civil law to protect children against risk and neglect, with special reference to the latest reforms of 2015 that modify the Child Protection Act 1/1996, being this study completed with the regional norms in this field.

Este estudio analiza la reforma en materia de contratos agrarios valencianos llevada cabo por la Ley 2/2019, de 6 de febrero., This paper studies the reform of the Valencian land contracts that has been produced by the Law 2/2019 of February 6th.

Los niños expuestos prenatalmente a drogas pueden ser considerados un caso especial de infancia en riesgo. La exposición prenatal a drogas se asocia a un amplio rango de complicaciones obstétricas y alteraciones neuroconductuales infantiles. Este trabajo analiza los diferentes mecanismos de protección de menores en situación de riesgo o desamparo que ofrece el Derecho civil, con especial referencia a las últimas reformas de 2015 que modifican la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, completando el estudio con las normas autonómicas existentes en la materia., Infants prenatally exposed to drugs can be considered to be a special case of infancy at risk. Prenatal drug exposure can be associated with a wide range of obstetrical complications and neurobehavioral disturbances in infants. This paper analyses the different mechanisms offered by civil law to protect children against risk and neglect, with special reference to the latest reforms of 2015 that modify the Child Protection Act 1/1996, being this study completed with the regional norms in this field.

Los ensayos clínicos son necesarios y esenciales para obtener medicamentos autorizados para el tratamiento y prevención de las enfermedades. La publicación y entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, introduce cambios importantes para España, dando lugar al Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. Entre otras materias, el Real Decreto contiene las reglas técnicas de la responsabilidad en los ensayos clínicos: no pueden ser autorizados sin seguro o garantía financiera equivalente que cubran los daños a los participantes que puedan derivarse de su realización; si el seguro no cubre por entero los daños reclamados, el promotor, el investigador principal y el hospital donde se lleva a cabo el ensayo responderán objetiva y solidariamente, invirtiéndose la carga de la prueba, no pudiendo exonerarse de responsabilidad por la autorización administrativa o el dictamen del Comité de Ética para la Investigación con medicamentos; salvo prueba en contrario, se presume causado por el ensayo cualquier daño a la salud del sujeto de ensayo durante el mismo y durante un año después de la conclusión del tratamiento, pero transcurrido dicho periodo el sujeto de ensayo está obligado a probar la relación causal entre daño y ensayo; serán objeto de resarcimiento todos los gastos derivados del menoscabo a la salud o estado físico de la persona sometida al ensayo clínico, así como los perjuicios económicos que se deriven directamente de dicho menoscabo, siempre que este no sea inherente a la patología objeto de estudio o a la evolución propia de su enfermedad; el importe mínimo que se garantizará en concepto de responsabilidad será 250.000 Euros por sujeto de ensayo, pudiendo ser percibido en forma de indemnización a tanto alzado o de renta equivalente al mismo capi, Clinical trials are necessary and essential to obtain authorised medicines for the treatment and prevention of illness. The adoption and entry into force of the new Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council, of 16 April 2014, introduces important changes for Spain, leading to the publication of the Royal Decree 1090/2015, of 4 December, regulating clinical trials with medicinal products, Ethics Committees for Investigation with medicinal products and the Spanish Clinical Studies Registry. Among other topics, the Royal Decree contains the technical rules of liability in clinical trials: they cannot be conducted unless an insurance or other financial guarantee has been previously subscribed to cover damages to participants that may arise as a result of the trials; if insurance does not entirely cover damages claimed, the sponsor, the principal investigator and the hospital where the trial is conducted will share joint and strict liability, bearing the burden of proof, and neither administrative authorization of the trial nor the opinion of the Ethics Committee with Medicinal Products will enable them to disclaim this liability; unless proven otherwise, it shall be presumed that any harm to the health of a trial subject health during the course of the trial and within one year from the end of treatment has occurred as a result of the trial, but, once the year has concluded, the trial subject is obliged to prove the connection between the trial and the harm caused; all expenses derived from impairment in the health or physical status of the subject undergoing the clinical trial shall be considered liable for compensation, as well as any economic losses directly derived from such impairment, provided this is not inherent to the disease under study or due to the natural course of the disease as a result of the ineffectiveness of treatment; the minimum amount that shall be guaranteed as civil liability shall be 250.000 Euros per subject unde

El reconocimiento del derecho a la información del paciente y del deber de obtener su consentimiento ha supuesto un cambio en el modo de ejercer la medicina. La no obtención del consentimiento informado es causa de responsabilidad profesional, aun a pesar de haber cumplido con el resto de obligaciones médicas y cuidados del paciente. El Tribunal Supremo español considera que la obligación de la información es un elemento esencial de la “lex artis”. Este trabajo analiza esta amplia visión de la jurisprudencia española y los casos en los que la infracción del consentimiento informado da lugar a responsabilidad civil., The recognition of the right of patient’s information and of the duty to obtain his consent has supposed a change in the way of exercising the medicine. Not obtaining of the informed consent is a reason for professional liability, still in spite of having executed the rest of medical duties and taken care of the patient. The Supreme Spanish Court thinks that the duty of information is an essential element of “lex artis”. In this work we analyse this wide vision of the Spanish courts and the cases in which the infringement of the informed consent gives rise to civil liability.

En el marco de los requerimiento docentes que conlleva el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), donde el papel del profesor que explica con más o menos detalle los contenidos teóricos del programa pierde terreno, en pro de una mayor protagonismo de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se enmarca esta Red de <> la cual, como su propio nombre indica, propone estudiar la materia de Derecho de Familia y de Seguridad Social primordialmente a través de la resolución de supuestos prácticos. Más concretamente, se pretende que la parte práctica ocupe las dos terceras partes de las clases presenciales, reservando el tercio restante a la teoría. La consecución de este objetivo exigirá implementar algunas medidas correctoras. Asimismo, se pretende mejorar la coordinación entre las dos áreas de conocimiento que tienen encomendada la impartición de la asignatura.

Los avances tecnológicos de los últimos tiempos han traído consigo la prestación de nuevos servicios como los de tarificación adicional. Éstos pueden ser contratados a través de la telefonía o internet. Pero dicha contratación no siempre se realiza de manera consciente por parte de los usuarios, sino que son víctimas de fraudes que pueden llegar a ocasionarles graves perjuicios económicos. Este trabajo analiza el panorama social y legal de los SMS Premium, así como diversas propuestas para poner fin a esas malas praxis.

En este trabajo se analiza la regulación de los deberes de los hijos y el derecho de corrección de los padres tras las últimas reformas legislativas, para determinar si sigue existiendo ese ius corrigendi pese a su eliminación formal del Código civil español, aunque no de otras legislaciones forales., In this paper we study the regulation of children’s duties and the parents’ right of correction after the last legislative reforms, to determinate if continues existing this ius corrigendi despite the formal elimination from the Spanish civil code, though not of other statutory legislations.

Tanto en España como en Portugal se ha venido discutiendo, en los últimos años y como consecuencia de la crisis financiera iniciada en 2007/2008, sobre el régimen jurídico del swap, un contrato creado por la práctica y en el que era notable la ausencia de conflicto judicial hasta que los bancos decidieron comercializarlo de forma masiva, más allá de su especializado contexto inicial. El propósito de este trabajo es proporcionar un análisis comparativo de España y Portugal en sus respectivas aproximaciones a la problemática surgida en torno a esta figura contractual y los deberes de información y asesoramiento de los bancos. La crisis económica pone a prueba la eficacia de los sistemas jurídicos de ambos países, evidenciando sus defectos y también sus virtudes. Siendo los hechos sustancialmente idénticos, basados en muchos casos en una comercialización sin una previa información clara y comprensible, y abusando con frecuencia de la confianza de los clientes, es de destacar que la respuesta jurídica difiera en uno y otro país, si examinamos las decisiones de los Tribunales Supremos. En España, donde ya empieza a ser apreciable el número de decisiones del Tribunal Supremo, se ha considerado que estamos ante una cuestión de información, analizando con detalle la fase de negociación precontractual y verificando si se dan los requisitos del error capaces de anular el contrato. Se trata de determinar si existió o no una información suficiente que permitiese conocer lo que realmente se contrataba y sus consecuencias. El perfil del demandante suele ser el de un consumidor o el de una pequeña y mediana empresa (pyme) En Portugal, con una única sentencia del Supremo Tribunal de Justicia, el remedio ha sido bien distinto, aplicándose para lograr la resolución del contrato el régimen de la alteración de las circunstancias; sin embargo, fuera del ámbito de esta sentencia, no puede decirse que los litigios sobre los contratos de permutas financieras de tipo de interés hayan sido i, Both in Spain and in Portugal there is discussion, in the last years and as a consequence of the financial crisis initiated in 2007/2008, about the legal regime of swap, a contract created by the practice where was notable the absence of judicial conflict until the banks decided to commercialize it massively, beyond its specialized initial context. The purpose of this paper is to provide a comparative analysis of Spain and Portugal and their respective approaches to the problems concerning this contract and the information and advice duties of the banks. The economic crisis tests the efficiency of the legal systems in both countries, demonstrating faults and also virtues Facts are substantially identical, based in many cases in the selling of these products without a previous clear and understandable information and often abusing the customer confidence, but the response differs in one and another country, if we examine the decisions of Supreme Courts. In Spain, where it is already valuable the number of decisions of the Supreme Court, it has thought that the main question is information, analyzing closely the phase of negotiation before contracting and checking if the requirements of the mistaken consent to avoid the contract are fulfilled. It is a question of determining if there was or not enough information to know what it was really being contracted and the consequences of it. The profile of the plaintiff corresponds usually with that of a customer or small and medium company. In Portugal, with only one judgment of the Supreme Court, the remedy has been very different, being applied to achieve the resolution of the contract the regime of the change of the circumstances; nevertheless, out of this judgement it cannot be said that the litigations on the interest rate swap should have been immune to the discussion around the information duties of the banks. Portugal presents, besides, the peculiarity of the swaps contracted by state-owned companies, at a time in wh

Este trabajo pretende proporcionar un análisis comparativo y una primera aproximación al marco normativo y jurisdiccional que afecta a la responsabilidad médica en España y en Portugal., This work aims to provide a comparative analysis and a first approach to the regulatory and judicial framework affecting medical liability in Spain and Portugal.

EI passat 31 de maig publicava el Butlletí Oficial de l'Estat la Sentència 82/2016, de 28 d'abril, per la qual el Tribunal Constitucional anul·la la Llei 10/2007, de 20 de març, de règim econòmic matrimonial valencià. La inconstitucionalitat de la llei valenciana es basa en la falta de competència per a legislar sobre la matèria del règim econòmic matrimonial, i suposa un colp dur a les aspiracions de la Comunitat Valenciana de comptar, després de la reforma estatutària del 2006, amb un cos propi de lleis civils, que passarien a integrar-se en un futur Codi civil valencià.

La escasez crónica de órganos ha determinado que su donación por personas vivas —uno de los grandes avances de la Medicina— se convierta hoy en día en una importante fuente para los trasplantes (riñones, partes de hígado, pulmones, páncreas, intestinos, etc.). La donación en vida produce resultados superiores para el receptor en comparación con la donación post-mortem: tiempos de espera más cortos y mejor calidad de vida y de supervivencia en el receptor. Como consecuencia de sus acreditadas ventajas, muchos países han admitido la donación en vida, que es asimismo considerada como moralmente aceptable. En España, la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 regula el expediente de extracción de órganos de personas vivas. La ley española establece, al igual que las regulaciones de otros países, que la declaración del consentimiento del donante sea formulada bajo supervisión y con aprobación de un juez; esta intervención judicial se dirige esencialmente a garantizar el consentimiento del donante libre, informado y desinteresado. Este trabajo es un estudio sobre este caso de jurisdicción voluntaria., The chronical shortage of organs has made that living organ donation (LOD) — one of greatest advances in medical history — emerges as an important source of trasplant (kidneys, parts of liver, lungs, pancreas, intestines, etc.). LOD produces superior outcomes for the recipient compared to the diseased donation: shorter waiting times, better recipient survival and quality of life. As a result of its demostrated advantages, many countries have implemented LOD, that is also considered as morally justified. In Spain, the new Voluntary Jurisdiction Act of 2015 regulates the proceeding to extract organs from living donors. Spanish law provides, like that of other countries, that the statement of the donor’s consent should be formulated under the supervisión and with the approval of a Judge; this judicial intervention is intended substantially to ensure the free, informed and non-profit donor´s consent. This paper studies this case of voluntary jurisdiction.

El reconocimiento del derecho a la información del paciente y del deber de obtener su consentimiento ha supuesto un cambio en el modo de ejercer la medicina. La no obtención del consentimiento informado es causa de responsabilidad profesional, aún a pesar de haber cumplido con el resto de obligaciones médicas y cuidados del paciente, porque el consentimiento informado es una obligación médica incluida en la «lex artis ad hoc». El Tribunal Supremo español considera que la obligación de información es un elemento esencial de la «lex artis». Este trabajo analiza esta amplia visión de la jurisprudencia española.

Una de las cuestiones más delicadas y controvertidas que suscita la donación de órganos de personas vivas tiene que ver con la posibilidad de que un menor de edad sea donante. Se plantea la situación cuando aparece como la única opción válida para intentar el trasplante que sirva para salvar la vida a otra persona. La legislación española no admite la donación de menores, pero tal solución se considera, cada vez más, como insuficiente, a la vista de ciertos casos planteados ante los Tribunales., One of the most delicate and controversial questions that provokes the living organ donation is the possibility that a minor is a donor. We face this situation when it appears as the only valid option to try the transplant that serves to save the life to another person. The Spanish legislation does not admit the minors' donation, but such a solution is considered, increasingly, as insufficient, in view of certain cases the Courts have to deal with.

La posible aplicación del art. 1.902 C.c. español para indemnizar los daños entre familiares ha sido una cuestión muy discutida. En los últimos quince años los Tribunales españoles se han enfrentado a un novedoso grupo de casos, el de los daños derivados de la ocultación de la verdadera paternidad biológica, concediendo indemnización y dando así entrada a la responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones familiares, exigiendo, en la mayoría de las ocasiones, la culpa grave o el dolo como criterio de imputación., The possible application of the article 1.902 Spanish Civil Code to compensate the damages between relatives has been a very controversial question. In the last fifteen years the Spanish Courts have faced a new group of cases, damages derived from the concealment of the true biological paternity, giving compensation and allowing by this way the entry of the tort law in the area of the familiar relations, requiring, in the majority of the occasions, the gross negligence or wilful misconduct as criterion of imputation.

En este trabajo se analizan las Sentencias del Tribunal Supremo Español de 3 de junio de 2014 y 30 de enero de 2015, que han venido a considerar el maltrato psicológico como causa de desheredación de los hijos y descendientes, rectificando la tradicional postura que impedía desheredar por este motivo., In this paper there are analyzed the Judgments of the Supreme Spanish Court of June 3, 2014 and January 30, 2015, which they have come to consider to be the psychological abuse as reason of disinheritance of sons and descendants, rectifying the traditional position that was preventing from disinheriting for this motive.

The chronical shortage of organs has made that living organ donation (LOD) — one of greatest advances in medical history — emerges as an important source of trasplant (kidneys, parts of liver, lungs, pancreas, intestines, etc.). LOD produces superior outcomes for the recipient compared to the diseased donation: shorter waiting times, better recipient survival and quality of life. As a result of its demostrated advantages, many countries have implemented LOD, that is also considered as morally justified. In Spain, the new Voluntary Jurisdiction Act of 2015 regulates the proceeding to extract organs from living donors. Spanish law provides, like that of other countries, that the statement of the donor’s consent should be formulated under the supervisión and with the approval of a Judge; this judicial intervention is intended substantially to ensure the free, informed and non-profit donor´s consent. This paper studies this case of voluntary jurisdiction., La escasez crónica de órganos ha determinado que su donación por personas vivas —uno de los grandes avances de la Medicina— se convierta hoy en día en una importante fuente para los trasplantes (riñones, partes de hígado, pulmones, páncreas, intestinos, etc.). La donación en vida produce resultados superiores para el receptor en comparación con la donación post-mortem: tiempos de espera más cortos y mejor calidad de vida y de supervivencia en el receptor. Como consecuencia de sus acreditadas ventajas, muchos países han admitido la donación en vida, que es asimismo considerada como moralmente aceptable. En España, la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 regula el expediente de extracción de órganos de personas vivas. La ley española establece, al igual que las regulaciones de otros países, que la declaración del consentimiento del donante sea formulada bajo supervisión y con aprobación de un juez; esta intervención judicial se dirige esencialmente a garantizar el consentimiento del donante libre, informado y desinteresado. Este trabajo es un estudio sobre este caso de jurisdicción voluntaria.

En este trabajo se han seleccionado cinco sentencias del Tribunal Supremo español dictadas en 2014, que corresponden a cinco casos de responsabilidad médica. A través del estudio del caso, nos introduciremos en el análisis de los principales problemas que hoy tiene planteados la responsabilidad por asistencia sanitaria, ya sea en el ámbito público o privado. Todos los casos tratan cuestiones centrales de esta tipología de responsabilidad., In this work there have been selected five judgments of the Spanish Supreme Court decided in 2014, which they correspond to five cases of medical liability. Across the study of the case, we will get in the analysis of the main problems that today has the liability caused by sanitary assistance, both in public and private area. All cases deal with central questions of this liability.

La posible aplicación del art. 1.902 C.c. español para indemnizar los daños entre familiares ha sido una cuestión muy discutida. En los últimos quince años los Tribunales españoles se han enfrentado a un novedoso grupo de casos, el de los daños derivados de la ocultación de la verdadera paternidad biológica, concediendo indemnización y dando así entrada a la responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones familiares.

En este trabajo se analiza la regulación valenciana respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar, tomando en consideración las sentencias dictadas en aplicación del art. 6 de la Ley de relaciones familiares., In this paper we study the Valencian regulation with regard to the assignment of the usage of the familiar residence, taking in consideration the judgments dictated in application of the article 6 law of familiar relations.

En este trabajo se realiza una primera aproximación a la reciente regulación valenciana del mecenazgo contenida en la Ley 9/2014, de 29 de diciembre., The purpose of this paper is to make a first approach to the recent Valencian regulation of the patronage contained in the Law 9/2014, 29th December.

El trabajo analiza la mediación con menores y para menores cuando se trata de aplicar el régimen de custodia compartida, estando dicha decisión por el interés superior del menor., This paper analyzes the mediation with minors and for minors when it is to decide if the regime of shared custody has to be applied, decision that is based on the minor’s best interest minor.

El juego y la apuesta siempre han tenido interés para el Derecho y, particularmente, para el Derecho Civil. Los Códigos civiles han regulado el contrato de juego y apuesta atendiendo a la realidad de la época de la codificación. Internet ha supuesto una auténtica revolución en muchas materias del Derecho Civil y muy especialmente, en la concepción y práctica del juego y la apuesta. El juego y apuesta on line ha hecho necesaria una nueva regulación jurídica conforme a la realidad actual. La mencionada regulación tiene un importante componente privado, como es el contrato de juego y apuesta. El presente trabajo aborda el impacto de internet en los juegos y apuestas, el juego on line y la regulación del contrato de juego y apuesta en el Derecho español, interpretando el Código civil conforme a la Ley de Regulación del Juego española y su normativa de desarrollo., Gambling and betting always have had interest for the Law and, particularly, for the Civil law. The civil Codes have regulated the gambling and betting contract attending to the reality of the epoch of the codification. Internet has been an authentic revolution in many matters of the Civil law and very specially in the conception and practice of gambling and betting. The on-line gambling and betting has made necessary a new juridical regulation according to the current reality. The above mentioned regulation has an important private component, like is the gambling and betting contract. The present work approaches the impact of internet on gambling and betting, the on line gaming and the regulation of the gambling and betting contract in Spanish Law, interpreting the civil Code according to the Spanish Law of Game and Bett and its implementing regulations.

El artículo analiza la forma en que los Tribunales vienen utilizando el concepto del interés del menor en la aplicación de la Ley valenciana 5/2011 después de algunos años desde su publicación., This paper analyzes the way in which the courts use the concept of minor’s best interest of in the application of Valencian Act 5/2011 after some years from entry into force.

El artículo analiza la Ley valenciana 3/2013, que introduce una completa regulación de la figura del corredor o alfarrassador como persona que habitualmente interviene en la contratación agraria., This paper analyzes the Valencian Law 3/2013, that introduces a complete regulation of broker or alfarrassador figure, as person who habitually intervenes in the agrarian contracts.

¿Puede una asociación en trámite de formación heredar? Esta es la cuestión central que se aborda en la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Portugal de 21 de octubre de 2014. El testador había instituido como heredera a una asociación cuya finalidad era la protección de las personas mayores, pero el fallecimiento se produjo a los seis meses de otorgar testamento, no estando en ese momento todavía formalmente constituida la asociación. El STJ niega la condición de heredera a la asociación en trámite de constitución, solución que contrasta con la del Derecho sucesorio español, que es precisamente la contraria., Can an association in process of formation inherit? This one is the central question that is studied in the judgment of Portuguese Supreme Court of Justice of October 21, 2014. The testator had instituted as inheritor an association which purpose was the protection of the elders, but the death took place six months after writting the testament, not being in this moment still formally constituted the association. The STJ denies the condition of inheritor to the association in process of constitution, solution that contrasts with that of the Spanish Succession Law, which is precisely the opposite one.

This paper analyzes the Valencian Law 3/2013, that introduces a complete regulation of broker or alfarrassador figure, as person who habitually intervenes in the agrarian contracts., El artículo analiza la Ley valenciana 3/2013, que introduce una completa regulación de la figura del corredor o alfarrassador como persona que habitualmente interviene en la contratación agraria.

El 31 de juliol de 2013 el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicava la Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries. El preàmbul assenyala que la intervenció del legislador obeeix a una doble motivació: d'una banda, positivar el costum (és a dir, convertir el costum en llei); d'altra, adaptar el que fins ara ha sigut costum a les noves realitats socioeconòmiques i, en alguns casos, protegir-lo de determinades pràctiques abusives. Estem, doncs, davant d'una conservació, modificació i desenvolupament d'un Dret d'arrel bàsicament consuetudinari. La Llei es dicta a l'empara de la competència exclusiva establida en l'art. 49.1.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Si en els últims anys les lleis civils dictades a la Comunitat Valenciana afectaven qüestions de Dret de família, ara la Llei 3/2013 que comentem passa a tractar temes relacionats amb la matèria de contractes (modalitats especials de compravenda, arrendaments històrics), juntament amb algun desenvolupament de qüestions pròpies dels drets reals (dret d'adquisició preferent de l'arrendatari i censos). Ens movem, doncs, en l'àmbit del dret civil patrimonial. La nostra anàlisi se centra en el títol I, dedicat a les modalitats especials del contracte de compravenda. Consta de tres capítols: en el primer i el segon es regula la venda a ull i venda al pes i, en el tercer, es dota d'un règim jurídic la figura del corredor o alfarrassador.