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Los actuales procesos de tratamiento sistematizado de datos con IA aplicada, presentan potenciales amenazas para la seguridad de la información de las personas. Frente a esta problemática, la autorización del titular de la información como instrumento principal de protección de datos en Colombia, es insuficiente e incompatible con la práctica de análisis de datos. (Tomado de la fuente).

En el presente trabajo de investigación se demuestra que el diseño institucional para sancionar a inspectores de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con herramientas de investigación bibliográfica se adelantó un trabajo cuyos resultados en tres partes muestra, en primer lugar, las funciones que cumplen los inspectores de policía que emiten decisiones de naturaleza jurisdiccional; en segundo lugar, la competencia para adelantar procesos en contra de quienes ejercen dichas funciones; y, en tercer lugar, la afectación al debido proceso derivado del diseño institucional que permite sanciones administrativas a inspectores de policía por parte de órganos distintos al Consejo Superior de la Judicatura. (Tomado de la fuente)

Se realizó un estudio del concepto de la regla de mejor evidencia, sus excepciones y la libertad de medios en los sistemas penales acusatorios de Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia con el propósito de identificar una correcta interpretación para la aplicación del concepto referido en los casos que se investigan por delitos de falsedad en documentos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La Acción de tutela surge de un proceso transformador en Colombia, el cual debe garantizar y proteger los derechos fundamentales, se impuso al ciudadano colombiano a través del Decreto reglamentario, 2591/91, derivado de lo estipulado en texto superior de1991, artículo 86. De estos mecanismos constitucionales, es pertinente revisar la realidad social, en donde se puede establecer como en un país como Colombia a diario se dan vulneraciones de los derechos de todo tipo hacia sus ciudadanos, entre ellos los referentes a aquellos mecanismos que le permiten al ciudadano ejercer el derecho de participar del poder político y como la acción de tutela resulta una acción jurídica constitucional efectiva para garantizar la finalidad de los mecanismos de participación ciudadana.

El presente documento permite determinar si el marco Constitucional y el desarrollo jurisprudencial de protección ambiental y ecológica ha generado mejoras o potencializado de forma efectiva la defensa de la fauna. Si los argumentos adoptados por la Corte Constitucional permiten la penalización de conductas que atenten contra la fauna y su explotación económica. Toda vez que existe en la actualidad una alta tasa de vulneración de la fauna colombiana y un desequilibrio ambiental que repercute de forma negativa en la supervivencia del ser humano. Se plantea como hipótesis que la Corte Constitucional bajo la concepción ecológica de la constitución política ha pasado de una visión utilitarista a una ecocéntrica y biocéntrica. Esto genera mejores estrategias y procedimientos de protección de la fauna por parte del Estado, tanto en el ámbito nacional como en el desarrollo de estándares internacionales a través de procesos de cooperación.

De conformidad con los estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación a 703 Municipios de Colombia, se evidencia graves desórdenes en la prestación del servicio de alumbrado público. Se revela el desconocimiento de cada componente, lo que genera preguntarse ¿cuáles son los fundamentos jurídicos y las tecnologías emergentes que se deben aplicar en la prestación de dicho servicio? Con la aparición de la cuarta revolución industrial, es acucioso que la administración pública emplee tecnologías disruptivas para proporcionar un servicio eficiente. Se pueden llegar a ofrecer soluciones sin precedentes brindado transparencia en la entrega de información, eficiencia al instante de verificar fallas en tiempo real, ahorro económico para las partes, y por ultimo, reducción de la contaminación ambiental. Se ha acreditado que el tema en el que se presenta el mayor número de instancias de desconocimiento es el contenido de normatividad y procesos jurídicos, seguido por los temas relacionados con el manejo ambiental, el suministro de energía y la gestión financiera.

Mediante el abordaje jurisprudencial y doctrinal de los presupuestos a partir de los cuales, el ordenamiento jurídico nacional le concedió la calidad de servicio público esencial, al transporte aéreo en Colombia, evidenciaré las razones por las cuales, se contravienen los criterios de aplicación de los Convenios 87 y 98 previstos por los órganos de control de la OIT, en detrimento del derecho de huelga. Para tal fin, el estado del arte estará apoyado en la legislación nacional, así como en el desarrollo jurisprudencial del tema, aunado a los aportes doctrinales en la materia; también en los criterios que han fijado los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, para efectos de la determinación del estatus de un servicio público, en esencial. Ello conducirá a concluir que, los criterios a partir de los cuales el ordenamiento jurídico le concede la calidad de esencialidad a un servicio público, dista ampliamente de los presupuestos bajo los cuales lo efectúan los órganos de la OIT, lo cual, para el caso colombiano, vulnera el derecho de huelga en el servicio de transporte aéreo.

Este artículo analiza las circunstancias tanto conceptuales como históricas de la regulación del derecho a la memoria en Colombia, a través de un enfoque hermenéutico y concluyendo definiendo la memoria histórica como derecho fundamental cuya función es mantener y maximizar la dignidad humana en una situación de pos-acuerdo de paz.

Se analiza la controversia de hasta dónde las entidades financieras tienen responsabilidad objetiva frente a sus clientes, cuando se comete un delito por un tercero, es decir, por la ciberdelincuencia, una aproximación desde la perspectiva del derecho y la legislación vigente.

Los DRONES o UAV’s, son equipos de vuelo que permiten un gran desarrollo de actividades con fines comerciales y militares, sin embargo, con la constante evolución de los mercados internacionales, han generado que dichos equipos sean comercializados sin ningún tipo de control en el mundo, es por esta razón, que todas las entidades que se encargan de legislar sobre el vuelo y operación de los mismos, han desarrollado una serie de parámetros que se encargan de controlar todas las actividades relacionadas con la manipulación y vuelo de Drones o RPA´s; Pero en este caso en concreto, no es posible determinar si dichas regulaciones sean implementadas en el territorio colombiano, ya que se busca establecer, si dicha normatividad se encuentra ajustada a las demás normatividades internas del estado colombiano y sí dichas legislaciones no presentan conflictos con los demás lineamientos normativos del mundo.

El artículo revisa la normatividad y jurisprudencia relacionada con la aplicabilidad del principio de transparencia en el marco de acción de la función pública en el país. Se encuentra que, dicho marco normativo, está sujeto a múltiples controversias que, básicamente se pueden plantear en el alcance de la norma sobre el Estatuto Único de Contratación Pública, y las fisuras que aún persisten y afectan la aplicación del conjunto normativo mencionado.

The non-renewable natural resources exploitation in Colombia, has been considered over the past decade as a principal axis in the economic development. However, there are currently many alerts which have been activated in favor of sustainable development and which protect the collective rights more than individual ones, all this caused by the negative effects of the-energy mining and oil exploration on human health, quality of life, poverty, low generation of employment opportunities, among others. Therefore, this paper aims to make an analysis of the protection of the right to a healthy environment versus economic freedom, focused mainly on Fracking like an oil extraction method, which has recently been approved in Colombia despite the negative impacts that have been shown in countries like USA, or European Unit, among others., La explotación de recursos naturales no renovables en Colombia, se ha considerado durante la última década como un eje del desarrollo económico. Sin embargo, actualmente son muchas las alertas que se han activado en pro de un desarrollo sostenible y que proteja los derechos colectivos más que los de carácter individual, dados los efectos negativos de la explotación petrolera y minero-energética sobre la salud humana, la calidad de vida, los niveles de pobreza, la precarización en la generación de oportunidades laborales, entre otros. Por tanto, el presente documento tiene por objetivo realizar un análisis de la protección del derecho a un medio ambiente sano frente a la libertad económica, enfocado principalmente en el fracking como método de extracción de hidrocarburos, el cual ha sido aprobado recientemente en Colombia pese a los impactos negativos que se han evidenciado en países como Estados Unidos, o de la Unión Europea, entre otros.

El siglo XX se ha caracterizado por una revolución científica y técnica, acercando a la humanidad a los avances en las tecnologías de la información y comunicación, a través de las cuales se ha permitido modernizar muchos de los aspectos relacionales del hombre, entre los que se pueden mencionar las actividades mediante operaciones comerciales, que reclaman del Derecho una regulación eficiente y eficaz, que impida procedimientos inadecuados y acciones fraudulentas, para favorecer con ello el uso racional de canales y medios como la internet y el correo electrónico. En aras de adecuar instrumentos jurídicos para que estas actividades tengan el respaldo legal, el Legislador expide normas como la Ley 527 de 1999, Ley de Comercio Electrónico, donde la firma digital se constituye como un concepto equivalente y funcional de la firma tradicional. A través de una investigación exploratoria, se busca identificar la diferencia, transcendencia y validez de la firma digital y electrónica dentro de los diversos procesos judiciales.

Teniendo en cuenta el acelerado crecimiento de la figura de la fiducia mercantil en Colombia, se hace necesario proceder a estudiar las posibles falencias existentes en el ordenamiento jurídico Colombiano, para este caso, los actos aplicables al control de operaciones fiduciarias, que permitirían el lavado de activos provenientes de actividades ilegales desplegadas por organizaciones criminales nacionales o transnacionales, que aprovechan esos vacíos normativos para dar apariencia de legalidad a riquezas ilícitas, queriendo hacer una reflexión proyectada hacia la respuesta del interrogante planteado, entre otros mediante el análisis de los diferentes productos fiduciarios y la verificación de la aplicación efectiva de los controles dispuestos en la normatividad, como es el caso del Sistemas de Prevención del Riesgo para el Lavado de Activos (SARLAFT), buscando encontrar las opciones más viables para minimizar el riesgo de la utilización del sistema financiero como medio para el blanqueo de capitales en Colombia.

El sistema regional de protección de Derechos Humanos, que surgió formalmente a partir de la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (pacto de Costa Rica), ha despertado serias discusiones en lo referente a la prevalencia del Derecho internacional sobre el Derecho interno de los Estados. La anterior afirmación, enmarcada dentro de la teoría dualista, en donde se otorga prevalencia a los tratados y demás instrumentos jurídicos internacionales sobre los sistemas jurídicos internos de los Estados, se ha visto confirmada por reiterados pronunciamientos de la Corte Interamericana de derechos humanos, que han sido acatados de forma plena por diversos estados americanos

El sector agrario ha sido uno de los más perjudicados en el desarrollo de los tratados, teniendo en cuenta, que su producción se encuentra bastante atrasada con respecto a economías norteamericanas y europeas, por lo que se han visto amenazados con productos internacionales que llegan al país así como de la precariedad en recursos para poder llevar sus productos a otros países. Por lo anterior, se hace un análisis de las normas actuales que contienen los tratados de libre comercio y la manera como protegen o abandonan al productor agrario colombiano.

La constitucionalizacion del derecho es un fenómeno entendido desde varias perspectivas por diversos autores que son objeto de análisis de este artículo, fenómeno el cual se confronta con el estatuto del consumidor desde los requisitos impuestos para que tal figure sea aludida, exponiendo a la luz el grado de constitucionalizacion que el derecho al consumo en Colombia posee.

Colombia es un estado social de derecho que tiene como pilar fundamental el respeto por la dignidad humana y como finalidad la obtención del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. De igual forma, establece como objeto fundamental de la actividad del Estado la solución de las necesidades insatisfechas de la población, en especial la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que al ser indispensables, se tornan como fundamentales, en especial, para las personas en situación de vulnerabilidad.

Por ello se realizó un estudio comparado con la legislación colombiana con la española del fenómeno del Ciberbullying la cual tiene como propósito evidenciar los avances que nuestro país ha logrado sobre la regulación sobre este fenómeno creciente en nuestra sociedad. Se encontrara en el capítulo primero un análisis de los diferentes conceptos, orígenes y nociones generales del bullying, así como también las características y las diversas formas de manifestación.