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El presente trabajo reflexiona acerca de la relación entre el análisis económico y la efectividad y justiciabilidad de los derechos sociales en Europa. En efecto, si en la era de la globalización se confiere una posición relevante al mercado cuando se redactan las normas nacionales e internacionales sobre derechos sociales (incluso en la fase inicial –previendo el impacto económico de dichas normas, la denominada “factibilidad”), el autor pone de relieve que la estructura jurídica y dogmática de tales derechos sociales es tan idónea como la de los derechos civiles a la hora de garantizar su justiciabilidad. En tal sentido, se subraya el camino hacia un estándar común europeo en materia de derechos sociales promoviendo la sinergia y asegurando la complementariedad entre la jurisprudencia social del Tribunal de Luxemburgo (Unión Europea) y del Comité Europeo de Derechos Sociales (Consejo de Europa). This essay reflects on the relationship between economic analysis and the effectiveness and justiciability of social rights in Europe. If in the era of globalisation the market is accorded an important position when international and national legislation on social rights is drafted (and even in the initial phase of the preparation of such legislation, such as when forecasts are made of the economic impact or the so-called “feasibility” of social provisions), the author emphasises that consideration needs also to be given to the legal or dogmatic structure of these social rights, which are just as suitable as civil rights to be treated as justiciable norms. This essay also highlights the road towards a common European standard of social rights by promoting, among other elements, the synergy and potential complementarity that exists between the social case law of the Court of Luxembourg (European Union) and of the European Committee of Social Rights (Council of Europe). -Luis.Jimena@uv.es

Dentro del marco de la presente investigación, se direcciona estudiar las existentes e históricas tensiones constitucionales entre las entidades territoriales y las facultades propias de su autonomía, así como el poder central materializado a través de la nación, en tal sentido estudiar las figuras conexas, los principios, las regulaciones, la normativa y la jurisprudencia. Lo anterior, a partir de un estudio hermenéutico desde los enfoques del iuspositivismo vs. Iusnaturalismo, los cuales ejercen una función orientadora en las vías y resoluciones jurídicas, frente a las tensiones en cuestión. Por su parte, el modelo de la organización territorial y administrativa del Estado colombiano responde a esas tendencias histórico-políticas tradicional, las cuales están basadas en la unidad de mando, en la centralización política y en la descentralización administrativa. No obstante, como mandato constitucional simboliza el poderío normativo del centralismo, la autonomía de su carácter administrativo y el establecimiento generalizado de un orden social igualitario para la ciudadanía en el reconocimiento de derechos. Es por lo que bajo el mismo centro de impulsión, todos los habitantes del territorio se obligan por las mismas leyes, las mismas decisiones del gobierno y las mismas sentencias judiciales. En ese orden de ideas, es evidente la intencionalidad reglamentaria consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia de 1991, respecto a la autonomía de las entidades territoriales como elemento integrante del Estado, lo cual, se interpreta en el reconocimiento del Estado de Colombia como sistema político unitario y descentralizado. Los recursos minerales son de uso fundamental para el territorio colombiano, por ende, resultan importantes no solamente para el progreso de la sociedad humana, sino para el desarrollo socioeconómico del país y los entes territoriales, motivo por lo cual, dentro las tensiones constitucionales latentes son las de concentrar esfuerzos para trabajar con los entes territoriales en la autonomía de la descentralización. Ahora bien, teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de los entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. Seguidamente, la discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales. En la guía de estudio de la presente investigación, se estructura pasando por diferentes estadios donde inicialmente se busca analizar la tensión Nación - Territorio producto de la actividad y explotación minera, así como la conceptualización de los elementos utilizados en la investigación. Después de esta línea se estudian los modelos mineros en el derecho comparado para luego revisar la legislación minera y la jurisprudencia en Colombia, esta comparación permitirá profundizar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa, propias de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la explotación de los recursos mineros, toda vez que, cada análisis enmarcado en la investigación permitirá condensar y concluir varios temas generales, los cuales pondrán de manifiesto el debate sobre la ejecución de un proyecto de ley que reforme la redistribución de los recursos del Sistema General de Regalías. En Colombia, existe una gran riqueza minera, dentro de las cuales se destacan algunos recursos como el oro, el carbón, las esmeraldas, el cobre, el níquel y el mineral de hierro, entre otros tantos. El potencial es alto y el país se constituye como un gran atractivo para la inversión, tanto así que la minería representa una actividad prioritaria para su desarrollo. Desde la perspectiva económica, la minería constituye una de las apuestas centrales de los dos últimos planes de desarrollo a nivel nacional, los cuales defienden la importancia del sector como fuente de crecimiento, al menos en el corto y mediano plazo. En la misma línea, Fedesarrollo ha publicado informes periódicos en los que se refiere a las rentas generadas por la actividad, su importancia en la balanza comercial y su potencial como generador de empleo. Cabe destacar que en la potestad y titularidad de los recursos naturales no renovables y de los recursos mineros energéticos, siempre ha sido objeto de debate y discusión dentro de los ordenamientos jurídicos y constitucionales, la intervención del Estado en la exploración y explotación minera, respecto de sus entes territoriales, toda vez que dichos recursos representan para los Estados productores de minerales y de hidrocarburos, una de sus principales fuentes de ingresos vía contraprestaciones a título de regalías. Es justamente que partiendo de los grandes recursos que la minería y la extracción hidrocarburífera representan para los Estados, surge entonces, sobre el tapete la discusión del modelo de Estado que se debe implementar y que se debe respetar para la determinación justa tanto de las competencias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones para desarrollar proyectos de este tipo dentro de las entidades territoriales constitucionalmente aceptadas, y las contraprestaciones económicas que percibirá cada una de estas entidades territoriales derivadas de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. La hipótesis planteada va orientada a la proyección de la soberanía del Estado, Teniendo en cuenta los nuevos modelos de ordenamiento territorial que prioriza los componentes de autonomía de las comunidades y los entes territoriales locales, suena entonces lógico analizar el alcance de dichos entes territoriales para efectos de toma de decisiones respecto del desarrollo y ejecución de proyectos mineros que puedan llegar a afectarlos de manera directa o indirecta. La discusión cobra vigencia con base en las contradicciones constitucionales y legislativas que históricamente han puesto en una línea de superioridad al gobierno central frente a las entidades territoriales, comoquiera que el Estado ejerce su soberanía sobre los recursos naturales no renovables consagrados en el artículo 332 de la constitución política. El presente trabajo está motivado por la necesidad de conocer y determinar las dinámicas y tensiones en el campo minero, es por eso que se ha planteado la siguiente pregunta problema, ¿Cuál es el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio? En ese sentido, los objetivos planteados en la investigación parten del objetivo general el cual consiste en determinar el alcance de la autonomía y descentralización administrativa propia de las entidades territoriales en la intervención del Estado para la exploración y explotación de recursos mineros respecto de las personas y el territorio; además de los objetivos específicos estructurados que son: 1. Identificar la forma de organización territorial del Estado Colombiano y su posición frente a los recursos de la minería. 2. Establecer los principios a los cuales las entidades territoriales en Colombia deben ceñirse para la exploración y explotación de los recursos mineros. 3. Definir los límites que ostentan las entidades territoriales en relación con la actividad minera. 4. Analizar los modelos territoriales y administrativos de los recursos mineros planteados en el derecho comparado. Teniendo en cuenta las tensiones constitucionales generadas por el nivel de intervención del Estado colombiano en las actividades de exploración y explotación minera con respecto a las personas y las entidades territoriales, en las siguientes líneas se realizará en detalle, un estudio respecto al modelo territorial y administrativo del recurso minero desarrollado en Colombia y la aplicación de los principios constitucionales objeto de estudio en la regulación minera, asimismo la referencia de la jurisprudencia y legislación colombiana para determinar el alcance de los fallos constitucionales, para posteriormente compararlo con otros modelos tales como el europeo o el latinoamericano. Además, se aborda un análisis sobre la distribución del Sistema General de Regalías y la consideración de si está basado en criterios objetivos de ponderación, así como el estudio de los componentes socio económicos que implica la relación Estado – Empresa – Sociedad. Es este punto, donde se manifiesta una tensión latente entre el principio unitario, relativo a la forma de organización del Estado Colombiano, y el principio de autonomía propio de sus entidades territoriales. De conformidad con lo esgrimido, y al entrar en tensión los anteriores principios, es menester determinar el alcance de la intervención y participación administrativa de las entidades territoriales en la exploración y explotación de yacimientos mineros dentro de sus territorios. Si bien es cierto que la descentralización se caracteriza por el relajamiento de vínculos existentes en las relaciones de autoridad central y del organismo descentralizado o transferencia de funciones del centro a la periferia; no dejan de existir facultades de parte de las autoridades centrales lo cual se explica debido a que, de lo contrario, no estaríamos frente a una organización descentralizada de la administración sino un poder independiente o Estado dentro del Estado. Es por ello que la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, siendo la primera el instrumento necesario para alcanzar la segunda; predicadas desde la expedición de la Carta Política de 1991, responden al anhelo de los constituyentes de una Colombia más equilibrada y más cercana a las necesidades de la población otorgando un grado de independencia a las entidades territoriales concibiendo la posibilidad de autogobierno y administración de asuntos de mayor interés para dichos entes. Se trata entonces de dos conceptos ligados entre sí pero que puesto que ostentan grandes diferencias conceptuales dado que Mientras la descentralización se refiere al contenido material, a las competencias y recursos asignados por la Constitución y la ley a los entes territoriales, la autonomía consiste en el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado. No obstante, la presente investigación se plantea la determinación del alcance de los anteriores conceptos enfocado a la explotación y exploración de los recursos mineros determinando de esta manera el grado de participación de estas, teniendo como base el principio que la Constitución Política de 1991 estableció según el cual el Estado Colombiano es un Estado Unitario, dueño de los recursos naturales. Resulta fundamental esclarecer el nivel de autonomía de las entidades territoriales para adoptar decisiones referentes a las mejores condiciones de desarrollo ambiental, social y cultural en su región, esto es, conocer con mayor profundidad el papel que desempeñan en la adopción de autorizaciones para llevar a cabo actividades relativas a la minería en su jurisdicción. Esta investigación es de interés general, en tanto se trata de una problemática que afecta económica, política y socialmente al Estado Colombiano. En la medida en que se fijen parámetros en la exploración y explotación de los recursos mineros, delimitando los alcances o el nivel de participación de las entidades territoriales en el desempeño de actividades en dicho sector, podrá dirimir en gran medida la tensión jurídica previamente descrita y que constituye el objeto de este trabajo.

Resumen: La especie humana se encuentra en un momento clave; de sus actos depende el futuro ambiental del planeta, el daño puede ser irreparable. En este contexto, los estudios investigativos en el campo del Derecho requieren una nueva metodología que incorpore una visión multidisciplinaria a tono con las actuales problemáticas ambientales. Para el desarrollo de este trabajo se aplicó una metodología que propicia el diálogo teórico desde diferentes enfoques, con el objetivo de disponer de los suficientes elementos de juicio que faciliten el análisis de la problemática jurídica en materia hídrica. Por lo tanto, se identificaron cuatro núcleos de estudio. El primero, analizó las bases democráticas y políticas necesarias para construir un nuevo tipo de política pública ambiental y luego hídrica, que compaginen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la vez privilegien la reutilización del agua en el marco de la sostenibilidad y la economía circular. El segundo núcleo, aborda el carácter evolutivo de los Derechos Humanos cuyas transformaciones han puesto sobre la mesa del debate internacional nuevos derechos como el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Este derecho emergente se encuentra en construcción y sometido a la influencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, durante su consolidación éste sentirá la necesidad de incorporar a la reutilización en su estructura, como un instrumento para evidenciar la sostenibilidad hídrica. El tercer núcleo se refiere al estudio de la Teoría de los Servicios Públicos, necesaria para el cumplimiento de las necesidades colectivas y de los derechos fundamentales. Por su carácter dúctil los servicios públicos deberán adaptarse a las nuevas exigencias ambientales e hídricas desde una visión que privilegie la reutilización del agua. Este enfoque conlleva un llamado para que los Estados planifiquen una estructura integral de Servicios Públicos Hídricos sobre un marco de gobernanza participativa y multinivel. Finalmente, el cuarto núcleo trata la implementación de la responsabilidad extracontractual del Estado como un mecanismo de protección del individuo y de la Naturaleza cuando el Estado falló o no incorporó un servicio público hídrico integral. En resumen, la investigación aporta una nueva visión para apreciar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con la finalidad de identificar sus fortalezas pero también sus debilidades, y que a su vez sirva de base para la construcción de una nueva especie de políticas públicas, de normas jurídicas en materia hídrica y de nuevas líneas investigativas.

La evolución política de la región Euro-Mediterránea a partir de las revoluciones árabes de 2011 ha hecho renacer el debate sobre la compatibilidad del Islam con las instituciones democráticas. Europa necesita defender esta posibilidad y encontrar un engarce que permita el desarrollo paralelo del hecho religioso islámico y de las instituciones democráticas, como garantía de estabilidad de sus propias sociedades y de su entorno más inmediato. Los modelos francés, alemán y británico han mostrado los fallos de los postulados que defendían la separación del hecho religioso de la estructura del Estado, su asimilación o su auto-organización. Por otro lado, el desarrollo de las revoluciones liberales que se conocen bajo la denominación de "primavera árabe" ha puesto de manifiesto la dificultad de trasladar a los países de base social arabo-islámica la estructura del Estado democrático occidental. Frente a ambas opciones se propone una interpretación amplia del principio de libertad religiosa que permita un papel más activo del Estado occidental para restringir aquellas manifestaciones del Islam que son contrarias a los principios y valores que configuran su sistema jurídico-político y, al mismo tiempo, impulsar la implantación de estructuras islámicas jerárquicas con respaldo estatal que permitan el desarrollo de los fundamentos doctrinales del Islam que garantizan su compatibilidad con la democracia.

A partir de la reforma constitucional de 1994 en Bolivia, se visibilizó a los pueblos indígenas y se reconocieron sus derechos, aunque inicialmente de manera tímida y con limitaciones establecidas inclusive por las leyes y no solo por la Constitución. Con la aprobación y puesta en vigencia de la CPE de 7 de febrero de 2009 , Bolivia se declara como un Estado unitario social de Derecho, comunitario, plurinacional, intercultural, que se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico; asimismo, reconoce expresamente la jurisdicción indígena originaria campesina a la cual coloca en igualdad jerárquica con las jurisdicciones ordinaria y agroambiental. Dicho reconocimiento ha dado lugar a la comprensión de la existencia de diversos órdenes jurídicos en el espacio geográfico de Bolivia, que perviven desde antes de la colonia a pesar de los embates de ésta y de la República, para limitarlos en exceso o hacerlos desaparecer, y al mismo tiempo. Desde entonces, han surgido opiniones que rechazan el pluralismo jurídico, otras que postulan la hegemonía del derecho estatal, y otras que consideran que se trata de una innegable realidad que no es creación ni descubrimiento de ningún gobierno de turno, también existen voces que sostienen que las normas indígenas no respetan los derechos humanos, y otras que señalan que deben tener toda la flexibilidad necesaria para aplicar sus disposiciones. A todo lo cual se suma la aprobación de la Ley de deslinde jurisdiccional, y la jurisprudencia emanada del TCP, que determinan que el presente constituye un tema actual de análisis y debate en Bolivia y otros países latinoamericanos con fuerte componente poblacional indígena. El objetivo central de la investigación ha sido el análisis de los parámetros en los que se circunscribe el pluralismo jurídico en Bolivia, existente desde antaño, entre el Derecho Indígena y el Derecho estatal, su reconocimiento constitucional, legal, el desarrollo jurisprudencial y la forma en que éstos contribuyen para lograr una coexistencia en el marco de respeto e igualdad jerárquica. Asimismo, como objetivos transversales se tienen: El marco general teórico sobre el Derecho Indígena, sus orígenes y caracteres; en qué consiste la denominada justicia comunitaria o el auténtico Derecho Indígena; y establecer: a) Los posibles conflictos entre el Derecho Indígena y los derechos humanos; b) El carácter voluntario u obligatorio del sistema indígena; c) El alcance de las facultades punitivas de los pueblos indígenas (si pueden ver casos graves) y del uso de la coerción (si pueden aplicar penas graves), sobre la base de un análisis y crítica a lo establecido en la Ley de Deslinde Jurisdiccional; d) El carácter de sus resoluciones (si constituyen cosa juzgada no revisable). Examiné jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia sobre Derecho Indígena, así como algunas de las Sentencias más relevantes en el tema, de la Corte Constitucional de Colombia. También analicé la forma de vida, costumbres, reglas, faltas y sanciones en el Pueblo Indígena Angola, Ayllu Urunkota, Marka Tarabuco de la Nación Yampara, ubicada en el departamento de Chuquisaca. Since the 1994 constitutional reform in Bolivia, was made visible to indigenous peoples and their rights were recognized, although initially timidly and with limitations established by law and including not only by the Constitution. With the approval and enactment of the CPE of 7 February 2009, Bolivia declared as a community social unitary state of law, plurinational, intercultural, which is based on plurality and political, economic, legal, cultural pluralism and linguistic; It also explicitly recognizes the indigenous peasant jurisdiction to which placed in hierarchical equality with the ordinary and agro-environmental jurisdictions. This recognition has led to the understanding of the existence of various legal orders in the geographical area of Bolivia that has survived from before the colony despite the ravages of this and of the Republic to restrict them over or make them disappear, and at the same time. Since then, there have been opinions that reject legal pluralism, others postulate the hegemony of state law, and others consider it an undeniable reality that is not the creation or discovery of any government of the day, there are voices that argue that Indian rules do not respect human rights, and others said they should have all the flexibility to implement its provisions. To which the approval of the Law on jurisdictional boundary, and the jurisprudence of the TCP, which determine that this is a current topic of discussion and debate in Bolivia and other Latin American countries with strong indigenous population component adds. The main objective of the research was the analysis of the parameters in which legal pluralism in Bolivia, existing since ancient confined between indigenous law and state law, its constitutional, legal recognition, the jurisprudential development and how they contribute to achieve coexistence within the framework of respect and equality hierarchical. Also as transverse objectives are: The theoretical framework of the Indigenous Law, its origins and characters; what it is called community justice or authentic Indian law; and establish: a) Potential conflicts between indigenous law and human rights; b) The voluntary or mandatory character of the indigenous system; c) The scope of punitive powers of indigenous peoples (if they can see serious cases) and the use of coercion (if they can apply severe penalties), on the basis of an analysis and critique of the provisions of the Law of Jurisdictional Demarcation ; d) The nature of its resolutions (if res judicata are not reviewable). Jurisprudence examined Plurinational Constitutional Court of Bolivia Indigenous Law, as well as some of the most important statements on the issue, the Constitutional Court of Colombia. I also analyzed the lifestyle, customs, rules, offenses and penalties in Angola Indigenous People, Ayllu Urunkota, Marka Tarabuco Yampara Nation, located in the department of Chuquisaca.

La independencia de los medios de comunicación constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia. Una prensa libre supone una opinión pública libre. Para conseguir una opinión pública fundada en la libertad es necesaria una prensa independiente. Por ello, los poderes públicos deben velar por la independencia de los profesionales de la información, para que la información que éstos transmiten y que ayudará a configurar la opinión pública, no se vea comprometida por los intereses económicos, políticos o empresariales. La finalidad de la cláusula de conciencia y el secreto profesional es, precisamente, evitar situaciones de subordinación, frente a la empresa periodística o frente a los poderes públicos, que obliguen al periodista a renunciar a su independencia para conservar su puesto de trabajo o, en el peor de los casos, su libertad de comunicar una información veraz y relevante para la conformación de una opinión pública libre. Ambos derechos son instrumentos para asegurar la calidad en la información. En este sentido, la cuestión principal de la tesis que ha servido de guía a la investigación es conocer cuál es el grado de efectividad de cláusula de conciencia y del secreto periodístico como derechos protectores del ejercicio de la libertad de información de los periodistas. El presente trabajo tiene un doble objeto. Por un lado se realizará un estudio dogmático, legal y jurisprudencial de los derechos de la cláusula de conciencia y del secreto profesional en el ordenamiento jurídico español. Por otra parte, se llevará a cabo un análisis del grado de eficacia de ambos derechos en la práctica profesional del periodismo, con el propósito de establecer hasta qué punto estos derechos constituyen instrumentos eficaces para preservar el libre ejercicio de la libertad de información de los periodistas. Para alcanzar los objetivos señalados el trabajo se ha estructurado en tres partes claramente diferenciadas. En la primera y en la segunda parte, se ha llevado a cabo un estudio paralelo de los derechos de la cláusula de conciencia y del secreto profesional, respectivamente. En ambos casos se ha delimitado el concepto de ambos derechos, su bien jurídico protegido, y su ámbito subjetivo. Igualmente, tras describir su evolución histórica y atender al derecho comparado en distintos ordenamientos jurídicos, se ha analizado la naturaleza jurídica de ambos derechos (cuestión de especial relevancia en el caso del secreto profesional) y se ha delimitado su contenido esencial. Asimismo, la tesis ha abordado el análisis de las distintas formas de autorregulación de ambos derechos por parte de las asociaciones profesionales de periodistas y de los medios de comunicación. Particularmente, en el caso de la cláusula de conciencia, también se ha realizado un estudio de la Ley Orgánica 2/1997, por la que se regula este derecho. Del mismo modo, de manera transversal a todo el trabajo, se ha atendido al análisis jurisprudencial de ambos derechos atendiendo a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La tercera parte del trabajo es la que aporta una mayor novedad a la presente tesis. Se ha realizado un estudio de campo, utilizando entrevistas semiestructuradas como técnica de análisis, con la finalidad de confirmar o refutar tres hipótesis que se enunciarán a continuación las cuales persiguen responder a la cuestión principal del trabajo sobre cuál es el grado de eficacia y rendimiento de ambos derechos: - La primera hipótesis sostiene que los derechos de la cláusula de conciencia y del secreto profesional no son ejercidos de forma completamente efectiva por los profesionales de la información frente a las empresas para las que trabajan. - La segunda hipótesis establece que la principal causa de que los citados derechos no se ejerzan plenamente es la posición de prevalencia de la empresa en la relación laboral que mantiene con los periodistas que trabajan en ella, cuyos intereses comprometen la independencia del profesional de la información. - Finalmente, de acuerdo con la tercera hipótesis, el medio de comunicación en que se trabaja no es un factor determinante para el respeto al ejercicio de los derechos de la cláusula de conciencia y del secreto profesional. Para la defensa o refutación de estas hipótesis, se han llevado a cabo treinta entrevistas semiestructuradas, con periodistas de distintos perfiles profesionales, y que trabajan en medios de comunicación de diversas líneas editoriales, con el fin de buscar, no las divergencias, sino las coincidencias en sus opiniones respecto al ejercicio de ambos derechos.

La tesis se centra en el concepto de la Justicia Medioambiental, entendida como “el trato justo y la participación significativa de todas las personas, sin consideración de raza, color, origen nacional o posición económica, en el desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y políticas medioambientales”. La tesis analiza el surgimiento del movimiento de la Justicia medioambiental en los Estados Unidos en la década de los ochenta del siglo XX, y realiza un recorrido histórico por las fases de consolidación y de posterior expansión del mismo en suelo europeo. Describe el marco de la justicia medioambiental, entendido como un modelo de análisis de los conflictos medioambientales, especialmente de ámbito urbano o regional, desde la perspectiva del reparto equitativo de las cargas y del acceso a los beneficios que derivan de las políticas públicas medioambientales, y dentro de dicho análisis se presta especial atención al modo de definir y medir las discriminaciones medioambientales y al estado de los estudios sobre el tema dentro de la doctrina española. La parte final de la tesis se ocupa de hacer un recorrido por el ordenamiento jurídico español en un intento de encontrar un encaje a la justicia medioambiental dentro de aquél, con especial atención a la parcela constitucional en relación a dos preceptos: el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el principio de igualdad.

La incorporación de la Carta Social Europea al ordenamiento jurídico español como vector esencial para la realización del Estado social proclamado en el artículo 1.1 de la Constitución y la efectividad de los derechos sociales. Ello implica analizar no sólo el modo en que se está aplicando la Carta Social originaria de 1961 y el Protocolo de 1988 (únicos instrumentos aceptados por España) y, sobre todo, la manera de superar lo que constituyen dos asignaturas pendientes fundamentales: la ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y la Carta Social Europea revisada de 1996. España es deficitaria en ambos aspectos, déficit social que le aleja del acervo común en materia de derechos sociales, no sólo en el Consejo de Europa, sino asimismo en el seno de la Unión Europea. El objetivo fundamental de la tesis doctoral radica en analizar el impacto jurídico-constitucional de la Carta Social Europea (como verdadero Pacto europeo de democracia social, equivalente al Convenio Europeo de Derechos Humanos) y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (equivalente en cierto sentido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como elementos indispensables para dotar de sentido al catálogo constitucional español de derechos sociales. Desde esta perspectiva, el citado propósito jurídico-constitucional garantista se ve acompañado de otro esencialmente pedagógico (estrechamente ligado a la idea de cultura de los derechos sociales y de la democracia social), a saber, la Carta Social y la jurisprudencia del Comité son prácticamente desconocidas en España, como lo acredita la laguna científico-bibliográfica en la materia, lo que por lo demás justifica la originalidad del tema elegido. Como confluencia de ambos objetivos, un tercero reside precisamente en, de un lado, profundizar en el perfeccionamiento del Estado social y la garantía de los derechos sociales en España a través de la asunción de los dos instrumentos que han actualizado la Carta Social de 1961 y cuya aceptación resulta insoslayable para un Estado que se precie de ser social (los ya citados Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y Carta Social Europea revisada de 1996); y, de otro lado, dar a conocer y analizar esos instrumentos del Consejo de Europa que son prácticamente ignorados en España y que, paradójicamente, han servido de base para la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que sí ha sido asumida por España con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009). Adicionalmente, otro objetivo científico esencial de la investigación consiste precisamente en examinar el modo en que se compatibilizan dos posibles Europas sociales (la del Consejo de Europa con 47 Estados miembros y la de la Unión Europea con 28 Estados miembros) y la forma en que eventualmente deben acometerse por los órganos constitucionales internos las posibles divergencias. Por último, la tesis doctoral cuenta con otro objetivo de primer orden, asociado justamente no sólo con la citada originalidad, sino asimismo con la actualidad del tema, puesto que la investigación sobre la optimización en la efectividad de los derechos sociales resulta más imperiosa en los momentos actuales de crisis económica. The incorporation of the European Social Charter to the Spanish legal system as essential for the realization of the social State proclaimed in article 1.1 of the Constitution and the effectiveness of social rights. This involves analyzing not only the way in which the Social Charter of 1961 and the Protocol of 1988 is being applied (unique instruments accepted by Spain) and, above all, how to overcome what constitute two fundamental pending subjects: the ratification of the Protocol of collective complaints of 1995 and the European Social Charter revised in 1996. Spain is deficient in both aspects, social deficit that keeps Spain aside of the common social rights acquis, not only in the Council of Europe, but also in the bosom of the European union.The main objective of the dissertation lies in analyzing the legal impact of the European Social Charter (as a real European Pact for social democracy , equivalent to the European Convention on human rights) and the case law of the European Committee of social rights (in a sense equivalent to the European Court of human rights) as essential elements to give sense to the Spanish constitutional catalogue of social rights.From this perspective, the cited constitutional purpose is accompanied by another essentially pedagogical (closely linked to the idea of a culture of social rights and social democracy), namely, the Social Charter and the Committee's jurisprudence are virtually unknown in Spain, as evidenced by the scientific and bibliographic lagoons in matter, which otherwise justifies the originality of the topic. As a confluence of both of these objectives, a third lies precisely in, one side, the improvement of the welfare State and the guarantee of social rights in Spain through the assumption of two instruments that have updated the Social Charter of 1961 and whose acceptance is inevitable for a State that claims to be social (the aforementioned Protocol of 1995 collective claims and revised European Social Charter of 1996); and, on the other hand, to present and analyze these instruments of the Council of Europe which are virtually ignored in Spain and that, paradoxically, has served as the basis for the elaboration of the Charter of fundamental rights of the European union (that has been assumed by Spain with the entry into force of the Lisbon Treaty in December 2009).Additionally, other essential research scientific aim consists precisely in examining the way in which they combine two possible social Europe (the Council of Europe 47 Member States and the European Union with 28 Member States) and the way in which eventually possible divergences must undertake by the internal constitutional bodies. Finally, the thesis has another objective of first order, just associated not only with the aforementioned originality, but also with the actuality of the topic, since research on optimization effectiveness of social rights is more urgent in the current times of economic crisis.

El presente trabajo de investigación doctoral tiene como título: "Regulación Legal de la Violencia de Género: Análisis comprado de la Legislación Española y Mexicana". La metodología empleada en este estudio comparativo, parte de un enfoque histórico-dogmático-jurídico, mediante el examen y el contraste de la doctrina científica, feminista y jurisprudencial en materia de violencia de género, estudiada bajo un minucioso análisis jurídico con perspectiva de género. Este trabajo esta estructurado en cinco capítulos: - El primer capítulo está dedicado al estudio del marco referencial sobre la relación entre patriarcado, género y violencia contra las mujeres basado en la epistemología feminista. - El segundo capítulo se analizó los principales tratados internacionales de Naciones Unidas para erradicar la violencia contra las mujeres, así como las acciones y estrategias político-legales desarrolladas en el ámbito Europeo y Latinoamericano para contrarrestar el fenómeno. - El tercero capítulo y cuarto se centran en el análisis de la evolución del tratamiento jurídico e institucional de la violencia de género en el ordenamiento español y mexicano y las iniciativas de ley presentadas para combatir la violencia de género mediante medidas integrales y multidisciplinares. - El capitulo quinto se aborda la comparación analítica de las dos normativas de estudio siguiendo las pautas establecidas por los objetivos de la tesis y se elaboran propuestas de mejora para ambas leyes. En definitiva, la finalidad es que el resultado de la investigación sea utilizado con fines prácticos, al proporcionar alternativas legales con perspectiva de género que permitan al legislador español y al legislador mexicano elaborar modificaciones futuras a las normativas encargadas de contrarrestar la violencia de género. This doctoral research is titled: "Legal Regulation of Gender Violence : Analysis bought the Spanish and Mexican Law". The methodology used in this comparative study, part of a legal - dogmatic - historical approach by examining the contrast of the scientific literature, and feminist jurisprudence on gender violence, studied under a thorough legal analysis from a gender perspective. This work is divided into five chapters: - The first chapter is devoted to the study of the framework on the relationship between patriarchy and gender based violence against women in feminist epistemology. - The second chapter the main international UN treaty was analyzed to eradicate violence against women , as well as actions and political- legal strategies developed in the European and Latin American area to counter the phenomenon. - The third and fourth chapter focuses on the analysis of the evolution of the legal and institutional treatment of gender violence in the Spanish and Mexican law and the bills submitted to combat gender violence through comprehensive and multidisciplinary action. - The fifth chapter the analytical comparison of the two standards is discussed study following the guidelines established by the objectives of the thesis and suggestions for improvement for both laws are made. Ultimately, the aim is that the outcome of the investigation to be used for practical purposes, to provide legal alternatives gendered allowing the Spanish and Mexican legislator legislature to develop future policy changes responsible for countering gender violence.

Los fundamentos de la crisis de la representatividad han sido ya ampliamente tratados. El alejamiento, por no decir la exclusión de las mujeres de la gobernanza política, también es un tema recurrente de los estudios pluridisciplinarios, feministas o no. Lejos de pretender hacer una síntesis de estas problemáticas, la tesis se enfoca en el planteamiento de los instrumentos políticos y jurídicos, instaurados por los sistemas políticos, que se lanzaron a la integración de las mujeres en el espacio de la toma de decisión política. La paridad de género consiste en una medida que estos últimos años ha generado una renovación conceptual de principios fundamentales como la igualdad. Instituida en el paisaje político-institucional de algunos países y promovida por el Derecho Internacional, la paridad se ha extendido a otras esferas además de la política. Ahora bien, en el marco de la esfera económica y social, como en todos los sectores de la sociedad, la paridad afecta también a la gobernanza económica con la presencia obligatoria de ambos sexos en los consejos de administración de grandes empresas. Esta acción positiva que, en su origen, se aplicaba al sector público, ya se aplica también en el sector privado. La paridad, como finalidad ¿ a veces presentada como objetivo a alcanzar ¿ transciende al conjunto de la sociedad. Valor constitucional y objetivo fundamental, los ordenamientos jurídicos que la proclaman como tal, la consideran como una de las bases de la ¿renovación¿ democrática o de la legitimidad del Estado democrático de derecho. Pero este reconocimiento cuestiona la clave fundamental de la democracia que es el principio de igualdad. La polémica generada por la creación y los avances de la paridad ilustra las dificultades de coexistencia entre la paridad y la igualdad que, juristas y filósofos paritaristas, intentan ¿ ¿en vano?- mermar o ignorar al descubrir e inventar artificios conceptuales (igualdad de oportunidades o de resultados, acción o discriminación positivas, etc.) a veces poco convincentes. Así pues, el principio de igualdad es el primero y el último eslabón de la arquitectura de cualquier estructura democrática. Principio que necesita un abanico de instrumentos y de otros principios ya establecidos como la libertad, pero también de otros en devenir como el principio de equidad. Siendo un concepto a la vez próximo y distinto de la igualdad, la equidad tiende a introducir el conjunto de medidas correctoras que contribuyen a la materialización de una sociedad más justa. La paridad, al ¿igual¿ que todas las acciones o discriminaciones positivas, se inscribe mucho mejor en términos de legitimidad ¿ por lo menos jurídicos ¿ en el marco de un principio de equidad que de unas subcategorías artificiales e inestables de la igualdad. En definitiva, el propósito de la tesis consiste en destacar el camino que la paridad abre a un principio jurídico, latente en nuestro derecho contemporáneo y muy arraigado a la idea aristotélica de la justicia y, sin embargo, más acorde con las realidades actuales y las difíciles decisiones que la aguda recesión económica impone a los gobernantes del Estado de Bienestar.