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Aquí se muestra la inconvencionalidad del literal e del artículo 53 de la Ley 137 de 1994, por el cual en los procesos disciplinarios tramitados por incumplir los deberes funcionales previstos en la legalidad de excepción se concede en el efecto devolutivo la apelación del fallo sancionatorio de primera instancia que restringe los derechos políticos. Ejecutar las sanciones disciplinarias sin que antes el superior resuelva los argumentos resulta contrario a la doble conformidad y al principio de intangibilidad, previstos en los artículos 8.2 literal h y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se plantean soluciones para superar esta irregularidad.

En este escrito se analiza la confguración del Estado-nación, del Estado de derecho y del Estado social de derecho en Latinoamérica. Se demuestra que la adopción de estos modelos políticos, de raíz europea-occidental, no ha tenido en cuenta la realidad latinoamericana, de allí que ninguno de ellos haya tenido una validez real y completa, merced al modelo feudal de su vida colonial, al carácter autoritario, mesiánico, populista y vertical de sus gobernantes, a la debilidad fscal y a una división internacional del trabajo de corte extractivista.

Se demuestra que ha ocurrido un cambio normativo radical o intenso del contenido de la Constitución de 1991 referente a la potestad tributaria de las entidades territoriales para regular sus impuestos. Aquel es generado por la variación del criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional en el desarrollo interpretativo del texto constitucional, sin que se presente alguna alteración en su tenor literal. Esa transformación genera la inconstitucionalidad del impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

Se aborda el estudio de los casos Serena (Italia) y Verónica (T-292 de2004), desde los elementos configurativos del caso trágico para ver si, elsegundo tiene esa condición para el Derecho constitucional colombiano.Se concluye que a partir del desarrollo que la Corte Constitucional harealizado del principio de interés superior del niño, el derecho del hijo decrianza a permanecer con su familia de crianza puede ceder si dentro delproceso de adopción ordenado para superar su situación irregular sepresenta una familia con mejores condiciones para la satisfacción de susderechos fundamentales. Es claro entonces que en casos de hijos decrianza no se presenta una absolutización de los principios quecolisionan, seña distintiva del caso trágico

En este escrito se defiende la idea de que las autoridades administrativastienen que decidir casos trágicos. Se realiza una exploración y crítica a ladoctrina internacional que centra su estudio del caso trágico como unasunto de los jueces. Para ello se resalta que el ejercicio de la funciónadministrativa en el Estado social de Derecho no puede seguir lospostulados clásicos del principio de legalidad, sino que exige realizaractividades de planeación en donde tienen aplicación principiosconstitucionales para justificar sus decisiones aplicando para ello laponderación. El reconocimiento de la existencia del “caso trágicoadministrativo” también es resultado de considerar que la realización dela justicia no sólo corresponde a los jueces, sino también a lasautoridades administrativas por más que sean en algo responsables de ladesigualdad de las sociedades.

Se analizan los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional yel Consejo de Estado sobre los partidos y movimientos minoritarios paraconstruir un concepto de minoría política en la democraciarepresentativa. Desde un punto de vista hermenéutico se analiza lacontroversia surgida dentro del Consejo de Estado en torno al tema. EstaCorte considera que en el sistema jurídico colombiano minoría política esequivalente a la oposición política. Por su parte, la Corte Constitucionalentiende que ser minoría política es independiente a la posición políticaque se asuma frente al Gobierno. Se concluye de estas decisiones laexistencia de un concepto cuantitativo, subjetivo y variable de minoríapolítico-electoral.