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Trabajo de fin de Grado. Grado en Derecho. Curso académico 2019-2020, [ES] La educación diferenciada sigue siendo un motivo de controversia en España. Para entender la problemática es necesario hacer un análisis previo de todo el entramado jurídico del derecho a la educación y libertad de enseñanza que se recoge principalmente en el artículo 27 CE. También es necesario ver el proceso que ha ido llevando a cabo la Administración. El papel que ha ido jugando ha cambiado a lo largo de los años gracias al proceso de descentralización que ha habido en España. Una cuestión clave es la interpretación que se da desde la Administración a la educación. Puede interpretarse como un servicio público o un servicio de interés público. Es relevante destacar que las leyes y la reciente jurisprudencia avalan el modelo de la educación diferenciada. Además, en el nivel del derecho comparado encontramos países como Estados Unidos que durante estos últimos años ha incentivado tal modelo pedagógico. A nivel nacional nos encontramos con unas leyes que reconocen a la educación diferenciada como no discriminatoria y por lo tanto, merecedoras de financiación pública., [EN] Single- sex education continues to be a source of controversy in Spain. To understand the problem, it is necessary to make a prior analysis of the entire legal framework of the right to education and freedom of education, which is mainly included in Article 27 CE. It is also necessary to see the process that the Administration has been carrying out. The role it has been playing has changed over the years thanks to the decentralization process that has taken place in Spain. A key issue is the interpretation given by the Administration to education. It can be interpreted as a public service or a service of public interest. It is relevant to highlight that the laws and recent jurisprudence endorse the differentiated education model. In addition, at the level of comparative law we find countries such as the United States that in recent years has encouraged such a pedagogical model. At the national level, we find laws that recognize single sex-education as non-discriminatory and therefore deserving of public funding.