1. El delito de celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en el proceso de licitación pública n° ftic-lp-038-2020
- Author
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Rivera Castellanos, Tania Marcela, Quevedo Peña, Sofía Katherine, Cristian, Ibarra, and Universidad Santo Tomas
- Subjects
contratación estatal ,administración publica ,etapa pre-contractual ,public administration ,public contract ,pre-contractual stage ,crime ,delito - Abstract
El estado tiene a su cargo el cumplimiento de los fines consagrados en la Constitución Política y para ello hace uso de la contratación pública mediante la cual busca a las personas naturales y jurídicas más idóneas para ejecutar aquellas intervenciones que están a cargo del estado, porque aquel no cuenta con la capacidad y especialidad para desarrollar las actividades que materializan los deberes a su cargo. Quien asume la ejecución de los contratos otorgados por el estado se vuelve responsable de correcta ejecución y de la prestación de los servicios, es por ello por lo que aquellos funcionarios que tienen a su cargo la elección objetiva, como en una licitación pública, de posibles contratistas tienen una gran responsabilidad dado que evalúan las mejores características entre los oferentes que se presentan a la adjudicación de un contrato. En este mismo sentido la licitación pública es el medio a través del cual el estado contrata la prestación de bienes o servicios; este proceso contractual inicia con el estudio que plantea y justifica la necesidad de contratar a un tercero, se establecen los requisitos propios para el proceso que debe cumplir el posible contratista, se reciben las ofertas y se evalúan conforme a los requisitos legales y los establecidos para la licitación, se procede a la adjudicación donde los demás oferentes presentan oposiciones y según se espera se escoge a la persona natural o jurídica más idónea para ejecutar las labores encomendadas. Por otro lado, ha de mencionarse que en estos procesos contractuales no siempre se cuenta con la debida diligencia que se requiere para la evaluación de estos oferentes por ello el legislador tuvo que proteger a la administración pública como un bien jurídico tutelado en ciertos delitos que condenan el mal proceder en estos ámbitos. Por lo que uno de los delitos fue nombrado delito de celebración del contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales porque la ley y el mismo proceso contractual establecen requisitos que son de obligatorio cumplimiento para garantizar una correcta ejecución del objeto contractual. En el caso de la licitación pública FTIC-LP-038-2020 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia otorgó uno de los contratos de la licitación a la persona jurídica Unión Temporal Centros Poblados 2020 para que ejecutara las mejoras en el servicio de internet en las zonas rurales asignadas a la región B. En el curso de la ejecución de este contrato, el contratista presentó retrasos en su ejecución y por ello se inició una investigación al interior del Ministerio, en la que se descubrió que la garantía bancaria presentada para que se les entregara el anticipo no era real, las firmas de quienes otorgaron esta garantía habían sido falsificadas. Esta situación desplego varias acciones legales y para el interés académico es relevante establecer cómo se configura el delito del contrato sin cumplimiento de los requisitos legales de los cuales los servidores públicos que evaluaron y adjudicaron el contrato son responsables, dado que esta omisión en la debida diligencia de sus funciones constituye una vulneración directa a la administración pública. Siendo así se pretende evaluar el proceso licitatorio, la configuración del delito y cómo este puede ser aplicado al caso en particular. The state is in charge of fulfilling the purposes enshrined in the Political Constitution and for this it makes use of public contracting through which it seeks the most suitable natural and legal persons to execute those interventions that are in charge of the state, because that does not have the capacity and expertise to develop the activities that materialize the duties in charge. Who assumes the execution of the contracts granted by the state becomes responsible for the correct execution and provision of services, which is why those officials who are in charge of the objective choice, as in a public tender, of possible Contractors have a great responsibility since they evaluate the best characteristics among the bidders who present themselves for the award of a contract. In this same sense, public bidding is the means through which the state contracts the provision of goods or services; This contractual process begins with the study that proposes and justifies the need to hire a third party, the requirements for the process that the potential contractor must comply with are established, the offers are received and they are evaluated in accordance with the legal requirements and those established for the bidding proceeds to the award where the other bidders present oppositions and as expected, the most suitable natural or legal person is chosen to execute the entrusted tasks. On the other hand, it should be mentioned that in these contractual processes there is not always the due diligence required for the evaluation of these bidders, therefore the legislator had to protect the public administration as a protected legal asset in certain crimes that condemn misconduct in these areas. Therefore, one of the crimes was named the crime of entering into the contract without complying with the legal requirements because the law and the contractual process itself establish requirements that are mandatory to guarantee the correct execution of the contractual object. In the case of the public tender FTIC-LP-038-2020, the Colombian Ministry of Information Technology and Communications awarded one of the tender contracts to the legal entity Unión Temporal Centros Poblados 2020 to execute the improvements in the internet service in the rural areas assigned to region B. During the execution of this contract, the contractor presented delays in its execution and for this reason an investigation was initiated within the Ministry, in which it was discovered that the guarantee presented for the advance payment was not real, the signatures of those who granted this guarantee had been forged. This situation unfolded several legal actions and for academic interest it is relevant to establish how the crime of the contract is configured without compliance with the legal requirements for which the public servants who evaluated and awarded the contract are responsible, given that this omission in due diligence of its functions constitutes a direct violation of the public administration. Thus, it is intended to evaluate the bidding process, the configuration of the crime and how it can be applied to the particular case. Especialista en Contratación Estatal Especialización
- Published
- 2022