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El populismo está presente en la vida política y en la utilización del derecho penal, operando como fundamento real de las leyes penales que, por ese vicio de origen, dejan de ser las propias de un Estado social y democrático de Derecho. Las conquistas políticas y jurídicas del derecho penal, su orientación a la protección de valores y bienes necesarios para la convivencia pasan a un segundo plano ante los intereses populistas, sectarios por naturaleza, y que fían en la represión como respuesta única y mejor a todo problema social o a las acciones que se decide incriminar para conseguir el aplauso popular. La reflexión jurídica sobre la función y los fines del derecho penal es tildada de argumentación antidemocrática. La invocación de las víctimas, como seres olvidados por el derecho penal, completa la perversión de la ideología populista.

1. La supuesta racionalidad del derecho penal. 2. La legislatura que terminó. 3. La racionalidad de las leyes penales. 4. La desoladora situación resultante. 5. La pena “razonable” no existe. 6. La irracionalidad inevitable de las decisiones criminalizadoras. 7. La aceptada irracionalidad de leyes que se aplican y las funciones ajenas al derecho penal. 8. Conclusión: las difíciles soluciones.

La actual formación del jurista en España es deficiente. La causa no está en el desafortunado y casi inviable Plan Bolonia, sino que es anterior, y no se reduce a una. La formación preuniversitaria en humanidades es casi inexistente. Hay un exceso de Facultades de Derecho y de centros que enseñan Derecho, con lo que abunda el profesorado improvisado, y, con ello, la formación del estudiante es con frecuencia superficial, a lo que se suma el poco interés por la carrera. La introducción de unas pruebas nacionales para acceder a la abogacía, en las que tienen un peso excesivo los Colegios de Abogados, no ha remediado la situación.

La reciente concesión de indultos a los independentistas catalanes ha provocado un hondo debate político y jurídico. El derecho de gracia y sus límites han sido revisados, así como la capacidad del ejecutivo para dejar sin efecto las decisiones de los tribunales. La función constitucional del rey, que debe firmar los indultos, ha sido también traída a la plaza pública. A todo ello se añade la altivez de los indultados y la velada promesa de repetir los hechos, a la vez que grupos políticos desean impugnar la decisión del Gobierno.

Durante la crisis provocada por la pandemia y el subsiguiente confinamiento de toda la población se han producido desviaciones del Derecho, o incumplimientos de obligaciones por parte de muchos ciudadanos, pero tampoco es posible aprobar todas las actuaciones del Ejecutivo en la gestión de la crisis y en el uso de la potestad sancionadora penal y administrativa. Algunos ciudadanos que emprenderán acciones penales contra el Gobierno o contra cargos públicos. Otros han cometido infracciones que inicialmente han sido sancionadas. Es difícil pronosticar el éxito de las acciones legales contra el Gobierno y la eficacia las sanciones impuestas. Cosa distinta será lo que ocurra con las reclamaciones por mal funcionamiento de las Administraciones Públicas.

La lucha contra los daños a los recursos naturales requiere esfuerzos de todos los Estados. Son diferentes los tratados que se ocupan de ello. La eficacia de esa lucha depende, a su vez, de la firmeza en el cumplimiento de esos tratados y de la exclusión económica de los Estados que propician y protegen su incumplimiento mediante banderas de conveniencia y otras clases de protección. El uso de banderas de conveniencia impide respetar la prioridad jurisdiccional de los Estados que las conceden La contribución de la jurisdicción penal de cada Estado es imprescindible. Establecer límites a la aplicación extraterritorial de la Ley penal, en contra de las obligaciones adquiridas por tratados, contribuye a la impunidad y fomento de actividades que acabarán con los recursos marinos. Los últimos criterios del Tribunal Supremo español son incompatibles con la solidaridad penal internacional

Es fácil comprobar que las políticas criminales contra el terrorismo han experimentado un cambio radical desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Se ha intensificado la cooperación judicial y el intercambio de información. En relación con la competencia jurisdiccional para juzgar esa clase de delitos los avances no han sido tan grandes si se tiene en cuenta que en el plano teórico hay coincidencia en entender que es imprescindible la superación de la territorialidad. Pero la superación de la territorialidad puede entenderse como ampliación de la competencia extraterritorial de cada Estado como promoción de una jurisdicción supranacional. Tanto una como otra vía requieren algo que no se ha conseguido y que es difícil de alcanzar que es un acuerdo sobre lo que ha de ser considerado terrorismo, cuestión en la que se registran tradiciones nacionales diferentes y, especialmente hoy, un gran disenso entre el mundo occidental y sectores importantes del mundo musulmán, lo cual afecta a la credibilidad de supuestas unanimidades auspiciadas desde Naciones Unidas. La mayor eficacia de la cooperación europea, especialmente desde el desarrollo del mandato europeo de arresto y entrega y otras políticas de cooperación profunda no ha llegado todavía a la opción por una competencia jurisdiccional que alcance a todo el espacio de justicia y seguridad, y, menos aun, a la creación de una Corte o Tribunal Internacional Antiterrorista

Contexto político, social y jurídico del procés y de la Sentencia. Sobre la dependencia del Ministerio Público del Gobierno. Requisitos y límites del delito de desobediencia. Sobre la jerarquía del Tribunal Constitucional. Análisis crítico de su aplicación por el Tribunal Supremo y de las pretensiones de las partes. Necesidad de reforma del Código Penal. Lealtad institucional y constitucional

En la misma medida que van cambiando los esquemas de funcionamiento del capitalismo se van renovando los sistemas de enriquecimiento que los teóricos llaman «delictivos» Pero, a difencia de lo que acontece con la «vulgar» delincuencia contra la propiedad, de la que se predica su carácter de desviada y propia de las clases sociales subalternas, y para la que se proponen programas de «recuperación» y «reeducación», la delincuencia «económica» se presenta como parte del propio sistema, insometible a los mismos principios que esta otra, intratable con las mismas penas; la pretensión de abordarla con las mismas armas sólo puede entonces encerrar el inconfeso propósito de tolerarla, lo que no puede extrañar toda vez que sería absurdo esperar que el bloque dominante se volviera contra sus propios miembros, sometiéndoles a un sistema represivo generado para otros. La actual sociedad democrática tiene por eso que plantear una alternativa de política penal para la salvaguarda, al menos, de las mínimas garantías que, en principio, dice defender el «Estado Social de Derecho» recientemente proclamado por la Constitución.