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En Argentina, entre 1976 y 1983, se produjo la más sangrienta dictadura militar de toda su historia. En un contexto signado por una creciente agudización de las protestas sociales y de procesos dictatoriales en el Cono Sur, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) tomaron el poder e impusieron un plan de exterminio que dejó un saldo de 30000 personas desaparecidas, miles de presas y presos políticos, exiliados y exiliadas, niños y niñas apropiadas ilegalmente y privadas de su identidad. Sin embargo, la violencia represiva comenzó antes del 24 de marzo de 1976, y si bien existió un plan sistemático genocida decidido de modo centralizado “desde arriba” por las cúpulas militares, su implementación a escala local implicó ciertas especificidades en las distintas regiones del país. En este trabajo haremos una primera aproximación a las principales características de la represión en las provincias de San Luis y Mendoza (Subzona 33) apuntando a identificar dispositivos y circuitos represivos, así como la identidad política de las víctimas antes del golpe de Estado y durante el primer año de la dictadura.

Entre 2008 y 2019 se realizaron en la provincia de San Luis tres juicios por los crímenes de Estado cometidos en la última dictadura. En el presente artículo nos proponemos una aproximación al impacto de los mismos en la sociedad puntana desde el punto de vista de la parte acusadora. Consideramos los juicios como espacios de elaboración de la experiencia traumática del genocidio, como instancias de construcción de memoria en las que se excede la aplicación de una pena ante un delito para interpelar a la sociedad en su conjunto. Asimismo, nos proponemos indagar en los rasgos específicos que los juicios tuvieron en San Luis.