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La literatura científica espanyola relativa al marc competencial tributari autonòmic produïda des de 1978 és amplíssima. És difícil, doncs, aportar alguna cosa sobre aquest tema que no s'hagi dit ja. El propòsit d'aquest treball és aproximar-se a l'estat present de l'atribució i l’exercici efectiu de potestats tributàries per part de les comunitats autònomes —en impostos cedits com a propis— (epígraf 1), per a, des de l'exposició dels principis que la jurisprudència constitucional ha construït sobre això (epígraf 2), concloure amb algunes conclusions i perspectives que van més enllà del model competencial tributari —una sola de les peces del sistema de finançament autonòmic— (epígraf 4), a la llum de tres exemples paradigmàtics de les tensions que presideixen el seu desenvolupament (epígraf 3).

El objetivo del presente estudio es considerar los conocimientos sobre el comportamiento (behavioural insights), que han conducido al llamado Derecho conductual (behavioural law) y a los acicates (nudges), desde una perspectiva jurídica, imprescindible en su necesario análisis inter/transdisciplinario. Partiendo de esa relevancia jurídica de los acicates, se analizan cuestiones referentes a su incidencia en los ciudadanos desde la perspectiva de un Estado Social y Democrático de Derecho como el español.

Tanto el ordenamiento tributario español como el italiano han reformado la normativa mercantil aplicable al gobierno de las sociedades introduciendo la evaluación del riesgo fiscal entre los deberes fiduciarios de los administradores, en línea con las políticas de cumplimiento cooperativo promovidas desde la OCDE, que en Italia han dado lugar a un procedimiento tributario específico para las grandes empresas, denominado de adempimento collaborativo. En este trabajo se describen dichas disposiciones en España (epígrafe 1) e Italia (epígrafe 2) en términos comparativos. El epígrafe tercero se centra en realzar el papel fundamental que en la configuración de estos deberes fiduciarios tiene el principio de confianza legítima, para dedicar el cuarto a una reflexión final sobre el previsible desarrollo que estas políticas están llamadas a tener en el Derecho tributario. El objetivo es el de evidenciar el papel que pueden cumplir estas políticas cooperativas de prevención de riesgos fiscales en el seno de las corporaciones como instrumento útil para construir una relaciones tributarias fundamentadas sobre la colaboración mutua, que contribuyan a reducir la litigiosidad y que, desde el ámbito inicial de las grandes empresas, se puedan extender al conjunto de los contribuyentes.

La transición realizada en España, en los últimos veinte años, de un sistema integrado y público de provisión de energía eléctrica a otro liberalizado ha resultado ambivalente. Si en términos de producción de energía renovable los resultados son más que exitosos, el modelo financiero sobre el que se ha construido es insostenible. Los ingresos que generan los precios y peajes satisfechos por todos sus partícipes – y pese al incremento exponencial de los cobrados al consumidor– no logran cubrir la infinidad de costes que genera el sistema. Para tratar de paliar esta situación, que ha derivado en la acumulación de un déficit, llamado tarifario, que se sitúa en torno a los 28.000 €, el Gobierno de la Nación –tras sucesivos e infructuosos ensayos parciales desde 2009– ha acometido en el último año dos reformas importantes. En el área de los ingresos la Ley 15/2012 ha creado cuatro, cinco según se mire, impuestos, y ha sujetado a imposición efectiva la comercialización del gas y del carbón. En cuanto a los gastos, el RDL 9/2013 ha puesto las bases para una reducción considerable de los costes del sistema y ha modificado las premisas sobre las que se asientan una parte importante de los mismos. Con todo, lo ocurrido al finalizar el año con la última subasta en el mercado mayorista y su posterior anulación por el Gobierno demuestra que el problema está aún lejos de encauzarse. A ello parece encaminada la recién aprobada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico. En el presente trabajo se hace, primero, un análisis de la evolución y situación actual del sistema financiero de la energía eléctrica en España, hasta la Ley 24/2013. Tras un estudio pormenorizado, a continuación, de una de las ideas que se consideró para mejorar sus ingresos –el establecimiento de una tasa sobre las energías renovables– se pasa revista, por último, a lo que en los últimos meses se ha hecho al respecto, tanto en cuanto al incremento de los ingresos como en lo relativo a la atenuación de sus costes.

El objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre la necesidad de enjuiciar desde la ética el conjunto de los sistemas financieros y tributarios en los que se incardinan las contribuciones públicas. Tanto las aproximaciones del pensamiento socialdemócrata e izquierdista como las de las vertientes liberales y conservadoras son metodológicamente insuficientes para analizar las finanzas públicas en términos de justicia.