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Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo insurgente de las FARC, muchas son las críticas que se han planteado desde diversos sectores políticos. Dichos cuestionamientos se enfocan, principalmente, en el aspecto institucional del Acuerdo, el cual se desarrolló a través de una amplia agenda legislativa, pero que en la práctica se evidencia limitado en mecanismos para mejorar el acceso a las víctimas al proceso de reparación. Además, se señalan problemáticas asociadas a la comunicación de las leyes y principios que orientan los procesos de reintegración y reparación a las víctimas, que limitan los procesos de difusión y acceso a la información sobre los distintos temas que interesan a la población beneficiaria de los proyectos. En el punto número 5 del Acuerdo de Paz se han establecido y orientado un conjunto de principios y medidas para encaminar las estrategias, en el marco del posconflicto, diseñadas para responder ante las diversas necesidades generadas a las víctimas en ocasión del conflicto armado, con la finalidad de promover nuevas posibilidades para la recuperación social y la reconciliación (Santa, 2013). Sin embargo, la realidad en que en la práctica estos principios han tenido que enfrentar enormes dificultades para cumplir con los principios de una atención integral y efectiva para las víctimas, ya que el Estado ha tenido problemas para garantizar el desarrollo de medidas que permitan atender oportunamente a las víctimas en un contexto complejo en el cual se sigue evidenciado la continuidad del conflicto armado. Universidad Libre – Facultad de Derecho -- Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica Since the signing of the Peace Agreement in November 2016, signed between the government of Juan Manuel Santos and the FARC insurgent group, there have been many criticisms that have been raised from various political sectors. These questions focus mainly, in the institutional aspect of the Agreement, which was developed through a broad legislative agenda, but in practice there is evidence of limited mechanisms to improve victims' access to the reparation process. In addition, problems associated with the communication of the laws and principles that guide the processes of reintegration and reparation to victims are pointed out, which limit the processes of dissemination and access to information on the different topics that interest the beneficiary population of the projects. . In point number 5 of the Peace Agreement, a set of principles and measures have been established and guided to direct the strategies, in the post-conflict framework, designed to respond to the diverse needs generated by the victims in occasion of the armed conflict, in order to promote new possibilities for social recovery and reconciliation (Santa, 2013). However, the reality that in practice these principles have had to face enormous difficulties in complying with the principles of comprehensive and effective care for victims, since The State has had problems guaranteeing the development of measures that allow timely attention to the victims in a complex context in which the continuity of the armed conflict continues to be evident.