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La posibilidad de admitir la existencia de una agresión sexual cuando el sujeto activo y pasivo están casados entre sí no ha sido siempre aceptada de forma unánime. En este sentido, no ayudaba la antigua rúbrica existente en nuestro Código penal de los delitos contra la honestidad, pues el yacimiento matrimonial, en ningún caso, podía ser considerado deshonesto. Este planteamiento no es posible mantenerlo en la actualidad, dado que el bien jurídico protegido -la libertad sexual- alberga, entre sus manifestaciones, el derecho de decidir el sí o el no, el cómo, el cuándo, dónde y con quién quiere realizarse cualquier actividad de aquella naturaleza. De ahí que sea de sumo interés abordar la llamada circunstancia mixta de parentesco por cuanto que afecta a la medición de la pena; agravando o atenuando la responsabilidad penal, según el caso, a tenor de la relación de la víctima con su agresor.