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Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación.

Colombia y Ecuador son ricos en recursos naturales y particularmente cuentan con grandes áreas cubiertas de bosques. Gran parte de estos territorios sirve de hábitat de comunidades campesinas y étnicas, prestan múltiples servicios ecosistémicos y juegan un papel determinante en la lucha contra el cambio climático. Dicha riqueza se contrasta con altas cifras de deforestación y degradación de los suelos, generadas por factores como la tala ilegal, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería, entre otros. Muchas comunidades rurales basan sus economías en la comercialización de productos de flora y fauna silvestre, maderables y no maderables. Lograr el balance entre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales es un reto de enormes magnitudes ambos países. El presente artículo plantea que la garantía de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental en asuntos forestales, fortalece la gobernanza de los bosques y genera beneficios económicos, sociales y ambientales, para el Estado, el sector privado y las comunidades. Incorporar a los diferentes actores de la cadena forestal en la gestión y administración de los bosques contribuirá a reducir el número de conflictos ambientales de este sector en Colombia y Ecuador.

Este artículo tiene como objetivo determinar las principales sinergias entre el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, que pueden ser aprovechadas para el cumplimiento integral y efectivo de los ODS. Se aplicó el enfoque cualitativo y el método deductivo, considerando como marco de análisis los principios de la democracia ambiental y del desarrollo sostenible. También se utilizó el aplicativo LinkedSDG de las Naciones Unidas que realiza un análisis de correlación semántica entre documentos de política pública y los ODS. Los resultados muestran que los pilares del Acuerdo de Escazú son habilitantes y aceleradores de la Agenda 2030, al crear las condiciones para su transversalización en la toma de decisiones, implementación a escala local y soporte a las acciones diseñadas para el cumplimiento de los ODS. Se concluye que implementar el Acuerdo de Escazú de forma articulada con las estrategias para el cumplimiento de los ODS en América Latina, es una oportunidad para la legitimación social de políticas públicas.

Abstract Latin America and the Caribbean (LAC) is one of the world's most biodiverse regions, but this diversity is threatened by the overexploitation of natural resources and internal social conflicts. In 2018, 33 LAC countries were invited to sign and ratify the landmark Escazú Agreement, which is the first legally binding environmental agreement to explicitly integrate human rights with environmental matters. The agreement outlines an approach to enhance the protection of environmental defenders, increase public participation in environmental decision‐making, and foster cooperation among countries for biodiversity conservation. However, clear mechanisms to implement the ideals of the Agreement are currently lacking. We identify the key provisions of the Agreement and link these to tangible mechanisms which aim to integrate human rights and nature conservation. These mechanisms include technological (e.g., free online data), human‐based (e.g., legal advice from multidisciplinary teams), and nature‐based solutions (e.g., transboundary species management). As environmental assets––and threats to them––span national boundaries, the collaborative and participatory provisions of the agreement could catalyze coordinated transboundary environmental management. Because of the importance of this Agreement for the LAC region, we added a Spanish version of this manuscript in the Supplementary Material (versión del artículo en español en el material suplementario).