Search

Ofrece algunas reflexiones sobre los desafíos de la administración y el arbitraje de las elecciones, en el entrono la situación de salud pública actual presente en todos los países del mundo ante la pandemia del COVID-19. Meditaciones que expresan la vida en democracia no puede ser solo la valoración de espacios en libertad, sino que exige el involucramiento responsable en la vida de la polis.

Analiza la trayectoria de la Revista de Derecho Electoral (RDE), publicada por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, en sus primeros quince años de existencia. Se plantea como pregunta de investigación: ¿qué aportes concretos ha realizado la RDE al estudio de lo electoral en Costa Rica? Como derivación de esa interrogante, en el texto se hará referencia a la finalidad y a las características de la RDE, a la vocación interdisciplinaria del derecho electoral, a las características sustantivas de los artículos publicados con base en el perfil de las personas autoras y al impacto de la RDE en el conocimiento de lo electoral.

El imperativo relativo a la estructuración y el funcionamiento democráticos de los partidos políticos, incorporado en la Constitución española de 1978, fue acogido (en términos casi idénticos) por la Constitución Política costarricense, en donde se introduce por una enmienda de finales del siglo XX. A partir del encuadramiento teórico de la cuestión, como asunto preliminar, la ponencia examinará cómo ese imperativo constitucional fue entendido y desarrollado en la Costa Rica de la primera década del siglo XXI por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, la manera en que esa creación pretoriana fue posteriormente concretada en el Código Electoral de 2009 y, luego, revisará las lecciones aprendidas y los aspectos pendientes de la reforma adoptada. El examen de caso permitirá finalmente reflexionar sobre los desafíos que esta evolución sugiere en el contexto español

A partir de la exposición de la institucionalidad electoral latinoamericana en donde se distinguen dos fórmulas: la unificada, que concentra en un solo organismo autónomo la administración y la jurisdicción electoral; y la diversificada, que supone una instancia de administración electoral orgánicamente separada de una jurisdicción electoral especializada, se analiza la institucionalidad electoral en Costa Rica, su autonomía y el deslinde de competencias entre lo constitucional y lo electoral, en este caso en particular.

Ensayo sobre la relación de cooperación internacional entre los órganos electorales de los países latinoamericanos y los órganos de cooperación internacionales y regionales que contribuyen a esta cooperación horizontal. El artículo inicia con una reseña breve de los antecedentes de los procesos electorales, desarrolla seguidamente las características generales de la cooperación internacional y los órganos de cooperación que coadyuvan a estas relaciones entre los organismos electorales de la región

La ponencia pretende revisar cuál ha sido el tratamiento académico que los estudios electorales (en general) y el derecho electoral (en particular) han recibido en Costa Rica, así como profundizar en la importancia de la enseñanza del derecho electoral en nuestro país. Mediante un repaso a la reconocida autonomía del derecho electoral, así como los abordajes que su estudio ha tenido en los contextos universitario y profesional, la ponencia concluye que el plan de estudios de la carrera de licenciatura en Derecho debe contemplar al menos un curso de Derecho Electoral, sea mediante uno específico en la materia (preferiblemente), o bien, mediante el reconocimiento expreso de la enseñanza del derecho electoral como parte medular e integral del curso de Derecho Constitucional (en su defecto).

Costarricense. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Magistrado propietario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a partir de 1999. Ocupa la presidencia del organismo electoral costarricense desde el año 2007 y es el director de su Revista de Derecho Electoral. Con anterioridad a su ingreso al TSE, había desempeñado otros cargos públicos en la Procuraduría General de la República y en el Ministerio de la Presidencia. Tiene tres décadas de ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica y desde 1993 coordina la respectiva Cátedra de su Facultad de Derecho. Autor de los libros La justicia electoral en Costa Rica (San José: IJSA, 2005), Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica (San José: FLACSO, 2007), Elecciones y democracia (San José: IFED/KAS, 2104) y de numerosos artículos en revistas especializadas. Direccion electrónica: lsobrado@tse.go.cr

Analiza la manera en que el Código Electoral vigente en Costa Rica, promulgado en el año 2009, se alinea con los objetivos de equidad, transparencia, controles eficaces, sanciones adecuadas y fortalecimiento de los partidos políticos, enfatizando lo relativo al control del financiamiento partidario. En segundo término, se repasan las lecciones aprendidas a partir de la aplicación de este nuevo marco legal. Luego se desarrollan las amenazas y los desafíos que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) actualmente visualiza para finalizar, justamente, en las propuestas de reforma legislativa que el TSE recientemente ha impulsado, en lo referente al tema de financiamiento y deuda política.

El presente ensayo postula que la claridad de las sentencias electorales es uno de los factores que condiciona su accesibilidad. Detalla los esfuerzos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica para divulgar -oportuna y eficazmente- sus fallos, así como para que estos resulten comprensibles para el común de las personas, de modo que se respete el derecho fundamental de acceso a información sobre asuntos de interés público y el principio de transparencia. El presente trabajo tiene como finalidad describir el proceso constitutivo del Área de Formación y Capacitación a Partidos Políticos del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, a fin de recuperar las experiencias y lecciones aprendidas durante el período comprendido entre junio del 2011 y abril del 2013

Efectúa un recorrido por el desarrollo de la jurisprudencia en materia de inclusión de género dictada en el decenio 1999-2009 y la legislación que sobre el particular se ha decretado, sin dejar de lado el contexto teórico e histórico su devenir y, posteriormente, da cuenta de algunas de las repercusiones de esos cambios

Inicia con una breve introducción en donde señala las funciones y atribuciones de cada uno de los órganos (Sala y Tribunal) dadas por la Constitución Política. Seguidamente señala cómo por medio de la jurisprudencia emitida por ambas instancias, se han delineado criterios que paulatinamente han ido clarificando los respectivos ámbitos de competencia en materia electoral, no obstante por sentencia n.º 13313 de 2010, la Sala Constitucional comprometió la autonomía y autoridad del TSE, al desconocer el carácter obligatorio y exclusivo de sus interpretaciones normativoelectorales y la naturaleza irrecurrible de sus decisiones.

Conferencia presentada en el Seminario Internacional “Derecho electoral y justicia electoral”, celebrado en Ecuador los días 23 y 24 de noviembre de 2009. Analiza el sistema de justicia electoral en América Latina y la clara tendencia hacia la especialización y autonomía de los organismos electorales. Particularmente expone en cinco postulados el proceso seguido por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica para concretar el compromiso democrático de justicia electoral.

Analiza el régimen de financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica, el cual y según el marco normativo se rige por un modelo mixto, por lo que los patrimonios de estos se alimentan por el financiamiento público directo, las contribuciones, donaciones o aportes de sus miembros y los bienes y recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley.

Este artículo analiza el régimen electoral costarricense sobre la base de tres líneas de evolución que confluyen en la Constitución Política de 1949, a saber: la democratización de los procesos electorales, la institucionalización de esos procesos -con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones- y la partidización de los mismos. Evolución que ha sido factor crucial para la historia democrática costarricense de las últimas seis décadas, caracterizada por una ininterrumpida vigencia democrática en lo electoral, altas tasas de participación ciudadana y una elevada adhesión de los costarricenses a las instituciones republicanas.

El fenómeno del financiamiento estatal a los partidos políticos en Costa Rica, se produce mediante una enmienda a la Constitución en 1956, así como el reembolso -por parte del Estado- de aquellos gastos susceptibles de ser legalmente justificados y que se originan de la participación de los partidos políticos en los procesos electorales para la elección de miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo. Esta contribución estatal del artículo 96 de la Constitución Política aplica, únicamente, a los partidos políticos inscritos a escala nacional y provincial. El sistema costarricense de financiamiento público ha generado posiciones diversas, por lo que se prevén oportunidades de cambios sustanciales para esta materia, en la legislación electoral.

Ensayo sobre el desarrollo e importancia de la jurisprudencia electoral como un instrumento para el mejoramiento de los regímenes democráticos. Realiza una introducción acerca de la jurisprudencia como fuente de derecho y su desarrollo en América Latina. Continúa con un análisis de la ingerencia que dicha jurisprudencia tiene en la vigencia de los principios democráticos, el papel de la justicia electoral ante desenlaces electorales conflictivos y de aquella como factor de inclusión política de grupos sociales tales como: indígenas, personas con discapacidad y mujeres. Sobre estos casos presenta ejemplos específicos de resoluciones electorales, dictadas por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

La capacitación en cultura democrática, es parte fundamental de las funciones que deben desempeñar los organismos electorales. Para poder desarrollar esta actividad es necesaria la autonomía institucional. El artículo hace una breve reseña doctrinaria de lo que es la autonomía y la formación electoral, para presentar luego un diagnóstico situacional de Costa Rica, describiendo actividades que ha desarrollado y esta ejecutando el Tribunal Supremo de Elecciones en formación electoral.

Describe los esfuerzos realizados por el Tribunal Supremo de Elecciones en el área de capacitación cívico-electoral y como esas primeras incursiones han sido de alcance limitado debido a que no responden a una decisión estratégica formalmente dispuesta. Como respuesta a esta necesidad se aprueba una acción estratégica con el objetivo de reposicionar la educación cívico-democrática y se impulsa la creación del Instituto de Formación y Estudios para la Democracia (IFED), por parte del Tribunal, en conjunto con FLACSO y la Fundación Konrad Adenauer, que vendrá a promover los valores democráticos y la participación cívica de la ciudadanía mediante la realización y el patrocinio de actividades de formación, investigaciones, publicaciones e intercambio de información sobre esta temática.

Analiza los eventos electorales del 2005 y el 2006 en Centroamérica y Panamá. Interesa cómo fueron atendidos por los organismos electorales, aún en escenarios de fuerte conflictividad postelectoral producto de resultados ajustados u otras circunstancias especiales, lo que constituyó un factor de afianzamiento institucional.

Una de las características más notables del sistema electoral costarricense es la depuración diaria de su registro electoral, la cual obedece a un procedimiento automático de inscripción y exclusión electoral y a la existencia de un único documento de identificación, tanto electoral como civil (cédula de identidad). Este documento lo expide el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones. La centralización del registro de los hechos civiles y electorales facilita los procedimientos automáticos de inscripción así como la participación política misma, dado que el ciudadano realiza un único trámite para documentarse como ciudadano y elector.

Estudio del instituto del referéndum desde la legislación costarricense. Repasa la génesis del referéndum en la esfera nacional, cual resultado de reformas constitucionales y la promulgación de una ley específica que lo regula. Asimismo, analiza la jurisprudencia electoral dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones y expone un decálogo sobre ética política a regir en estos procesos.

Expone la experiencia vanguardista de Costa Rica en América Latina en lo que respecta al derecho y ejercicio del sufragio de las personas privadas de libertad. Se fundamenta en datos estadísticos sobre la participación electoral de esa población y cómo la administración electoral desplegada desde el Tribunal Supremo de Elecciones garantiza ese derecho. Por último, anexa el Reglamento para el ejercicio del sufragio en los centros penitenciarios dictado por el mismo Tribunal.

El artículo analiza las características, requisitos y procedimientos de constitución que, de acuerdo con el Código Electoral costarricense y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, presentan las coaliciones. Concluye que el ordenamiento jurídico no contempla requisitos excesivos ni trámites engorrosos para hacer viable la alianza electoral; e incluso la jurisprudencia electoral ha permitido la coalición entre agrupaciones inscritas de diversa escala territorial.