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This paper analyzes the debate that arose in the Peruvian legal system about whether the term that the State has to collect civil compensation in cases of judgments arising from criminal procedures for offenses against public administration is one of expiration or prescription. The difference is not minor because while the prescription period allows for interruptions, the expiration period is not interrupted even when the debtor performs dilatory maneuvers to avoid payment. This last situation is recurrent in the context of the prosecution of the crimes against the public administration, as they sanction state corruption. In this paper, we intend to contribute to the aforementioned debate based on the revision of the figure of civil compensation and its capacity to combat and prevent corruption. Also, the definition, scope and differences between the figures of the expiration and the prescription will be studied to indicate, on the end, that this last institution is the one applicable to the supposed matters of examination. El presente artículo analiza el debate surgido en el ordenamiento jurídico peruano en torno a si el plazo que tiene el Estado para cobrar la reparación civil en casos de sentencias derivadas de procesos penales por delitos contra la Administración pública es uno de caducidad o de prescripción. La diferencia no es menor, pues, mientras el plazo de prescripción admite interrupciones, el plazo de caducidad no se interrumpe aun cuando el deudor realiza maniobras dilatorias para evitar el pago. Esta última situación resulta recurrente en el marco de la persecución de los delitos contra la Administración pública en tanto sancionan la corrupción estatal.En este trabajo, se pretende aportar al referido debate partiendo de la revisión de la figura de la reparación civil y su capacidad para combatir y prevenir la corrupción. Asimismo, se estudiará la definición, los alcances y las diferencias entre las figuras de la caducidad y la prescripción para señalar, sobre el final, que es esta última institución la aplicable a los supuestos materia de examen.

El presente trabajo busca abordar la problemática de la cuantificación de la pensión de alimentos que se ha encontrado a partir de la revisión de diferentes resoluciones judiciales. Para ello, se parte por justificar la naturaleza patrimonial del derecho a la pensión de los alimentos, analizando sus características con el fin de poder abordar con solvencia sus condiciones. Ahí es donde se han verificado los problemas en la determinación del crédito alimentario, por lo que se ha elegido el modelo de Modigliani para dar el marco inicial al que puede referirse para otorgar la pensión de alimentos.

In the present work an analysis of the linked contracts phenomenon has been carried out from the beginning for its understanding between the intensity of the link, so that it becomes evident in the current economic situation and one should stop seeing the contracts as only entities isolated. En el presente trabajo se hace un análisis del fenómeno de la coligación contractual desde diferentes aspectos fundamentales para su entendimiento, entre estos la intensidad del vínculo, de forma que se pone en evidencia que en la actualidad económica predomina dicha institución y se debe dejar de ver al contrato como, únicamente, entes aislados.

Submitted by leitem@stj.jus.br (leitem@stj.jus.br) on 2019-12-13T18:42:40Z No. of bitstreams: 2 hipoteca_inversa_peru_maestro.pdf: 507061 bytes, checksum: a49a36031bc531ff16b66e5ecc5797f8 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Approved for entry into archive by Roberta Marins (rmarins@stj.jus.br) on 2019-12-16T22:15:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 hipoteca_inversa_peru_maestro.pdf: 507061 bytes, checksum: a49a36031bc531ff16b66e5ecc5797f8 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Made available in DSpace on 2019-12-16T22:15:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 hipoteca_inversa_peru_maestro.pdf: 507061 bytes, checksum: a49a36031bc531ff16b66e5ecc5797f8 (MD5) license.txt: 1239 bytes, checksum: c9b4c351324448672315a00808efb725 (MD5) Previous issue date: 2019 Analisa do ponto de vista jurídico a implementação da hipoteca reversa no Peru, cuja o objetivo é melhorar as condições de moradia e vida, sem que seja preciso seus moradores deixarem suas casas.

In the present work an analysis of the linked contracts phenomenon has been carried out from the beginning for its understanding between the intensity of the link, so that it becomes evident in the current economic situation and one should stop seeing the contracts as only entities isolated. En el presente trabajo se hace un análisis del fenómeno de la coligación contractual desde diferentes aspectos fundamentales para su entendimiento, entre estos la intensidad del vínculo, de forma que se pone en evidencia que en la actualidad económica predomina dicha institución y se debe dejar de ver al contrato como, únicamente, entes aislados.

In this article, the author develops a historical analysis of the General Section of the Bürgerliches Gesetzbuch, making important comments on the social and political context in which it was written. Additionally, this analysis presents a review of its process of production, inside the work of the commissions and preliminary texts.This is dealt by presenting some of the sharpest criticism made to the codification efforts and the academic debate on the importance of having a General Section or even a code for the German area. Finally, the author sets the relationship between this German product and other laws that appeared in countries influenced by it. En este artículo, el autor realiza una aproximación histórica a la Parte General del Bürgerliches Gesetzbuch, realizando importantes anotaciones sobre el contexto político y social en el que se gestó. Asimismo, ello supone una revisión del proceso de producción de esta norma, en términos de comisiones y trabajos preliminares.Para lograr esta caracterización, se hace un recorrido por algunas de las críticas más agudas que se realizaron a los intentos de codificación, y por el debate surgido en torno a la existencia misma de una Parte General o incluso de una codificación para el entorno germano. Finalmente, no se deja de lado la relación de la elaboración alemana con otras normas surgidas en países notoriamente influenciados por ella.

Este trabajo pretende analizar el principio de fe pública registral como supuesto de hecho complejo que contiene dos extremos distintos: uno de adquisición y otro de protección. En el primer extremo analizaremos el supuesto de adquisición a non domino que está formulado en el artículo 2014 de nuestro Código Civil, así como sus requisitos y efectos. Posteriormente, revisaremos el segundo extremo, al que interpretamos como un supuesto de oponibilidad de lo inscrito para una mayor protección en la adquisición. Esto nos servirá para poder verificar cómo esta figura regula supuestos conflictivos como los contenidos en la falsificación de documentos.

En el presente artículo, el Dr. Mendoza aborda un tema importante y conocido en el Derecho Civil, pero muy pocas veces propuesto desde la perspectiva constitucional. En 5 apartados, desarrolla el derecho de propiedad como un derecho fundamental, reconocido por innumerables tratados internacionales, recogido por las Cartas más representativas de los países Europeos, así como su presencia en los Estados Constitucionales de Derecho.El autor lo invita a profundizar en el nacimiento de este derecho, su evolución, sus alcances y las posibles limitaciones, según el tratamiento que se le otorga en nuestro ordenamiento nacional, partiendo de la premisa de que este es un derecho fundamental sobre todo.

El Tribunal Constitucional mediante Resolución del 12-6-2005 -lo cual fue desarrollado luego por la Resolución del 24-10-2006 y precisada por la Resolución del 13-10-2006- abrió la posibilidad que los Tribunales Administrativos puedan realizar el Control Difuso. Si bien en un inicio el TC señaló que era facultativo la aplicación de dicho control normativo, luego lo señaló como deber: «el derecho y el deber de los tribunales administrativos y órganos colegiados de preferir la Constitución a la ley, es decir de realizar el control difuso -dimensión objetiva-, forma parte del contenido constitucional protegido del derecho fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela procesal ante los tribunales administrativos -dimensión subjetiva-» lo cual es relevante, toda vez que su inobservancia estaría violando el derecho al debido proceso (procedimiento). Dicho esto, el Tribunal extendió lo señalado por el artículo 138 de la Constitución peruana (lo cual es de por sí cuestionable), el cual sólo facultaba a los jueces. Esto tiene como consecuencia natural el redimensionamiento del principio de legalidad a partir del tipo de estado que hemos adoptado: «En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa, simple y llanamente, la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales» y asimismo señala: «De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la Administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía de la Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría otorgando primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía jurídica de la Constitución, establecido en los artículos 38 y 51 de la Constitución; lo cual subvierte los fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático». A partir de dichas Resoluciones se han generado diversas críticas en el ambiente jurídico peruano, las cuales señalan, entre otras cosas, que el ejercicio del control difuso por parte de la Administración pública podría afectar la seguridad jurídica, afectar el principio de legalidad administrativa, generar caos y afectar al Estado de Derecho. El presente texto aborda esto a partir del cuestionamiento de si los registradores públicos pueden realizar elcontrol difuso cuando se vulnere el contenido esencial del derecho de propiedad. --- The Constitutional Tribunal (CT) of Peru, by means of its Ruling of 12/06/05 (which was developed later by the Ruling of 24/10/06 and further focused by the Ruling of 13/10/06), opened the possibility of administrative courts' performing diffuse control. Although at first the CT indicated that the application of said control over legislation was optional, later it indicated that diffuse control was a duty: «The right and the duty of administrative courts and judicial panels to prefer the Constitution over the law, i.e., to perform diffuse control (objective dimension), forms part of the protected constitutional content of the citizen's fundamental right to due process and procedural protection in administrative courts (subjective dimension) ». This is significant, whereas non-bservance would violate the right to due process (procedure)». Having said this, the Court extended the terms of article 138 of the Peruvian Constitution (a course that is in itself questionable), which empowered judges only. This has the natural consequence of adjusting the dimension of the principle of legality to suit the type of state we have adopted: «In this sense, the principle of legality in the constitutional State does not merely mean enforcement of and compliance with what a law establishes, but also, principally, the law's compatibility with the objective order of constitutional principles and values», and the Court moreover indicated, «Otherwise, the application of an unconstitutional law by the public administration implies a denial of the principle of the supremacy of the Constitution, and that of its legislative force, because we would be giving priority to the principle of legality, to the detriment of the juridical supremacy of the Constitution established in articles 38, 51 and 201 of the Constitution; which subverts the very fundaments of the constitutional and democratic State». These rulings have aroused a variety of critiques in the Peruvian legal sphere, arguing, amongst other things, that the exercise of diffuse control by the public administration may affect legal certainty, affect the principle of administrative legality, generate chaos and affect the rule of law. This text describes the state of the question of these rulings and their involvement in the registration sphere. Tesis

La presente investigación tiene por objetivo explicar la realidad jurídica en torno a la ordenación de los tipos en los derechos reales, analizando y distinguiendo el concepto de tipicidad y la regla del numerus clausus. A partir de ello, exponer los fundamentos para la flexibilización del tipo y su ordenación a través de grados en los derechos reales. Asimismo, esta investigación busca exponer la utilidad práctica de la regla del numerus clausus en los derechos reales, a través de la comparación de su comportamiento en los property rights; contextualizando dicha regla dentro de la construcción teórica de los derechos reales como un concepto o categoría general con vocación ordenante. Se persigue, por último, exponer los fundamentos para la regulación de una «parte general» en el Código Civil que contenga las normas jurídicas aplicables a todos los tipos de derechos reales, permitiendo la integración de los actuales vacíos normativos y facilite la labor de interpretación a los operadores jurídicos. Tesis

La falta de claridad sumado a una interpretación literal y restrictiva del artículo 66° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, ha propiciado que los Registradores Públicos y el Tribunal Registral declaren la improcedencia de la acumulación de partidas especiales correspondientes a derechos de superficie, lo que no solo afecta al particular, al limitarle el ejercicio de las facultades que le corresponden como propietario superficiario, sino que, además, tiene efectos negativos en la sociedad, pues, se perjudica el tráfico inmobiliario, al restringirse el desarrollo y adecuado saneamiento físico-legal de grandes proyectos inmobiliarios con fines comerciales y habitacionales, cuya base –en muchos casos– es el derecho superficiario. Todo esto, finalmente, tiene una repercusión negativa en nuestra economía nacional. Por ello, la presente investigación tuvo como principales objetivos determinar cuáles son las facultades y limitaciones del derecho de superficie dentro del procedimiento registral de acumulación de partidas; así como, determinar cuál es el fundamento del procedimiento registral de acumulación. De este modo resulta posible verificar si la normativa legal vigente contempla la posibilidad de acumular partidas registrales especiales que contienen derechos de superficie. Los métodos usados en la presente investigación fueron tres: i) el método exegético, que permitió la revisión no solo de las normas civiles y registrales nacionales; sino también de legislaciones foráneas, entre ellas, la de Alemania, España y la Suiza; ii) el método dogmático, en mérito del cual se tomó en cuenta doctrina nacional y extranjera, recopilando y sistematizado opiniones y teorías en torno al tema de investigación y; iii) el método funcional, por medio del cual nos centramos en el análisis y estudio de resoluciones emitidas por el Tribunal Registral en torno a los temas investigados. Finalmente, basados en el fundamento que justifica la existencia del procedimiento de acumulación, el contenido esencial del derecho de superficie, el correcto tratamiento del derecho de superficie a nivel registral y los criterios interpretativos que sobre estos temas se han desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Registral; hemos llegado a la conclusión de que en nuestro ordenamiento jurídico si resulta procedente la acumulación de partidas especiales respecto de derechos de superficie.

Dos problemas de tipo económico se presentan alrededor de las viviendas vacacionales en nuestro país: su alto costo y su desuso, ya que, por tratarse de viviendas para descanso, la utilidad de estas se encuentra reducida a un tiempo mínimo durante todo el año. A su vez el desuso no solo se presenta desde la perspectiva del usuario final de la vivienda sino también desde la perspectiva del empresario turístico, que tiene desocupadas gran parte de las viviendas del complejo vacacional durante largas épocas del año, teniendo asegurada su ocupación solamente en períodos determinados del año, lo que representa una pérdida en su negocio. Por ello es importante hallar un mecanismo que permita que más personas puedan acceder a las viviendas vacacionales y a su vez que permita darles un uso permanente a fin de evitar el desperdicio de recursos. Para solucionar este problema podríamos acudir a la figura legal que en doctrina se conoce como multipropiedad, derecho que consiste en compartir la propiedad o el uso de un inmueble vacacional entre varias personas que se turnan en el disfrute en forma periódica. En Perú la multipropiedad ha sido regulada mediante el Decreto Legislativo N°706 que data del año 1991, sin embargo no ha sido aplicado en la práctica, por lo que son objetivos de este trabajo: determinar si efectivamente se pueden celebrar contratos de multipropiedad a la luz del citado decreto o si es necesario acudir a otra forma de regulación vigente, determinar las ventajas y desventajas de cada una de las posibles formas de regulación de la multipropiedad y por último determinar la opción legislativa más conveniente, ya sea en la misma normativa nacional o creando nueva regulación. Al final del presente trabajo se concluye que la alternativa idónea para regular este negocio turístico y aprovechar económicamente las viviendas vacacionales es el arrendamiento, y se propone una forma de regulación desde una perspectiva civil y registral. Tesis

Desde un punto de vista epistemológico consideramos que existen supraconceptos (los Oberbegfriff de los que habla la doctrina alemana) que son comunes y universales en la ciencia del Derecho y que irradian su contenido a todo el ordenamiento jurídico. Siendo uno de estos supraconceptos el de Patrimonio del Estado, por lo que siempre deben de respetarse sus elementos esenciales más allá de las obvias y necesarias diferencias que deben existir en cada una de las disciplinas que lo abordan. Tesis

El Perú es un país de cultura originaria, es decir, creativo desde los inicios, los peruanos figuramos en la Historia Universal, como uno de los primeros en hacer “cultura”, conjuntamente con China, India, Mesopotamia, México. Por esta razón es importante rescatar nuestra cultura, en concreto, los bienes culturales prehispánicos y a su vez, hacer posible su difusión. Si bien es cierto, en la actualidad existe en nuestro país una importante cantidad de normas que protegen a los bienes culturales, principalmente a través de la Constitución Política del Perú, la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, su Reglamento, aprobado por D.S. 011-2006-ED y el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. 003-2014-MC; no puede ignorarse que la protección a los bienes culturales, es novedosa, y peor aún, no resulta en la mayoría de casos efectiva. Tesis

La presente Investigación se desarrollará dentro tema referido a la “Simulación Absoluta del Negocio Jurídico” el mismo que está ubicado en el Libro II de nuestro Código Civil Peruano de 1984. En ese sentido, el Título de la presente investigación se denomina: “El reconocimiento de los efectos jurídicos de algunos negocios celebrados con simulación absoluta”. Tesis

La presente investigación se centra en analizar la siguiente interrogante: Ante los supuestos de incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿existen reglas y criterios en el ámbito judicial para resarcir adecuadamente al afectado? Es frecuente que en los casos de incumplimientos contractuales, donde se solicita la ejecución forzada del contrato o la resolución del mismo, se plantee un pedido de resarcimiento de daños y perjuicios. Dicho mecanismo de tutela es utilizado por los acreedores a fin de paliar los daños que se hubiesen ocasionado. Ahora bien, son recurrentes los supuestos en los cuales el monto requerido es cuantitativamente distinto al que se otorga vía resolución judicial, o simplemente a pesar que pueda tenerse la razón, se declara infundada la demanda por la falta de acreditación de los daños. A nuestro entender, en principio el método para resolver el incumplimiento contractual tendría que ser mucho más simple, tendría que bastar con determinar en primer lugar si existe un incumplimiento de obligaciones, luego si realmente existieron daños, para finalmente establecer de manera razonable cómo debe resarcirse el referido incumplimiento. Ocurrido esto, una de las partes recurre a la instancia judicial, generándose un conflicto de interés, ya que por un lado la parte que ha incumplido el contrato se encuentra en una situación incierta respecto a si va a responder o no por el incumplimiento y, de ser el caso, hasta cuánto va a responder1; en cambio por otro lado existe la necesidad de la parte afectada que el proceso judicial sea lo más eficiente posible, en el cual se le coloque a éste en semejante posición a la que hubiese tenido si la otra parte hubiese cumplido. Tesis