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Conflict can be seen in many ways, and the most common is to see it as the result of the social demands of the population. However, in its operation, the conflict is approached and led by political actors, who carry out strategies capable of affecting governance to force the Government to negotiate. Adopting the Heidelberg Barometer concept of “Political Conflict” this is characterized by actors avoiding formal or regular means of resolving their disputes using political means, including violence. When studying the Peruvian State, it has been possible to recognize that the greatest effort to face political conflicts and especially political violence is carried out by the Ministry of the Interior and especially the National Police of Peru. While the Presidency of the Council of Ministers and the other ministries have been organized to attend to social conflicts, without evaluating or developing strategies to confront those of political content. La conflictividad puede ser vista de muchas maneras, y la más común es verla como el resultado de las demandas sociales de la población, sin embargo, en su operación el conflicto es abordado y conducido por actores políticos, que llevan adelante estrategias capaces de afectar la gobernabilidad para obligar al Gobierno a negociar. Adoptando el concepto del Barómetro de Heidelberg de “Conflicto Político” este se caracteriza por que los actores evaden los medios formales o regulares de resolver sus disputas usando medios políticos, incluida la violencia. Al estudiar el Estado Peruano se ha podido reconocer que el mayor esfuerzo para enfrentar los conflictos políticos y sobre todo la violencia política, lo realiza el Ministerio del Interior y sobre todo la Policía Nacional del Perú. En tanto que la Presidencia del Consejo de Ministros y los demás ministerios se ha organizado para atender a conflictos sociales, sin evaluar o desarrollar estrategias para enfrentar a aquellos de contenido político.

La administración de justicia debe brindar tutelajurisdiccional efectiva a todos los ciudadanos,por lo que debe adoptar medidas para el accesoa la justicia a poblaciones en condiciones devulnerabilidad, como son las comunidadescampesinas, siendo necesario previamentehacer una adecuada identificación de barreras deaccesibilidad a la justicia en estas poblaciones;por esa razón se propone la realización deaudiencias públicas como mecanismo dediálogo que permita identificar la existenciade las situaciones que limitan al ciudadano aacceder al sistema de justica, es decir a partirde la creación de espacios de diálogo abierto eintercultural donde los jueces interactúan conlos miembros de una determinada comunidad ypuedan conocer de manera directa, la forma devida, la realidad, las dificultades y obstáculospara poder resolver sus controversias y,lograr justicia. La investigación utilizo lametodología cualitativa, donde se realizóanálisis documentarios, hallazgos a travésde las audiencias y que permitió tener unaperspectiva en la administración de justicia conpoblaciones tradicionalmente marginadas porel propio Estado en la estructura social, lo queademás posibilita que manifiesten su derecho aparticipación contribuyendo a evitar conflictosy violencia en las comunidades campesinas dela Región Junín.

Artisanal mining is an activity that can have a high economic impact and subsistence for artisanal miners. When colliding with the formal order, it is prone to disagreement between its social actors, represented by the triad: State, Mining Company and artisanal miners. This research work addresses the conflict between Compañía Minera Poderosa and the artisanal miners of Pataz, after the events that occurred in 2013. The hypothesis of the work is that the Commercialization Protocol and the benefits of the formalization achieved the solution of the conflict between Minera Poderosa and the artisanal miners Ama Pataz. Being an ex post facto study, we reconstruct the case with various sources: informative, personal communications and interviews with social actors. A Survey was carried out on 70 formalized miners in the concession area in order to measure their perceptions of formalization. In the end, the favorable perception of the benefits of the formalization promoted by Minera Poderosa is demonstrated. La minería artesanal es una actividad que puede ser de alto impacto económico y subsistencia para los mineros artesanales. Al colisionar con el orden formal es proclive al desencuentro entre sus actores sociales, representados por la tríada: Estado, Empresa Minera y los Mineros artesanales. El presente trabajo de investigación aborda el conflicto entre Compañía Minera Poderosa y los mineros artesanales de Pataz, luego de los hechos ocurrido en 2013. La hipótesis del trabajo es que el Protocolo de Comercialización y los beneficios de la formalización lograron la solución del conflicto entre Minera Poderosa y los Mineros artesanales Ama Pataz. Al ser un estudio ex post facto, reconstruimos el caso con diversas fuentes: informativas, comunicaciones personales y entrevistas con los actores sociales. Se realizó una Encuesta aplicada a 70 mineros formalizados en la zona de concesión con la finalidad de medir sus percepciones sobre la formalización. Al final se demuestra la percepción favorable sobre los beneficios que tiene la formalización promovida por Minera Poderosa.

Desde su creación con el Decreto Supremo sin número del 26 de setiembre de 1929, hasta la Ley Nº 27785 del 22 de julio de 2002, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (CGR), dicha entidad ha pasado de ser una dependencia del Ministerio de Hacienda, a ser un órgano autónomo constitucional y rector del Sistema Nacional de Control, responsable del control gubernamental, que consiste en la ley en la: “(…) supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente”. De otro lado, a principios de la década de los años 90, se creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada – COPRI (1), siguiendo un proceso mundial de reformas estructurales de las Administraciones Públicas, dejando de lado actividades que podían o debían ser asumidas por el sector privado, descargando a los Estados de las mismas y de las pérdidas que su manejo ocasionaba, siendo el ejemplo más evidente las empresas del Estado que generaban ingentes pérdidas y escaso o nulo valor público. En 2002, sobre la base de la COPRI, Fondo de Promoción de la Inversión Privada, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras - CONITE y la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ, con el Decreto Supremo 027-2002-PCM del 24 de abril del 2002 se crea PROINVERSIÓN, y se inician los procesos de concesión. Como todo organismo estatal, PROINVERSIÓN ha sido y es fiscalizada por la CGR, actividad que ha consistido básicamente en el análisis de las normas y su aplicación a casos concretos, teniendo como resultado Informes con recomendaciones que conllevan en muchos casos el cambio de procedimientos o formas de gestionar de la entidad. La oportunidad de la intervención de la CGR, salvo el caso del Informe Previo, es determinada por ella misma, pudiendo ser también concurrente o posterior (en la práctica la mayoría de informes han sido de control posterior con sus diversas denominaciones) . Adicionalmente, la propia legislación de Control, inciso f) del artículo 15° prevé que los Informes de la CGR se consideren prueba preconstituida para dar inicio a una investigación jurisdiccional a cargo del Ministerio Público, en caso se encuentren indicios de comisión de delito. De lo expuesto queda claro que la intervención de la CGR es un elemento fundamental en la gestión pública, no solo por la labor fiscalización propiamente dicha, sino por que como resultado de su intervención una entidad del Estado debe modificar normas o procedimientos que de acuerdo a la interpretación de los funcionarios del ente fiscalizador, contravengan otras de mayor jerarquía, en el campo de lo administrativo, o en el tema responsabilidades, determinando el inicio de acciones civiles o penales a los funcionarios responsables. Si bien lo expuesto refleja una situación, teóricamente coherente y de mucha importancia para el quehacer público, siempre surgen interrogantes respecto a los errores o desviaciones que se pueden cometer con una fiscalización inadecuada o con conceptos erróneos y los perjuicios que se le pueden causar a la propia Administración Pública y a los funcionarios que tuvieron a su cargo la gestión. En tal sentido, en el presente trabajo se analizará una de las observaciones de un Informe de Auditoría de un caso concreto, para poder determinar si la misma se hizo de acuerdo a las normas que rigen a la CGR; si el informe generó algún tipo de consecuencia en el Estado y en los funcionarios involucrados, es decir si aquel contribuyó a la generación de valor público.

El presente trabajo busca analizar la estrategia de comunicación como mecanismo preventivo en el manejo de conflictos para la viabilización de proyectos mineros en la ciudad de Arequipa, por la necesidad que tenemos de mejorar nuestro proceso comunicativo especialmente en el sector minero que tantos inconvenientes viene teniendo en los últimos años y a nivel nacional. Para lograr este propósito, se obtuvo información necesaria a partir de estudios previos, fuentes bibliográficas, entrevistas a profesionales del rubro minero dedicados al manejo de conflictos sociales y encuestas de opción múltiple en escala Likert, considerando el muestreo no probabilístico por conveniencia a veintisiete líderes estratégicos del Área de Influencia Directa en donde se desarrolló el proyecto minero CVPUE. Estos cuestionarios fueron validados empleando el Alpha de Cronbach. Analizando estos resultados, se pudo conocer la disminución de la percepción en general con respecto a la gestión de la empresa en un 28.46% con respecto a la expectativa preliminar con la que contaban antes de iniciar la construcción de este importante proyecto de ampliación minera. Finalmente se proponen algunas alternativas para mejorar el nivel relacionamiento con la población de manera que se mejoren estos resultados y se garantice la operatividad del negocio en el tiempo.

El presente trabajo, busca repensar y resituar el desarrollo de la doctrina occidental sobre el uso de la fuerza y su legitimidad, como medio, último y final pero también licito, para restaurar la paz y defenderla. Nuestro esfuerzo buscará considerar y evaluar en qué condiciones y circunstancias esto debe materializarse. Creemos que estamos en la posibilidad de ofrecer un conjunto de criterios específicos, necesarios e iluminadores para evitar la confusión y la zozobra que pueden contribuir al vacío de poder y a la confusión en torno al rol de instituciones milenarias y necesarias para la cohesión social, para defender el imperio de la ley, proteger la paz y para mantener el orden. Es evidente además que el contexto actual, ha sido profundamente marcado por la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948 que genera un hito jurídico vinculante, permanente, universal e imprescriptible, que evidencia un triunfo humano y cultural, a nuestro juicio un hito de la civilización y que hoy además es una fuente universal para ordenar y exigir su respeto y cumplimiento sin restricciones ni reservas. Esto además es un triunfo del camino progresivo de judicialización y de defensa de la dignidad humana. En este contexto, nuestra opinión es que los criterios de carácter clásico sobre el uso legítimo de la fuerza han de ser redescubiertos, reordenados para entender su extraordinaria actualidad y su capacidad permanente de responder a los desafíos históricos, sociales y culturales del mundo contemporáneo. En parte a mi juicio eso es lo que han querido realizar muchos de los intelectuales que han desarrollado lo que se la venido a conocer cómo (The Just War Tradition) especialmente en el ámbito norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estos criterios y principios, también nos ayudan a clarificar, repensar y reordenar la comprensión sobre los límites de la autoridad política, así como también los deberes irrenunciables de quien ejerce el servicio de la autoridad y su misión de buscar la paz o de reinstaurarla, incluso con el uso prudente, responsable y moral de la fuerza.

Son cerca de 50 años del conflicto social en la selva norte del país. Las complejas relaciones entre las comunidades indígenas o nativas, las empresas contratistas de exploración y explotación de petróleo y el Estado, no han logrado solucionar el problema. Es necesario buscar un medio que pueda contribuir a que todos los involucrados en este conflicto puedan lograr sus objetivos y se consiga vivir en paz. Esto significaría, por un lado, que las comunidades indígenas, puedan lograr un desarrollo socio económico, y su integración al país como ciudadanos con los mismos derechos, por otro, que las empresas petroleras logren trabajar respetando el medio ambiente y derechos de las comunidades indígenas o nativas, y finalmente, el Estado a brindar los servicios básicos de acuerdo a la Constitución de la República. El motivo de realizar la presente investigación es debido a que durante muchos años las empresas petroleras han tenido un enfrentamiento permanente con las comunidades indígenas o nativas, representadas por las organizaciones indígenas, cuyos reclamos están relacionados al desarrollo de las actividades petroleras y las condiciones en las cuales viven, sin tener derecho a cubrir sus necesidades básicas de vida, como el agua potable y saneamiento, salud y educación, energía eléctrica, transporte y conectividad a las ciudades. Asimismo, habiendo participado del desarrollo de las actividades petroleras y ser testigo de excepción, de los sucesos a través de la historia, de los hechos e injusticia hacia nuestros compatriotas es tratar de encontrar una solución viable para que el atropello cometido durante muchos años, se revierta y tengan un futuro las comunidades indígenas y sus habitantes, acorde con la modernidad del resto del Perú.

Existe la percepción a nivel de la población peruana, de una escaza intervención del Estado peruano en el manejo de los conflictos socioambientales y que ello contribuye a que estos conflictos se tornen en violentos. A partir del presente estudio del caso, de 99 conflictos socioambientales activos, reportados por la Defensoría del Pueblo en julio del 2020, se logra determinar, que, si existe participación de entidades del Estado, en todos los 99 conflictos socioambientales, y que se da, en roles de actores primarios, secundarios y/o terciarios; también, este estudio identifica que el Estado interviene a través de instituciones de alguno o de todos sus niveles (Nacional, Regional y Local), pero se evidencia, dado el alto porcentaje de conflictos que alcanzan el nivel de violencia, que está intervención se caracteriza por ser reactiva, con escasa coordinación entre las diferentes instancias y es ineficiente. Finalmente, en base a los resultados obtenidos en el estudio, se realizan propuestas para una mejor gestión de los conflictos socioambientales de parte de las entidades estatales competentes. Este estudio va a servir de insumo para estudios e investigaciones posteriores, más profundos, que se sumen a la información que se necesita para una mayor comprensión de los conflictos socioambientales y los roles de los diferentes actores y desarrollar estrategias para mejorar la gestión de los mismos.

El objetivo de esta investigación es caracterizar la actividad turística que pueda reducir la conflictividad social y ambiental en los pueblos originarios de la selva central del Perú. Para lograr esto se procede a realizar una extensa revisión bibliográfica de las bases teóricas del tema y la consulta a especialistas en el tema de los pueblos originarios además de algunos miembros de la Comunidad Indígena yánesha/asháninka de Iscozacín (distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa) para luego plantear una síntesis de toda la información reunida. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que el turismo sostenible es una alternativa viable para reducir la conflictividad social y ambiental en la selva central pues las poblaciones originarias desean evitar la violencia, pero, conocedores de la necesidad de desarrollar la economía para evitarla ven en el turismo una fuente de ingresos que no vulnera sus costumbres y medio ambiente. Para confirmar esto presentamos las generalidades de un proyecto de turismo hecho a la medida de las condiciones del escenario elegido en la provincia de Oxapampa – Pasco.

El trabajo de investigación “El monitoreo de la producción informativa en medios periodísticos, como herramienta para la gestión del ejercicio de la gobernabilidad de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo durante los conflictos sociales: el caso del conflicto social minero de ´Las Bambas´”, propone como objetivo general identificar cómo fue representada la gestión del Estado peruano ante el conflicto social minero de Las Bambas (Apurímac, Perú) a través de la producción informativa de los tres medios periodísticos digitales del país con mayor audiencia (El Comercio, La República y Radio Programas del Perú). El periodo analizado de dicho conflicto social minero a través de la producción informativa de dichos medios fue el transcurrido entre el 8 de enero de 2019, (mismo que comenzó en una fase sensible al conflicto, para luego escalar a la fase de crisis), y culminó el 31 de marzo de 2019, (en condición de post-conflicto)1. La investigación se apoyó en el método de estudio mixto, el cual se hizo necesario dado que el monitoreo de la producción informativa en medios de comunicación es una técnica que se basa en el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de contenidos. La investigación también se apoyó en la metodología del análisis de contenido, por su afinidad natural con el monitoreo de la producción informativa, pues una parte importante del monitoreo de medios es el análisis y la cuantificación de los mensajes. De ese modo se analizaron 151 noticias, muestra relevante extraída de la oferta noticiosa de los tres medios periodísticos digitales mencionados. La muestra definida hizo posible la identificación de los contenidos relativos a las variables determinadas en la metodología. Consecuentemente dichos contenidos identificados fueron registrados en instrumento de investigación (protocolo de registro), el cual permitió delimitar los aspectos del relato noticioso que debían ser identificados para su posterior procesamiento estadístico. Una vez procesada dicha información se obtuvieron diversos hallazgos. Entre los principales, se pudo descubrir una producción informativa de muy diferentes proporciones de parte de los tres medios informativo digitales y acerca del conflicto social minero de Las Bambas. De otro lado, se pudo observar que el conflicto social minero de Las Bambas, habiendo tenido su epicentro en dos regiones (Cusco y Apurímac), aun así, la mayoría de los hechos noticiados se suscitaron en la ciudad de Lima.La investigación permitió hallar que las noticias producidas por los tres medios informativos digitales estudiados en el monitoreo tendieron predominantemente a dar cuenta de hechos cuando estos correspondieron sobre todo a la fase del Conflicto (despliegue y repliegue), en segundo lugar, las noticias presentadas por los medios trataron hechos vinculados a la fase de Crisis; en tercer lugar, a la fase de Situación sensible al conflicto. En cuanto a las seis dimensiones de la gestión de la gobernabilidad se identificó que la más representada fue la relativa al Estado de derecho - agentes sociales no confían en la sociedad misma y no siguen sus reglas. Mientras que la segunda dimensión más representada fue la vinculada a la Voz y rendición de cuentas y la existencia de capacidad/voluntad del Estado para responder a las exigencias ciudadanas. Otro hallazgo fundamental fue identificar cuáles dimensiones de la gestión de la gobernabilidad estuvieron más presentes en las fases del conflicto social minero Las Bambas. En la fase de Conflicto (despliegue y repliegue) y en la fase de Crisis, la dimensión de la gestión de la gobernabilidad ligada al Estado de derecho - agentes sociales no confían en la sociedad misma y no siguen sus reglas, especialmente en lo relativo a la calidad de la aplicación del contrato social, la actuación de la policía y el poder judicial, así como la probabilidad de ser víctima de un crimen y de la violencia, y quedar en desamparo y sin justicia, fue la que más se manifestó en las noticias del periodo monitoreada.La investigación permitió identificar cuáles fueron los actores protagonistas de las cinco fases del conflicto social minero de Las Bambas. Así fue que el actor Comunidad ha sido el protagonista predominante en las fases de Conflicto y Crisis. La PCM fue el segundo actor en número de apariciones en las fases de Conflicto, Crisis y Situación sensible al conflicto. El actor Empresa minera fue el tercero con mayor presencia en las fases Conflicto y Crisis. En cuanto al actor Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD, siendo un actor fundamental en los procesos de conflicto social, se identifica que no tuvo ninguna presencia mediática relevante en ninguna fase del conflicto, alcanzando una muy baja presencia en la fase Conflicto y Crisis. De aquí se desprende que en las fases del conflicto social minero de Las Bambas, se hallara en el estudio que los roles asumidos por Comunidad, Estado y Empresa fueran los siguientes: la Comunidad actuando en el rol de Observador en todas las fases del conflicto; el Estado actuado en el rol de Convocante, Experto écnico, Observador, Facilitador, Diseñador, en las fases de Conflicto y Crisis; y la Empresa como Observador y Facilitador en las fases de Conflicto y Crisis. El estudio permitió descubrir que en las fases del conflicto existió una tendencia a representar ciertas acciones emblemáticas de la gestión de conflictos sociales. Así, en la fase de Conflicto (despliegue y repliegue) las acciones relativas al Bloqueo de vía; Declaraciones de líderes/representantes; Detención de sospechosos y Entrevistas a actores y Mesas de Diálogo, fueron las predominantes acciones. En fase de Crisis las acciones predominantes fueron: Bloqueo de vía y Declaraciones de líderes/representantes. En la fase de Situación sensible al conflicto las Declaraciones de líderes/representantes y Entrevista a actores, fueron las acciones más presentadas en las noticias del periodo. En conclusión, la gestión del Estado peruano ante el conflicto social minero de Las Bambas (Apurímac, Perú) durante el periodo específico del 8 de enero al 31 de marzo de 2019, representada a través de la producción informativa de los tres medios periodísticos digitales del país de mayor audiencia (El Comercio, La República y Radio Programas del Perú) mostró a un Estado con comportamientos reactivos y tardíos frente a una situación compleja y crítica como lo fue el conflicto en ciernes. El Estado peruano sí es representado en lo mediático ejerciendo la gobernabilidad que le compete en el contexto de un conflicto social, pero no lo hace plenamente y abarcando positivamente las seis dimensiones de la gobernabilidad (Voz y rendición de cuentas; Estabilidad y ausencia de violencia; Eficacia del gobierno; Marco regulatorio; Estado de derecho y Control de la corrupción). Por el contrario, el Estado estuvo vinculado a noticias que reflejaron una incapacidad para mantener el orden y la estabilidad social. Los hechos del conflicto social minero de Las Bambas, no fueron relatados por todos los medios en igual intensidad, y a pesar de ser un hecho de trascendencia y haber transcurrido a lo largo de 82 días en la realidad, los medios informativos digitales tan solo cubrieron el caso durante 27 días, y sobre todo narrando los vinculados a los sucesos generados en la ciudad de Lima, a pesar de que el epicentro de los hechos fuera en otras dos regiones (Apurímac y Cusco). Asimismo, los medios informativos tendieron a relatar el conflicto social minero de Las Bambas en la fase de Conflicto (despliegue y repliegue) y la fase de Crisis , lo que quizás se deba a que en los mismos los eventos son más sorprendentes o pueden devenir en mayor espectáculo para lo informativo (bloqueos, marchas, ataques a helicópteros; caos, tensión). Los actores más representados por los medios informativo digitales son liderados por la Comunidad, protagonista de las noticias , seguido de la PCM y luego por la Empresa minera; siendo un dato relevante la escasa presencia protagónica de un actor tan importante en un evento como el conflicto social minero de Las Bambas, como es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo – SGSD, precisamente la entidad que debiera liderar el proceso de resolución del conflicto. Finalmente, los medios informativos digitales no tendieron a presentar los espacios de diálogo, concertación o exposición de ideas, sino los relativos al conflicto, a la ausencia de diálogo y a la confrontación en un posible interés por lo sensacionalista o lo espectacular, sin tal vez medir las consecuencias sobre los actores, los hechos y su devenir.

El pueblo indígena Kichwa de Lamas mantiene un conflicto con el Gobierno Regional de San Martín desde el 2005 a raíz de la creación del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera” sobre los territorios de sus comunidades nativas. A partir de un estudio del caso, del análisis de las acciones emprendidas en la última década por los actores involucrados, la evaluación de su repercusión mediática y el recojo de testimonios mediante entrevistas a sus principales líderes, se logró identificar el mecanismo empleado por los Kichwas para procurar la gestión de una situación conflictiva en la que han encontrado un fuerte rechazo a sus pretensiones por parte del Estado y de colectivos ambientalistas, cuyo interés por la preservación del medio ambiente desconoce en la práctica el derecho a la consulta previa y a la propiedad reconocidos a los pueblos indígenas en la legislación nacional e internacional. Asimismo, este estudio detectó divergencias en las posiciones de las mayores organizaciones Kichwa lamistas, lo que permitió registrar diferencias en el grado de visibilización política alcanzada por cada una. Con base en ellas, se ha determinado el potencial del activismo de un movimiento social en la consecución de sus objetivos. La investigación presenta observaciones y recomendaciones acerca de la relación que las comunidades nativas sostienen con el Estado Peruano y la sociedad en su conjunto.

En la presente investigación se planteó como objetivo, determinar de qué manera las habilidades blandas permite resolver los conflictos en los docentes de la Institución Educativa Salesiano San Juan Bosco Ayacucho, 2021, empleando una metodología de tipo correlacional - básica, con diseño no experimental – transversal. Los principales resultados revelan, que el nivel predominante de las habilidades blandas es el regular con el 39%, con sus dimensiones de apertura de nuevas experiencia (47%), estabilidad emocional (51%) en regular, asimismo la responsabilidad (40%) y afabilidad (47%) en bueno, mientras que la resolución de conflictos de los docentes, se encuentra en un nivel deficiente con el 36%, con las dimensiones de negociación (45%) en regular, seguido del bueno (40%) y conciliación (40%) en bueno. Concluye las habilidades blandas permite resolver significativamente los conflictos entre los docentes de la institución, con un coeficiente de Rho de Spearman (Rho= 0,850**, P=0.000b).

El ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público peruano se ha visto limitado por restricciones presupuestales establecidas para salvaguardar la estabilidad fiscal del Estado. Situación que ha contribuido a deteriorar las condiciones laborales de los servidores públicos y su motivación. La presente investigación analiza el conflicto entre la negociación colectiva y el equilibrio fiscal y formula un conjunto de recomendaciones para integrar ambos elementos en un nuevo marco regulatorio. Las recomendaciones propuestas han sido desarrolladas a partir de la revisión de información oficial y de la opinión de los principales actores sociales e institucionales involucrados.

Los conflictos sociales trascienden la esfera socio-ambiental e incluyen aspectos fundamentalmente simbólicos, como los contenidos que se imparten en la Educación Básica Nacional. En el Perú las posturas de aceptación/promoción y rechazo/boicoteo del Enfoque de Género en la educación básica tienen un carácter militante y pretenden representar a la mayoría de los padres de familia. En el presente estudio se busca conocer la percepción de los padres de familia del distrito limeño de San Martín de Porres con respecto a la aplicación del Enfoque de Género. La investigación fue de carácter descriptivo con encuestas aplicadas a los vecinos adultos del distrito. Los resultados destacan por la polarización de la población, sugiriéndose el diseño de campañas comunicacionales mejor adaptadas a las características de los distintos sectores de la población, de forma que se explique con claridad los alcances del Enfoque de Género en la Educación Básica y que se recoja las opiniones de los padres de familia.

El nivel de conflictividad de Latinoamérica posee rasgos muy propios de la región, entre ellos destacan la multiplicidad de demandas sociales, políticas y económicas; la división de actores en conflicto y con ello la polarización, lo que dificulta un escenario adecuado para la resolución de estos. En el caso específico del Perú, algunas de las demandas sólo han sido viabilizadas a través de conflictos, y la región Arequipa no escapa de esta realidad problemática. Dicho escenario apuntaría a distinguir a la educación como un pilar fundamental para la formación de una ciudadanía capaz de abordar sus diferencias en cualquier tipología conflictiva. El propósito principal de este trabajo de investigación es determinar el grado de conocimientos sobre las competencias de gestión de conflictos a la par del grado de conocimiento en torno a la cultura de paz en los alumnos inscritos en el curso Análisis de la Realidad Peruana impartido por una universidad del sector privado. La pesquisa trabajó bajo el parámetro cuantitativo, de naturaleza aplicativa y correlacional, contó con un diseño de orden no experimental transeccional, asimismo la población examinada estuvo conformada por 583 alumnos. Se utilizó la encuesta como técnica, junto a dos instrumentos para recopilar datos consignados a la apertura de información gnoseológica sobre las competencias de gestión de conflictos y el nivel de conocimiento de cultura de paz. La examinación de los datos fue desarrollada, por medio del uso de la estadística de tipo descriptiva e inferencial. A partir de esto, se pudo concluir con un p-valor 0,457>0,05 que el nivel de conocimiento de competencias de gestión de conflictos no logra incidir en el nivel de conocimiento de cultura de paz en los alumnos inscritos en el curso de Análisis de la Realidad Peruana de una universidad privada.

La conflictividad puede ser vista de muchas maneras, y la más común es verla como el resultado de las demandas sociales de la población, sin embargo, en su operación el conflicto es abordado y conducido por actores políticos, que llevan adelante estrategias capaces de afectar la gobernabilidad para obligar al Gobierno a negociar. Adoptando el concepto del Barómetro de Heidelberg de “Conflicto Político” este se caracteriza por que los actores evaden los medios formales o regulares de resolver sus disputas usando medios políticos, incluida la violencia. Al estudiar el Estado Peruano se ha podido reconocer que el mayor esfuerzo para enfrentar los conflictos políticos y sobre todo la violencia política, lo realiza el Ministerio del Interior y sobre todo la Policía Nacional del Perú. En tanto que la Presidencia del Consejo de Ministros y los demás ministerios se ha organizado para atender a conflictos sociales, sin evaluar o desarrollar estrategias para enfrentar a aquellos de contenido político.

La Fundación Crisol hace 10 años está trabajando con un sector vulnerable de Risaralda, Colombia. Precisamente en “Las Colonias”, con una comunidad que se configuró debido a desplazamientos forzados entre otras secuelas de la violencia del conflicto interno del país. Teniendo carencias en los aspectos económicos, sociales y afectivos. Fenómeno que interesó a la fundación y encontró que se podían transformar las problemáticas existentes en la agrupación desde las acciones con amor por medio de iniciativas y programas, basándolos en la recuperación emocional, el reconocimiento de su población, en su empoderamiento y llenándola de esperanza. Sin darse cuenta, esta institución que inició con un preescolar para la primera infancia, impacto positivamente en toda la comunidad. Convirtiéndose esta fundación en un agente de cambio social para “Las Colonias”, utilizando la mediación intercultural y promoviendo la cultura de paz en el postconflicto colombiano. En esta investigación, se logra identificar un modelo replicable en diferentes comunidades vulnerables del país, en poblaciones que cumplen con los mismos criterios, como lo son la pluralidad de culturas, víctimas del conflicto armado, abandono del Estado, pobreza extrema, complicaciones sociales, dificultades afectivas y problemas psicológicos. Así mismo, este caso de estudio permite definir y conceptualizar el trabajo de la fundación, partiendo desde la mediación intercultural y el cambio social, que generan cambios profundos en los individuos. Por medio de la creación de una visión, principios de comportamiento y convivencia, que giran en torno a proyectos donde se involucra a la comunidad y agentes externos. Otorgando un manual de los impactos y vivencias de la población antes mencionada, demostrando que puede existir un cambio en una persona herida por la violencia.

Determina si el proyecto PTAR puede ser la alternativa para la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa genera conflicto social por la contaminación del rio que afecta la salud y la actividad agrícola de los pobladores de Sullana. Este proyecto de estudio es fundamental porque identificará problemas sociales y legales que afrontan el Gobierno Regional de Piura y la Municipalidad Provincial de Sullana en cuanto al vacío legal en temas administrativos y presupuestarios de carácter logístico que promueven el proceso solución de medios alternativos en cuanto a la afectación del medio ambiente de la rio que afecta a los pobladores y futuras generaciones de Sullana.

El objetivo general es especificar el nivel de relación entre la seguridad y la salud laboral y los derechos fundamentales de la persona. El trabajo científico a desarrollarse es aplicado, ya que tiene como propósito fundamental llevar y contrastar en la práctica los conocimientos adquiridos sobre la seguridad, salud ocupacional y su relación con los derechos fundamentales; de igual forma, el trabajo académico será no experimental, por lo que el objetivo es observar sus efectos en la realidad; es de corte transversal, ya que se realizará en una unidad de tiempo determinado; el método que se va a utilizar es el hipotético – deductivo ya que será mediante la contrastación de las hipótesis en la cual se verá si existe o no correlación entre las variables. En cuanto su enfoque se empleará el cuantitativo, ya que se van a recolectar datos numéricos mediante la aplicación de cuestionarios y estos van a ser procesados mediante un software estadístico.

Se trata de un estudio descriptivo, de muestreo intencional de expertos, cuyo objetivo es la exploración de las competencias de naturaleza cognitiva, socioemocional, cultural y de resiliencia en conciliadores extrajudiciales, con amplia experiencia en la labor conciliatoria. La muestra está constituida por 14 conciliadores extrajudiciales de Lima Metropolitana, acreditados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya edad promedio es de 54 años y su labor en la práctica conciliatoria supera los 15 años, dentro de un marco multicultural. Los instrumentos de evaluación utilizados son: Test de Zulliger (1942) -Test de manchas de tinta- trabajado a través del Método del Sistema Comprensivo/SC (adaptado por: Mattlar, 1990/ Zdunic, 2008). Test proyectivo con propiedades psicométricas. Inventario de Competencias Culturales de Castro (2012). Auto-Reporte. Escala de Resiliencia de Wagnild & Young (1993). Auto-Reporte. Los resultados revelan la relación existente entre las características del grupo estudiado y las competencias cognitivas, socioemocionales, culturales y de resiliencia, necesarias para el desempeño eficiente en un medio multicultural, difícil y complejo, como es Lima Metropolitana.

La minería artesanal es una actividad que puede ser de alto impacto económico y una fuente de subsistencia para los mineros artesanales, conforme su productividad y alza de precios. Este sector es proclive al desencuentro de sus actores sociales, representados por la tríada: Estado, Empresa Minera y los Mineros artesanales. El presente trabajo de investigación aborda el conflicto entre Compañía Minera Poderosa y los mineros artesanales de Pataz, luego de los hechos ocurridos en 2013. Al ser un estudio ex post facto, reconstruimos el caso con diversas fuentes: informativas, comunicaciones personales, entrevistas con los actores sociales y una Encuesta diseñada para medir las percepciones de los mineros artesanales formalizados. Todo con la finalidad de validar el estado actual de la situación. La hipótesis del trabajo de investigación que manejamos es que el Protocolo de Comercialización y los beneficios de la formalización logró la solución del conflicto entre Minera Poderosa y los Mineros artesanales Ama Pataz. La Región de La Libertad tiene alta producción de oro y es enclave donde se presentaron varios conflictos con la minería artesanal. El caso de Minera Poderosa se distingue de otros porque la compañía promovió la formalización de los mineros y brinda apoyo en los procesos para incorporarlos al sistema legal.

Una de las tensiones que mayores desafíos está ocasionando al mundo jurídico es la de las relaciones existentes entre el arbitraje internacional y los derechos humanos, principalmente, los derechos de los pueblos indígenas. En efecto, existen muchas dudas respecto a la participación de este tipo de pueblos ante tribunales arbitrales, dado que estos últimos tienen una naturaleza que depende, estrictamente, de la voluntad de las partes. En ese sentido, la presente investigación pretende estudiar el derecho de participación indígena en este tipo de fueros, ello, considerando que diversos parámetros de derechos fundamentales estipulan que los pueblos indígenas deben tener participación en todo tipo de procedimientos que son susceptibles a afectarles. Para alcanzar tal objeto se revisarán los principales parámetros en derechos humanos en materia de pueblos indígenas, así también, se estudiará en especial el derecho de participación indígena en procesos judiciales y arbitrales. En seguida, tales parámetros serán contrastados con los fallos de los tribunales arbitrales del CIADI a fin de determinar si es que el derecho de participación indígena está suficientemente garantizado en este fuero. Por último, se establecerán algunas medidas que permitan mejorar el derecho de participación indígena ante el CIADI, así como algunas opciones que pueden tener los Estados en caso verifiquen que un fallo de este tipo de tribunales arbitrales vulnere de forma flagrante estándares de derechos fundamentales; así también se propondrán recomendaciones al respecto.

Las relaciones humanas se sustentan sobre la comunicación, que se convierte en el medio por el cual las personas se interrelacionan para lograr objetivos, construir relaciones y resolver disputas. La mayoría de los negociadores saben que es la herramienta más importante que puede tener para negociaciones exitosas. La comunicación se vuelve aún más importante cuando las negociaciones incluyen contrapartes de diferentes culturas, lo que nos enfrente a una variedad de obstáculos, como costumbres, símbolos, actitudes, normas, valores y hasta un idioma diferente, que generalmente no están presentes en las negociaciones entro de nuestro mismo ámbito cultural, influyendo incluso en la forma en que las personas se comportan e interactúan en la mesa de negociaciones. De otro lado, las consideraciones culturales influyen en la forma y sustancia de los acuerdos, que requerirán necesariamente la adaptación de sistemas de gestión, ejecución de compromisos, capacidad de diálogo y sobre todo, voluntad para encontrar consensos y construir relaciones a largo plazo. En el caso de los conflictos que se producen entre las comunidades nativas de la Amazonía peruana y las empresas que desarrollan actividades extractivas en este espacio, se presentan este tipo de dificultades tanto en la comunicación como en la comprensión del comportamiento del otro, en sus motivaciones y en sus expectativas. Por esta razón es que es necesario comprender la cultura de la contraparte para ayudarnos a interpretar el comportamiento, revelar actitudes, entender las normas subyacentes, identificar los valores que las sustentan y definir un mecanismo de comunicación que habilite a las partes una alternativa para soluciones consensuadas. En esta línea, siguiendo la propuesta de Jürgen Habermas en su “Teoría de la Acción Comunicativa” (Habermas, 2004), asumimos la necesidad que tanto las empresas que realizan actividad extractiva como el propio Estado, se acerquen a las negociaciones con las comunidades nativas incorporando un enfoque intercultural, que permita a las partes compartir y reconocer símbolos y significados, como un medio de validación de la comunicación para construir “racionalmente” el conceso, el reconocimiento y la integración de las personas y sus interrelaciones.

La investigación ha sido desarrollada con el objetivo de determinar la influencia de los procedimientos y técnicas de intervención que utiliza la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional del Perú, para mitigar los riesgos en los conflictos sociales en Lima Metropolitana año 2019, habiéndose planteado como problema general ¿Cuáles son las características de los procedimientos y técnicas de intervención que utiliza el personal policial de la Unidad de Control de Multitudes para mitigar los riesgos colaterales en los conflictos sociales en Lima Metropolitana en el 2019?. La investigación orienta su contenido en el enfoque cualitativo, con un diseño fenomenológico toda vez que se realizó entrevistas al personal policial de diferentes niveles jerárquicos expertos en desarrollar procedimientos y técnicas de intervención en control de multitudes. Se tomó como parte de la muestra la población perteneciente a la Unidad de Servicios Especiales (CENTRO-AGUILA Y ESTELEOPARDOS), quienes desempeñan funciones para el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público en Lima Metropolitana; para la valoración, análisis y discusión de resultados se consideró la descripción de la realidad problemática, así como aquellos fundamentos teóricos de los autores citados y de las entrevistas semi estructuradas realizadas. Se estableció la influencia de los procedimientos y técnicas de intervención que utiliza la Unidad de Control de Multitudes de la Policía nacional del Perú, para mitigar los riesgos en los conflictos sociales en Lima Metropolitana año 2019, siendo parcialmente positiva; toda vez que no todos los procedimientos se encuentran detallados en el Manual de intervenciones de control de multitudes.

Esta investigación plantea el grave conflicto que representa la falta de acceso a los servicios básicos de agua y alcantarillado, así como las posibles razones para que este conflicto social -que trae como consecuencia enfermedades graves, deterioro en el desarrollo físico e intelectual de los niños y atenta contra la dignidad humana- persista en pleno siglo XXI, atentando contra el enfoque de desarrollo sostenible que contempla al agua potable como un derecho fundamental de toda persona. En Lima, capital del Perú y cuidad privilegiada en cuanto a oportunidades sociales, económicas y laborales, existen estadísticas que ponen en evidencia que algunos de los distritos más poblados carecen de servicios de agua y desagüe. Así, a través de este trabajo se ha hecho un minucioso análisis de esta problemática, desde el enfoque del desarrollo sostenible y la teoría de resolución de conflictos, en el marco de los derechos humanos, utilizando información actualizada y relevante mediante propuestas que ya vienen siendo aplicadas con éxito en otros países, con el fin de encontrar posibles soluciones a este conflicto, acudiendo a la iniciativa privada, y proponiendo un trabajo en conjunto entre el gobierno central, municipal -a través de sus políticas públicas- y la empresa privada.

La administración de justicia como parte de la función del Estado, está obligada a brindar tutela jurisdiccional de los derechos reconocidos por el ordenamiento de manera efectiva para todos los ciudadanos, por lo que debe adoptar medidas que se adapten mejor a las condiciones de vulnerabilidad, como las que se evidencian en comunidades campesinas que por lo general agrupan a personas en esas condiciones, para ello es necesario hacer una adecuada identificación de las barreras de accesibilidad a la justicia en estas poblaciones; por esa razón se propone la realización de audiencias públicas como mecanismo de diálogo para este fin, mediante el cual, los jueces como representantes del Poder Judicial interactúan con los miembros de la comunidad campesina creando un espacio de diálogo abierto e intercultural que permita conocer de manera directa, la forma de vida, la realidad, las dificultades y obstáculos que tienen estos pobladores para acceder a la justicia, como expresa manifestación de su derecho a la participación; barreras que luego de ser visibilizadas permitirán tomar acciones y medidas concertadas en el ámbito interno y externo, destinadas a mitigarlas o removerlas para un efectivo servicio de justicia y la satisfacción de las necesidades jurídicas, transformando las relaciones de la administración de justicia con la población perteneciente a comunidades campesinas, mejora las condiciones de accesibilidad, legitima las estructuras sociales, que contribuyan a evitar conflictos y violencia. En este caso se tomó como población y muestra cinco comunidades campesinas de la región Junín.

El objetivo de esta investigación es establecer una relación asociada al perfil del mediador escolar en la resolución de conflictos escolares desde las normativas instauradas por el Estado en los colegios particulares de Lima y Callao. La investigación se realizó con el enfoque cuantitativo, de carácter explicativo, descriptiva y correlacional. El estudio se apoyó en los referentes teóricos planteados por Suares, (2012), (OIT, 1998), Vinyamata (1999), Munné y Mac-Cragh (2006). La técnica utilizada para esta tesis fue la encuesta y el instrumento aplicado a los docentes fue el cuestionario el cual contaba con una escala de tipo Likert. La muestra objeto de estudio estuvo conformada por 155 sujetos correspondientes al personal docente tutor. Los hallazgos encontrados permitieron que existe relación significativa entre la variable del perfil con las normas. En último lugar, los resultados presentan evidencias significativas permitiendo establecer, que el perfil del encuestado demostró ser ineficiente, aunque se cuenta con una fortaleza de una comunidad de docentes tutores jóvenes, con poco tiempo de servicio y con un nivel profesional alto. Se recomienda que el estudio de temas como el perfil del mediador escolar, la gestión de conflictos en el aula y la normativa referida a la convivencia en los colegios, constituyan elementos de vital importancia para la convivencia armónica y pacífica de los mismos.

En los últimos años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha avanzado considerablemente en la temática de las soluciones amistosas. A partir del estudio de 42 acuerdos de solución amistosa suscritos entre el 2000 y 2016 en los países seleccionados, así como entrevistas a los representantes de dichos Estados y miembros de la sociedad civil que han trabajado con ellos en la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa, se logró identificar algunos retos en materia de negociación y cumplimiento de los mismos. Asimismo, este estudio permitió identificar la existencia de algunas estructuras, administrativas y de otro carácter, para la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa en los países seleccionados como muestra, y el impacto que tienen en dichos procesos. Esta investigación presenta observaciones y recomendaciones sobre como construir mecanismos al interior de los Estados para avanzar de manera mas óptima en las negociaciones e implementación de las soluciones amistosas.

La investigación presenta su objetivo general es determinar el nivel de incidencia de la trata de personas con fines de explotación sexual y los procedimientos preventivos; así como, para combatir este delito en la ciudad de Lima. La investigación, es de carácter cualitativo, ya que, el centro de estudio es analizar la trata de personas con fines de explotación sexual en Lima, Perú, mediante la revisión de bibliografía, casos de víctimas y los procedimientos seguidos por las autoridades u organismos del Estado en cuanto a la prevención y combate del delito en mención y desde el punto de vista de las personas afectadas, se aplicó la entrevista semiestructurada para recabar la información de las víctimas y de las autoridades involucradas en el tema. El presente trabajo está dividido en capítulos. EL Capítulo I, se consigna el planteamiento del problema, dentro del cual se detalla la situación problemática, la formulación del problema y los objetivos; además, se incluye la justificación, la importancia, la viabilidad y las limitaciones que presenta la investigación. El capítulo II, se mencionan los antecedentes, las bases teóricas, entre las que destacan las causas de la problemática, la información estadística de la realidad, jurídico y los protocolos correspondientes. 9 El capítulo III, describe el tipo de investigación al que corresponde, la población, muestra, la técnica empleada y los instrumentos usados para la recolección de la información. Capítulo IV, presenta la discusión, resaltando que la trata de personas con fines de explotación sexual pone en evidencia una serie de insuficiencias institucionales y sociales ligadas carencia económica, poca de oportunidades laborales y violación a los derechos humanos, incluso al interior de sus familia. Las entidades públicas, como el Ministerio público, tienen muchas limitaciones para hacer frente a la trata de personas. Finalmente están las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.

La investigación busca determinar el grado de conocimiento sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación entre los miembros de las Fuerzas Armadas Peruanas que prestan servicios en la zona del VRAEM desde el Fuerte Pichari, Cusco, 2018. Para tal fin, se desarrolló un estudio descriptivo de corte transversal, que mediante un cuestionario por medio del cual se entrevistó a 284 miembros de las FFAA que prestan servicios en el VRAEM, considerando su categoría militar y edad, se determinó su conocimiento sobre el Informe Final de la CVR y “del conflicto armado interno” en la línea de tiempo comprendida entre los años de 1980 al 2000.