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Criminal structures running international drug trafficking in the Western He-misphere are mischaracterized and misinterpreted by international anti-drug policies and strategies. Their characterization as cartels and the role they allegedly play in the international drug trafficking and value chain is based on misleading ideological premises disseminated by politicians, mass media and law enforcement agencies. Simultaneously, international anti-drug policies reward official law enforcement agencies with ongoing expansion of their powers and budgets to conduct extraterritorial interventions, increa-sing organized violence, corruption and trampling on fundamental rights and liberties. More fertile guidelines for international anti-drug policies in the future are discussed in the conclusions., As estruturas criminosas que controlam o tráfico internacional de drogas no hemisfério ocidental estão mal caracterizadas e interpretadas nas políticas e estratégias internacionais antidrogas. Sua caracterização como cartéis e o papel que supostamente desempenham no tráfico internacional de drogas e na cadeia de valor baseiam-se em pre-missas ideológicas enganosas difundidas por políticos, meios de comunicação e órgãos de controle penal. Ao mesmo tempo, as políticas internacionais antidrogas recompensam os órgãos oficiais de controle penal com a expansão contínua de seus poderes e orçamentos para realizar intervenções extraterritoriais, aumentando a violência organizada, a corrupção e a violação dos direitos e liberdades fundamentais. Nas conclusões, discutem-se diretrizes mais férteis para as políticas internacionais antidrogas no futuro., Las estructuras criminales que manejan el tráfico internacional de drogas en el hemisferio occidental están mal caracterizadas e interpretadas en las políticas y estrategias internacionales antidrogas. Su caracterización como cárteles y el papel que presuntamente desempeñan en el tráfico internacional de drogas y la cadena de valor se basa en premisas ideológicas engañosas difundidas por políticos, medios de comunicación y organismos de control penal. Al mismo tiempo, las políticas internacionales antidrogas recompensan a los organismos oficiales de control penal con la expansión continua de sus poderes y presupuestos para llevar a cabo intervenciones extraterritoriales, aumentando la violencia organizada, la corrupción y la infracción de los derechos y libertades fundamentales. En las conclusiones se discuten directrices más fértiles para las políticas internacionales antidrogas en el futuro.

El presente artículo aborda la responsabilidad del Estado en la protección de cuerpos de agua ante los daños ocasionados por la extracción de coltán en el departamento de Vichada, Colombia. A través de un enfoque crítico-reflexivo, se revisan marcos normativos ambientales nacionales e internacionales que protegen los cuerpos hídricos y regulan la extracción de recursos naturales en Colombia, y se evalúa su efectividad para la protección de los cuerpos hídricos. Sostiene que la responsabilidad de garantizar la protección de estos es del Estado tiene, especialmente en zonas de extracción de minerales. Se encuentra que, en la práctica, la protección de los cuerpos hídricos en las zonas de extracción de coltán en el departamento de Vichada es insuficiente y que el cumplimiento del deber de proteger del Estado es insatisfactorio. El articulo concluye que son necesarias medidas más efectivas de prevención, control y sanción de la extracción ilegal de coltán en Colombia, así como el fortalecimiento de las políticas y prácticas de protección de los cuerpos hídricos en las zonas de extracción de coltán en Vichada y garantizar que el estado cumpla con su responsabilidad de protección ambiental. (Tomado de la fuente).

El presente artículo, analiza los aspectos generales de la teoría de la pena, las causales y ordenes de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en materia de reinserción, la política criminal en Colombia, para finalmente presentar un balance de resultados obtenidos respecto al cumplimiento de las ordenes emitidas por vía jurisprudencia (sentencia T 762 de 2015) para la reinserción social y los programas de resocialización en las cárceles del país.

En la actualidad el país está viviendo una serie de experiencias de aprendizaje con la aplicación de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Son muchos los testimonios que se encuentran recopilados en el informe de la Comisión de la Verdad, en los que se plasma la vivencia directa de las víctimas y su sentir con respecto a la reparación de las mismas. La justicia en equidad y la justicia restaurativa ofrecen modelos estándares para valorar esas formas de reparación por parte de las víctimas. Por lo tanto, se hace necesario revisar y analizar si se cumple o no con lo dispuesto por la Justicia en equidad, la justicia restaurativa y se indagará acerca de las condiciones que la administración de justicia de equidad debe asegurar para que la justicia restaurativa cumpla con los estándares de satisfacción de las víctimas y reparación del tejido social comunitario en el territorio nacional.

El problema del hacinamiento carcelario en Colombia y la precariedad de las condiciones en las que deben vivir cientos de mujeres en los diferentes centros carcelarios es evidente, junto al retraso en la solución de los procesos penales que existen, esto a causa de la represión de casos, falta de personal, entre otros, perjudicando además a aquellas personas que son investigadas por presuntas actuaciones en conductas punibles, al ser detenidas de manera preventiva, incrementando tal problemática. Para ello el Gobierno Nacional ha implementado una serie de herramientas jurídicas, con la intención de disminuir las cifras de personas que se encuentran esperando su juicio o pronunciamiento del juez a través de una sentencia, entre ellas se encuentra la Ley 1760 de 2015, modificada un año después por la Ley 1786 de 2016, obteniendo personas partidarias de su proclamación como detractores, de ahí que la intención principal de este documento sea analizar ¿cuál es el efecto de las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016 sobre los indicadores de hacinamiento entre la población de mujeres recluidas en establecimientos carcelarios en Colombia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2020. Esto a partir de un enfoque descriptivo desde una revisión bibliográfica comprendiendo los últimos cinco años.

Hablar del estatus y situación jurídica del cultivador de ilícitos en el marco de la política antidrogas en el programa del gobierno Duque (2019-2022) implica reconocer las diferentes concepciones que se tiene sobre el papel del pequeño cultivador de ilícitos y el empresario narcotraficante en el escenario postconflicto. (Tomado de la fuente).

El documento presenta una reflexión sobre los efectos del discurso punitivista en la Ley 1787 de 2016, incluye también una presentación del camino que llevó a la legalización de la industria del cannabis en Colombia y una exposición sobre las recomendaciones que se podrían tener en cuenta para potencializar esta industria así como los beneficios que la misma puede traer en materia de empleo y tributación. (Tomado de la fuente).

El presente artículo, analiza los aspectos generales de la teoría de la pena, las causales y ordenes de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en materia de reinserción, la política criminal en Colombia, para finalmente presentar un balance de resultados obtenidos respecto al cumplimiento de las ordenes emitidas por vía jurisprudencia (sentencia T 762 de 2015) para la reinserción social y los programas de resocialización en las cárceles del país.

En Colombia, a pesar de considerar que los niños, niñas y adolescentes (N.N.A.) son personas de especial protección, se ha evidenciado que los esfuerzos por garantizar sus derechos son insuficientes para la reconstrucción del tejido social. La responsabilidad estatal frente a esta población vulnerable, ha sido deficiente para prevenir que muchos N.N.A. sean objeto de victimización del reclutamiento forzado, por parte de los grupos que dominan los territorios donde viven. (Tomado de la fuente).

A nivel nacional y distrital el Estado ha ido implementando estrategias encaminadas a disminuir los casos de abuso sexual y demás tipos de violencia generada contra menores de edad. Sin embargo, las cifras que deja este delito anualmente sugieren que, a pesar del esfuerzo para lograr este objetivo, dichas estrategias siguen siendo insuficientes para la protección real de los menores. Esto sin olvidar que no todos los casos son reportados debido a factores como el miedo tanto de las víctimas cómo de sus familias, que resultan conminados por parte de sus victimarios para evitar una eventual denuncia. También, otro factor que se logra evidenciar en nuestra realidad es el desconocimiento que tienen las personas de los trámites legales que se deben implementar en esas circunstancias. Por ello este artículo analiza algunos factores de la ineficiencia de las políticas que han sido implementadas a nivel distrital, y trae al debate las estrategias desarrolladas en la Unión Europea. Propone distintas estrategias encausadas a prevenir la comisión de este delito, utilizando como principal herramienta la educación de niños, padres y la sociedad en general. Así se busca concientizar a la población sobre la importancia de esta problemática y otorgar a los niños y niñas de Bogotá la posibilidad de crecer y tener una infancia segura y feliz en todos los aspectos.

Este análisis estima el valor teórico y la importancia de la producción criminológica colombiana como referencia de investigación en el contexto académico internacional. Utiliza fuentes documentales y registros digitales de índices de citas de productos y autores comúnmente consultados en la World Wide Web, y ofrece comparaciones con la producción criminológica argentina e italiana. Se verifica la creciente relevancia de la producción criminológica de un pequeño pero importante grupo de investigadores con producción de alta calidad. Concluye señalando que este núcleo aún tiene camino por delante para proyectarse como una comunidad académica sólida y decisiva en este campo.

El D.I.H regula y busca soluciones a los problemas humanitarios derivados de conflictos internacionales e internos. Busca humanizar y limitar sus efectos tanto como sea posible, a través de la aplicación de principios fundamentales determinados en la legislación interna y en los tratados y protocolos internacionales ratificados por Colombia. Este trabajo examina el principio de distinción, el cual pretende diferenciar el trato que durante los conflictos armados se le otorga a la población civil y personas en estado de indefensión que participan activamente del conflicto, contrastando los requisitos formales para la aplicación de dicho principio, con el análisis fáctico y jurídico de casos presentados en Colombia.

La violencia sexual como delito está presente en el contexto del conflicto armado y es perpetrado principalmente contra las mujeres. La sumisión de las víctimas ocurre en el marco de relaciones asimétricas de poder frente a sus victimarios, quienes utilizan el miedo y la fuerza para reforzar la percepción de debilidad e inferioridad atribuida a las víctimas, y en particular al género femenino. Es por ello que diferentes organismos de nivel internacional y nacional han promovido instrumentos normativos para la prevención, protección y reparación de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia sexual. En esta perspectiva, el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP explícitamente busca asegurar que los mecanismos que contempla en esta materia se rijan por los lineamientos internacionales, de modo que exista una congruencia entre ellos. Lo anterior con la finalidad de garantizar la protección de los derechos vulnerados, la reparación y no repetición y su satisfacción, en relación con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano, así como con lo establecido en las sentencias sobre la materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforma a la Ley 65 de 1993, habla por primera vez sobre el enfoque de género en el sistema penitenciario colombiano. Aun así, más de cinco años después de su expedición, todavía está pendiente la materialización de los cambios fundamentales previstos para la incorporación del enfoque de género en el tratamiento penitenciario.

This analysis assess the theoretical value and importance of Colombian criminological production as a research reference in the international academic context. It considers documentary sources and digital records of citations indexes of products and authors commonly consulted on the World Wide Web, and offers comparisons with Argentine and Italian criminological production. The growing relevance of criminological production of a small but important group of researchers with high quality production is verified. It concludes indicating that this core of researches still has a way forward to project itself as a solid and decisive academic community in this field., Este análisis estima el valor teórico y la importancia de la producción criminológica colombiana como referencia de investigación en el contexto académico internacional. Utiliza fuentes documentales y registros digitales de índices de citas de productos y autores comúnmente consultados en la World Wide Web, y ofrece comparaciones con la producción criminológica argentina e italiana. Se verifica la creciente relevancia de la producción criminológica de un pequeño pero importante grupo de investigadores con producción de alta calidad. Concluye señalando que este núcleo aún tiene camino por delante para proyectarse como una comunidad académica sólida y decisiva en este campo.

La Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforma a la Ley 65 de 1993, habla por primera vez sobre el enfoque de género en el sistema penitenciario colombiano. Aun así, más de cinco años después de su expedición, todavía está pendiente la materialización de los cambios fundamentales previstos para la incorporación del enfoque de género en el tratamiento penitenciario.

El D.I.H regula y busca soluciones a los problemas humanitarios derivados de conflictos internacionales e internos. Busca humanizar y limitar sus efectos tanto como sea posible, a través de la aplicación de principios fundamentales determinados en la legislación interna y en los tratados y protocolos internacionales ratificados por Colombia. Este trabajo examina el principio de distinción, el cual pretende diferenciar el trato que durante los conflictos armados se le otorga a la población civil y personas en estado de indefensión que participan activamente del conflicto, contrastando los requisitos formales para la aplicación de dicho principio, con el análisis fáctico y jurídico de casos presentados en Colombia.

La violencia sexual como delito está presente en el contexto del conflicto armado y es perpetrado principalmente contra las mujeres. La sumisión de las víctimas ocurre en el marco de relaciones asimétricas de poder frente a sus victimarios, quienes utilizan el miedo y la fuerza para reforzar la percepción de debilidad e inferioridad atribuida a las víctimas, y en particular al género femenino. Es por ello que diferentes organismos de nivel internacional y nacional han promovido instrumentos normativos para la prevención, protección y reparación de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia sexual. En esta perspectiva, el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP explícitamente busca asegurar que los mecanismos que contempla en esta materia se rijan por los lineamientos internacionales, de modo que exista una congruencia entre ellos. Lo anterior con la finalidad de garantizar la protección de los derechos vulnerados, la reparación y no repetición y su satisfacción, en relación con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano, así como con lo establecido en las sentencias sobre la materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la luz de los desarrollos de la protección del derecho a la propiedad privada en el ámbito del derecho internacional, este artículo analiza el contenido y alcances del derecho jurisprudencial a la propiedad colectiva de tierras indígenas creado mediante las innovadoras providencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde ese otero, se discute cómo estos avances jurisprudenciales incidirán sobre los movimientos indígenas en América Latina y sus estrategias para definir y avanzar sus objetivos políticos.

La presente investigación tiene como propósito establecer los elementos que validan el tratamiento que el compendio normativo interno ha dado a la regulación del derecho al territorio de los pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, a la luz de los principios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su función de intérprete y garante de la ya mencionada Convención.

Este artículo de investigación defiende la utilidad de las comisiones de la verdad luego de la terminación de las hostilidades en conflictos armados internos o internacionales. Estas comisiones representan un mecanismo de reparación en el marco más amplio de la justicia transicional que debe cumplir tres funciones principales: (1) esclarecer las condiciones y contextos que dieron lugar a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los actores del conflicto armado; (2) sentar las bases para la reparación de los daños causados y las garantías de no repetición de estos; y (3) restauración de los derechos y libertades públicas. La justicia transicional se estudia como un mecanismo excepcional en los procesos de cambios políticos. Luego, con base en informes oficiales, se analizan las comisiones de la verdad creadas en El Salvador y Guatemala en virtud de los acuerdos de paz y como funcionaron y operaron para buscar la reparación de las víctimas. A la luz de esto, se discute el caso de La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el reciente acuerdo de paz en Colombia. En conclusión, para ser efectivas, las comisiones de la verdad deben satisfacer a las víctimas como escenarios de reparación simbólica buscando siempre su dignificación. Y es precisamente el objeto de esta investigación conocer cómo operan dichas Comisiones de la Verdad y si su funcionamiento realmente sirve como mecanismo de reparación para dignificar a las víctimas o por el contrario se desvirtúa la función restauradora y se reduce a un mero instrumento simbólico en los procesos de paz o situaciones de guerra.

El artículo analiza las actuaciones del juez administrativo en ejercicio del medio de control de reparación directa por desplazamiento forzado en razón al conflicto armado no internacional, enfocado en la figura de la caducidad. A partir de establecer la existencia de decisiones dicotómicas frente al tema por parte de los jueces de instancia, se observa la necesidad de formar una línea jurisprudencial y reconocer la existencia o no de un patrón decisional en el que se fundamente el derecho al trato jurídico igualitario a la caducidad del medio de control de reparación por desplazamiento forzado en Colombia. Así, con base en un estudio dinámico de las decisiones del Consejo de Estado, en acciones ordinarias contenciosas y en sede de tutela, se establecen los fundamentos para la tutela efectiva a los derechos de las víctimas que protege el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

Las actividades extractivas actualmente representan uno de los ejes fundamentales de la economía en Colombia E l crecimiento de explotación de minerales e hidrocarburos es una constante a lo largo de todo el territorio, y no se avizoran grandes cambios en esta situación a corto plazo . No obstante, se ha generado en los últimos años, una preocupación por los efectos ambientales que surgen de dichas actividades . Lo anterior se debe en gran medida a la falta de políticas integrales en materia de explotación minera , como lo evidenció la Corte Constitucional en su Sentencia T 733/17 con la que condeno a Cerro Matoso al pago de una indemnización por los perjuicios causados a habitantes de las zonas de influencia de explotación de Cerro Matoso pertenecientes a diversos pueblos indígenas y étnicos . Esta sentencia posteriormente fue anulad a por sala plena de la Corte Constitucional en el Auto 616/18. Para la elaboración de la presente investigación se adoptó una metodología doctrinal y jurisprudencial hermenéutica a partir de la revisión y análisis de textos académicos, cifras estadísticas de autoridades ambientales en Colombia e informes institucionales del sector minero, que han logrado exponer el estudio de diversas problemáticas ambientales y de salud asociadas a la minería a cielo abierto.

As a theoretical tool, phenomenological sociology has played a significant role in criminology, encouraging empirical studies about the social construction of realities related to crime. However, in comparison with the past, technological innovations that have transfigured forms of social interaction concur to substantially transform the strategies used to advance those processes in the present. This article reviews these transformations to determine, in theoretical terms, what their codes are., La sociología fenomenológica ha tenido una amplia cabida en la criminología, como herramienta teórica, para animar el estudio empírico de los procesos de construcción social de realidades referidas al delito. Empero, en comparación con el pasado, hoy las innovaciones tecnológicas que han revolucionado las formas de interacción social concurren para transformar sustancialmente las estrategias utilizadas para adelantar esos procesos. Este artículo revisa esas transformaciones para determinar, en términos teóricos, cuáles son sus códigos.