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El 4 de diciembre de 2016 los italianos fueron llamados a participar, a través de la votación, en el referéndum concerniente una ley constitucional que (en caso de resultado positivo), habría modificado de manera radical el ordenamiento constitucional italiano. Entre las múltiples modificaciones que la reforma quería introducir, se enfocan lo significativos cambios que la misma habría producido en materia de procedimiento legislativo. En efecto, al final de la reforma, el sistema parlamentario italiano habría cambiado, transitando desde el llamado “bicameralismo paritario” hasta un sistema monocameral “asimétrico o diferenciado”. En consecuencia, habría cambiado el procedimiento legislativo, estructurándose en múltiples procedimientos, o variantes procedimentales, de los cuales se describe la disciplina, haciendo hincapié sobre algunos relevantes aspectos problemáticos. Se subraya, también, que la reforma, a través de la modificación del procedimiento legislativo, junto con la nueva disciplina constitucional de los decretos-leyes y de la nueva repartición de las competencias normativas entre el Estado y las Regiones, habría producido cambios importantes sobre las mismas características de las leyes y de los actos con fuerza de ley. En conclusión, se plantean las posibles razones, políticas y jurídicas, que han llevado al resultado negativo del referendum constitucional.

En las siguientes líneas se realizará un somero repaso sobre las principales las modificaciones de la disciplina italiana de los despidos individuales recogida en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores italiano, introducidas por las últimas reformas laborales. En ellas se constará el impacto de dichas reformas en el cuadro legislativo de referencia, viéndose reducida la posibilidad de readmisión del trabajador en el caso de despido individual improcedente. Además se harán unos apuntes críticos sobre el concepto de flexsecurity, de cual se destaca una gran inflación en el presente contexto de crisis económica. This paper examines the amendments made to the Italian regulation of individuals' dismissals following the enforcement of labor law reforms in the last years. The starting point of the analysis is the impact that the new provision had on the previous legislative framework and the main issues resulting from its implementation. Also, this paper concludes with an evaluation of the concept of "flexsecurity", which is often used in the context of the current crisis.

Las normas contenidas en la Ley n. 124/2015 (“Reforma Madia”) abren un nuevo período de reformas del empleo público italiano, según los (proclamados) principios de simplificación, flexibilidad y unidad. Las previsiones concernientes al personal directivo público contenidas en el art. 11 de la citada Ley y en el esquema de decreto legislativo aprobado el 26 agosto de 2016 suscitan especial interés. Entre ellas, destacan las relativas a la unificación de los “ruoli dirigenziali” y a la abolición de las “due fasce”; no sólo por su alcance innovador, sino también por las conexas consecuencias que de ellas derivan y que se reflejan tanto en las modalidades de selección de dicho colectivo (aún en el ámbito de la especificidad de cada una de las “ramas” de la Administración Pública), como en la asignación del puesto y en el sistema de atribución de los cargos directivos. Se señalan pues los aspectos de mayor criticidad de la nueva regulación, sobre todo bajo el perfil de las responsabilidades, de la eficacia de las funciones públicas y de la armonía constitucional; pudiendo derivar este “hipernormativismo” en una disminución de tutelas efectivas. Todo ello sin abandonar un enfoque crítico sobre la “evanescencia” de dicha reforma que todavía no ha entrado en vigor, puesto que el Tribunal Constitucional italiano, con la sentencia n. 251 del 25 de noviembre de 2016, ha declarado la inconstitucionalidad, entre otras normas, del citado art. 11.

El empleo público ha sido objeto de constantes reformas, las cuales – pese a que a menudo sean necesarias dados los aspectos deficitarios de la Administración Pública – no consiguen encontrar un fin y dan lugar a discontinuidades, renovándose continuamente según los cambios del paradigma político de referencia. Hacen más complicado este cuadro tanto los cambios interpretativos de la jurisprudencia como las “vueltas” de la doctrina, que acompañan a dichas reformas, las cuales han sido realizadas desde los primeros años de la década del 90 con el procedimiento de privatización hasta hoy en día con las últimas propuestas del d.d.l (disegno di legge) n. 1577/2015. Dichas reformas han estado siempre, directa o indirectamente, relacionadas en cierta manera también con el personal directivo. En efecto, el personal directivo público representa el punto de encuentro de relevantes cuestiones tanto técnico-jurídicas – que se reflejan en el ámbito práctico a través de un amplio contencioso judicial –como político-institucional – que surgen respecto de la ambigua y conflictiva posición del personal directivo dentro del aparato burocrático administrativo de la Administración Pública. Esta tesis pretende responder a la exigencia de volver a reflexionar sistemáticamente sobre la figura del personal directivo, comprobando en qué medida se podría, de iure condendo, auspiciar unas mejoras y aclarando los puntos de sombra que emergen de su disciplina. Para todo ello ha sido necesario analizar los aspectos principales de la relación de trabajo especial del personal directivo a la luz de la evolución normativa que ha caracterizado dicha materia y que está todavía por desarrollarse. Ha sido también significativo realizar una comparación entre el personal directivo español y el dirigente italiano, existiendo analogías, sobre todo en relación con los problemas que se refieren a la gestión de la función pública, aunque también diferencias, como por ejemplo con respecto al distinto sistema de nombramiento de los altos cargos. Public employment has been subject of constant reforms, which - although it often been necessary, given the missing elements of the public administration - seem unable to find an end; leading to discontinuities and continually changing as it the political paradigm of reference does. Other factors that aggravate this situation are the interpretation changes in the jurisprudence, as well as the "round" of the doctrine, that accompany those reforms, taking place since the early 90s with the privatization process until today with the latest proposals of ddI (disegno di legge) n. 1577/2015. These reforms have always been directly or indirectly related in some way also with the management positions. Indeed, the public managers represent the meeting point of both: relevant technical and legal issues - as reflected in a practical level through a wide judicial litigation -and political institutional ones - that arise regarding the ambiguous and conflicting position of senior staff within the administrative bureaucracy of public administration. This thesis aims to meet the need to re-think systematically about the figure of the management positions, checking to what extent could , de iure condendo, propitiate improvements and clarifying some somber points that emerge from its discipline. For all that, it will be necessary to analyze the main aspects of the special working relationship of the senior management staff, in the light of the regulatory evolution that has characterized this matter and that is yet to be developed. It would also be meaningful to carry out a comparison between the Spanish management staff and the Italian leader, existing analogies, especially in relation to the problems relating to the management of the civil service, but also differences, for example with respect to the different system of appointment of senior officials.

This paper examines the provisions contained in Law n. 124/2015, that opened a new season of reforms for the Italian public labour, in accordance with the (declaimed) principles of simplification, flexibility and unity. It is worth highlighting the legal framework provided by article 11, in particular focusing on the unification of directive roles and the abolition of the two executive classes. The innovative character of the recently mentioned article, has also affected the process for the selection of executives in the different areas of the Public Administration; hence, the new norms have adjusted the procedure for the assignment of roles and entrustment of the heads of the Administration

The essay - examining some of the most remarkable effects that Lisbon Treaty produces (and will produce) in the process of progressive recognition and community guardianship of fundamental rights - stresses those dispositions of the new European Treaty concerning two themes: the juridical value of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the relationships between EU and ECHR. Under this aspects, actually it would seem that there has been a decisive turning-point in the process of community political integration, even if some important knots remain still unsolved. The new art.6 TEU attributes the same juridical value of the treaties to the Charter oh Nice. This clearly involves remarkable positive consequences in subject of community protection of human rights; so for instance: the Charter becomes a real parameter of judgment of the community judge, and moreover there is a real widening of the guardianship (recognition, together, of civil and political rights and economic and social rights).Equally however - beyond the impasse that the existence of a Charter of the rights (legally binding) will determine on the role assumed by the Court of justice in the protection iure pretorio of the subjective fundamental juridical situations - there are, in the new Treaty, some shadow areas (for instance, the absence, among the dispositions on the founding Treaties, of a textual reference to the Charter of the rights EU; the right of opting out of States members) that would seems to hide the fear (from States) to recognize apertis verbis the protection of fundamental rights as qualifying element of the ontological essence of the same Union. All of this, as demonstration of the difficulty to reach a complete community integration. And besides, the circumstance for which the Charter of Nice constitutes, nowadays,community right in force sets complexes interpretative problems in the hypothesis of antinomy between national italian law and a disposition of the Charter (with direct effect) having the same content of a disposition of the ECHR. Always with reference to the new art.6 TEU (which sets the bases for the definitive adhesion of the Union to the ECHR), the author - analyzing the relationships between the Court of justice and the Court of Strasbourg - underlines as the conditions subsist for giving, to the two European Courts, the chance to act in synergy; so that to raise the level of protection cross-area of the fundamental rights inside an integrated and multi-level system of guardianship. At the same time, however, it must be noticed that - existing the difficulty to harmonize, between them, the decisions (sometimes conflicting) of the European judges (in consideration, also, of the absence, in subject of fundamental rights, of competences precisely circumscribed), and to coordinate them with the action of the national constitutional Courts - a real collaboration between the two European Courts is not an easy goal to reach. Anyway, it must be said however that, in subiecta materia, the perspective of the "difference" could constitute a "positive aspect". The dialectical comparison between different jurisprudential orientations, in fact, could allow to trace with greater precision the limits and the rules, with the purpose to assure a more real guardianship of the fundamental rights.

The author analyses some important aspects of the impact that the Lisbon Treaty can have in the system of the community tutelage of fundamental rights. In particular the author deals whith the central core of those provisions of the law which concern the complicated theme relating to the juridical value of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the relationship between European Union and European Convention for the Protection of Human Rights and fundamental Freedoms. The n.1 article of Lisbon Treaty gives the Charter of Fundamental Rights EU the same juridical value of the treaties. So the author wants to clarify the impasse that this article will determine on the role taken by the Court of justice to protect the fundamental juridcal situations. Nevertheless if from one side there is the possibibility of an enlargement of protection (recognition of civil and political rights and economical,social and cultural ones), on the other side, some ambiguities appear (as for example, among the light and shade effects of the Treaty, the right of opting out given to some States members).Concerning the new n.6 article TEU, the author analyses the relationship between the Court of justice and the European Court of Human Rigths, highlighting that there are the conditions that give the two Courts the chance to act with synergy; even if some difficulties persist in order to harmonize the two systems of tutelage.

The author says that to get rules technique and the certainty of the law together is quite a postulate. The certainty of rules is the expression of impartiality and guarantee which should be assured by the "fixity" of the law.Neverthless one can point out the insufficinet reconnaissance of the rules seen as pure written record, that is the "liturgic text" to individuate the real content of the law. The author gives variegated exemplifications about it. Viceversa the rule exists because it is "alive", and in it is its effective vitality. So it exists in the semantics and in the jurisdictional control and in its applicability. After all, the matter of law is a matter of fact. The specific fact is considered as an action which weighs in political society: for this reason it is a "fact which becomes law". This rule (which suggests us the empirical experience with its historical background) is the only thing that gives us the final result of the judgement aspect and for this reason it is the final result of the organizing action of politics. Therefore, very aften the architecture of the hierarchy of sources is unsteady. We assist at what the classfiers accuse: a levelling, an overturning, an integration of sources of different grade or quite an "extra ordinem". All this is the consequence of the interface law of politics. If, from one side it can be considered as an element of disorder, from another side it is it which puts en order and consolidate the unique law from which one cannot avarial necessarily to consider:the "state law", the only one which everybody refers to (if, for example, we want to refer to communities rules, or to the lex mercatoria this involves our referring to the state law which guarantees the concrete execution). It has also been paied attention to the autonomy of the processes of the rules technique which represent theoretical models. They are well built and substain the unique government action; they objectify, by the independence of the technique, the "Sollen" of the rule (from its drawing up to its becoming concrete). It has also benn considered as from the rules technique a process of erosion has come envolving the autonomy of the Regions. The emphatised profiles of indipendence of the Regions are solved in attributions of competences "functional" and "interdependent" to the given system wanted by the unique, real resultant, juridical character: the state institution co-ordinates competences and joins the functions together to the juridical exclusivity that means:the constitutional production and the juridical control.

Las normas contenidas en la Ley n. 124/2015 (“Reforma Madia”) abren un nuevo período de reformas del empleo público italiano, según los (proclamados) principios de simplificación, flexibilidad y unidad. Las previsiones concernientes al personal directivo público contenidas en el art. 11 de la citada Ley y en el esquema de decreto legislativo aprobado el 26 agosto de 2016 suscitan especial interés. Entre ellas, destacan las relativas a la unificación de los “ruoli dirigenziali” y a la abolición de las “due fasce”; no sólo por su alcance innovador, sino también por las conexas consecuencias que de ellas derivan y que se reflejan tanto en las modalidades de selección de dicho colectivo (aún en el ámbito de la especificidad de cada una de las “ramas” de la Administración Pública), como en la asignación del puesto y en el sistema de atribución de los cargos directivos. Se señalan pues los aspectos de mayor criticidad de la nueva regulación, sobre todo bajo el perfil de las responsabilidades, de la eficacia de las funciones públicas y de la armonía constitucional; pudiendo derivar este “hipernormativismo” en una disminución de tutelas efectivas. Todo ello sin abandonar un enfoque crítico sobre la “evanescencia” de dicha reforma que todavía no ha entrado en vigor, puesto que el Tribunal Constitucional italiano, con la sentencia n. 251 del 25 de noviembre de 2016, ha declarado la inconstitucionalidad, entre otras normas, del citado art. 11.This paper examines the provisions contained in Law n. 124/2015, that opened a new season of reforms for the Italian public labour, in accordance with the (declaimed) principles of simplification, flexibility and unity. It is worth highlighting the legal framework provided by article 11 and by the decree law approved last August, in particular focusing on the unification of directive roles and the abolition of the two executive classes. The innovative character of the recently mentioned article (which was affected by the n. 251/2016 ruling of the Constitutional Court), has also affected the process for the selection of executives in the different areas of the Public Administration; hence, the new norms have adjusted the procedure for the assignment of roles and entrustment of the heads of the Administration. All of this it is examined without leaving a critical view of this reform that has not been approved yet.

Il saggio costituisce una critica – attraverso un’analisi cross-area del diritto latu sensu legislativo giurisprudenziale e amministrativo – alle suggestioni del campeggiante pluralismo giuridico e “istituzionale”, evidenziandone le macroscopiche disarmonie. Oggi si è in presenza di varietà ordina mentali, di riposizionamento degli ordinamenti – a tacere di una vera e propria sovrapposizione degli stessi – che riflettono sia le centrifughe tendenze autonomistiche, sia gli ineludibili percorsi dell’integrazione europea (e non). Tuttavia si chiede l’autore fino a che punto risulti sostanziale la conclamata dimensione policentrica quanto ad effettiva giuridicità, rispetto al c.d. pluralismo ordinamentale e/o “concorrenza fra ordinamenti”, che necessariamente non può che sfociare in un’unica giuridicità di risulta. In quest’ottica viene rivisitato il concetto di “autonomia” che, risolvendosi sostanzialmente nella classica attribuzione di competenze dà luogo a peculiari rapporti c.d. di “inclusione-esclusione”, strettamente funzionali alla realizzazione di un’unica giuridicità. In definitiva si tratta più sempre della redistribuzione degli assetti organizzativi della medesima giuridicità interna la quale non intacca le strutture della sovranità. Al riguardo, si denuncia l’insufficienza ermeneutica ed operativa del concetto autoreferenziale di sovranità con formale legittimazione del potere giuridico in apicibus e totalizzante, così come l’idea di Stato come “fatto fondativo del diritto”. Ben vero lo Stato ha un connotato associativo e territoriale che contrassegna la vera sovranità e quale “gruppo associativo” costruisce “l’artefatto” dell’ordinamento giuridico. Da questa ipotesi “falsificabile”, è ragionevole sostenere allora che in senso sostanziale (come effettiva tutela del coacervo di interessi di un’unica statalità allargata ) si assiste ben vero ad una "dilatazione" della territorialità statale e, conseguentemente, ad una estensione surrettizia (ma neppure tanto) della esclusività dell’imposizione coercitiva weberiana. Del resto ancora una volta è l’approdo monistico che viene fuori, laddove si è (correttamente) sostenuto che la “globalizzazione del diritto pubblico ha spiazzato l’ordine dualistico tra diritto pubblico interno e internazionale” in quanto “quest’ultimo cambia natura”, occupandosi sempre meno dei rapporti tra gli Stati, rivolgendo per converso, sempre più “la sua attenzione alle manifestazioni interne della stessa sovranità statale”. Pertanto, è sempre unica la giuridicità che si impone (anzi che si pre-impone, in assenza di conflitti o di “rivoluzioni”) nella sua effettività e che, appunto, costituisce lo spartiacque fra l’ordinamento giuridico e gli altri ordinamenti. Viene così ricondotta la reductio ad unitatem del tanto enfatizzato "shopping del diritto" o di quegli accordi para arbitrali “sprovvisti di capacità coercitiva”. In quest’ottica l’autore muove dei rilievi alla qualificazione del “business community come ordinamento sovrano”, laddove si è affermato che di questo (ordinamento) “gli Stati nazionali ne diventano il braccio secolare”. Infatti, lo sbocco ontologico è pur sempre univoco quanto a “ordinamento”, a condizione tuttavia che non si duplichino le sovranità: intanto per la prioritaria (ed assorbente) considerazione che se ne sterilizzerebbe il concetto e poi, perché non è configurabile un "troncone" di diritto sostanziale a sovranità distinta, rispetto al "braccio" del diritto processuale. In definitiva emerge che il declamato policentrismo giuridico rischia di mascherare la reale tendenza uniformatrice e verticalista della effettiva giuridicità, che è unica a prescindere dalla consistenza formale degli atti di riferimento.

Il volume si incentra su alcuni profili e problematiche tutt’ora aperti intorno all’istituto – di carattere generale – dell’accordo tra privato e pubblica amministrazione (si tratta, come è noto, delle disposizioni introdotte dall’art.11 della legge n.241 del 1990 e s.m.i.) inteso a sostituire il provvedimento amministrativo ovvero a determinarne il contenuto discrezionale; tema, che da un lato, rappresenta l’approdo di dibattiti antichi ed accesi su temi fondamentali del diritto pubblico, suscitando grandi speranze da parte di alcuni, e da parte di altri un ragionato scetticismo. In buona sostanza l’istituto dell’accordo può essere ricondotto al genus del contratto di diritto pubblico o ad oggetto pubblico, per tale intendendosi, in modo volutamente generico, un contratto nel quale la rilevanza di elementi e profili pubblicistici non si limita alla disciplina del procedimento (detto di evidenza pubblica) preordinato alla sua stipulazione, ma incide anche sui contenuti e sulla disciplina di svolgimento del rapporto sostanziale. Attraverso una comparazione dialettica delle pronunce del giudice ordinario, amministrativo, comunitario e costituzionale, l’autore sviluppa le considerazioni critiche su tre tematiche: la cessione volontaria (ex art. 45 D.P.R. n.327/01); le convenzioni urbanistiche e le concessioni di pubblico servizio. In relazione alla “cessione volontaria”, l’istituto dell’accordo risulta quasi totalmente inapplicabile alla fattispecie; sicché il volere “ad ogni costo” riportare l’uno all’altro istituto impone gravi forzature e pone una serie di problemi senza risolverne alcuno. Per quanto concerne la casistica in materia di convenzioni urbanistiche, si è posto in luce l’opzione netta e senza riserve del giudice amministrativo (fornito in materia di giurisdizione esclusiva) per un’applicazione quanto più possibile estesa delle norme e degli strumenti di tutela previsti dalla normativa civilistica ad onta del baroccheggiante rinvio dell’art.11, co.2 l.n. 241/1990 ai soli “principi” del codice civile. In materia di concessioni di pubblico servizio, si è proposta la soluzione secondo cui il ricordato art.11 appare direttamente applicabile alle convenzioni accessive a provvedimenti unilaterali di concessione del servizio, qualificabili senza eccessive difficoltà come accordi integrativi; laddove per le concessioni costituenti, in base alle discipline legislative dei settori, momento genetico esclusivo del rapporto concessorio appare più corretto (in assenza di un rapporto di integrazione o sostituzione con qualsiasi provvedimento amministrativo concessorio previsto dalla legge) ammettere solo la possibilità di un’applicazione della normativa sugli accordi in via analogica, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti. L’autore pone in luce poi che, di fatto, il solo precetto che possa ritenersi applicabile e suscettibile di apportare una modifica alla disciplina tradizionale dell’istituto risulta essere sulla facoltà di recesso con indennizzo della pubblica amministrazione (solo) per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico. L’autore perviene alla conclusione che quando il rapporto concessorio abbia origine esclusivamente dalla convenzione di concessione debba applicarsi (in via analogica) la normativa del recesso (ex art.11, co.4 della l.n.241/1990), negandosi perciò tale facoltà al di fuori dell’ipotesi di motivi d’interesse pubblico sopravvenuto, mentre nel caso in cui la convenzione acceda ad un provvedimento concessorio (come è ormai raro nel caso di servizi pubblici, ma più frequente in quello, per molti aspetti analogo, della concessione di beni pubblici) debba trovare applicazione in via diretta la disposizione sulla revoca (possibile anche per mutata valutazione dell’interesse pubblico originario) dettata dall’art.21-quinquies, l.n.241/1990 come novellato dalla legge n.40/2007. Uno degli aspetti più significativi del lavoro è quello di avere esaminato e risolto negativamente il problema della costituzionalità della previsione della normativa in argomento nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche ogni controversia relativa all’esecuzione degli accordi; rilevando in proposito che una siffatta normativa non soltanto viola l’art.103 della Costituzione nella misura in cui questo esplicitamente impone che la giurisdizione esclusiva sia attribuita dal legislatore ordinario con riferimento a “materie determinate”, ma soprattutto risulta manifestamente irragionevole.

Nel tentativo di far luce sui maggiori coni d’ombra che emergono dalla relativa disciplina speciale del rapporto di lavoro, la tesi riflette l’esigenza di un ripensamento sistematico della figura del dirigente pubblico, nell’ottica di prospettare de iure condendo possibili correttivi. A tal fine, sono analizzate le peculiarità ed attribuzioni della dirigenza pubblica, in chiave storico-evolutiva, alla luce dei principi costituzionali e del processo riformatore che ha contrassegnato la magmatica materia, a tutt’oggi in atto. E’, altresì, rivolto uno sguardo comparativistico alla disciplina del personal directivo español, rivelandosi la stessa, speculare a quella del dirigente italiano quanto alle gravi incidenze sulla gestiòn de la función pública, seppure non priva di considerevoli tratti di differenziazione in ordine, soprattutto, al distinto sistema delle nomine dirigenziali. In order to clarify the confusing aspects that arise from the special employment relationship of the “dirigente pubblico” the thesis reflects the need for a rethinking of the institution, while aiming to propose, “de iure condendo”, potential solutions. To do this, the peculiarities and attributes of the so called “dirigenza pubblica” are analyzed from an in historical and evolutionary point of view. This analysis is thus conducted under the light of the constitutional principles and the reform processes that have traditionally characterized this chaotic matter. A comparison between the Spanish institution of “personal directivo” and the italian “dirigente” is also included within the thesis. As a result of this comparison, a number of similarities and differences are exposed, mostly regarding the appointment of both “personal directivo” and the italian “dirigente” and the public service management.

Il presente lavoro analizza la disciplina della contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego, con particolare riguardo ai profili evolutivi e giurisprudenziali. The current work analyses the Italian legal framework on national collective bargaining in public administrations, with a specific focus on the historical evolution and judicial orientations.

1. Premesse. Il sistema “policentrico”. - 2. Il superamento dell’ordinamento nazionale. Gli effetti asimmetrici prodotti dall’ordinamento comunitario sull’organizzazione policentrica. - 3. Gli strumenti di partecipazione degli enti locali al momento decisionale: le intese e le decisioni condivise. - 4. I singoli settori: le infrastrutture. - 5. I singoli settori: i servizi pubblici.

Il lavoro si concentra sul percorso ermeneutico seguito dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per potere esercitare competenze di natura regolatoria, al fine di dimostrare come una interpretazione dei documenti normativi, da parte dei soggetti pubblici, adeguata alle finalità della legge, sia, non solo utile, ma talvolta indispensabile, proprio per consentire alla stessa amministrazione di perseguire nel modo più efficace ed efficiente gli obiettivi che la medesima legge ha affidato alle sue cure.