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El presente capítulo tiene por objeto tratar algunas vicisitudes que giran en torno a la interpretación e implementación del juicio por jurados en la normativa y práctica judicial actuales de la provincia de Buenos Aires. Específicamente, lo que respecta a la lógica del sistema de regla y excepción establecido para su aplicación en un proceso en particular. Para ello es preciso dar paso por algunos prolegómenos históricos, jurídicos y normativos del instituto, coronando la idea con un fallo de reciente data que ilustra el sistema aludido y las distintas visiones y/o fundamentaciones que han tenido lugar en el terreno de la práctica judicial. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Facultad de Trabajo Social

En esta convocatoria atenderemos con ejemplos uno de los reclamos que como sociedad se han hecho notar con mayor intensidad en los tiempos que corren. Tiene que ver con la capacidad de respuesta estatal frente a hechos de relevancia penal y la importancia de una interpretación y aplicación racional de los Derechos Humanos sobre el derecho interno; lo cual resultó determinante para llevar a juicio un proceso judicial que de acuerdo a sus ribetes históricos, y bajo la mirada estanca de los institutos del Derecho de Fondo, parecía estar destinado al archivo. Para ello, tomaremos un emblemático caso de la década de los años 90, nos referiremos en este capítulo a algunos aspectos históricos, fácticos, procesales y jurisprudenciales que han tenido lugar en la causa del hecho públicamente conocido como “Masacre de Wilde”122, ocurrido el día 10 de enero de 1994 en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda.- Sobre dicha base nos propondremos destacar la gravedad de los hechos en su contexto histórico, y desde el punto de vista social, judicial y procesal, la respuesta que ha tenido por parte de los distintos órganos que han intervenido, sin dejar de señalar que el punto central del presente está dirigido a destacar que, pese al holgado tiempo transcurrido desde el hecho (veinte años), la causa fue finalmente elevada a la etapa de juicio oral por resolución del Juzgado de Garantías el día 16 de septiembre de 2014., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social

En todo estado de derecho, y particularmente en el nuestro, uno de los caracteres más apreciados de la vida en democracia está en el derecho de elegir a nuestros representantes, lo cual pareciera haberse naturalizado, pero vuelve a redescubrirse y apreciarse con mayor intensidad con una mirada rápida a un pasado histórico no tan lejano, donde el ejercicio de ese derecho fue para todos un anhelo que un día volvió a hacerse realidad. Tan cierto es que desde nuestra Constitución Nacional hemos establecido el principio de representatividad que hoy implica una nota del sistema republicano de gobierno, pues “el pueblo no delibera ni gobierna sino a por medio de sus representantes”. Pero esa idea de representatividad sería inimaginable sin antes ejercer un derecho anterior, algo mayor; tan así que deriva de los más altos estándares internacionales que han pasado a tener jerarquía constitucional en nuestro derecho, esto es, el derecho al sufragio universal e igual y por voto secreto. Con esta introducción pretendemos encarar un tema puntual que va más allá del derecho al voto, sino ceñir el análisis al derecho al voto de las personas condenadas en nuestro país. Para ello, ahondaremos en el tema desmembrando un pronunciamiento judicial145 en el que se han ponderado Derechos Humanos y preceptos constitucionales en una interpretación y aplicación racional sobre el derecho interno, que en este caso puntual fueron determinantes para reconocer y mantener el derecho al sufragio de una persona condenada que parecía tenerlo vedado por la ley vigente, sin embargo, avalado por varios fallos judiciales. La privación del Derecho Electoral forma parte de la inhabilitación absoluta acompañada a toda condena penal mayor a tres años de prisión, expresamente previsto en el Código Penal. Así lo recepta también nuestro Código Nacional Electoral al excluir del padrón a “Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena". Y, asimismo, en la Provincia de Buenos Aires, la ley 5.109 refiere que “Los condenados por, Juez competente, mientras no recuperen su libertad" (art. 3 inc. c). Con estos fundamentos, va de suyo que la respuesta impresiona correcta, pero en términos reales, y aún en términos legales, caben cuestionamientos más que atendibles que han formado parte del fallo que comentamos., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social

El presente capítulo está dedicado a exponer una de las tantas consecuencias que en el campo del Derecho Penal entran en conflicto con la lógica y puesta en práctica de los preceptos constitucionales derivados del Derecho Internacional. Se trata concretamente de la libertad condicional, su revocación ante la comisión de un nuevo delito y el punto de conflicto que se deja ver entre la solución del Código de Fondo y las Garantías enmarcadas en nuestra Ley Suprema., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social

El Presente tiene por objeto la recepción del testimonio de niños y niñas víctimas de delitos contra la integridad sexual como anticipo extraordinario de prueba por intermedio de la “Cámara Gesell”. La misma, actualmente está ceñida en proceso penal provincial a los delitos de índole sexual, proponiendo su ampliación a todo tipo de delitos; ello a fin de resguardar la integridad psíquica y moral de la misma, en total reconocimiento de los derechos de la infancia y especialmente en evitar la “revictimización” producida por la agencia policial, administrativa o judicial., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social

En todo estado de derecho, y particularmente en el nuestro, uno de los caracteres más apreciados de la vida en democracia está en el derecho de elegir a nuestros representantes, lo cual pareciera haberse naturalizado, pero vuelve a redescubrirse y apreciarse con mayor intensidad con una mirada rápida a un pasado histórico no tan lejano, donde el ejercicio de ese derecho fue para todos un anhelo que un día volvió a hacerse realidad. Tan cierto es que desde nuestra Constitución Nacional hemos establecido el principio de representatividad que hoy implica una nota del sistema republicano de gobierno, pues “el pueblo no delibera ni gobierna sino a por medio de sus representantes”. Pero esa idea de representatividad sería inimaginable sin antes ejercer un derecho anterior, algo mayor; tan así que deriva de los más altos estándares internacionales que han pasado a tener jerarquía constitucional en nuestro derecho, esto es, el derecho al sufragio universal e igual y por voto secreto. Con esta introducción pretendemos encarar un tema puntual que va más allá del derecho al voto, sino ceñir el análisis al derecho al voto de las personas condenadas en nuestro país. Para ello, ahondaremos en el tema desmembrando un pronunciamiento judicial145 en el que se han ponderado Derechos Humanos y preceptos constitucionales en una interpretación y aplicación racional sobre el derecho interno, que en este caso puntual fueron determinantes para reconocer y mantener el derecho al sufragio de una persona condenada que parecía tenerlo vedado por la ley vigente, sin embargo, avalado por varios fallos judiciales. La privación del Derecho Electoral forma parte de la inhabilitación absoluta acompañada a toda condena penal mayor a tres años de prisión, expresamente previsto en el Código Penal. Así lo recepta también nuestro Código Nacional Electoral al excluir del padrón a “Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena". Y, asimismo, en la Provincia de Buenos Aires, la ley 5.109 refiere que “Los condenados por, Juez competente, mientras no recuperen su libertad" (art. 3 inc. c). Con estos fundamentos, va de suyo que la respuesta impresiona correcta, pero en términos reales, y aún en términos legales, caben cuestionamientos más que atendibles que han formado parte del fallo que comentamos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Facultad de Trabajo Social

El Presente tiene por objeto la recepción del testimonio de niños y niñas víctimas de delitos contra la integridad sexual como anticipo extraordinario de prueba por intermedio de la “Cámara Gesell”. La misma, actualmente está ceñida en proceso penal provincial a los delitos de índole sexual, proponiendo su ampliación a todo tipo de delitos; ello a fin de resguardar la integridad psíquica y moral de la misma, en total reconocimiento de los derechos de la infancia y especialmente en evitar la “revictimización” producida por la agencia policial, administrativa o judicial. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Facultad de Trabajo Social

El presente capítulo está dedicado a exponer una de las tantas consecuencias que en el campo del Derecho Penal entran en conflicto con la lógica y puesta en práctica de los preceptos constitucionales derivados del Derecho Internacional. Se trata concretamente de la libertad condicional, su revocación ante la comisión de un nuevo delito y el punto de conflicto que se deja ver entre la solución del Código de Fondo y las Garantías enmarcadas en nuestra Ley Suprema. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Facultad de Trabajo Social

El presente capítulo tiene por objeto tratar algunas vicisitudes que giran en torno a la interpretación e implementación del juicio por jurados en la normativa y práctica judicial actuales de la provincia de Buenos Aires. Específicamente, lo que respecta a la lógica del sistema de regla y excepción establecido para su aplicación en un proceso en particular. Para ello es preciso dar paso por algunos prolegómenos históricos, jurídicos y normativos del instituto, coronando la idea con un fallo de reciente data que ilustra el sistema aludido y las distintas visiones y/o fundamentaciones que han tenido lugar en el terreno de la práctica judicial., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social

En esta convocatoria atenderemos con ejemplos uno de los reclamos que como sociedad se han hecho notar con mayor intensidad en los tiempos que corren. Tiene que ver con la capacidad de respuesta estatal frente a hechos de relevancia penal y la importancia de una interpretación y aplicación racional de los Derechos Humanos sobre el derecho interno; lo cual resultó determinante para llevar a juicio un proceso judicial que de acuerdo a sus ribetes históricos, y bajo la mirada estanca de los institutos del Derecho de Fondo, parecía estar destinado al archivo. Para ello, tomaremos un emblemático caso de la década de los años 90, nos referiremos en este capítulo a algunos aspectos históricos, fácticos, procesales y jurisprudenciales que han tenido lugar en la causa del hecho públicamente conocido como “Masacre de Wilde”122, ocurrido el día 10 de enero de 1994 en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda.- Sobre dicha base nos propondremos destacar la gravedad de los hechos en su contexto histórico, y desde el punto de vista social, judicial y procesal, la respuesta que ha tenido por parte de los distintos órganos que han intervenido, sin dejar de señalar que el punto central del presente está dirigido a destacar que, pese al holgado tiempo transcurrido desde el hecho (veinte años), la causa fue finalmente elevada a la etapa de juicio oral por resolución del Juzgado de Garantías el día 16 de septiembre de 2014. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Facultad de Trabajo Social