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La Comisión Europea ha venido ejerciendo una considerable presión sobre el sistema público de difusión. El motivo radica en que la Comisión entiende la difusión como cualquier otro servicio y aplica por tanto la regulación en materia de competencia a las cadenas de transmisión independientemente de que tengan intereses comerciales o desarrollen una función de servicio público. Contraria a esta idea, la financiación de la radiodifusión pública hace referencia a aquellas ayudas procedentes del Estado y que sólamente son permitidas en determinadas circunstancias. En los últimos años, varias cadenas privadas de difusión de diferentes países miembros de la Unión Europea se han sentido molestas por esta forma de financiación y han denunciado que las ayudas estatales al servicio público de radiodifusión provocan una distorsión de la competencia. La Comisión se mostró reacia a intervenir pero con el paso del tiempo ha ido adoptanto una postura más comprometida y, finalmente, ha dejado al margen a los estados miembros aunque, de acuerdo con el Protocolo de amsterdam, tienen la competencia para determinar la función del Sistema Público de Difusión y para decidir el modo de financiación. Esta lucha persigue cambiar este sistema, pendiente de definir desde hace más de cincuenta años.