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En las últimas décadas se ha producido un cambio importante de paradigma en el ámbito de la protección animal, demandando leyes más acordes con la actualidad. En este sentido diferentes países, tanto del entorno europeo como latinoamericano han modificado sus códigos civiles reconociendo a los animales como seres dotados de sensibilidad. Aun así, pese a este reconocimiento y los avances científicos, animales silvestres y marinos parecen quedar fuera de toda protección al ser considerados cazables o simples recursos, en las que no existe una norma internacional que reconozca derechos a los animales, habida cuenta que la Declaración Universal de Derecho Animal es una simple declaración de intenciones sin ningún efecto jurídico. Otras normas como el Convenio CITES que regula el tráfico de vida silvestre ha demostrado su ineficacia, más que regular debería prohibir. Otro sector, como es la industria agroalimentaria regula el bienestar animal del sector, destinado más concretamente a la sanidad pública, dado que aunque se establezcan estándares de bienestar animal en esta industria mayoritariamente no se cumple, más teniendo en cuenta la proliferación de macrogranjas como una industria más, en la que miles de cabezas de ganado de diferentes especies conviven 24 horas al día encerradas. Sin embargo, son los tribunales los que a través de la interpretación de las normas han puesto en énfasis tanto el maltrato que sufren los animales a manos del hombre como la destrucción sistemática de ecosistemas y su biodiversidad, advirtiendo de la necesidad de su protección ya que la vida del propio ser humano dependen de la conservación de nuestros entornos y su biodiversidad.

El objeto de esta Tesis es el análisis de la nueva regulación de la responsabilidad parental del menor en la Unión Europea (en adelante UE) a la luz del proceso de reforma que ha sufrido el Reglamento 2201/2003 o Bruselas II bis, y que ha culminado con el nuevo Reglamento 2019/1111 o Bruselas II ter. Todo ello, desde la óptica de la plasmación del principio del interés superior del menor en la disciplina del Derecho Internacional privado (en adelante DIPr) en la UE. Asumiendo el desplazamiento desde el ámbito del conflicto de leyes al de jurisdicciones que se da en algunos ámbitos de la citada disciplina, la Tesis se focaliza en las materias cubiertas por los Reglamentos Bruselas II bis y ter, sin analizar la problemática de la ley aplicable. La primera parte de este trabajo se ha dedicado a la aproximación a las premisas conceptuales de los Reglamentos de Bruselas II – bis y ter-. De entrada, se ha situado a los referidos textos dentro del complejo entramado de fuentes internacionales en materia de protección del menor, y, en concreto, en el sistema de fuentes en materia de responsabilidad parental, asentado sobre el DIPr de la UE en materia de Derecho de familia, pero conformado a su vez, por textos de carácter convencional, principalmente, los Convenios de La Haya de 1996 y de 1980. Un magma normativo que no siempre da lugar a una fácil convivencia. En esta compleja normativa, el interés superior del menor constituye el principio orientador. Por ello, tras enunciar la prevalencia de dicho principio tanto en la codificación internacional -universal y especial-, como en la nacional, se ha aproximado su significado, destacando su triple concepción como derecho sustantivo, principio y norma de procedimiento. Ello nos ha servido de base, a su vez, para constatar la influencia de esta máxima en las normas de DIPr, ejemplificando el proceso de materialización que ha acompañado a la disciplina. A continuación, y como principal exponente de la creciente centralidad de la figura del menor y de su interés superior en todos los asuntos que le afecten, se ha analizado la responsabilidad parental del menor, como noción de origen europeo. Tras delimitar su amplio alcance en el marco de los Reglamento Bruselas II -bis y ter-, y su tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (en adelante TJUE), se han puesto en evidencia las dificultades terminológicas en la traslación de esta noción en la legislación española. A partir de estas bases conceptuales, este trabajo se ha focalizado en el análisis de las soluciones aportadas por el Reglamento Bruselas II bis, desde una mirada crítica que asume los problemas de funcionamiento del modelo detectados en la práctica, tanto en la jurisprudencia como desde la doctrina. Para, a continuación, responder al interrogante de si las modificaciones introducidas en el nuevo Reglamento Bruselas II ter mejoran a su predecesor. Todo ello, a su vez, tomando como referencia una doble mirada: el proceso de integración del DIPr de la UE, así como la plasmación del ya mencionado, y omnipresente, principio del interés superior del menor en el citado texto. En primer lugar, el Capítulo Primero de este estudio confronta la problemática de la resolución de controversia en materia de responsabilidad parental en la UE. Tras comprobar el evidente impulso en favor del recurso a la mediación como vía para resolver conflictos en la materia, dentro de la tendencia general al fomento de los MASC por parte de la UE, nos hemos focalizado en las normas de competencia judicial internacional recogidas en los Reglamentos Bruselas II bis y ter. Para ello, y asumiendo las claves de los modelos diseñados en ambos textos reglamentarios, se ha procedido a analizar, de base, el foro general de la residencia habitual del menor. Un foro que, se entiende, refleja el criterio de proximidad que aparece ligado, a su vez, con el principio del interés superior del menor en abstracto. A partir de ello, se ha procedido a examinar las excepciones a la regla general, en las que el criterio de la residencia habitual del menor o bien se matiza, o bien, directamente se obvia. Dentro de estas excepciones, un primer grupo de foros buscan dar respuesta al traslado del menor de un Estado miembro a otro, bien de forma legal o ilegal, habiendo identificado que el legislador de la UE aporta una solución armonizada en los supuestos de traslado ilícito, pero tan solo aborda tangencialmente las denominadas relocation disputes, a pesar de su importancia para facilitar la movilidad de familias transfronterizas. La segunda categoría de excepciones tiene como núcleo común la búsqueda de la flexibilización de la respuesta, que se identifica con el principio del interés superior del menor en el caso concreto. En este marco, el Reglamento Bruselas II ter, heredero de su predecesor desde una reforma de corte continuista, se limita a mejorar ciertos problemas de funcionamiento práctico del sistema de foros, introduciendo alguna importante novedad, como el avance en la autonomía de la voluntad en la materia, o la introducción de ciertos foros de naturaleza procesal. Seguidamente, en el Capítulo Segundo se trata el sistema de eficacia extraterritorial de resoluciones judiciales, documentos públicos y acuerdos alcanzados en el marco de una mediación –extranjeros- en materia de responsabilidad parental en los Reglamentos de Bruselas II –bis y ter-. El análisis doctrinal y jurisprudencial -tanto del TJUE, Tribunal Europeo de derechos Humanos como español- del doble régimen de eficacia extraterritorial en la materia del Reglamento Bruselas II bis –general y privilegiado- permite reflexionar sobre las importantes dificultades de funcionamiento que le acompañan en la práctica. Fundamentalmente, los problemas prácticos del procedimiento de ejecución; la falta de armonización de las normas procesales y materiales en la materia; y, como núcleo esencial, el debate sobre la forma de continuar avanzando en la libre circulación de resoluciones en la materia, entre los extremos del mantenimiento del exequátur en las resoluciones en materia de responsabilidad parental, y su eliminación “en términos absolutos” del régimen privilegiado. Esta reflexión crítica constituye la base para el análisis pormenorizado de la reforma del Reglamento Bruselas II ter, en esta ocasión de gran calado, para concluir que el legislador de la UE alcanza en el texto de 2019 un mejor equilibrio entre la libre circulación de resoluciones judiciales y el principio del interés superior del menor, tanto en abstracto como en concreto, a través de la eliminación del exequátur, pero con salvaguardias que permitan la protección de los derechos de defensa. Y, en concreto, una última valoración del interés superior del menor en el caso específico ante la concurrencia de circunstancias excepcionales, tanto en el régimen general, como en el privilegiado, ya que, de forma cuestionable en nuestra opinión, se mantiene este último. En el Capítulo Tercero se abordan tres mecanismos de distinta naturaleza que han demostrado constituir un reto pendiente en la consecución de los objetivos del Reglamento Bruselas II bis, y especialmente, de la mejor y más rápida salvaguarda de los derechos del menor y de su interés superior, cuya vocación de superación se plasma claramente en el Reglamento Bruselas II ter. En primer lugar, la tutela provisional y cautelar en materia de responsabilidad parental muestra un notable avance con la inclusión de una regulación de mayor calidad técnica, que supera los problemas de su predecesor. Tanto mediante el diseño de un nuevo foro en la materia, como con importantes novedades en cuanto a su eficacia extraterritorial en otro Estado miembro, cuestión altamente debatida. En segundo lugar, el refuerzo de la cooperación administrativa y judicial constituye un elemento esencial para ganar eficacia en la resolución de los procedimientos. Pero, sobre todo, para estimular la confianza mutua entre administraciones de justica, como refleja el ejemplo paradigmático del acogimiento del menor en otro Estado miembro. En tercer lugar, el derecho del menor a expresar sus opiniones se refuerza sustancialmente en la nueva regulación. Ahora bien, queda sin resolver, a nuestro juicio, el problema de fondo detectado en la práctica, esto es, las importantes divergencias procesales y materiales de las legislaciones de los Estados miembros en la materia. Finalmente, el Capítulo Cuarto se centra, de forma específica, en la sustracción internacional de menores, y su tratamiento en el marco jurídico de la UE. Tras una presentación de dicho marco jurídico, y de su encaje, o, mejor dicho, de su necesidad de adaptación a las nuevas realidades sociales, el trabajo se focaliza en los problemas de interrelación entre el Reglamento Bruselas II bis y el Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, dos fuentes de origen y ámbito diferenciado. Particularmente, se reflexiona en torno a las modificaciones del Reglamento respecto al equilibrio convencional entre el retorno inmediato del menor como regla general, y las excepciones al mismo, cuyo máximo exponente es el cuestionado mecanismo de prevalencia o de última palabra. Como una de las grandes novedades de la reforma, el Reglamento Bruselas II ter, en un nuevo Capítulo dedicado íntegramente a la sustracción internacional de menores, cuenta con una marcada vocación de mejorar los problemas detectado en la praxis, fundamentalmente, el procedimiento de restitución, y el mecanismo de prevalencia que, aunque a nuestro juicio, se ha perdido la oportunidad de suprimirlo, sí se modifica para matizar los aspectos más problemáticos del mismo, alcanzado una regulación que, en términos generales, mejora la protección del menor en estos casos. Como balance global, se concluye que el nuevo Reglamento Bruselas II ter supone un avance en el proceso de integración de la UE en materia de DIPr de Derecho de familia, pero a su vez, refleja una mejor plasmación del principio del interés superior del menor, tanto en abstracto como en concreto. Redundando, previsiblemente, en una mejor protección de los menores involucrados en procedimientos transfronterizos en materia de responsabilidad parental en la UE. The subject of study of this doctoral Thesis is the analysis of the new regulation of parental responsibility matters within the EU in the light of the reform process under the Brussels II bis Regulation, which has culminated in the new Brussels II ter Regulation. All of it, from the point of view of the embodiment of the best interests of the child principle in the EU Private International Law discipline. And in addition, assuming the shift from the conflict of laws to jurisdictions rules in some PIL areas, this Thesis focuses on the matters covered by the Brussels II bis and ter Regulations, without analysing the problems of conflicts of laws. The first part of this work has been devoted to the approach to of the conceptual premises of the Brussels II – bis and ter- Regulations. First of all, those texts have been contextualised within the complex framework of international sources on children’s protection, and in particular, in the sources system on parental responsibility matters, based not only on the EU PIL rules on family law, but also on conventional texts, notably, the 1996 and 1980 Hague Conventions. A normative magma that does not always lead to an easy coexistence. In this complex framework, the best interests of the child constitute the guiding principle. Therefore, after having pointed out the prevalence of this principle in both international -universal and special- and national codification, its meaning has been approximated, highlighting its triple conception as a substantive right, principle and procedural rule. Moreover, this has been the basis in order to ratify the influence of this maxim on PIL standards, exemplifying, as well, the process of materialization that has accompanied the discipline. Furthermore, the notion of parental responsibility has been analysed, as an “European” notion which is considered to be the main exponent of the growing child’s-centred approach in all matters affecting them. After delimiting its broad scope under the Brussels II -bis and ter- Regulations and its treatment in the CJEU case-law, terminological difficulties in translating this notion into Spanish law have been highlighted. Departing from these conceptual bases, this research has focused on the analysis of the solutions provided by the Brussels II bis Regulation, from a critical perspective that assumes the problems of functioning of the model identified in practice, both in case-law and academic literature. In order to finally answer the question of whether the amendments made in the new Brussels II ter Regulation improve its predecessor. All this, also, taking as a reference a double perspective: the EU PIL rules integration process, as well as the enhancement of the aforementioned, and ubiquitous, best interests of the child principle in referred text. First, Chapter One confronts the issue of parental responsibility dispute resolution in the EU. Having verified the crystal-clear impetus for the use of mediation as a means of resolving conflicts in this area, within the general trend towards the promotion of ODR by the EU, we have focused on the international jurisdiction rules set forth in the Brussels II bis and ter Regulations. To this end, and assuming the keys of the models designed in both regulatory texts, the general ground of the child's habitual residence has been analysed. A forum that, it is understood, reflects the criterion of proximity that is linked, and also, takes into account the child’s best interests principle in abstract terms - in abstracto-. Thereafter, exceptions to the general rule have been examined, in which the criterion of the child's habitual residence is either nuanced or directly ignored. Within these exceptions, a first group of forums seek to respond to the movement of the child from one Member State to another, either legally or illegally. Regarding this point, it has been identified that the EU legislator provides for a harmonised solution in cases of wrongful retention or removal, but only tangentially addresses the so-called relocation disputes, notwithstanding their importance in facilitating the mobility of cross-border families. Moving on to the second category of exceptions, they have as its common core the search for a more flexible answer, which is identified with the best interests of the child principle in the particular case – in concreto-. In this context, the Brussels II ter Regulation, heir to its predecessor and with a minimal reform, merely improves certain problems in the practical functioning of the forum system, introducing some important novelties, such as the progress in party autonomy, or the introduction of certain forums of a procedural nature. Additionally, the Second Chapter deals with the recognition and enforcement system of foreign judgments, public documents and agreements reached in the context of mediation on parental responsibility in the Brussels II –bis and ter- Regulations. The doctrinal and jurisprudential analysis - both the CJEU, the ECtHR and Spanish case-law- of the double recognition and enforcement regime in the field of the Brussels II bis Regulation – general and privileged - unables us to reflect on the significant operational difficulties that accompany it in practice. Basically, the practical problems of the enforcement procedure; the lack of harmonization of procedural and material rules in this area; and, as an essential core, the debate on how to continue progressing in the free movement of judgments in this area, in between the extremes of the maintenance of the exequatur in decisions on parental responsibility, and its abolition “in absolute terms” of the privileged regime. This critical reflection is the base for the detailed analysis of the Brussels II ter Regulation modifications to conclude that the EU legislator strikes a better balance in the 2019 text between the free movement of judgments and the best interests of the child principle, both in abstracto and in concreto. Mainly, through the elimination of the exequatur, but with certain safeguards enabling the protection of defence rights. And, in particular, a last assessment of the best interests of the child in the specific case, in the event of exceptional circumstances, both in the general and privileged regime, since, regrettably in our opinion, the latter remains. The Third Chapter addresses three mechanisms of a different nature which have proved to be a pending challenge in achieving the objectives of the Brussels II bis Regulation, and in particular, the best and fastest safeguarding of children’s rights and their best interests, whose willingness for improvement is clearly reflected in the Brussels II ter Regulation. First, provisional and interim measures on matters of parental responsibility shows a remarkable progress with the inclusion of technically higher-quality rules, which overcome the problems of its predecessor. Both through the design of a new ground on the subject, and with important developments in their recognition and enforcement in another Member State, a matter highly debated. Secondly, the reinforcement of administrative and judicial cooperation is considered to be an essential element in order to gain effectiveness in the proceedings. But above all, to stimulate mutual trust between justice administrations, as reflects the paradigmatic example of child placement in another Member State. Thirdly, the right of the child to express his or her views is substantially reinforced by the new Regulation. In our view, however, the underlying problem identified in practice, that is to say the significant procedural and material divergences in the domestic legislations in this area, remains unresolved. Lastly, the Fourth Chapter is specially on international child abduction, as well as its treatment in the EU legal framework. Following a presentation of that legal framework, and its need to adapt to new social realities, the analysis focuses on the interrelationship problems between the Brussels II bis Regulation and the 1980 Hague Convention, two sources with differentiate origin and scope. In particular, this Chapter reflects on the amendments to the Regulation with regard to the conventional balance between the child’s immediate return as the general rule, and the exceptions thereof, the maximum exponent of which has been the questioned overriding mechanism. As one of the main novelties of the reform, the Brussels II ter Regulation, in a new Chapter devoted entirely to the international child abduction, has a strong vocation to improve the problems identified in practice. Essentially, in the return procedure and in the overriding mechanism. Although, in our view, the opportunity to eliminate it has been missed, the truth is that it has been amended to nuance its most problematic aspects, achieving a regulation which, in general terms, improves children’s protection in these cases. Overall, it can be concluded that the new Brussels II ter Regulation not only is a step forward in the EU integration process in the field of PIL family law, but it also enhances the best interests of the child principle, both in abstracto and in concreto. Predictably, resulting in a better protection of the children involved in cross-border parental responsibility procedures in the EU.

El presente trabajo tiene por objeto analizar producción normativa tanto internacional como europea más relevante en materia de protección de las víctimas de violencia género, en general, y violencia doméstica, en particular. Dicho estudio se lleva a cabo al hilo de la producción legislativa así como procedimientos de control y cooperación internacionales y europeos en la materia. En primer lugar, se analiza la normativa internacional que emana de Naciones Unidas (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW); en segundo lugar, la del Consejo de Europa (Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica - Convenio de Estambul) y finalmente, la de la Unión Europea (Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección y el Reglamento (UE) N.º 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil). Además de mostrar la evolución de la legislación a nivel internacional y europeo, así como los mecanismos de control y cooperación existentes, se analiza en cada capítulo cómo España y Alemania han adaptado su legislación nacional en la materia para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en sede internacional y europea. This paper analyses the most relevant international and European laws in terms of protection of victims of gender-based violence, in general, and domestic violence, in particular. The study is carried out in the context of legislative output as well as international and European monitoring and cooperation mechanisms related to gender-based violence. In the first place, it analyses the international regulations emanating from the United Nations (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW); secondly, from the Council of Europe (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - Istanbul Convention) and finally, from the European Union (Directive 2011/99/EU on the European Protection Order and Regulation (EU) No. 606/2013 on the mutual recognition of civil protection measures). In addition to showing the evolution of legislation at international and European level, as well as the existing monitoring and cooperation mechanisms related to gender-based violence, each chapter analyses how Spain and Germany have adapted their national legislation in this area to comply with the obligations established at international and European level.

La presente tesis doctoral tiene por objeto el estudio de las medidas restrictivas que impone la Unión Europea (UE) contra individuos y entidades. Este instrumento es el reflejo de la evolución de la práctica internacional en materia de sanciones. Durante la década de 1990, conocida como la década de las sanciones, el recurso a medidas coercitivas unilaterales experimentó un notable incremento. Las graves consecuencias humanitarias que su adopción provocó en la población civil derivaron en una evolución hacia el concepto de sanción inteligente. Se pasó de las sanciones generales a los regímenes de medidas restrictivas de carácter selectivo en pro del respeto a los derechos humanos. No obstante, esta práctica sancionadora ha suscitado controversias y se han puesto en evidencia diversos problemas jurídicos. Estas medidas se han convertido en los últimos quince años en una de las piezas fundamentales de la Política Exterior y Seguridad Común (PESC) de la UE. Actualmente, centenares de sujetos y entidades de más de 34 países están siendo objeto de estas sanciones. Dentro del elenco de medidas restrictivas adoptadas por la UE contra diferentes regímenes y organizaciones, la presente investigación se centra en las relativas a la República Islámica de Irán, que han sido consideradas como uno de los regímenes sancionadores más severos adoptados por la comunidad internacional. Las sanciones impuestas contra Irán representan, tal vez, el esfuerzo más completo realizado por la comunidad internacional por diversos motivos: los sectores afectados, el número de entidades y sujetos sancionados, los esfuerzos diplomáticos en su adopción, el levantamiento de las sanciones, etc. Asimismo, es el ejemplo más ilustrativo para la comprensión del poder sancionador de la UE en relación con el disfrute de los derechos humanos de los sancionados y la labor que el TJUE ha realizado al respecto. A partir de la práctica de la UE, tanto de sus instituciones como la de sus Estados miembros y del análisis de la jurisprudencia del TJUE, se estudia el fenómeno de las medidas restrictivas en el ámbito de la UE. La investigación tiene como objetivo analizar el concepto de medida restrictiva, la evolución del marco jurídico de la UE en materia sancionadora y los problemas jurídicos derivados de las repercusiones de las mismas sobre los derechos humanos de los sancionados. Del análisis jurisprudencial se concluye que en la aplicación de las medidas restrictivas existe intrínsecamente una afectación de los derechos fundamentales de los receptores de las sanciones. Los derechos que pueden verse conculcados son tanto de carácter procesal (el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, afectándose a la obligación de motivación, el derecho a ser oído, a recibir pruebas, acceso a los documentos y la utilización de pruebas secretas y confidenciales) como de carácter sustantivo (derecho al honor, derecho de reparación, derecho de propiedad y al libre ejercicio de una actividad profesional). Los resultados obtenidos de este análisis permiten constatar la existencia de diferencias de apreciación del Tribunal General (TG) y el Tribunal de Justicia (TJ) a tenor de los sectores objeto de la sanción. Los ámbitos más afectados por medidas restrictivas y que han ocasionado una mayor respuesta por parte del TJUE, dada su importancia económica y social en el país persa, son el sector bancario y el sector energético, gasístico y petrolero. Las primeras medidas que fueron objeto de revisión por parte del TJUE respecto a sanciones impuestas contra la República Islámica de Irán y que marcaron la tendencia de situar en una situación preponderante el disfrute de los derechos fundamentales de los sancionados fue en el contexto de la lucha antiterrorista. Si bien es cierto, que se observó un gran número de restricciones al tratarse de materia altamente sensible. Recientemente las medidas adoptadas han tenido como objetivo impedir la financiación de la proliferación nuclear, así como la obstaculización de la utilización de los equipos de la industria petrolera que también son susceptibles de empleo en el ámbito nuclear. En este bloque de medidas, los elementos determinantes han sido los relativos a propiedad y control de las sociedades contra quienes se aplican las sanciones. A lo largo de la investigación se constata una gran evolución legislativa y jurisprudencial en materia de medidas restrictivas y regímenes sancionadores, aunque aún existen lagunas que requieren de una solución, sobre todo, en la utilización de conceptos jurídicamente indeterminados. Estas medidas son útiles y eficaces en la medida en que su adopción se adecue a derecho, y se respeten los derechos de los sancionados tanto en su adopción como en su implementación.

La presente tesis doctoral analiza el impacto de la actuación internacional en Haití entre los años 1990 y 2013. Para llevar a cabo este estudio se han tenido en cuenta los tres ejes que se consideran necesarios para garantizar la paz y la estabilidad de un país a largo plazo: la creación de un entorno de seguridad que permita una alternancia democrática, la apropiación y defensa de los derechos humanos por la población afectada y la consolidación de un modelo de desarrollo a largo plazo basado en las necesidades identificadas por el pueblo haitiano. A lo largo de este trabajo se ha analizado la importancia que la intervención internacional en Haití supone para el sistema de solución de controversias establecido en el seno del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas en su conjunto. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la falta de garantías que los ciudadanos de este país han padecido respecto de sus derechos y libertades fundamentales, así como los esfuerzos de la Comunidad Internacional para hacer frente a estos desafíos. Finalmente se ha estudiado como Haití ha servido de campo de pruebas para la aplicación de las diferentes políticas que a lo largo del tiempo se han considerado adecuadas para los países en vías de desarrollo. El hecho de disponer de datos pormenorizados respecto de un país concreto en conjunción con otros elementos permite elaborar un diagnóstico riguroso acerca de las ventajas e inconvenientes que las diferentes políticas de desarrollo representan para un país de estas características. This thesis analyzes the impact of international action in Haiti between 1990 and 2013. To carry out this study we have taken into account the three areas that are considered necessary to guarantee long term peace and stability in a country: the creation of a security environment allowing democratic change, appropriation and defense of human rights by the affected population and the consolidation of a model of development based on the needs identified by the Haitian people. Throughout this thesis we have analyzed the importance that the international intervention in Haiti represents to the system of dispute settlement within the Security Council and the United Nations as a whole. It has also being highlighted the lack of guarantees that the citizens of this country have had regarding their rights and fundamental freedoms and the efforts of the international community to address these challenges. Finally, it has being studied how Haiti has served as a testing case for the implementation of different policies that over time have been considered suitable for developing countries. The availability of detailed information on a particular country, in conjunction with the other elements provides a rigorous analysis of the advantages and disadvantages that the different development policies represent to a fragile state.

Los problemas medioambientales se han ido incrementando hasta adquirir dimensiones planetarias. Por lo que se hace necesario buscar la compatibilidad entre el crecimiento y la protección del medio ambiente. En este sentido, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, se adquirió el compromiso de establecer políticas acordes con el desarrollo sostenible, a través de la implantación de las Agendas 21 Locales. Este documento reconoció el papel fundamental de las ciudades y pueblos, al considerar que es la unidad más pequeña donde se pueden dar solución a los problemas. El capítulo 28 del Programa 21 recogió la obligación de las administraciones locales de poner en marcha sus Agendas 21, como herramientas de gestión a largo plazo para alcanzar la sostenibilidad del planeta, facilitando la participación entre los poderes públicos y la sociedad. Las Agendas 21 se consideran desde el punto de vista técnico como instrumentos de planificación estratégica de rango superior a cualquier otro tipo de plan estratégico o plan sectorial. Para la consecución de la sostenibilidad, se elabora una Ecoauditoría y un Plan de Acción basado en un diagnóstico ecosistémico participado. El proceso de Agenda 21 Local en un municipio supone la adopción de una serie de principios que en muchas ocasiones son difíciles de asumir y cumplir. Es por ello por lo que se viene observando una falta de coherencia entre los compromisos públicos adoptados por las corporaciones locales y las acciones que realmente se están llevando a término para la aplicación de la Agenda 21 Local. En este sentido, se podría concluir que la adhesión a la Carta de Aalborg, a los Compromisos de Aalborg+10, o a la firma de la Carta de Xàtiva, no presupone la realización por parte de los signatarios de acciones integradas y participadas hacia la sostenibilidad local, ya que no obliga legalmente. Por otro lado, la obligación y el compromiso asumido con las generaciones futuras con la firma de estos documentos públicos conlleva la obligación moral de una continuidad en el tiempo de este tipo de procesos, que deberán revisarse y retroalimentarse de forma continuada en el tiempo. Por todo ello, para saber el alcance logrado por los diferentes municipios firmantes se hace necesario un estudio como el realizado en esta investigación. Teniendo presente que los procesos de Agenda 21 en las primeras fases (1999-2003) en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia eran muy escasos, consideramos necesario estudiar qué ha ocurrido desde 2003 hasta 2015, así como conocer cuál es el estado actual de los procesos de Agenda 21. Es por esto por lo que se ha visto interés en la realización de esta investigación con la finalidad de conocer el grado de implementación de estas herramientas de gestión municipal estratégicas, su estado y evolución. Para el análisis de los datos obtenidos se han establecido 14 categorías o temáticas: Descripción de los municipios que han participado en el estudio (muestra). El compromiso municipal con el desarrollo sostenible (firma de documentos oficiales y desarrollo de políticas ambientales). Actuaciones para la sostenibilidad local distintas o complementarias a la Agenda 21 Local. El inicio del proceso de Agenda 21. Principales obstáculos a la hora de implantar las Agendas 21 Locales (los aspectos económicos, técnicos y políticos, la falta de apoyos, o la débil influencia de los participantes en la toma de decisiones). Los aspectos motivadores que han permitido iniciar procesos de Agenda 21. La organización interna para afrontar dicho proceso. Las características de los procesos de Agenda 21 desarrollados. La financiación de los procesos de Agenda 21. Estado actual de las Agendas 21 (procesos activos, procesos paralizados y sus causas, medios empleados). Las fases de la Auditoría Ambiental (Diagnóstico, Plan de Acción y Sistema de Indicadores: Estado en el que se encuentra, medios empleados y aspectos metodológicos). La participación. La comunicación e información a la comunidad. y la importancia de la Educación Ambiental en los procesos de Agenda 21.

La incorporación de la Carta Social Europea al ordenamiento jurídico español como vector esencial para la realización del Estado social proclamado en el artículo 1.1 de la Constitución y la efectividad de los derechos sociales. Ello implica analizar no sólo el modo en que se está aplicando la Carta Social originaria de 1961 y el Protocolo de 1988 (únicos instrumentos aceptados por España) y, sobre todo, la manera de superar lo que constituyen dos asignaturas pendientes fundamentales: la ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y la Carta Social Europea revisada de 1996. España es deficitaria en ambos aspectos, déficit social que le aleja del acervo común en materia de derechos sociales, no sólo en el Consejo de Europa, sino asimismo en el seno de la Unión Europea. El objetivo fundamental de la tesis doctoral radica en analizar el impacto jurídico-constitucional de la Carta Social Europea (como verdadero Pacto europeo de democracia social, equivalente al Convenio Europeo de Derechos Humanos) y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (equivalente en cierto sentido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como elementos indispensables para dotar de sentido al catálogo constitucional español de derechos sociales. Desde esta perspectiva, el citado propósito jurídico-constitucional garantista se ve acompañado de otro esencialmente pedagógico (estrechamente ligado a la idea de cultura de los derechos sociales y de la democracia social), a saber, la Carta Social y la jurisprudencia del Comité son prácticamente desconocidas en España, como lo acredita la laguna científico-bibliográfica en la materia, lo que por lo demás justifica la originalidad del tema elegido. Como confluencia de ambos objetivos, un tercero reside precisamente en, de un lado, profundizar en el perfeccionamiento del Estado social y la garantía de los derechos sociales en España a través de la asunción de los dos instrumentos que han actualizado la Carta Social de 1961 y cuya aceptación resulta insoslayable para un Estado que se precie de ser social (los ya citados Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y Carta Social Europea revisada de 1996); y, de otro lado, dar a conocer y analizar esos instrumentos del Consejo de Europa que son prácticamente ignorados en España y que, paradójicamente, han servido de base para la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que sí ha sido asumida por España con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009). Adicionalmente, otro objetivo científico esencial de la investigación consiste precisamente en examinar el modo en que se compatibilizan dos posibles Europas sociales (la del Consejo de Europa con 47 Estados miembros y la de la Unión Europea con 28 Estados miembros) y la forma en que eventualmente deben acometerse por los órganos constitucionales internos las posibles divergencias. Por último, la tesis doctoral cuenta con otro objetivo de primer orden, asociado justamente no sólo con la citada originalidad, sino asimismo con la actualidad del tema, puesto que la investigación sobre la optimización en la efectividad de los derechos sociales resulta más imperiosa en los momentos actuales de crisis económica. The incorporation of the European Social Charter to the Spanish legal system as essential for the realization of the social State proclaimed in article 1.1 of the Constitution and the effectiveness of social rights. This involves analyzing not only the way in which the Social Charter of 1961 and the Protocol of 1988 is being applied (unique instruments accepted by Spain) and, above all, how to overcome what constitute two fundamental pending subjects: the ratification of the Protocol of collective complaints of 1995 and the European Social Charter revised in 1996. Spain is deficient in both aspects, social deficit that keeps Spain aside of the common social rights acquis, not only in the Council of Europe, but also in the bosom of the European union.The main objective of the dissertation lies in analyzing the legal impact of the European Social Charter (as a real European Pact for social democracy , equivalent to the European Convention on human rights) and the case law of the European Committee of social rights (in a sense equivalent to the European Court of human rights) as essential elements to give sense to the Spanish constitutional catalogue of social rights.From this perspective, the cited constitutional purpose is accompanied by another essentially pedagogical (closely linked to the idea of a culture of social rights and social democracy), namely, the Social Charter and the Committee's jurisprudence are virtually unknown in Spain, as evidenced by the scientific and bibliographic lagoons in matter, which otherwise justifies the originality of the topic. As a confluence of both of these objectives, a third lies precisely in, one side, the improvement of the welfare State and the guarantee of social rights in Spain through the assumption of two instruments that have updated the Social Charter of 1961 and whose acceptance is inevitable for a State that claims to be social (the aforementioned Protocol of 1995 collective claims and revised European Social Charter of 1996); and, on the other hand, to present and analyze these instruments of the Council of Europe which are virtually ignored in Spain and that, paradoxically, has served as the basis for the elaboration of the Charter of fundamental rights of the European union (that has been assumed by Spain with the entry into force of the Lisbon Treaty in December 2009).Additionally, other essential research scientific aim consists precisely in examining the way in which they combine two possible social Europe (the Council of Europe 47 Member States and the European Union with 28 Member States) and the way in which eventually possible divergences must undertake by the internal constitutional bodies. Finally, the thesis has another objective of first order, just associated not only with the aforementioned originality, but also with the actuality of the topic, since research on optimization effectiveness of social rights is more urgent in the current times of economic crisis.

El artículo plantea algunas condiciones que permitan superar las dos posiciones en las que parece alternativamente preso el debate actual sobre la inmigración: la visión instrumental, torpemente pragmática, y la «humanitaria», anclada en la conmiseración o la piedad. Para alcanzar la dimensión política es preciso superar un análisis de los flujos migratorios erróneo, el que está en la base de ambas posiciones. Y si se supera esa visión, se superarán los actuales instrumentos jurídicos de política de inmigración, que no son acordes con el reconocimiento pleno y la garantía de los derechos humanos fundamentales, pero tampoco con el necesario reconocimiento de la condición de sujeto del espacio público a los inmigrantes que residen establemente, es decir, con las exigencias de una democracia plural e inclusiva, que es el reto, pero también la oportunidad que nos ofrece otro análisis de la inmigración, que recupere la dimensión política profunda de este fenómeno, en el orden interno y en el internacional. In this article I want to discuss sorne principIes which may go beyond the two mainstream perspectives of the immigration debate nowadays: the instrumental one, focusing in pragmatic consi" derations and the humanitarian one, related to compassionate values. Both perspectives affect the analysis of immigration flows in a wrong way. To improve the terms of this debate it is necessary to rebuilt the current legal actions in immigration policy which questions the basis for the recognition of human rights and the belonging and participation of denizens in the public sphere. The recognition of this principIes is essential in a pluralisticand inclusive democracy and enriches the analysis of immigration from a political perspective in the domestic and international sphere. lucasfra@uv.es