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El objeto de estudio de la presente tesis doctoral se centra en la determinación de la ley aplicable en materia de Seguridad Social, tercer pilar de la regulación de las relaciones laborales internacionales (junto con la competencia judicial internacional y la ley aplicable al contrato de trabajo). La determinación de esta ley, pese a ser un elemento clave en la toma de decisiones empresariales de índole laboral, constituye el área menos explorada por la doctrina científica. A causa de la elevada movilidad en el seno de la Unión y la posición privilegiada que el Derecho europeo ostenta para los países integrantes de la misma, destaca la regulación contenida en las normas comunitarias de coordinación: los Reglamentos 883/2004 y 987/2009. Además de su importancia práctica creciente como consecuencia del progresivo aumento de las relaciones laborales internacionales, la actualidad del tema objeto de estudio es mayor si se tiene en consideración el procedimiento de reforma actualmente abierto en torno a estos Reglamentos iniciado mediante la Propuesta de la Comisión Europea, de diciembre de 2016 (COM (2016) 815 final), que hace especialmente oportuno su análisis en el momento actual. El objetivo de esta tesis es, pues, realizar un estudio omnicomprensivo y en profundidad de una de las principales cuestiones en materia de Seguridad Social, como es la determinación de la ley aplicable a la relación de afiliación de los trabajadores por cuenta ajena, con la finalidad de identificar sus principales puntos críticos y, en la medida de lo posible, aportar soluciones. Para abordar esta tarea, se ha decidido estructurar la tesis doctoral en dos partes. En la primera parte, relativa a los puntos críticos generales de las normas comunitarias de coordinación, se abordan tres cuestiones fundamentales: el entramado normativo en materia de Seguridad Social, los ámbitos de aplicación de los Reglamentos de coordinación, y la compleja interrelación de estos con el resto de normas internacionales en la materia. En esta parte se hace indispensable recurrir, en un primer momento, a un análisis descriptivo del panorama normativo para, posteriormente, tratar de adentrarse en cuestiones prácticas de mayor complejidad. En la segunda parte, dedicada a los puntos críticos específicos de las normas de conflicto de estos Reglamentos, se analiza el peculiar funcionamiento del sistema de normas de conflicto de las normas de coordinación para, posteriormente, analizar las reglas contenidas, esencialmente, en el Título II del Reglamento 883/2004. Para realizar este análisis, se ha considerado oportuno hacer mención de las diferentes propuestas de reforma que están actualmente sobre la mesa en cada una de las cuestiones abordadas, debatiendo su necesidad, utilidad y, en su caso, planteando propuestas alternativas. Por último, y como cierre de la tesis doctoral, se ha dado un paso hacia el futuro, identificando algunos puntos críticos que, con carácter inminente, van a tener que ser enfrentados por los operadores jurídicos como consecuencia de la evolución de los mercados de trabajo y el avance de las NTIC (particularmente, los mini-jobs y el teletrabajo). La pregunta que trata de resolverse respecto de estas situaciones es si la regulación actual es suficiente para ofrecer respuestas adecuadas y, de no ser así, qué posibilidades interpretativas o legislativas podrían adoptarse para solventar el conflicto. The doctoral thesis focuses on the determination of the national Social Security legislation applicable. This subject matter is the third pillar of the regulation of international employment relationships - along with international jurisdiction and applicable law matters with respect to employment contracts - and is a key element in business decision-making. Yet, this issue is poorly studied within the legal doctrine. The EU Regulations on Social Security Coordination (Regulations 883/2004 and 987/2009) are of crucial importance in this area due to the high mobility within the European Union and the special status that European law has. These Regulations are becoming more and more important as the number of migrant persons increases. Undoubtedly, this is the right time to study these Regulations: not only their practical relevance is growing on and on, but also the current ordinary legislative procedure with the aim to change their dispositions - which started in December 2016 - is still ongoing. In other words, these Regulations might be said to be at a watershed. The main purpose of this thesis is to analyse these Regulations comprehensively in order to identify and try to solve - where possible - their critical issues when it comes to determine the applicable legislation to employees for social security affiliation purposes. To do so, the structure of the thesis is divided into two parts. In the first part, the general critical issues of the EU Regulations will be addressed, that is: the regulatory framework on Social Security matters, the scope of application of the EU Regulations and the complex interaction between these Regulations and the remaining international laws on Social Security. In the second part, the specific critical issues of conflict rules in Regulations on Social Security will be analysed, that is: the way the system of conflict rules works in the EU Social Security field, the conflict rules laid down essentially in Title II of Regulation 883/2004 and the upcoming challenges that the latter rules are facing due to the new labour and migration patterns (particularly, mini-jobs and teleworking).

Tras varias décadas de privatización de la gestión en el sector público, en los últimos años, se ha invertido esta tendencia y se está recuperando la gestión directa de algunas actividades y servicios públicos externalizados por las administraciones públicas. Dicho cambio, motivado tanto por criterios económicos y organizativos, como político-ideológicos, se está llevando a cabo de forma especialmente significativa en el ámbito local, aunque también se está produciendo en el sector público institucional y empresarial de la administración estatal y autonómica, como es el caso de la reversión de las concesiones sanitarias de la Comunidad Valenciana. En efecto, se trata de operaciones no exentas de dificultades y problemas prácticos de diversa índole. Algunos, se plantean desde el ámbito del derecho público, por las restricciones que contemplan las leyes administrativas para adoptar una decisión de recuperación del servicio de la Administración Pública que, en principio, se presenta como discrecional. Otros, se dan en el plano estrictamente laboral, pues para que quede garantizada la estabilidad en el empleo de los trabajadores ocupados en las contratas del sector público será necesario que resulte de aplicación alguno de los mecanismos que típicamente imponen la subrogación de los contratos de trabajo. Y en fin, también se plantean problemas derivados de la interdependencia de ambos sectores del ordenamiento jurídico, como la ya sabida falta de compatibilidad entre el principio de estabilidad en el empleo y los principios constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y otras normas y principios de orden público. La presente investigación tiene un doble objetivo: de un lado, determinar cuándo una operación de reversión de contratas o concesiones públicas es constitutiva de una sucesión de empresas en el sentido del artículo 44 ET y de la Directiva comunitaria 2011/23/CE; y del otro, dirimir la fórmula de integración del personal más equilibrada y proporcionada que, necesariamente, deberá producirse a consecuencia de la garantía de estabilidad en el empleo que dichas normas disponen. Si bien, en aplicación concurrente con toda una amplia variedad de normas y principios de orden público. Este doble objetivo determina la estructura de la investigación: A) La primera parte, titulada «La aplicación de las normas sobre transmisión de empresa a la reversión de contratas públicas», está compuesta por 6 capítulos: a) El capítulo primero tiene por objetivo abordar el estudio de la delimitación normativa del supuesto de hecho de ambas normas, atendiendo a las finalidades que motivaron su creación, los bienes jurídicos que tutelan y su relevancia actual. b) El capítulo segundo da cuenta de los principios que deben inspirar la coordinación del derecho nacional y el europeísta en tanto que, como puede aventurarse, se produce un conflicto entre ambos ámbitos normativos que deberá solucionarse acudiendo a ellos. c) Por su parte, el capítulo tercero, ya profundiza en una de las especialidades que tiene la aplicación de la institución laboral a las Administraciones Públicas. d) El capítulo cuarto se adentra en otra de las singularidades que revisten este tipo de operaciones, pues se incluyen dentro de una problemática laboral mayor desde el punto de vista de la sucesión de empresa: la aplicación de la institución social a las nuevas formas de organizar la producción empresarial, especialmente, en relación con el fenómeno de la externalización productiva en el sector público. e) El capítulo quinto sigue la línea marcada por su predecesor, con la singularidad de que trata cuestiones específicas que se han presentado en tiempos recientes en los precedentes jurisprudenciales sobre reversión de contratas públicas. f) En fin, el capítulo sexto aborda la posibilidad de que «otras fuentes» diversas al artículo 44 ET y la Directiva que transpone traten de ordenar la subrogación de personal (negociación colectiva, leyes de reordenación del sector público, legislación sobre contratación pública) B) La segunda parte, denominada «las garantías laborales de la sucesión de empresa», trata de combinar las consecuencias de la aplicación de la normativa sucesoria concretadas en una serie de garantías en favor de los trabajadores con toda una batería de normas y principios de orden público contenidos en diversas fuentes normativas, recayendo todas las miradas, como se viene apuntando por la doctrina, en la propia Constitución. a) El primer capítulo de esta parte –capítulo séptimo– se estudia el alcance de la obligación de subrogación y su difícil relación con las extinciones contractuales anteriores al traspaso de la entidad económica, prestando especial atención a la concreta operación de reversión de la actividad. b) El capítulo octavo es el «corazón de la Tesis», donde se analiza la confrontación del Derecho Constitucional con el Derecho de la Unión Europea. En este sentido, se acuden a una serie de ítems de valoración o análisis procedentes que permiten la composición de esta fuerte antinomia entre fuentes del derecho del más alto nivel que se produce en estos supuestos. c) En el capítulo noveno se tratan todas aquellas normas de rango legal que se han considerado obstáculos a la integración del personal proveniente de las empresas contratistas, desde el mismo procedimiento selectivo de acceso al empleo público, hasta las tasas de reposición y demás limitaciones establecidas en las normas presupuestarias, entre otras materias. d) En fin, tras las conclusiones alcanzadas de los dos capítulos anteriores se analizará la fórmula de integración del personal. Como punto de partida se estudiarán todas las soluciones ensayadas o propuestas por la doctrina científica, tratando de obtener un posicionamiento crítico sobre su oportunidad y conveniencia. Finalmente, se identificará lo que, a nuestro juicio, debería ser la solución para integrar al personal. El trabajo va acompañado de una propuesta de lege ferenda tanto de las cuestiones tratadas en la primera como en la segunda parte de la memoria de la investigación.

La tesis doctoral, titulada “Las entidades deportivas sin fines lucrativos ante el Impuesto sobre Sociedades: revisión crítica de los regímenes tributarios aplicables", tiene por objeto de estudio el análisis crítico de la tributación de las entidades deportivas sin fines lucrativos públicas y privadas en el Impuesto sobre Sociedades, perspectiva que se logra a través de una revisión de los fundamentos y de la estructura de los regímenes fiscales aplicables. Por lo tanto, la pregunta que mejor condensaría la hipótesis principal a la que pretende hacer frente el trabajo de investigación realizado es la siguiente: ¿resulta adecuada la tributación de las entidades deportivas sin fines lucrativos públicas y privadas en el Impuesto sobre Sociedades? Para dar respuesta a esta gran pregunta de investigación, el trabajo se organiza en siete capítulos: En el primero de ellos se analiza el deporte y su organización. Dicha aproximación permite descubrir lo significativo que resulta para la ciudadanía, su complejidad como fenómeno susceptible de manifestarse de muy diversas modalidades y cómo su relación con el interés general puede hacer merecedoras de incentivos fiscales en mayor o menor grado a las entidades que canalizan en muchos casos la actividad deportiva de los ciudadanos. Para comprobar dicha relación con los fines de interés general, se analiza el modelo de organización deportiva y las entidades que lo conforman, también con la finalidad de comprobar cuáles de ellas carecen de ánimo de lucro. En el segundo capítulo, una vez identificadas las entidades deportivas sin fines lucrativos públicas y privadas, se determina su sujeción al Impuesto sobre Sociedades y se delimitan los tres regímenes fiscales que resultan de aplicación, reconociendo su articulación técnica a través del instituto jurídico de la exención y los fundamentos y finalidades que han motivado el establecimiento de unos regímenes fiscales especiales. Se trata del régimen de exención total, el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el régimen de entidades parcialmente exentas. En el tercer capítulo de la tesis se estudian las distintas entidades deportivas sin fines lucrativos públicas y su tributación en el Impuesto sobre Sociedades, verificando su existencia en los tres niveles de la Administración territorial, así como el importante rol que adopta la denominada Administración institucional en el desarrollo deportivo. En particular, se profundiza en la idoneidad de los consorcios administrativos para el impulso del deporte y su tributación en el Impuesto objeto de análisis. En el cuarto capítulo se plantean los aspectos comunes de los dos regímenes de exención parcial que resultan aplicables a las entidades deportivas sin fines lucrativos privadas, esto es, el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el régimen de entidades parcialmente exentas, con la finalidad de dotar al estudio de un carácter más unitario, evitar reiteraciones innecesarias y visibilizar la hipótesis acerca de la adecuación de estos regímenes fiscales a la justa contribución. En este sentido, se estudian posibles fuentes de ingresos y rentas de las entidades deportivas sin fines lucrativos privadas, se precisa cómo se determina la base imponible y se introducen los supuestos especiales de gastos no deducibles, esto es, los correspondientes a rentas exentas y las aplicaciones de resultados. En el quinto capítulo se examina la tributación de las entidades deportivas que pueden acogerse al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Para ello, se delimitan las entidades deportivas que pueden optar por este régimen tributario, se analizan los requisitos de acceso a este régimen de carácter opcional y su incidencia sobre las entidades deportivas objeto de estudio, así como la tributación específica que resulta de la aplicación de este régimen tributario. En el sexto capítulo se investiga la tributación de las entidades deportivas sin fines lucrativos en el régimen fiscal de entidades parcialmente exentas. En primer lugar, se identifican las entidades deportivas que deben tributar de conformidad con este régimen fiscal y, en segundo lugar, se analiza el régimen jurídico tributario que resulta de aplicación, junto con la exención del deber de declarar regulada y sus efectos. En el séptimo capítulo, atendiendo a sus fundamentos, se realiza una valoración conjunta de los dos regímenes fiscales aplicables a las entidades deportivas sin fines lucrativos privadas y se ponen de manifiesto distintos modelos alternativos de imposición en aras de mejorar la tributación de todas las entidades sin fines lucrativos y, por extensión, de aquellas deportivas. Finalmente, en las conclusiones se exponen sucintamente los resultados de la investigación, resaltando aquellas reflexiones que se consideran más relevantes o más originales.

El presente trabajo tiene por objeto analizar producción normativa tanto internacional como europea más relevante en materia de protección de las víctimas de violencia género, en general, y violencia doméstica, en particular. Dicho estudio se lleva a cabo al hilo de la producción legislativa así como procedimientos de control y cooperación internacionales y europeos en la materia. En primer lugar, se analiza la normativa internacional que emana de Naciones Unidas (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW); en segundo lugar, la del Consejo de Europa (Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica - Convenio de Estambul) y finalmente, la de la Unión Europea (Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección y el Reglamento (UE) N.º 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil). Además de mostrar la evolución de la legislación a nivel internacional y europeo, así como los mecanismos de control y cooperación existentes, se analiza en cada capítulo cómo España y Alemania han adaptado su legislación nacional en la materia para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en sede internacional y europea. This paper analyses the most relevant international and European laws in terms of protection of victims of gender-based violence, in general, and domestic violence, in particular. The study is carried out in the context of legislative output as well as international and European monitoring and cooperation mechanisms related to gender-based violence. In the first place, it analyses the international regulations emanating from the United Nations (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW); secondly, from the Council of Europe (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - Istanbul Convention) and finally, from the European Union (Directive 2011/99/EU on the European Protection Order and Regulation (EU) No. 606/2013 on the mutual recognition of civil protection measures). In addition to showing the evolution of legislation at international and European level, as well as the existing monitoring and cooperation mechanisms related to gender-based violence, each chapter analyses how Spain and Germany have adapted their national legislation in this area to comply with the obligations established at international and European level.

La libertad “necesita un auténtico espacio de justicia en el que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales y a las autoridades de cualquier otro Estado en las mismas condiciones que en su propio país” -Conclusiones de Tampere, párrafo 5- para que los derechos inviolables y las libertades fundamentales sean tutelados de forma plena, efectiva y uniforme en toda la UE. En este sentido, el reconocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales de naturaleza procesal, así como las garantías de la función jurisdiccional en todo tipo de procesos, devienen elemento indispensable para garantizar una mayor seguridad jurídica, reforzar la confianza mutua de los Estados Miembros y contribuir a eliminar las diferencias existentes entre sus distintos sistemas judiciales. Por lo que respecta a los instrumentos con medidas de protección de víctimas, disponemos de la Directiva 2011/99/UE y el Reglamento (UE) 606/2013. Ambos buscan proteger una misma realidad, uno desde el ámbito penal y otro desde el ámbito civil. Y ambos deben ser completados por la Directiva 2012/99/UE. El riesgo de reiteración delictiva, la victimización secundaria, la intimidación o las represalias suelen ser más frecuentes con respecto a las víctimas especialmente vulnerables o con necesidades de protección especial, como lo son las de “violencia en el marco de las relaciones personales (…), violencia de género, (…) y los menores víctimas de delito” -considerando (57) de la Directiva 2011/99/UE-. En puridad, dichos riesgos pueden recaer sobre víctimas de cualquier delito, y por ello las medidas de protección deben alcanzar a cualquier víctima que se encuentre en una situación de riesgo. Los Estados Miembros disponen de estas medidas para proteger la vida, la integridad física o psicológica, la dignidad, la libertad individual y la integridad sexual de las víctimas. Pero su eficacia queda limitada al territorio de aquel Estado en el que se ha adoptado la medida en cuestión. De esta forma, quedarían sin la protección necesaria al trasladarse a otros Estados Miembros. De ahí la importancia de la creación de una orden de protección a nivel europeo para garantizar a las víctimas en situación de riesgo un nivel equivalente de protección en todo el territorio de la Unión. Por medio de la protección transnacional se pretende que las víctimas de violencia -en general- y las víctimas de violencia de género -en particular- que previamente hayan obtenido una orden de protección en uno de los Estados Miembros de la Unión mantengan la protección si deciden desplazarse a otro Estado Miembro. Se trata de que, por ejercer un derecho fundamental de la ciudadanía como lo es el derecho a la libre circulación, no se pongan en riesgo o violen otros derechos también fundamentales como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y/o moral o a la dignidad. Y esto, que parece tan obvio y sencillo, presenta múltiples dificultades siendo que la propia Unión se ha dotado de dos instrumentos (penal y civil) con el objetivo de garantizar que lo que un juez ha decidido en un Estado sea tenido en cuenta en otro, tal y como exige el artículo 82 TFUE. The main objective of this doctoral thesis is to analyze the protection offered to victims of gender violence throughout the EU, considering freedom of movement and the right to be saved as essential people’s rights, enabling criminal, civil and administrative law to protect the quality of human life and to seek for a better future for the present and next generations. Nevertheless, this protection cannot be effective without a real mutual recognition within the EU. Protection orders are meant to protect a person against an act that may endanger their life, physical or psychological integrity, personal liberty, sexual integrity or dignity. The aim is to avoid contacts between the offender and the victim. This kind of protection measures can be adopted as part of civil and criminal proceedings depending on the European Country in which the procedure is taking place. This is the reason why we have: 1) Directive 99/2011/UE on the European Protection Order and 2) Regulation (EU) 606/2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters. The three protection measures included in Directive 99/2011/EU and in Regulation (EU) 606/2013 are found in the national legislation of all the member States. Their inclusion in the Directive and the Regulation seeks to establish a minimum standard of protection for victims, without modifying the internal legislation of the member States. The Directive was supposed to lead to an approximation of this diversity. Actually, the different national systems for the protection of victims are maintained. This is why we have to ask ourselves: Are we on the right track with the Directive 99/2011/EU or are we just losing time? Is the instrument of the European Protection Order actually useful or is it only a false promise of protection to the victims? In the second case scenario, we must find a solution studying both European legislation and our national legislation. We consider that protection measures are essential if we want to continue building Europe. Furthermore, there is a positive state obligation to protect citizens against particulars that may endanger they integrity or life. If the State does not protect us, it could be a failure of its obligations to protect us. We firmly believe that European protection measures are totally necessary instruments if we want to create a real Space of Freedom, Security and Justice. Victims will only be free to move around the EU if we guarantee their right to feel secure. Moreover, only real Justice can guarantee freedom and security. As a consequence, we acknowledge the need of cooperation between different European States as the only way to fight against crime in a globalized society.

El objetivo de la presente tesis doctoral es analizar la tutela del medio ambiente en el sistema de justicia penal, considerando la relación entre derechos humanos, medio ambiente y justicia penal. Es indudable que la protección del medio ambiente constituye una preocupación global creciente, lo que se refleja en el incremento en la normativa en materia ambiental, tanto en los ordenamientos jurídicos nacionales, como en el internacional. Este fenómeno comenzó en la segunda mitad del siglo XX con el primer reconocimiento a nivel global de la relación entre derechos humanos y medio ambiente que tuvo lugar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972 y que supuso un hito en el proceso de expansión de los derechos ambientales. Por primera vez, la necesidad de proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se declaraba en el seno de la principal y más importante organización internacional. La Declaración resultante y las demás que la siguieron, como la Declaración de Río de Janeiro de 1992, condujeron a una ola de reformas en los textos internacionales de derechos humanos y constituciones a lo largo de todo el mundo, consagrando el derecho a un medio ambiente sano, así como los denominados derechos procesales ambientales, esto es, acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental. También la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha visto influenciada por el crecimiento de los derechos ambientales y el Tribunal ha desarrollado una extensa jurisprudencia en torno al derecho a un medio ambiente sano y la forma en que se relaciona con los derechos humanos básicos. Paralelamente al desarrollo de los derechos ambientales, el derecho penal ambiental se expandió, primero, en un nivel nacional y, después, internacional, siendo la aprobación de la Directiva 2008/99/CE de protección del medio ambiente a través del derecho penal un gran logro para su tutela en Europa. La necesidad de proteger el medio ambiente a través del derecho penal ha sido justificada por el efecto que las condiciones medioambientales tienen sobre la vida y salud de las personas, lo que puede ponerse en relación con el ámbito de protección garantizado por el derecho a un medio ambiente sano. Por esta razón, el primer objetivo de esta investigación es analizar si el incremento en el derecho penal ambiental es una consecuencia de la expansión de los derechos ambientales. Sin embargo, la efectividad de la tutela del medio ambiente por el derecho penal no depende exclusivamente de la forma en que los delitos son definidos en la norma sustantiva, sino también en los mecanismos puestos a disposición de la sociedad por el ordenamiento jurídico para combatir los delitos ambientales. Esto es, principalmente, el acceso a la justicia penal para la defensa del medio ambiente, el cual todavía presenta ciertos obstáculos debido a la naturaleza difusa del bien protegido. Por ello, el segundo objetivo de esta investigación es examinar la adecuación del proceso penal español para la protección del medio ambiente, no solamente por lo que respecta a las vías para perseguir los delitos ecológicos, sino también para reclamar un resarcimiento por el daño causado, tanto a los individuos como a la sociedad en conjunto. En definitiva, la presente tesis doctoral busca determinar el efecto que la aparición y expansión de los derechos relacionados con el medio ambiente ha tenido sobre el derecho penal ambiental y si ello, a su vez, se ha visto reflejado en el proceso penal, pues solo bajo tales circunstancias la tutela del medio ambiente en el sistema de justicia penal será efectiva. This doctoral thesis aims to analyse the protection of the environment in the criminal justice system, considering the relation between human rights, environment and criminal justice. It is undeniable that environmental protection constitutes an increasing global concern, which is reflected in the expansion of environmental legislation, both in national and international legal systems. This phenomenon started in the last half of the twentieth century with the first global recognition of the relation between human rights and the environment in the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in 1972, which represented a landmark in the process of expansion of environmental rights. For the very first time, the necessity to protect the environment for present and future generations was declared within the most important international organisation. This declaration, and the ones who followed, such as Rio Declaration in 1992, led to a wave of reforms in international human rights tools and national constitutions worldwide, enshrining the substantive right to a healthy environment, as well as the so-called procedural environmental rights, that is, access to information, public participation and access to justice in environmental matters. Also, the jurisprudence of the European Court of Human Rights was influenced by the environmental rights’ movement and the Court developed a wide jurisprudence about the right to a healthy environment and the way it is related to basic human rights. Along with the growth of environmental rights, environmental criminal law enforcement expanded, first, in a national level and, later, in an international one, being the approval of the Environmental Crime Directive (2008/99/EC) a major achievement for the protection of the environment in Europe. The need to protect the environment through criminal law has been justified by the effect that environmental conditions have on people’s health and quality of life, which can be seen in relation to the scope of protection granted by the right to a healthy environment. For this reason, the first objective of this research is to analyse whether the expansion of environmental criminal law is a consequence of the growth of environmental rights. However, the effectiveness of the protection given to the environment by criminal law does not lie exclusively in the way environmental crimes are defined in the legislation, but also depends on the mechanisms provided by the legal system to tackle environmental crime, that is, access to criminal justice for the defence of the environment, which still has some obstacles due to the diffuse nature of the environment. Thus, the second objective of the current research is to analyse the adequacy of the Spanish criminal procedure for the protection of the environment, in what concerns mechanisms not only to prosecute environmental crimes, but also to claim compensation for damages caused to both individuals and society. On this basis, the aim of this dissertation is to examine the effect that the emergence and evolution of environmental rights have had over environmental criminal justice and if the expansion in both environmental rights and environmental criminal law is reflected in the criminal procedure, because only under this circumstance the protection of the environment through criminal law will be effective.

La tesis doctoral aborda la posible incorporación al Derecho administrativo español del arbitraje como medio de resolución de los conflictos entre Administración y ciudadanos. Partiendo del origen del Derecho administrativo y de la especial posición y prerrogativas de la Administración, se estudian las distintas aplicaciones de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en sectores próximos al Derecho administrativo, su implementación y caracteres; abordando, además, el panorama comparado de la cuestión en otros ordenamientos, especialmente, Francia y Estados Unidos. Todo ello, lleva a en una última fase de la tesis doctoral, a plantear y reflexionar acerca de cuáles serían los elementos clave de ese hipotético modelo de arbitraje administrativo. The phD thesis deals with the issue of the potential use of arbitration as a mechanism to solve conflicts between citizens and the Spanish Administration. The Thesis analyzes the basis of the Spanish Administrative Law system and the special position and powers of the Administration in Spain. It studies in depth the existent models of dispute resolution in areas other areas of Public law in the country: its implementation and main characteristics. It also includes a comparative study of the use of arbitration as a way of solving disputes between Administration and citizens in other jurisdictions (specially, in the United States and France). The Thesis ends up with an analysis of the key elements for a future model of administrative arbitration in Spain.

I. La tesis se centra en el arbitraje interno y, dentro de éste, se aborda los específicos motivos de anulación que prevé el artículo 41.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje española. Contempla una primera parte introductoria donde se hace, principalmente, un análisis de la naturaleza de la acción de anulación concebida en la Ley y donde se concluye que se trata de una acción que origina un proceso donde se ejercita una pretensión anulatoria que se desarrolla ante las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad respectiva y cuyo cauce es el del juicio verbal con ciertas matizaciones; es de carácter extraordinaria por cuanto el interés procesal nace en una disposición de la ley que son los motivos tasados y cuya finalidad es la del control de la validez del laudo pronunciado dentro de un proceso arbitral. Según las circunstancias y el motivo base de la acción impugnatoria, se deben cumplir ciertos presupuestos previos para viabilizar su admisión: la denuncia previa ante los mismos árbitros, la oposición de excepciones o la petición de rectificación por extralimitación parcial del laudo. II. Ingresando al análisis individual de los motivos que prevé el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, se analiza cuándo el convenio no existe o no es válido, cuya componente principal, como su nombre lo indica, es el convenio arbitral que suscriben las partes. Son variables a tomar en cuenta para establecer la inexistencia o invalidez del convenio: los requisitos formales y esenciales que la Ley contempla para que sea sustento válido del arbitraje y, además, la teoría general de los contratos en todo lo que corresponda. En este caso, si la sentencia acoge la pretensión no solo es la nulidad del laudo, sino de todo el proceso arbitral, no significa ello que la controversia quede irresuelta definitivamente, pues las partes podrán acudir a la vía judicial. III. Tres motivos son materia de un solo capítulo en razón a que su origen es la decisión de los árbitros, a saber: Cuando la decisión contempla cuestiones respecto de las cuales las partes no han sometido a arbitraje (art.41.1.c LA); Cuando la decisión contempla cuestiones no arbitrables (art.41.1.e LA) y; cuando la decisión ha incurrido en infracción del orden público (art.41.1.f LA). III.1. Si se contempla la anulación del laudo cuando los árbitros han decidido sobre cuestiones que no han sido sometidos a arbitraje, la Ley está precautelando el principio dispositivo cuya manifestación es el deber de congruencia, es decir, proscribe la desviación de la intención de las partes expresada en las pretensiones y que contrastan con el juicio de los árbitros expresado en el laudo. La incongruencia que subyace en el motivo es la extra petita o por exceso, aunque limitado únicamente al componente objetivo del proceso. Las denominadas “cuestiones no sometidas a su decisión” son verificables a través de los alcances del convenio suscrito y a través de la formulación de las alegaciones de las partes ante los árbitros. Si se acoge la pretensión por este motivo el efecto es la nulidad de todo el proceso arbitral por cuanto los árbitros han decidido sobre cuestiones que las partes no han consentido el sometimiento al arbitraje, salvando aquellas pretensiones que sí han sido autorizadas, caso en el cual, el arbitraje es válido respecto de éstas. III.2. Cuando la Ley de Arbitraje sanciona con nulidad el laudo donde los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje (art.41.1.e), está precautelando el ámbito de competencia objetiva de los árbitros y proscribe el pronunciamiento de laudos donde se han considerado materias indisponibles. La determinación de la indisponibilidad está prevista en forma expresa en el artículo 2.1. LA, donde se asume el criterio de la máxima generalidad y el mínimo contenido normativo al establecer un principio general: el de la “libre disponibilidad conforme a Derecho” en la cual subyacen los conceptos de arbitrabilidad y disponibilidad, limites naturales del principio de la autonomía de la voluntad. A manera de ejemplo se señalan como supuestos de inarbitrabilidad los derechos de la personalidad, el estado civil de las personas, las cuestiones litigiosas que afectan al interés general. Si se acoge la pretensión, todo el proceso arbitral carece de validez y se abre la posibilidad para que las partes puedan ocurrir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos. III.3. Si el laudo pronunciado es con infracción del orden público (art.41.1.f LA), esa situación se determina en consideración a que el concepto está integrado por los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución Española y, además, en consideración a que constituye un límite al libre juego de la voluntad de los particulares en atención a intereses generales que debe ser aceptado en base a la construcción de un orden necesario para la vida en comunidad. No es una vía para revertir un laudo considerado injusto y para pretender una resolución más justa y solo debe admitirse el control de aquellas infracciones a los derechos fundamentales y libertades públicas consagradas en el Capítulo II Título I de la CE y que no tienen cabida en otros motivos de anulación. De acogerse la pretensión, el proceso arbitral carece de validez, lo cual a la vez no significa que el convenio deje de surtir sus efectos. IV. Dos motivos, agrupados en el último capítulo, son coincidentes en sus características (art.41.1. b y d LA), lo que se traduce en precautelar el procedimiento arbitral adoptado o el previsto en la Ley de Arbitraje. Por ambos motivos se precautela el correcto desarrollo del procedimiento arbitral, proscribiendo la indefensión que puede producirse por que los actos de comunicación no se han cumplido debidamente, o porque el mismo procedimiento adoptado no se ha cumplido. IV.1. Una primera manifestación del control del debido procedimiento es cuando se prevé la anulación del laudo por no haber sido debidamente notificada de la designación de árbitro o de las actuaciones arbitrales (art.41.1.b LA). El motivo precautela el ejercicio pleno de los derechos de las partes involucradas en un proceso arbitral y, sobre todo, su objetivo es hacer prevalecer la prohibición de la indefensión, entendida ésta como aquella situación en que se encuentra una persona que no ha tenido oportunidad de defenderse por razones no imputables a ella Se proscribe la indefensión procesal por cuanto se precautela la correcta composición de la relación heterocompositiva y el desarrollo válido del arbitraje. Si se estima la pretensión, se produce la anulación del laudo sin retrotraer sus efectos al momento arbitral en que se producen los hechos que describe la norma pues, el arbitraje es de instancia única y finaliza con el pronunciamiento del laudo. En todo caso las partes tendrían que volver a instar el arbitraje. IV.2. Por último, el otro motivo relacionado con la infracción del procedimiento (art.41.1.d LA) tiene dos componentes y una salvedad: Que la designación de los árbitros no obedece al acuerdo de las partes o a la misma norma arbitral y; que el procedimiento arbitral no obedece al acuerdo de partes o no se han ajustado a la Ley de arbitraje. En ambos casos la norma también prevé una salvedad: Que el acuerdo de partes sea contrario a norma imperativa de la Ley de Arbitraje. En el primer caso, se impone, por una parte, un mandato legal: Prohibición de vulnerar el principio de igualdad y; por otra parte, la interdicción de toda relación personal, profesional o comercial con las partes, respecto de las cuales deben ser independiente e imparciales. La infracción se determinará analizando cada caso en particular y tomando en cuenta la relevancia de la infracción pues no cualquier circunstancia puede constituir sustento de una denuncia de designación irregular de árbitros. En el segundo caso, la infracción que constituye fundamento de anulación, será aquella que afecta a cada una de las estipulaciones del acuerdo de partes o de las disposiciones de la Ley relacionadas con el procedimiento. Pero no cualquier irregularidad sirve para argumentar anulación; es imprescindible realizar, caso por caso, una labor de ponderación tomando en cuenta la trascendencia que en el procedimiento haya tenido la infracción denunciada, sin llegar al terreno de la indefensión pero tampoco podrá prescindirse de exigencias de trascendencias mínimas en cuanto al correcto desarrollo del proceso arbitral. Con relación a la salvedad prevista, si las partes asumen en el convenio alguna estipulación contraria a norma, si ésa disposición no se cumple, no podrá alegarse infracción del procedimiento. Así, si las partes acuerdan que el arbitraje se llevará con dos árbitros (contrario a norma) y si en los hechos se ha llevado con tres, entonces no podrá alegarse infracción del procedimiento acordado.

El control externo de la actividad económico financiera de la Administración es una de las funciones más importantes que el poder legislativo desarrolla en los Estados modernos. La imposibilidad de los Parlamentos de realizar las funciones de control, debido entre otras causas a la complejidad de la información económica, financiera y contable pública; el extraordinario aumento de la actividad prestacional de las Administraciones Públicas; y a la escasez de los medios personales y materiales de los propios Parlamentos, llevó la creación de órganos especializados, los órganos de control externo, que desde una perspectiva técnica auxilia a los Parlamentos en su función de control. En este trabajo se han estudiado los objetivos del control externo, analizando la función de fiscalización, la función consultiva y la función jurisdiccional que se le asigna a algunos órganos de control externo para la determinación de responsabilidades por la comisión de infracciones contables en el uso y manejo de los fondos públicos. En la tesis se analiza el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y se estudia como se han configurado y evolucionado las funciones fiscalizadoras y jurisdiccionales del mismo, de lo cual se ha podido concluir que en algunos aspectos se han limitado sus atribuciones para que el Tribunal de Cuentas pueda ejercer plenamente las funciones asignadas en nuestra Constitución.

La incorporación de la Carta Social Europea al ordenamiento jurídico español como vector esencial para la realización del Estado social proclamado en el artículo 1.1 de la Constitución y la efectividad de los derechos sociales. Ello implica analizar no sólo el modo en que se está aplicando la Carta Social originaria de 1961 y el Protocolo de 1988 (únicos instrumentos aceptados por España) y, sobre todo, la manera de superar lo que constituyen dos asignaturas pendientes fundamentales: la ratificación del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y la Carta Social Europea revisada de 1996. España es deficitaria en ambos aspectos, déficit social que le aleja del acervo común en materia de derechos sociales, no sólo en el Consejo de Europa, sino asimismo en el seno de la Unión Europea. El objetivo fundamental de la tesis doctoral radica en analizar el impacto jurídico-constitucional de la Carta Social Europea (como verdadero Pacto europeo de democracia social, equivalente al Convenio Europeo de Derechos Humanos) y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (equivalente en cierto sentido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como elementos indispensables para dotar de sentido al catálogo constitucional español de derechos sociales. Desde esta perspectiva, el citado propósito jurídico-constitucional garantista se ve acompañado de otro esencialmente pedagógico (estrechamente ligado a la idea de cultura de los derechos sociales y de la democracia social), a saber, la Carta Social y la jurisprudencia del Comité son prácticamente desconocidas en España, como lo acredita la laguna científico-bibliográfica en la materia, lo que por lo demás justifica la originalidad del tema elegido. Como confluencia de ambos objetivos, un tercero reside precisamente en, de un lado, profundizar en el perfeccionamiento del Estado social y la garantía de los derechos sociales en España a través de la asunción de los dos instrumentos que han actualizado la Carta Social de 1961 y cuya aceptación resulta insoslayable para un Estado que se precie de ser social (los ya citados Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 y Carta Social Europea revisada de 1996); y, de otro lado, dar a conocer y analizar esos instrumentos del Consejo de Europa que son prácticamente ignorados en España y que, paradójicamente, han servido de base para la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (que sí ha sido asumida por España con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009). Adicionalmente, otro objetivo científico esencial de la investigación consiste precisamente en examinar el modo en que se compatibilizan dos posibles Europas sociales (la del Consejo de Europa con 47 Estados miembros y la de la Unión Europea con 28 Estados miembros) y la forma en que eventualmente deben acometerse por los órganos constitucionales internos las posibles divergencias. Por último, la tesis doctoral cuenta con otro objetivo de primer orden, asociado justamente no sólo con la citada originalidad, sino asimismo con la actualidad del tema, puesto que la investigación sobre la optimización en la efectividad de los derechos sociales resulta más imperiosa en los momentos actuales de crisis económica. The incorporation of the European Social Charter to the Spanish legal system as essential for the realization of the social State proclaimed in article 1.1 of the Constitution and the effectiveness of social rights. This involves analyzing not only the way in which the Social Charter of 1961 and the Protocol of 1988 is being applied (unique instruments accepted by Spain) and, above all, how to overcome what constitute two fundamental pending subjects: the ratification of the Protocol of collective complaints of 1995 and the European Social Charter revised in 1996. Spain is deficient in both aspects, social deficit that keeps Spain aside of the common social rights acquis, not only in the Council of Europe, but also in the bosom of the European union.The main objective of the dissertation lies in analyzing the legal impact of the European Social Charter (as a real European Pact for social democracy , equivalent to the European Convention on human rights) and the case law of the European Committee of social rights (in a sense equivalent to the European Court of human rights) as essential elements to give sense to the Spanish constitutional catalogue of social rights.From this perspective, the cited constitutional purpose is accompanied by another essentially pedagogical (closely linked to the idea of a culture of social rights and social democracy), namely, the Social Charter and the Committee's jurisprudence are virtually unknown in Spain, as evidenced by the scientific and bibliographic lagoons in matter, which otherwise justifies the originality of the topic. As a confluence of both of these objectives, a third lies precisely in, one side, the improvement of the welfare State and the guarantee of social rights in Spain through the assumption of two instruments that have updated the Social Charter of 1961 and whose acceptance is inevitable for a State that claims to be social (the aforementioned Protocol of 1995 collective claims and revised European Social Charter of 1996); and, on the other hand, to present and analyze these instruments of the Council of Europe which are virtually ignored in Spain and that, paradoxically, has served as the basis for the elaboration of the Charter of fundamental rights of the European union (that has been assumed by Spain with the entry into force of the Lisbon Treaty in December 2009).Additionally, other essential research scientific aim consists precisely in examining the way in which they combine two possible social Europe (the Council of Europe 47 Member States and the European Union with 28 Member States) and the way in which eventually possible divergences must undertake by the internal constitutional bodies. Finally, the thesis has another objective of first order, just associated not only with the aforementioned originality, but also with the actuality of the topic, since research on optimization effectiveness of social rights is more urgent in the current times of economic crisis.