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Objetivos: realizar una revisión crítica del estado de la cuestión en materia de transparencia, buena administración y buen gobierno con ocasión del décimo aniversario de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Metodología: con la finalidad de construir un estudio sistemático y completo del tema tratado, la investigación se lleva a cabo mediante un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de los elementos que afectan a dos pilares clave de las políticas públicas de gobierno abierto: la transparencia y la colaboración (concepto este último que comprende la integridad y la rendición de cuentas o accountability). Además, se analiza el impacto del principio de buena administración en el procedimiento administrativo a la luz de la jurisprudencia más reciente. El método empleado es el comparativo, tomándose como muestra la normativa estatal y la extremeña. Resultados: la investigación constata diversos déficits y excesos que convendría tener presentes en futuras reformas legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico. Conclusiones: se considera necesario realizar una modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre con la finalidad de integrar la jurisprudencia de la Sala Tercera y depurar defectos de técnica normativa. Asimismo, se concluye que sería adecuado regular un régimen de acceso especial a la información pública aplicable a aquellos sujetos que juegan un papel determinante en la formación de la opinión pública. A nivel autonómico, como conclusión principal, se recomienda llevar a cabo una refundición de la legislación en materia de transparencia y buen gobierno. Por lo que respecta a la buena administración, sería conveniente –siguiendo la CDFUE, la normativa autonómica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo– que el legislador estatal reconociera expresamente el derecho a una buena administración. Finalmente, se critica la técnica empleada para regular los principios de buen gobierno y los códigos de conducta, así como la inexistencia de evaluaciones objetivas y obligatorias que permitan conocer su grado de cumplimiento.

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El presente escrito busca aportar una interpretación a la causal atenuante de responsabilidad administrativa consistente en la subsanación voluntaria de la infracción. Para ello, se toman en cuenta los principios de razonabilidad, buena administración y de lucha contra la corrupción como un principio de carácter constitucional, lo que justifica distanciarse de la regulación esta­blecida en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este análisis se efectúa a la luz del interés público que persigue el procedimiento admi­nistrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional.

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La buena administración no está reconocida de forma expresa en el ordenamiento jurídico, pero se deduce rápidamente al realizar una lectura sistemática del ordenamiento jurídico. La buena administración se manifiesta de distintas maneras, entre ellas con el derecho al acceso a la información pública. Para medir el cumplimiento de los sujetos obligados en esta materia, se creó el Índice de transparencia y acceso a la información a cargo de la Procuraduría (ITA). Así las cosas, el objetivo de esta investigación es determinar el alcance que tiene en Colombia el acceso a la información pública como elemento de la buena administración. Recurriendo para ello a la doctrina, la jurisprudencia y la normativa. Encontrándose como resultado principal que nos enfrentamos ante unos derechos que han sido reconocidos expresa y tácitamente por el ordenamiento jurídico, cuya herramienta para hacerle seguimiento y control es reciente. Debiendo continuar trabajando en la capacitación y divulgación de los instrumentos dispuestos, para ejercer los derechos políticos de los ciudadanos y en últimas fortalecer nuestra democracia.

La educación, derecho humano fundamental de todas las personas; es atendida por medio de la organización y funcionamiento del servicio público esencial de educación; es prestado por el sector público en concurrencia con el privado, en este último caso, el Estado, por medio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se convierte en el ente regulador del servicio. Se pretende mostrar en esta investigación bibliográfica, si en cualquiera de las modalidades de la prestación, el Estado, por medio del Ministerio de Educación, ciencia y tecnología y demás entes públicos involucrados en el servicio público de educación, cumplen el deber de la buena administración, que además es vista como principio rector de la actividad administrativa, y como derecho de los ciudadanos.

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es cada vez mayor. El respeto al principio de buena administración es un derecho de los ciudadanos, lo que se traduce en cambios profundos en la gestión de los derechos sociales fundamentales. Se describen aquí algunas aplicaciones innovadoras de blockchain implementadas por la organización estatal de Argentina, Colombia, España y Georgia. Su desarrollo es un desafío para las democracias modernas.

El trabajo analiza algunas de las principales ideas del libro de la profesora De Benedetto, conectándolas con los conceptos de buen gobierno y buena administración y enfocándolas a la mejorable realidad española, sobre la que se realizan una serie de propuestas concretas en base a las consideraciones de la obra.

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En este trabajo se busca identificar la problemática que se vive en los ejidos mexicanos con respecto de la figura del comisariado ejidal, la cual, si bien no cuenta con el carácter de autoridad dentro y fuera de ese territorio, en la práctica ejercen estas funciones. En efecto, este interviene en la administración de los ejidos y por ello en muchas ocasiones sus actos pueden vulnerar los intereses y derechos de todos los integrantes del núcleo agrario, tengan calidad agraria dentro de este o no. A través del establecimiento del derecho a la buena administración, entendido como un derecho humano fundamental, la investigación muestra que es posible su exigencia al gobierno mexicano para garantizar el bienestar de los sujetos agrarios.

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El concepto de buena administración ocupa un importante espacio en el debate académico y la actividad administrativa, con especial énfasis en las últimas décadas. Se configura como deber en la actuación del Estado, como derecho fundamental y principio de actuación administrativa. La complejización de la Administración Pública y la progresiva centralidad de los derechos en el Estado constitucional han condicionado la expansión del procedimiento administrativo como institución jurídica relevante. En la Constitución ecuatoriana se consagra el derecho al debido proceso, que tiene una manifestación muy concreta en el orden jurídico administrativo vigente con la prescripción del debido procedimiento administrativo. El alcance de esta regulación ofrece un campo muy amplio de reflexión y análisis. En el presente artículo se sostiene la idea de que la realización efectiva del debido procedimiento administrativo es condición indispensable para una buena administración; con apoyo en una metodología esencialmente descriptiva, analítica, exegética y en la técnica de revisión documental.

El derecho fundamental a la buena administración es una figura innovadora que tiene sus orígenes en Europa y recientemente ha sido objeto de análisis por los tribunales mexicanos e incluso se ha formalizado en la Constitución Política de la Ciudad México; sin embargo, los alcances de este derecho son difusos, siendo relevante identificar los nexos que tiene con el derecho a la información, esto en aras de fortalecer el mismo y hacerlo exigible al Estado mexicano.

El sector público está empezando a incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial, entre las que debemos destacar las destinadas a la lucha contra la corrupción y el fraude como una de las actividades de las administraciones más proclives al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. En el presente estudio se analiza cómo la unión de ciencias del comportamiento e inteligencia artificial pueden ser muy positivas para un adecuado control preventivo de la corrupción en la actuación de los servidores públicos, pero también abre la puerta a determinados riesgos propios del empleo de ambas técnicas (ciencias del comportamiento e inteligencia artificial), que deben tenerse en cuenta para así poder corregirlos.

La crisis nacional e institucional vivida en Chile desde octubre de 2019 y la instalación del debate en torno a una nueva Constitución, exigen una reflexión sobre las razones que llevaron a tales eventos, su conexión con la actuación administrativa y una nueva visión de la posición del ciudadano frente a los órganos del Estado, lo que, a la luz del desarrollo del derecho comparado y la propia actuación internacional de Chile, exigen evaluar la inclusión de la buena administración en el debate constitucional. Desde la convicción que el siglo XXI trae consigo un cambio de paradigma en torno al derecho público (Linazasoro Espinoza, 2018 y 2018a; Ponce Solé, 2019; Cassese, 2009), este trabajo tiene por objeto cuestionar la pertinencia o conveniencia de consagrar el derecho a una buena administración pública en un nuevo texto constitucional chileno, a la luz de la normativa internacional de los derechos humanos, intentando a su vez demostrar la importancia de este nuevo derecho.

Nadie puede confiar en lo que no conoce. Sin transparencia no se puede confiar en las instituciones públicos. Sin embargo, siendo la transparencia necesaria, no es suficiente. La ciudadanía necesita mucho más, una buena administración, entendida como una institución que respete sus derechos, actúe de forma rápida y eficiente, sea transparente y rinda cuentas de su gestión.

El presente artículo tiene como objetivo analizar el Concurso Docente Universitario desde el paradigma del Estado Constitucional y Convencional de Derecho (ECCD) y del derecho fundamental a la Buena Administración, para el desarrollo de un procedimiento que respete el marco de juridicidad y de garantía en favor de quienes participan en él, satisfaga su cometido y contribuya a la mejora de la Educación Superior. Se reconoce al Concurso Docente Universitario como el procedimiento más adecuado para designar a los postulantes más idóneos y el marco normativo nacional y de cada universidad pública así lo reivindica. Sin embargo, en la práctica se evidencian desvíos en su implementación, lo que arroja un manto de dudas sobre su transparencia y credibilidad, empañando la institución universitaria en su conjunto. El abordaje teórico se realiza desde el ECCD, operativizando este gran marco de referencia, a través de las herramientas que brinda el derecho fundamental a la Buena Administración, de acuerdo a la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública (CIDDCRAP, 2013). La metodología implementada ha sido la revisión bibliográfica y doctrinaria, la revisión del marco normativo nacional y la jurisprudencia y la realización de una encuesta de percepción a actores universitarios. Las conclusiones reivindican el instituto del Concurso Docente Universitario como mecanismo neurálgico de la Educación Superior Pública, que puede y debe ser mejorado para incrementar la transparencia y credibilidad de esta institución, considerada como una de las más prestigiosas para la sociedad.

La tesis de este trabajo es que el expediente administrativo merece mayor atención por parte de la dogmática del derecho administrativo. Para sustentar esta tesis, el trabajo analiza las distintas funciones que el expediente administrativo desempeña tanto en la dirección como en el control de legalidad de la acción administrativa. Además, el trabajo muestra que una mayor atención por el expediente administrativo como eslabón intermedio entre el procedimiento y la resolución administrativa puede contribuir a enriquecer la teoría de los vicios de procedimiento y la teoría del control de la discrecionalidad.

El objetivo del presente estudio es considerar los conocimientos sobre el comportamiento (behavioural insights), que han conducido al llamado Derecho conductual (behavioural law) y a los acicates (nudges), desde una perspectiva jurídica, imprescindible en su necesario análisis inter/transdisciplinario. Partiendo de esa relevancia jurídica de los acicates, se analizan cuestiones referentes a su incidencia en los ciudadanos desde la perspectiva de un Estado Social y Democrático de Derecho como el español.

The aim of this study is to consider the knowledge about behavior (behavioral insights), which has led to behavioral Law and nudges, from a legal perspective, essential in its necessary inter/transdisciplinary analysis. Based on this legal relevance of incentives, we then analyze specific issues relating to their impact on citizens from the perspective of the Rule of Law, the Social Rights and the Democracy. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En más de una ocasión se ha propuesto establecer una regulación de control de los contenidos nocivos en la Red, entre los que se encuentran las conocidas como Fake News. El establecimiento de organismos o procedimientos de control de esta información puede colisionar con algunos derechos y libertades fundamentales que, además, son esencia de Internet. En este trabajo se formulará una crítica a la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional de España por considerar que pone en riesgo la libertad de expresión y de información en Internet. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La Unión Europea lleva fomentando desde hace unos años a través de su fuerza normativa la denominada compra pública de innovación, esto es, la adquisición por parte de los poderes adjudicadores de obras, bienes o servicios innovadores dada su capacidad para dar respuesta a los retos del siglo XXI. El procedimiento de asociación para la innovación constituye la principal manifestación jurídica de esta política europea. Su carácter novedoso y la elevada complejidad técnica del objeto de su contrato hace necesario un estudio meditado de sus principales momentos críticos: los actos preparatorios, el desarrollo de las negociaciones y la ejecución del contrato a través de los preceptos derivados del derecho fundamental a una buena administración.

Good administration has achieved the position of fundamental right under the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which contains a multiplicity of concepts encompassed at its core. The impartial treatment, the reasonable duration of the process and the motivation of the decisions are some of the themes that are part of the axis of good administration according to the European Charter, assigning to the Administration, therefore, the task of respecting and complying with the terms provided for in the referred legal document. The importance of inserting good administration in the catalog of fundamental rights, thus, resides in the extension of the scope of protection of its content, in order to give the citizen mechanisms capable of ensuring the proper practical fulfillment of the right to good administration, as well as the adequate protection of their interests. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El trabajo ensaya una serie de principios que pueden ser elaborados como propios y específicos de la buena administración en la contratación pública, que complementan los formulados como inherentes a la “buena administración” en general así como los señalados como propios de la contratación pública global. Estos principios, que constituyen a la vez desafíos para el contrato administrativo en el futuro, provienen de focalizar diversos tópicos o cuestiones que pueden darse en la etapa de selección así como en la de ejecución contractual, los cuales deben ser repensados en su contexto, diseño y modalidades de ocurrencia, a fin de que prevalezca el consenso activo, una mayor previsibilidad y predictibilidad para ambas partes, y criterios objetivos de interpretación; y todo ello tendiente a preservar la vida del contrato, evitar futuros conflictos que pueden eludirse, y satisfacer los intereses públicos y las necesidades involucradas en el objeto de la contratación.

El escrito evidencia como a partir de las transformaciones del modelo de Estado el poder Ejecutivo adquiere un papel especial en la garantía de los derechos de la persona. Teniendo en cuenta lo anterior, se hacen una serie de exigencias que permiten que tanto la Administración como el Gobierno se sometan a los postulados constitucionales. Sin embargo, en la actualidad el Ejecutivo no del todo se ciñe a la Norma Superior. Así, el presente artículo pretende a través de un análisis jurídico tomar conceptos del derecho constitucional que permitirán dar génesis a los conceptos de buen gobierno y buena administración como principios que vienen a hacerle frente al quehacer errado de la Administración y el Gobierno y permiten que su actuar se encamine a la protección de la persona, que es el fin principal de la organización administrativa.

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Los organismos de control son una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su funcionamiento en el Estado español durante los últimos años no parece haber sido el adecuado, pues han demostrado no haber sido capaces de poner freno a las prácticas de corrupción. A pesar de su potencial en la lucha contra la corrupción, organismos anticorrupción especializados como la Oficina Antifraude de Cataluña pueden ver reducido su impacto para atajar ese fenómeno si no se puede asegurar la efectividad de su actuación de prevención y control, por lo que se propone considerar la posibilidad de que el ordenamiento jurídico anticorrupción establezca obligaciones de prevención de la corrupción, y se atribuya a los organismos especializados la potestad de sancionar en caso de su deficiente cumplimiento.

La buena administración como un principio y derecho de origen europeo se postula actualmente como una garantía que fija parámetros cualitativos para que el ejercicio del poder público se realicen entorno al ciudadano. Los contornos de esta institución son estudiados en la obra realizada por el profesor Rodríguez-Arana, El ciudadano y el poder público: El principio y el derecho al buen gobierno y a la buena administración, la cual parte de una visión ultidisciplinaria de la realidad social, sobre la cual se debe edificarse toda actuación administrativa. A través de los dos ejes centrales de la obra, se realizará una breve exposición crítica de las implicaciones de la buena administración en el Estado de derecho.