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El pliego de condiciones traza elementos esenciales para la selección de contratistas, de allí, surge la trascendental importancia que tiene la elaboración de esta carta de navegación. Su confección atiende a criterios adoptados por las entidades estatales, quienes ostentan cierto grado de libertad respecto a ella. Dada su especial naturaleza, debe sujetarse a imperativos normativos, empero, también puede ser flexible en virtud de la ponderación de las circunstancias que rodean las vicisitudes inherentes al proceso de selección. Ante ello, surge la necesidad de dilucidar los límites que rodean tal libertad de configuración, para así, establecer la manera en que se desata la responsabilidad precontractual del Estado frente a aquellos eventos en los que dichos límites son sobrepasados, lo anterior, en el marco de un análisis realizado a partir de la confluencia de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado. The bid specifications outline essential elements for selecting contractors, hence the transcendental importance of preparing this navigational chart. lts preparation is based on criteria adopted by the state entities, which have a certain degree of freedom concerning it. Given its special nature, it must be subject to normative imperatives, however, it may also be flexible by virtue of the weighting of the circumstances surrounding the vicissitudes inherent to the selection process. In view of this, the need arises to elucidate the limits that surround such freedom of configuration, in order to establish the manner in which the pre-contractual liability of the state is unleashed in those events in which such limits are exceeded, the above, within the framework of an analysis based on the confluence of the elements that structure the liability of the state. Maestría Magíster en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado

RESUMEN: Mediante una etnografía de la Administración realizada al interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública entre marzo de 2015 y 2016, estudié cómo funcionarios de medio nivel participaban en la formulación del anteproyecto de migraciones, logrando cristalizar sus argumentos o forzando una posición contraria en el proyecto que surgió de la presidencia. La principal conclusión de esta investigación es que el trabajo de persuasión que ejecutaban estos sujetos, se realizaba en las sombras de la ley, aprovechando las redes de contacto que estos funcionarios poseían y el poder político que surgía de su cargo y de la confianza conferida. Se exceptúan de esta conclusión los funcionarios de medio nivel que trabajaban para el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, cuyo poder parecía ser incuestionable. Mediante este trabajo es posible vislumbrar cómo nuevos actores comienzan a surgir y ocupar los espacios que han sido desocupados por los partidos políticos al interior de la Administración del Estado.

El presente trabajo de investigación aborda las particularidades del control de la legalidad de las decisiones de la regulación bancaria, en el marco del actual sistema de supervisión financiera, desde una perspectiva del derecho administrativo español y europeo. En particular, se analizan las situaciones derivadas de la reforma implementada en la última década en la Unión Europea para establecer un sistema único de regulación bancaria en la eurozona, tanto en el ejercicio de las funciones de control de los supervisores, como en el ejercicio de la potestad de resolución bancaria. This research addresses the particularities of the control of the legality of banking regulation within the framework of the current financial supervi-sion system, from a Spanish and European Administrative Law perspective. It undertakes a particular analysis of the situations derived from the reform implemented in the last decade in the European Union to establish a single system of banking regulation in the eurozone, and considers not only the supervisor’s control functions, but also the power of bank resolution.

Dentro del marco normativo que regula todo lo respectivo al ordenamiento territorial, existen artículos que conceden facultades discrecionales a la administración, v.g., son los artículos 13, 63, 103 de la ley 388 de 1997. Lo anterior, ha conllevado a distintas interpretaciones por parte de los administradores, para que, a través de potestades discrecionales, se logre un mayor aprovechamiento del territorio, del suelo, y de cada una de las riquezas que ostentan las diferentes comunidades y culturas. En este sentido, se plantea como línea temática para desarrollar el presente trabajo la siguiente división: (I) El ordenamiento territorial. Su aplicación a través de la descentralización y autonomía administrativa. En este primer apartado, se pretende estudiar el marco normativo y jurisprudencia que ha tendido dentro de nuestro sistema jurídico, la descentralización y autonomía administrativa, la cual pretende la garantía de los diferentes fines esenciales del Estado, a cada uno de los ciudadanos dentro del territorio nacional; luego en la parte (II) La discrecionalidad administrativa: Concepto y control. Se exponen las bases teóricas que reconocen la discrecionalidad administrativa, al igual que los controles a la misma, pero también se busca exponer como ha sido la regulación en nuestro sistema legal, y la interpretación por parte de las altas cortes; donde, por último, en la parte (III) La discrecionalidad administrativa y su aplicación dentro del ordenamiento territorial: una potestad aceptada y reconocida, para el logro de los fines esenciales del Estado. Se demuestra, como la discrecionalidad administrativa se encuentra presente dentro del marco normativo respecto al ordenamiento territorial, asimismo, como el Consejo de Estado, como órgano superior de la jurisdicción contencioso administrativa, ha interpretado dichas potestades frente a los casos concretos, En conclusión, cobra gran relevancia el estudio del marco normativo respecto al ordenamiento territorial nacional, con el fin de identificar los artículos que consagran una potestad discrecional en cabeza de la administración, y como la jurisprudencia, a través de casos particulares, ha resuelto las decisiones adoptadas por las diferentes corporaciones, quienes aplican la norma, en pro de los intereses generales y en consecuencia, el alcance de los fines esenciales del Estado. Within the regulatory framework that regulates everything related to territorial ordering, there are articles, which grant discretionary powers to the administration, e.g., the articles 13, 63, 103 of Law 388 of 1997. The foregoing has led to different interpretations on the part of the administrators; so that, through discretionary powers, greater use of the territory, the land and each of the wealth held by the different communities and cultures is achieved. In this sense, the following division is proposed as a thematic line to carry out this work: (I) Territorial ordering: Its application through decentralization and administrative autonomy. In this first section, it is intended to study the regulatory framework and jurisprudence, within our legal system, the decentralization and the administrative autonomy; which seeks to guarantee the different essential purposes of the State, to each of the citizens within the national territory. Then, (II) Administrative discretion: Concept and control. The theoretical bases that recognize administrative discretion are exposed, as well as the controls to it. It also seeks to expose how the regulation has been accomplished in our legal system and the interpretation made by the high courts. Finally, (III) The administrative discretion and its application within the territorial ordering: a power accepted and recognized because of the essential purposes achievement of the State. It is demonstrated, how the administrative discretion is presented within the normative framework regarding territorial ordering, likewise, how the Council of State, as the higher body of the contentious-administrative jurisdiction, has interpreted said powers in the face of specific cases. In conclusion, the normative framework study regarding the national territorial order is highly relevant, in order to identify the articles that establish a discretionary power at the head of the administration and how jurisprudence, through particular cases, has solved the decisions made by the different corporations, which apply the rule, in favor of the general interests and, consequently, the scope of the essential purposes of the State. Magister en Derecho Administrativo Maestría

El Procedimiento Sancionatorio Urbanístico es una herramienta fundamental para la administración pública dado que le permite garantizar la adecuada ordenación del territorio y consecuentemente, el interés general. No obstante, al ejercer dicha potestad en algunos casos concretos, es posible que la administración encuentre que la imposición de una sanción genera una tensión entre derechos fundamentales (como la vivienda digna) y el interés general. Por su parte, la Corte Constitucional ha utilizado el test de proporcionalidad para resolver tensiones entre derechos fundamentales. Así las cosas, a través del presente trabajo se pretende determinar si la aplicación de este test permite superar dicha vicisitud. En caso contrario, se intentará proponer estrategias que faciliten a la administración la solución de este tipo de casos. The urban sanctioning procedure is an important tool to the public administration to achieve a correct planning of the territory and in this way, to reach the general interest. Nevertheless, when the administration uses this power might find an important difficulty, because the imposition of a sanction can generates a tension between fundamental rights (as the decent housing) and the general interest. For its part, the Constitutional Court has used the proportionality test to solve tensions between fundamental rights. So, the purpose of this document is to determine if the application of this test allows to overcome this vicissitude. Otherwise, this document will try to propose strategies which could facilitate to the administration the solution of this kind of cases. Magister en Derecho Administrativo Maestría

Treball Final del Màster Universitari en Advocacia. Codi: SRJ010. Curs acadèmic 2020-2021 Dentro del procedimiento administrativo de adquisición de la nacionalidad por residencia, el recurso contencioso-administrativo adquiere un carácter esencial: tanto por la continuación de quien ve denegada su solicitud y quiere continuar con su pretensión, como quien quiere acelerar la resolución ante la falta de cumplimiento de plazo por parte de la Administración.

La presente investigación parte de reconocer un problema asociado a las prácticas de la Administración Pública en uno de los componentes de la función administrativa como es la contratación estatal. En el campo de la selección objetiva de los contratistas se encuentra el procedimiento de licitación pública, teniendo como una de sus elementos esenciales la garantía de la libre concurrencia y la preservación del derecho de igualdad. Para revisar el cumplimiento de estas garantías constitucionales se evaluaron 250 licitaciones públicas para adjudicar contratos de obra superiores a mil millones de pesos colombianos entre los años 2012 a 2015, tomando el veinte por ciento (20%) de los municipios de cada Departamento que integra el territorio de Colombia y otras tantas licitaciones de la Nación. Se consultó en cada procedimiento de selección el número de participantes o proponentes y el beneficio económico, llegando a obtener como resultado que un ochenta por ciento (80%) solo contaban con uno o máximo dos proponentes y un bajo nivel o nulo descuento a favor de la entidad estatal. En esos términos se plantea como problema de investigación encontrar las razones jurídicas que le permiten a las entidades estatales restringir el derecho de participación invocando el interés general y se formula como hipótesis que el ejercicio de la libre competencia como derecho constitucional en conexidad con el derecho de igualdad solo admite restricciones en la licitación pública para adjudicar contratos, cuando las mismas sean legítimas y proporcionales si los medios utilizados por el Estado en sus competencias discrecionales tienen como propósito proteger y preservar el fin del contrato estatal como es el interés general. Se propone inicialmente abordar el concepto de licitación pública como un procedimiento de selección de contratistas donde adicional a las categorías de libre concurrencia e igualdad lo irradia el principio de proporcionalidad y se analiza la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones como acto administrativo de carácter general que contiene las reglas de participación y las condiciones técnicas que debe cumplir el futuro contratista dentro del desarrollo de sus competencias regladas y discrecionales de y sus consecuencias jurídicas. Para poder desarrollar el principio de proporcionalidad como concepto jurídico que influye tanto la licitación pública como el contenido de los pliegos de condiciones en sus reglas de participación, nos obliga a identificar y definir cuáles son los principios constitucionales que se ven enfrentados o en colisión y estos son el interés general como concepto jurídico indeterminado que es el fin que persigue el contrato estatal y criterio final que debe perseguir el servidor público al momento de diseñar los requisitos que deben cumplir los interesados en presentar una propuesta al Estado. Cuando el Estado promueve el interés general como principio asociado a la función administrativa afecta o restringe otro principio constitucional y es el ejercicio que los ciudadanos ejercen cuando se interesan en contratar con las entidades estatales y es el derecho constitucional no fundamental a la libre competencia y que se transforma en derecho fundamental cuando actúa en relación o conexidad con el derecho de igualdad. Identificados los principios que se encuentran en colisión nos permite aplicar el test de proporcionalidad pero para ello antes de abordar este concepto jurídico, se propone demostrar el juicio integrado de igualdad entre aquellos proponentes que la entidad estatal permite la presentación de propuestas con las reglas de participación predispuestas, y aquellos otros proponentes que demostrando poseer las calidades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras se encuentran discriminados por dichas reglas predispuestas y que no les permite presentar ofrecimiento a pesar de ser idóneos para cumplir con el objeto del contrato. Al poder identificar el grupo de interesados que se encuentran en una situación de exclusión en comparación con aquellos que pueden presentar oferta, sometemos las reglas de participación a un test de proporcionalidad, en los criterios de adecuación como el sometimiento de la medida al cumplimiento de un fin constitucionalmente válido que para el contrato es el interés general, y que se materializa con la identificación del objeto a contratar y la definición del perfil del proponente cuyos requisitos debe cumplir para garantizar el cumplimiento del contrato; luego el criterio de necesidad al evaluar si la medida tomada por la administración pública es la única medida posible para restringir el ejercicio de un derecho fundamental o si eventualmente habrían otras medida menos restrictivas que garanticen el cumplimiento de fin perseguido por la entidad estatal y el ejercicio del derecho fundamental; para finalmente evaluar si la medida es proporcional en estricto sentido aplicando para ello la premisa el sacrificio de un principio debe ser beneficio del principio contrario. La conclusión de la investigación a la pregunta frente a cuales son las razones jurídicas que reflejan la baja participación en las 250 licitaciones públicas consultadas se debió a la consagración de reglas de participación abusivas y discriminatorias cuya justificación no era suficiente para restringir el ejercicio del derecho constitucional de libre competencia económica en conexidad con el derecho de igualdad. Al someter dichas reglas de participación contenidas en los pliegos de condiciones al principio de proporcionalidad si bien las reglas de participación definidas por las entidades estatales cumplían con el fin constitucionalmente valido como era el interés general, es decir, los proponentes que cumplían con estas reglas eran idóneos para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, no eran las únicas medidas posibles para proteger este principio y por el contrario encontramos que habían otras reglas menos restrictivas de la libre competencia que seguían garantizando que estos otros proponentes también eran idóneos para garantizar el cumplimiento del contrato y así facilitando una mayor pluralidad de oferentes en favorecimiento del derecho mencionado de libre competencia en conexidad con la igualdad de oportunidades. Finalmente se analiza las 30 licitaciones que facilitaron la participación tomadas del trabajo de campo para demostrar que a pesar de sacrificar el interés general propiciando un beneficio a la libre competencia y derecho de igual con una mayor participación de proponentes, no generó incumplimientos del contrato en la ejecución y liquidación del mismo, validando la aplicación del principio de proporcionalidad en los procesos de convocatoria pública en la contratación estatal. The objective selection of contractors, in a public contracting process, has as its essential elements the constitutional guarantees of free competition and the preservation of the right to equality. The objective selection of contractors is part of the state contracting procedures, this being a component of the administrative function, and in turn being a practice of the Public Administration. The present investigation starts from identifying and recognizing a problem related to the fulfillment of these constitutional guarantees during the realization of this stage of contracting. To verify compliance with these constitutional guarantees, a sample was taken of 250 public tenders to be awarded, of work contracts exceeding one billion Colombian pesos between 2012 and 2015, which correspond to twenty percent (20%) of the municipalities for each Department of the Republic (of Colombia), in addition to many other tenders from the Nation. For each of these bidding processes, in their objective selection stage of the contractors, the number of participants or bidders and the economic benefit were consulted, resulting in that eighty percent (80%) of these only counted as maximum up to two bidders and a low level or no discount in favor of the state entity. Under these preliminary results obtained, a research problem arises: finding the legal reasons that allow state entities to restrict the right of participation invoking the general interest. It is hypothesized that the exercise of free competition as a constitutional right in connection with the right to equality only admits restrictions in public bidding to award contracts, when they are legitimate and proportional if the means used by the State in its discretionary powers they are intended to protect and preserve the purpose of the state contract as is the general interest. Initially, it is proposed to address in the public tender, the contractor selection procedure where, in addition to the categories of free competition and equality, there is the principle of proportionality. For this, the legal nature of the specifications is analyzed as a general administrative act that contains the participation rules and the technical conditions that the future contractor must fulfill within the development of its regulated and discretionary powers and its legal consequences. In order to develop the principle of proportionality as a legal concept, which influences both public bidding and the content of the specifications in its participation rules, it forces us to identify and define which are the constitutional principles that are confronted or in collision .One of these is the general interest as an undetermined legal concept, which is the purpose of the state contract and the final criterion that the public servant must pursue when designing the requirements that those interested must meet in presenting a proposal to the State. When the State promotes the general interest as a principle associated with the administrative function, it affects or restricts another constitutional principle and it is the exercise that citizens exercise when they are interested in contracting with state entities and it is the non-fundamental constitutional right to free competition and that it becomes a fundamental right when it acts in relation or connectedness with the right of equality. Once the principles that are in collision have been identified and before addressing this legal concept, it is allowed to apply the proportionality test in which it is proposed to demonstrate the integrated judgment of equality among those proponents in which the state entity allows the presentation of proposals with the predisposed participation rules, and those other proponents who are discriminated against, demonstrating to possess the technical, legal, administrative and financial qualities by said predisposed rules and which does not allow them to present the offer despite being suitable to fulfill the purpose of the contract. By being able to identify the group of stakeholders who are in a situation of exclusion compared to those who can submit an offer, the participation rules are subjected to a proportionality test. In the adequacy criteria such as the submission of the measure to the fulfillment of a constitutionally valid purpose that for the contract is the general interest, and which materializes with the identification of the object to be contracted and the definition of the profile of the proponent whose requirements must be met to guarantee the fulfillment of the contract. Then the criterion of necessity when evaluating if the measure taken by the public administration is the only possible measure to restrict the exercise of a fundamental right or if eventually there would be other less restrictive measures that guarantee the fulfillment of the purpose pursued by the state entity and the exercise of the fundamental right; To finally assess whether the measure is proportional in the strict sense, applying the premise that the sacrifice of a principle must be a benefit of the opposite principle. The conclusion of the investigation to the question regarding which are the legal reasons that reflect the low participation in the 250 public tenders consulted was due to the consecration of abusive and discriminatory participation rules whose justification was not sufficient to restrict the exercise of constitutional law. of free economic competition in connection with the right to equality. Although the participation rules defined by the state entities fulfilled the constitutionally valid purpose such as the general interest, that is, the proponents who complied with these rules were suitable to guarantee compliance with the object of the contract, by submitting said participation rules contained in the specifications to the principle of proportionality, it was observed that they were not the only possible measures to protect this principle, and on the contrary we found that there were other less restrictive rules of free competition that continued to guarantee that these other proponents were also suitable to guarantee the fulfillment of the contract, and therefore, facilitating a greater plurality of bidders, favoring the aforementioned right of free competition in connection with equal opportunities. Finally, the 30 tenders that facilitated the participation taken from the field work were analyzed to demonstrate that despite sacrificing the general interest by promoting a benefit to free competition and equal rights with a greater participation of bidders, it did not generate breaches of the contract in the execution and liquidation thereof, validating the application of the principle of proportionality in public call processes in state contracting.

La incorporación de los conceptos jurídicos indeterminados en la normativa administrativa y su relación con la discrecionalidad, se constituyen en temas de mucha actualidad y atención para el Derecho Administrativo. En este estudio se busca sistematizar su discusión doctrinal y analizar la inclusión de estos conceptos en la legislación. En términos generales abordaremos el instituto jurídico de la discrecionalidad administrativa, la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y la evolución de la jurisprudencia contencioso administrativa costarricense en esta materia. Este tema es de relevancia para los operadores jurídicos, tanto para el legislador en el procedimiento de formación de la ley, como para los jueces contenciosos en su función de contralores de legalidad de la actuación administrativa. The incorporation of indeterminate legal concepts into administrative regulations and their relation to discretion portrays topics of great relevance and consideration for Administrative Law. This study seeks to systematize doctrinal discussion and analyze the inclusion of these concepts into legislation. In general, we will address the legal norm of administrative discretion, the doctrine of indeterminate legal concepts and the evolution of Costa Rican administrative litigation jurisprudence regarding this matter. This issue is greatly relevant for legal operators, both for the law makers in the procedure of establishing the law, and for judges of contentious procedures in their role as comptrollers of the legality of administrative actions. UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) UCR::Sedes Regionales::Sede de Occidente UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Derecho

RESUMEN El concepto del precedente administrativo es una institución jurídica reciente para el ordenamiento normativo colombiano, y su incorporación legal es producto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de la última década, que impulsó al legislador a añadir esta figura por medio de la Ley 1340 de 2009 -Ley de protección de competencia- y la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-. En la actualidad, esta concepción legal representa grandes desafíos tanto teóricos como pragmáticos, ya que al otorgarle fuerza vinculante a las decisiones adoptadas previamente por la administración, con el ánimo de aplicar uniformemente la misma decisión cuando se presente una similitud de circunstancias fácticas y jurídicas, les permite a dichas entidades ser directamente una fuente de Derecho, y con ello, generar todas las controversias que tal actuación implica. ABSTRACT The figure of the administrative precedent is a recent legal institution for the Colombian legal system, its legal incorporation is the product of the last decade of Constitutional Court's jurisprudence, which had impelled the legislator to incorporate this legal category in Law 1340 of 2009 -Competence Protection Law- and Law 1437 of 2011 -Administrative Procedure and Administrative Litigation Code-. This category currently represents essential theoretical and pragmatical challenges because it gives binding force to the administrations' past decisions to apply, in a uniform way, the same verdict when it has similar factual and legal circumstance. It allows these entities to be a direct source of law, and with it being able to generate all the controversies that it implies. RESUMO O conceito do precedente administrativo é uma instituição jurídica recente para o ordenamento normativo colombiano, sua incorporação legal é produto da jurisprudência da Corte Constitucional da última década, que impulsionou ao legislador a adicionar esta figura através das Leis 1340 de 2009 -Lei de proteção de concorrência- e 1437 de 2011 -Código de Procedimento Administrativo e do Contencioso Administrativo-. Esta concepção legal na atualidade representa grandes desafios tanto teóricos quanto pragmáticos, pois ao outorgar-lhe a força vinculante às decisões adotadas previamente pela administração com vista a aplicar uniformemente a mesma decisão quando se apresente uma similitude de circunstâncias fáticas e jurídicas, lhes permite a ditas entidades ser diretamente uma fonte de Direito, e com isto, gerar todas as controvérsias que esta atuação implica.

Pese a la confianza que requieren los cargos de libre nombramiento y remoción, la discrecionalidad en los actos administrativos que declaran su insubsistencia no implica facultades absolutas, sino que somete a la administración al mejoramiento del servicio, al interés general, a los requisitos legales de inscripción en la hoja de vida, a los parámetros jurisprudenciales de registro de motivos y al respeto por los derechos fundamentales del servidor público. Metodológicamente, se explicarán los elementos que acreditan la desviación del poder ante una arbitrariedad en la insubsistencia de este tipo de empleos, sus principales medios de prueba, y se justificará la acción de repetición. Despite the confidence required by the free appointment and removal position, the discretion in the administrative acts that declare the non-subsistence does not imply absolute powers, but rather submits the administration to the service improvement, to the common interest, to the legal requirements of the registration in the curriculum vitae, to the jurisprudential parameters of registration of reasons and to the respect for the fundamental rights of the public servant. Methodologically, the elements that prove the deviation of power before an arbitrariness in the non-subsistence of this type of jobs, its main means of proof and justification of the repetition action will be explained.