36 páginas, La descentralización es un proceso que se ha planteado en diversas épocas de la historia de Colombia, la cual busca distribuir el poder y la asignación de recursos entre los diferentes niveles de gobierno. En la mayoría de los casos, el propósito de la descentralización es “transferir a los gobiernos locales atribuciones, recursos, información y decisiones, descongestionar el proceso de gobierno y dar mayor consistencia al Estado y a la sociedad misma” (Ortegón, 2008, p. 121). En Colombia, a partir de 1980, la discusión sobre la descentralización se intensificó, culminando con la aprobación de la Constitución Política de 1991, en la cual se determinó que la estrategia adecuada para el desarrollo del país era el fortalecimiento de la descentralización fiscal y política. En efecto, la organización del Estado colombiano a partir de 1991 se erigió a través de una combinación entre un sistema centralizado, en el cual el Gobierno nacional central mantiene funciones legislativas y jurisdiccionales, y un sistema descentralizado, en el cual un porcentaje de los recursos públicos se ejecutan localmente, con mayor autonomía por parte de las entidades territoriales (municipios y departamentos) en relación con decisiones políticas, fiscales y administrativas (Cárdenas, 2020, p. 173). En Colombia, las entidades territoriales, departamentos y municipios, a partir de la des- centralización, cuentan no solo con recursos provenientes del Gobierno nacional, que tienen el propósito de compensar los desequilibrios y las des- igualdades entre las entidades territoriales (Daughters & Harper, 2007), sino con el manejo de las finanzas públicas locales con miras a responder a las necesidades de interés colectivo. La respuesta de los diferentes Gobiernos territoriales se sucede a través de la gestión pública: en la estructura tributaria y en la estructura de gasto. Como resultado de este fortalecimiento, los Gobiernos locales y regionales han administrado un porcentaje creciente del gasto público total. Con la descentralización, las decisiones de los políticos locales están más cerca de las demandas por bienes y servicios de los ciudadanos, con lo cual la gestión pública territorial ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la población. La gestión local y departamental es guiada por la política pública que busca una provisión eficiente de bienes y servicios públicos como educación, salud, infancia, infraestructura, y seguridad, entre otros. Política pública que se sustenta en la existencia de un Estado pluralista que, en un marco jurídico-político y una administración pública, garantiza la coordinación y la cooperación de los miembros de la comunidad. Una buena gestión pública denota la incidencia de las decisiones que se toman en con- sideración al bien colectivo. Decisión que es acompañada con recursos que provienen de la estructura tributaria de los municipios y departamentos, de las regalías que percibe y de las transferencias que recibe de otros niveles de gobierno. Si los recursos no son suficientes, los Gobiernos tendrán que usar los recursos del crédito para financiar las necesidades de la estructura de gasto sin poner en riesgo la entidad territorial. Es importante señalar que, de acuerdo con la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (2015), son reconocidas las ineficiencias que presenta la estructura tributaria territorial, como resultado de la complejidad, lo disperso, lo costoso, lo desactualizado y lo difícil de administrar de ciertos tributos, lo cual afecta el desenvolvimiento de las actividades económicas y el desarrollo de los Gobiernos locales y departamentales. Se espera que las entidades territoriales al perfeccionar la estructura tributaria puedan tener mayor autonomía, fortalecer la institucionalidad, mejorar el financiamiento de la política pública, aumentar la discrecionalidad del gasto y proveer bienes colectivos locales necesarios para el desarrollo de la actividad privada (Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, 2020). El fortalecimiento de la estructura tributaria, junto con los recursos aprobados recientemente del Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2021-2022, que asciende a 17.25 billones, darán un impulso a la inversión de las entidades territoriales, que contribuirá a la recuperación económica de las regiones, después de la recesión económica que afrontaron a raíz de la pandemia por la COVID-19. En este capítulo se analiza el proceso de descentralización colombiano y su impacto en el desempeño fiscal de las entidades territoriales. Adicionalmente, se discutirá el papel de las regiones en la recuperación económica en época de la pospandemia a raíz de la COVID-19. Para realizar este análisis, el capítulo se divide en seis apartados. La sección dos ofrece una descripción de la estructura institucional actual del país. La tercera sección presenta un trasfondo histórico del proceso de descentralización colombiano, destacando las medidas tomadas desde la década de los ochenta. Esta sección pone especial énfasis en los cambios constitucionales y en la regulación que fortaleció la descentralización fiscal. La cuarta sección evalúa el desempeño fiscal de los departamento y municipios durante el periodo de vigencia de la descentralización en el país. Adicionalmente, se evalúa el papel del Sistema General de Regalías en la financiación de proyectos de inversión de los departamentos y municipios del país. En la quinta sección se presenta un panorama general del efecto de la pandemia sobre las finanzas territoriales y se evalúa el papel que los Gobiernos subnacionales pueden jugar en la recuperación economía durante la pospandemia. En la última sección se presentan las conclusiones.