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According to the UNHCR, in 2023 the number of forced displacements globally would rise to 110 million people. Throughout history, humanity has witnessed population displacements linked to environmental events. Since ancient times, natural disasters such as droughts and extreme weather events have generated temporary and permanent movements of communities. Currently, climate change and environmental degradation, largely caused by human action, are increasing the magnitude and frequency of these displacements, contributing significantly to the global exodus. Spain must increase its demands and demand a greater climate commitment both nationally and internationally. Only through a joint effort and shared responsibility can the challenge of climate change and its repercussions on human mobility be effectively faced. It is imperative that Spain leads by example, adopting ambitious and supportive policies that not only mitigate the effects of climate change, but also protect and support people who are forced to leave their homes in search of a safer and more sustainable future. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Article 38 of Law 12/2009 establishes that Spanish ambassadors can authorise asylum seekers to be transferred to Spain so that they can submit their application if their physical wellbeing is in danger and they are not nationals of the country where the diplomatic representation is located. The Supreme Court (judgment no. 199/2024) has clarified doubts regarding this provision: (i) this mechanism applies despite the lack of developing regulations in this regard; (ii) the Spanish ambassadors are the relevant authority to approve this transfer; (iii) courts can approve the transfer to Spain as an injunction to safeguard the measures' legitimate purpose; and (iv) the physical wellbeing element applies to the country of origin, not the country of transit. It has also clarified that the National Court's Chamber for Administrative Matters ("Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional") hears article 38-related appeals. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This paper analyzes the protection of victims of forced migration from the perspective of the philosophy of law and international human rights law. On the one hand, it focuses on the origin and philosophical-legal foundations of human dignity and its practical requirements as a legal principle. Understood in this sense, dignity is considered as the foundation of the most basic human rights; and implies universally enforceable legal prerogatives in favor of all persons, by the mere fact of their human nature; and without considering exogenous factors, such as origin or nationality. Within this context, fundamental notions such as ius communcationis, or the right of sociability of human beings and hospitality, which entail a common use of the universal land within the comunitas orbis or universal community, are recovered. It is concluded that, despite the efforts and the many legal instruments that exist in this regard, and which are based on the dignity of the individual, the protection afforded to them in practice is not sufficient. The reason for this lies in several factors, in particular, in the fact that although human dignity can be considered as the basis for the recognition of human rights on equal terms, its scope is limited to the most fundamental rights, such as life or the prohibition of torture and inhuman and degrading treatment, but does not imply more specific rights such as freedom of movement or residence. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Resumen El Plan de Acción Brasil PAB (2014-2024), se impulsó a partir de la evaluación del Plan de Acción México (2004-2014) que en sus programas planteó respuestas a la crisis desatada por la migración forzada transfronteriza colombiana en la primera década del siglo XXI, una de las épocas más cruentas del conflicto armado interno. Un fenómeno que persistió, aunque con niveles decrecientes, durante el proceso de los diálogos de paz (2012-2016) y tras la firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP (2016). Entre el 2000 y 2016, cerca del 80% de la migración forzada colombiana se enmarcó en flujos sur-sur. Colombia se ubicó durante los primeros quince años del nuevo siglo, como el principal país de origen de personas con necesidades de protección internacional de la región. En el marco de la segunda evaluación trienal del PAB, se realizaron grupos focales y entrevistas a profundidad a 166 personas de distintas nacionalidades, con necesidades de protección internacional en cinco países de América Latina. El objetivo fue contrastar las respuestas recibidas por las poblaciones afectadas con la formulación y aplicación de los marcos de respuesta regional. Los hallazgos evidenciaron que, los estándares de protección son aún frágiles frente a la inestabilidad política de la región; sin compromisos políticos de largo plazo los marcos de respuesta resultan temporales e inciertos.

Resumen. Este artículo analiza desde una perspectiva sociológica, las implicaciones en términos de protección del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo en la Unión Europea (UE). Trabajando desde una metodología cualitativa, este artículo tiene el objetivo de exponer una estrategia que puede entenderse como externalización de la responsabilidad de proteger desarrollada por la UE bajo el argumento de impedir la saturación del sistema de asilo europeo. Como principales resultados, señalo, en primer lugar, la estructuración de estrategias destinadas a frenar la llegada de población, y en segundo lugar, un análisis del control del acceso a la UE en función de contexto y región de procedencia siguiendo el modelo empleado en la Declaración UE-Turquía de 2016. Planteo como discusión la urgencia de mayores garantías internacionales apoyándome en las denuncias desarrolladas por organizaciones no gubernamentales, para finalmente concluir destacando las prácticas de repliegue de los sistemas de protección ante el aumento de la movilidad humana transnacional forzada.

Las resoluciones de refugio en México muestran resultados diferentes de acuerdo con la nacionalidad de los solicitantes, a pesar de provenir de contextos políticos, económicos y sociales similares. Por lo que persiste la interrogante de si la nacionalidad se torna en un factor para obtener refugio en México. Para responder esta interrogante se analizan las legislaciones mexicanas de refugio, se compara el contexto de origen de los solicitantes de Venezuela y el norte de Centro América y, finalmente, se cruzan datos de México y Estados Unidos sobre refugio y asilo, encontrándose patrones de coincidencia para rechazar a las mismas nacionalidades, que resaltan la presión que ejerce Estados Unidos sobre México en materia de política migratoria bajo una relación histórica de asimetría de poder.

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El objetivo de esta investigación es analizar si las diferencias de trato en los distintos Estados miembros y las disfunciones e incumplimientos de las normas del Sistema Común Europeo de Asilo, así como las distintas soluciones adoptadas por la Unión Europea frente a personas solicitantes de protección internacional en supuestos de afluencia masiva de personas desplazadas, suponen una discriminación contraria a la Convención de Ginebra, a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE o la Directiva 2000/43/CE, de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, o bien están justificadas por las normas de la UE. Para ello se analizan en primer lugar algunas diferencias de trato en el Sistema Común Europeo de Asilo en función del origen nacional de los solicitantes y el Estado miembro de solicitud; posteriormente profundizamos en la Decisión del Consejo de la aplicación de la Directiva de Protección Temporal a los nacionales ucranianos desplazados por la guerra, determinando si su inaplicación en situaciones similares como la crisis de Bielorrusia o la guerra de Siria constituye un trato discriminatorio, así como la exclusión de su ámbito de aplicación a ciertos grupos de personas extracomunitarias necesitadas de protección internacional. Finalmente, se analiza si el “Reglamento de crisis” propuesto en el Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, aporta soluciones frente a estos supuestos de diferencia de trato o discriminación. Recibido: 25 septiembre 2023 Aceptado: 19 noviembre 2023

El trabajo afronta la introducción de sistemas automatizados y de inteligencia artificial (IA) en la evaluación de la credibilidad en el ámbito de las solicitudes de protección internacional en Alemania. A estos efectos, se centra en el examen de dos instrumentos, a saber, la extracción y evaluación de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos de los solicitantes de asilo y el análisis lingüístico realizado por un software capaz de establecer el país de origen más probable del que proceden los demandantes. A través de las respuestas de la doctrina y de la jurisprudencia alemana respecto de los instrumentos mencionados, el estudio permite observar, desde la perspectiva del derecho de asilo, la tensión constante entre el camino hacia una mejora de la objetividad y eficiencia de las decisiones en el ámbito de la Administración pública, y la tutela de los derechos fundamentales de los interesados.

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La protección internacional de las personas refugiadas está instituida por el régimen jurídico establecido por la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967. A nivel regional, mientras que África desarrolló un instrumento de protección para aquellas personas que huían de eventos situacionales ocurridos en el país de origen en 1969, las Américas contaban con instrumentos regionales de asilo orientados hacia ciertos perfiles específicos que no resultaban adecuados para proteger a miles de personas desplazadas forzadamente por causa de los conflictos internos que se libraron a partir de principios de los años ochenta en Centroamérica. Tal situación evidenció la necesidad de contar con un instrumento regional americano de protección para esos individuos a los que la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 no podían incluir en la definición del término persona refugiada. Así, los Estados adoptaron una nueva definición incorporando elementos del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conocida como Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. A casi 40 años de esta, catorce países americanos la han incorporado en sus marcos normativos nacionales de asilo permitiendo brindar protección a miles de personas obligadas a huir de sus países de origen.

This article analyzes the application of a regularization mechanism for immigrants, typical of Spanish law and directly linked to integration measures, as a possible legal solution for thousands of asylum seekers whose applications have been rejected or remain unresolved in any of the European Union Member States. The revision of the regulations and directives of the Common European Asylum System reform focuses on the extension of integration measures to these people. A new approach is provided to the figure of social ties in the field of applicants for international protection, concluding that if such a mechanism were incorporated into the planned reforms, this would give them the possibility to renounce their immigration status and opt for an administrative residence and work authorization, causing a huge impact on the entire system. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Con la creciente visibilidad de envejecimiento de la población a nivel global, se ha planteado la pregunta de la suficiencia del marco internacional de derechos humanos para proteger los derechos de las personas de edad. Desde 2010, el denominado Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre envejecimiento ha discutido esta cuestión y, en su seno, se ha debatido la conveniencia de un instrumento específico sobre los derechos humanos de las personas de edad. Este artículo sintetiza algunos de los principales argumentos en favor de la adopción de instrumento específico discutidos durante las doce sesiones del Grupo de trabajo. Algunos de estos argumentos han sido refrendados por la adopción, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, del primer instrumento regional vinculante sobre la materia, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se emplea a efectos ilustrativos.

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El desplazamiento forzado y la migración han visto un aumento significativo en los últimos años, llegando a números récord de personas refugiadas, migrantes y desplazadas registradas respectivamente por acnur y por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Un número significativo de personas en movilidad se desplazan en lo que se denomina movimientos mixtos o flujos mixtos, y el debate público tiende a discutir estos flujos utilizando de manera indistinta los términos migrantes o refugiados. Sin embargo, hay diferencias sustanciales ente los dos términos y lo que puede parecer una distinción semántica, tiene consecuencias profundas en el marco del derecho internacional. Esto lleva a la necesidad de examinar nuevamente la distinción entre los términos migrantes y refugiados a nivel conceptual y jurídico, y las consecuencias que derivan de esta distinción, particularmente en lo relacionado al marco jurídico de protección aplicable a personas en movilidad.

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Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 hasta las recientes crisis de refugiados en la UE, las distintas fases del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) han propiciado continuas excepciones radicadas en seguridad, limitando gravemente los derechos de los solicitantes de protección internacional. Las políticas de seguridad nacionales en el ámbito del asilo se han ido conectando cada vez más al procedimiento de tramitación y, en su caso, de reconocimiento del estatuto de protección internacional. A priori, este nexo causal puede criminalizar a un colectivo especialmente vulnerable, desvirtuando el “mínimo denominador común” de la normativa comunitaria, lo que ha generado que el actual marco jurídico resulte especialmente fragmentado, incoherente e incluso, contrario al propio espíritu del SECA cuando la efectividad del mismo pivota en torno a la seguridad nacional. La inminente reforma del SECA pretende proporcionar verdaderas mejoras en la relación seguridad nacional y protección internacional. Se prevé una progresiva traslación de los problemas competenciales relativos a la seguridad desde el seno de los Estados miembros hacia el ámbito comunitario abordando estas cuestiones “por defecto” no solo gracias a un mayor perfeccionamiento del régimen competencial sino también en virtud de una actuación mejorada de los nuevos organismos y agencias que aseguran un efectivo control de las fronteras exteriores de la UE. Ahora bien, esta no ofrece respuestas adecuadas a nuevos retos como la radicalización o reclutamiento de solicitantes de protección internacional y refugiados y que exige, el diseño de un novedoso “marco proactivo o preventivo” que permita afrontar por parte de los Estados miembros imprevistas acciones terroristas o de delitos de especial gravedad.

Cuando hablamos del asilo y el refugio por motivo de orientación sexual y de identidad género (SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity, siglas en inglés) en la Ciudad de Melilla, hablamos de un fenómeno contextualizado por cuatro realidades que influyen como factores determinantes: La realidad de la protección internacional dentro del fenómeno migratorio. La propia vulnerabilidad del colectivo LGTBI en el conjunto de la sociedad. La especificidad del asilo desde el punto de vista procedimental y del sistema de acogida en Melilla. La especificidad de los grupos especialmente vulnerables dentro del fenómeno del asilo y el refugio. Otro factor a tener en cuenta es cómo la pandemia ha afectado al colectivo de migrantes solicitantes de asilo LGTBI en Melilla de forma específica durante estos dos años (Washington blade, 2020).

The COVID-19 pandemic has affected the process of acquiring autonomy for asylum seekers in Spain who are in the Reception System for Applicants and Beneficiaries of International Protection (SAISAR). This article analyses the impact of the COVID-19 measures and the changes in political strategy from the perspective of professionals who work with refugees. The negative effects on services of the specific reception programme are determined based on fieldwork from Almería. Mainly, they are the result of communication issues, the digital divide, slow administrative processes and prolonged stays in prior stages, added to which is an acceleration of decisions -- mostly negative -- which has left many asylum seekers outside the system. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Spaces for containing migrants arriving in Spain have proliferated, whether closed -- Foreigner Internment Centres (CIE, in its Spanish acronym) and Centres for Temporary Assistance to Foreigners (CATE) -- or semi-open -- Temporary Stay Centres for Immigrants (CETI). Asylum application procedures and government practice in each of these settings mean that significant geographical and national differences exist in terms of numbers of requests for international protection. Based on a quantitative, normative and documentary analysis of the requests made in recent years, above all at the Spanish southern border, it is argued that via the containment/confinement mechanisms in place the current border control system conditions asylum applications in order to accelerate them when the government seeks immediate deportation, to discourage their formalisation or transfer to another European state. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

In a context of restriction of both irregular migration flows and those in need of protection in the global North, the objective of this article is to analyze the implementation of Mexican refuge policies after the legal changes of 2011. Based on the documentary review and the statistics from the administrative records of COMAR, the obstacles encountered by those who require international protection to be granted refugee status, or, in this case, complementary protection (protección complementaria), are analyzed. While Mexican legislation is generous in terms of the possibility of granting these legal protections, the analysis of their implementation allows us to account for practices of blocking, deterrence and immobilization that - in the logic of containment - make it difficult, as well as with often prevent, achieve international protection. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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La presente investigación tiene como objeto el estudio del derecho fundamental a un recurso efectivo en el marco jurídico de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional. La Directiva dispone que cualquier extranjero no ciudadano europeo que se encuentra en el territorio de la Unión Europea tiene derecho a: acceder a los procedimientos para solicitar protección internacional; recibir las garantías procedimentales suficientes para estar en condiciones de seguir el procedimiento en todas sus fases y, en su caso, recurrir una decisión negativa ante un juzgado o tribunal (vid. considerando núm. 25). Sin embargo, no se le garantiza tout court el derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro competente mientras se analiza su demanda. De este modo, el legislador de la Unión Europea legitima de forma indirecta la ejecución de numerosas órdenes de devolución y expulsión «prematuras». Consecuencia fundamental de esa laguna es la violación del art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las dificultades de aplicación e interpretación de la Directiva son patentes en la más reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así lo testimonia su última sentencia dictada contra España. El Estado español ha sido sancionado por haber devuelto a un nacional maliense y a un nacional marfileño que habían cruzado irregularmente la frontera entre Marruecos y España en Melilla (asunto N.D. y N.T. vs. España)

The effects of climate change, natural disasters and environmental degradation are some of the factors detected by UNHCR in recent decades as a cause of the massive displacement of populations either within the State itself or outside its borders. However, we must distinguish two situations, on the one hand the displacements that occur due to the will of the individual who seeks to improve and sometimes ensure their life, and on the other hand, people who migrate forcibly either due to the disappearance of the territory where they live or as a consequence of natural catastrophes. The question is whether international law has an answer especially for forced migrants who become stateless since this form of migration due to natural phenomena is not contemplated in the international conventions that protect human rights. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El artículo propuesto busca examinar los acuerdos, medidas, programas y planes de acción especiales que la Comisión Europea ha puesto en marcha para abordar la situación migratoria que se vive en Europa, y cómo estos discriminan a las personas solicitantes de asilo en función de su nacionalidad. Grecia junto con Italia, son los primeros países de la Unión Europea a los que llegan las personas migrantes/refugiadas/solicitantes de asilo y donde estas experimentan por primera vez, dentro de las fronteras europeas, las consecuencias directas de las decisiones, acuerdos y medidas implementadas. El presente artículo se centrará en el caso griego. La mayoría de las investigaciones actuales sobre desplazamientos forzados se centran en el conflicto sirio, olvidándose del resto de conflictos y personas que buscan refugio en Europa provenientes de países como Afganistán, Irak, Irán, Pakistán y Palestina, entre otros. Multitud de personas solicitantes de asilo llegan a Grecia cada mes desde hace más de dos años. El acceso o restricción a servicios y programas dependiendo de la nacionalidad del o la solicitante de asilo supone una clara discriminación por origen nacional y la aparición de categorías como refugiados de primera o segunda clase. El programa de reubicación es un claro ejemplo, ya que únicamente siete nacionalidades, además de las personas apátridas, pueden acogerse a dicho programa.

Este artículo aborda las dificultades en el acceso al asilo en el Estado español de aquellos sujetos que sufren persecución por parte de pandillas en Centroamérica. Bajo la consideración de una migración causada por delincuencia común y no fruto de una persecución y desprotección del Estado, la posibilidad de acceso al asilo se reduce hasta el punto de no optar a una protección internacional. Se ahonda en este escrito en la consideración de desprotección que se estipula en la Convención de Ginebra así como en el Protocolo de Nueva York, aterrizando en la casuística del procedimiento de asilo español y analizando la manera en la que se está razonando la negativa al acceso a protección en estos casos concretos. Se recoge por tanto una reflexión en torno a las nuevas formas de desprotección que desde el derecho de refugiados deberá trabajarse e incorporar.

En el último lustro las situaciones de conflicto armado existentes en distintos países africanos y de Oriente Medio ha traído consigo una afluencia de refugiados al viejo continente desconocida desde la segunda guerra mundial. Ante la imposibilidad de acceder a suelo europeo de forma legal, quienes huyen de la persecución y de la guerra se ven obligados a realizar un viaje que supone un alto coste para su vida, para su integridad física y mental y hasta para su dignidad. El propósito de este trabajo consiste en ahondar en dos iniciativas que se encuentran en marcha en este momento en el seno de la Unión y que, caso de resultar aprobadas, podrían permitir el acceso legal y seguro a Europa de un importante número de personas necesitadas de protección internacional. Estamos hablando del visado humanitario europeo y del proyecto de Reglamento por el que se establece el marco de reasentamiento de la Unión. Veremos si los Estados están a la altura de los principios y valores que presiden la organización de la que son miembros. Recibido: 29 enero 2019 Aceptado: 13 febrero 2019 Publicación en línea: 30 abril 2019

Objective/context. This article analyzes the international protection afforded to Colombian refugees in neighboring countries, with a particular emphasis on Panama, Venezuela and Ecuador. It examines the political and security interests of these states as regards their legal recognition of these cross-border migratory flows in light of their international obligations under the 1951 Geneva Convention. It then considers how the various protection labels conferred on refugees contribute to the formation of their identities. Finally, it seeks to question and challenge the evolution of UNHCR's role and responsibilities in protecting these migrants under its 1950 mandate. Methodology. This empirical case study is based on a qualitative review of the literature pertaining to migratory flows induced by the armed conflict, including official reports published by UN agencies as well as international and Colombian non-governmental organizations (NGOs). Conclusions. The complex dynamics underlying the interregional political and security interests of Colombia's neighbors have led them to afford limited or no international protection status to the forced migrants. Originality. The relevance of this study is highlighted by the ongoing failure in identifying a durable solution to the protracted situation of Colombian refugees displaced throughout neighboring countries. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The present work addresses an innovative legal analysis on the treatment and protection of personal data about asylum and subsidiary protection seekers in the comprehensive reform of the Common European Asylum System (CEAS). This reform, among other countless aspects, has increased the effective EU Information Management as the key to protect external borders, improve the management of migration flows and contribute to the enhancement of internal security. The applicable data protection legislation is significantly fragmented, complex and diffuse since, despite the GDPR excludes from its scope asylum-related activities, border control, and immigration is directly defined in the proposed Dublin IV, Procedures and Eurodac regulations. At the same time, the persistent linkages to the security of Member States can reflect the potential application of the Data Protection Directive on Police Matters. In addition, the interoperability of different information systems, the deployment of specific bodies (such as Frontex or EASO) as well as law enforcement authorities are bound directly by their own regulations. Consequently, this fragmented and particularly complex legal framework constitutes the subject of the study. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This article aims at analyzing the discourses, narratives, and imaginary produced by the Boyacá press on the migration of Venezuelan People in Need of International Protection (PNIP) to Colombia during 2016-2018. To this end, 864 printed and digital issues of the newspaper Boyacá Sie7e Dias, which is widely distributed in the department of Boyacá, are reviewed. It is assumed that the press is highly privileged to create discourses that branch out rapidly into the social body due to its ongoing massive distribution. This impacts the audience and gives rise to the powerful social imaginary that influences public opinion, the political agenda, and even court decisions. Therefore, it is urgent to conduct research into the formation of narratives, especially to capture the effects of narratives and the imaginary on the fundamental rights of PNIP. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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The objective of this article is to provide an analysis of the international norms applicable to internally displaced persons. Even though, internally displaced persons are responsibility of the country of which they are nationals, international instruments have been created to address their situation. This analytic study is divided into two parts. The first part addresses the international instruments of soft law for the protection of these persons, it focus particularly in Guiding Principles on Internal Displacement. The second part concentrates in the hard law that has been adopted by the African continent in a regional level, and by domestic legislation in the Colombian case. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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