Criterios para compatibilizar el derecho de acceso y la protección de datos por las administraciones públicas

El derecho de acceso a la información pública es una de las manifestaciones de la transparencia de las Administraciones Públicas que descansa sobre el artículo 105.b) de la Constitución española. Sin embargo, este derecho se ejerce por los ciudadanos con las limitaciones contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que concibe la protección de datos personales como uno de los límites más relevantes de aquel derecho de los ciudadanos. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales impone a la actividad de las Administraciones Públicas la protección de estos datos personales al igual que ocurre en su tratamiento por los particulares, pero el cumplimiento de las obligaciones de la actuación administrativa transparente hacen necesaria una ponderación de la extensión del derecho de acceso a los expedientes e información pública, y de la amplitud de la protección que se debe dispensar a dichos datos personales. El hecho de que las Administraciones públicas tengan como principal finalidad la defensa de los intereses generales, matiza el derecho a la protección de datos y requiere una especial compatibilización con otros derechos y situaciones jurídicas que se generan con ocasión de la actividad administrativa. En este trabajo se pretenden determinar las bases de la extensión del derecho a la protección de datos de los ciudadanos en su tratamiento por las Administraciones públicas, al tramitar procedimientos administrativos y realizar otras actividades que les son propias. Con tal finalidad, se exponen los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la determinación de la preferencia de la protección de datos personales o de la transparencia administrativa, y se valora cómo mejorar la regulación existente en la actualidad. The right to access to public information is one of the manifestations of the transparency of Public Administrations that lies on article 105.b) of the Spanish Constitution. However, this right is exercised by citizens with the limitations contained in the Act number 19 of 2013, of December 9, on transparency, access to public information and good governance, which conceives the protection of personal data as one of the most relevant limits of that right of citizenship. The Organic Act number 3 of 2018, of December 5, on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights, imposes the protection of these personal data to the Public Administrations activity as it does in their treatment by individuals, but compliance with the obligations of transparent administrative action requires a weighting of the extension of the right of access to public records and information and the extent of protection that should be provided to such personal data. The fact that public administrations aim to defence general interests, crashes to some extent to data protection, and it needs a special compatibility with other rights and legal situations that are related to the activity of administrative activity. This paper aims to assess the basis of the extension of the right to protection of citizens in the treatment of public administrations, the processing of administrative procedures and while performing other activities that are in their scope of action. With this purpose, we analyse the criteria that must be taken into account in determining the preference of personal data protection or administrative transparency, and we assess how to improve the current regulations.