Desafíos de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz

La aplicación de la Justicia Transicional en Colombia basada en los diálogos y en el acuerdo de paz, desarrolla elementos importantes en relación a la ética del conflicto, la solución negociada y el reconocimiento de las víctimas. Estas herramientas razonables, enmarcadas con sigilo por los distintos protagonistas, como la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y el Tribunal Especial para la Paz, ha logrado que una iniciativa del Gobierno colombiano y las FARC-EP, obtenga el mejor acuerdo posible, con legitimación democrática y un intento de lograr una paz estable y duradera (Reyes Alvarado, 2018). Este año 2017 el desarrollo legal del acuerdo de paz ha esquematizado diversos actos legislativos, múltiples leyes y decretos reglamentarios al interior del sistema judicial colombiano. Existen problemáticas derivadas de las interpretaciones normativas desde el procedimiento y la prueba que se desarrolló de manera transversal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el condicionante del reconocimiento de la verdad y la responsabilidad (artículo transitorio inciso 5 del Acto Legislativo n.° 001 de 2017). Hasta la responsabilidad por la cadena de mando como referente jurídico de impacto en la política criminal y el proceso penal, siendo indispensable realizar una delimitación y análisis de cada caso en concreto, para evitar las persecuciones oportunistas. Este artículo busca desarrollar la conceptualización de estos contenidos y su análisis a la hora de ser puestos de presente en la práctica judicial.