Contratos de servicios públicos celebrados por adhesión, ante cláusulas abusivas o excesivamente onerosas

El Estado como ente de poder público ejerce funciones administrativas encaminadas a suplir las crecientes necesidades sociales. Para ello encarga dichas funciones a la Administración Pública, la que entonces debe poner a disposición de la población los servicios públicos. Los destinatarios de estos se convierten en consumidores activos a través de relaciones contractuales y, por ende, se generan contratos de servicios públicos entre ambos sujetos de derecho. Al ser la Administración la parte privilegiada, por sus amplias prerrogativas, establece cláusulas predispuestas que podrían ser abusivas o generar una excesiva onerosidad. Por lo tanto, se requiere el establecimiento de sistemas de control: legal, administrativo y judicial, que actúen en conjunto y den seguridad jurídica al consumidor al requerir el servicio público.