Actores y actuaciones en la preconstitución de la prueba en el proceso penal contra la persona jurídica

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal los programas de cumplimiento normativo (Compliance) irrumpen en nuestro ordenamiento jurídico y en el tejido empresarial como la prueba específica de la persona jurídica para conseguir atenuar o eximir su responsabilidad penal. Estos programas de cumplimiento normativo se constituyen como una prueba preconstituida con ciertas especialidades. Por otro lado, se analiza la necesidad o no de establecer límites procesales en el desarrollo de implementación de los mismos, para que cumplan tanto una función preventiva como una función de prueba de descargo. El análisis de los actores, actuaciones y elementos que contribuyen a la elaboración del Compliance (Compliance Officer, Canal de denuncias, Whistlerblower e Investigaciones Internas). El estudio de los límites que encontramos en la configuración del Compliance como prueba preconstituida, tanto del punto de vista del Derecho sustantivo como en el Derecho Procesal. La importancia de la aplicación de la «doctrina de la conexión de antijuridicidad» en cuanto a la institución jurídica de la prueba prohibida en el caso de los programas de cumplimiento. Y el establecimiento de las diferencias existentes entre las investigaciones internas realizadas por el Compliance Officer y las diligencias de investigación realizadas por la autoridad pública.