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El sharenting, fenómeno social ampliamente extendido que consiste en que los progenitores publican fotografías y vídeos de sus hijos menores de edad en sus redes sociales, plantea el problema de si es suficiente el consentimiento del progenitor usuario de la red social o es necesario el de ambos progenitores. Acerca de esta cuestión se han pronunciado varias Audiencias Provinciales, cuyas sentencias se analizan en el presente trabajo. Las mismas se refieren, en primer lugar, a la cuestión de en qué medida el sharenting afecta al derecho a la propia imagen y al de protección de datos personales de los menores y cuándo es necesario el consentimiento de los progenitores para la disposición de los citados derechos de la personalidad. En segundo lugar, se posicionan acerca de la cuestión del ejercicio de la patria potestad para la publicación de fotografías y vídeos de los menores de edad, pudiendo distinguirse dos tendencias al respecto, según que se considere que es necesario un ejercicio conjunto por ser ambos progenitores titulares de la patria potestad o individual, en atención al uso social., Sharenting, a widespread social phenomenon in which parents post photographs and videos of their underage children on their social networks, raises the question of whether the consent of the parent using the social network is sufficient or whether both parents are required. Several Courts have been held on this issue, and their rulings are analyzed in this paper. They refer, in the first place, to the extent to which sharenting affects the right to one’s own image and the right to protection of personal data of minors and when it is necessary to obtain the consent of the parents for the provision of the aforementioned personality rights. Secondly, they take a position on the question of the exercise of parental authority for the publication of photographs and videos of minors. Two tendencies can be distinguished in this regard, depending on whether it is considered that joint exercise is necessary because both parents are holders of parental authority or individual, in view of social use.

La necesidad de aproximar las legislaciones de los distintos Estados europeos en el ámbito de la reproducción asistida, para evitar el llamado “turismo reproductivo”; así como la conveniencia de realizar una valoración previa de las personas que solicitan ser receptoras de estas técnicas con fines reproductivos, en orden a acercar las distintas formas de filiación, hace que nos planteemos en el presente trabajo la introducción del “bienestar del menor por nacer” como un “interés” más a ponderar para acceder a las técnicas de reproducción asistida., The need to approximate the legislation of the different European States in the field of assisted reproduction, in order to prevent the so-called “procreative tourism”; as well as the convenience of making a previous assessment of the persons who request these techniques for reproductive purposes, in order to bring closer the different forms of filiation, makes us consider in the present paper the introduction of the “welfare of the unborn child” as another “interest” to be weighed for accesing in assisted reproduction technologies.

En este trabajo se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019, que ha venido a considerar que la falta de relación familiar manifiesta entre padres e hijos mayores de edad puede provocar la extinción de la pensión de alimentos, en caso de que dicha ausencia de relación familiar sea imputable, de modo principal y relevante, a los hijos. Se trata de una causa que ha sido alegada por los padres desde hace años como motivo para conseguir privar al hijo mayor de edad de la pensión alimenticia en instancias inferiores, sin embargo, nunca se había hecho valer ante el TS, por lo que interesaba conocer la opinión de nuestro Alto Tribunal al respecto. El propio TS reconoce en esta sentencia la necesidad de establecer jurisprudencia sobre el problema jurídico planteado, al ser un conflicto muy frecuente en la realidad social actual., This paper analyses the Supreme Court’s ruling of 19 February 2019, which considered that the manifest lack of a relationship between parents and their children of full age can lead to the extinction of the maintenance allowance, if this lack of relationship is mainly and significantly attributable to the children. This is a situation that has been put forward by the parents for years as a reason for depriving the adult child of maintenance at lower levels, but it had never been brought before the Supreme Court, so it was interesting to hear the opinion of our High Court on this matter. The Supreme Court itself acknowledges in this judgment the need to establish case law on the legal problem raised, as it is a very frequent conflict in the current social reality.

Cada vez más parejas que han contraído matrimonio o formalizado su unión se disuelven y vuelven a formar otras familias, las llamadas familias reconstituidas. En ellas se involucran adultos y menores, por lo que necesitan una identidad propia que determine los derechos y obligaciones de cada uno. Aunque nada se ha previsto en el Código civil español, no acontece igual en otros Derechos, como en algunos de los llamados Derechos forales y en los ordenamientos jurídicos de otros países. Partiendo de ello, en este artículo vamos a realizar algunas consideraciones en torno a lo que podría ser su régimen jurídico., More and more couples who have married or formalized their union are dissolving and forming other families, so-called Stepfamilies. They involve both adults and minors, so they need an identity of their own that determines the obligations and rights of each. Although nothing has been provided for in the Spanish Civil Code, this is not the case for other rights, such as some of the so-called Foral Rights and the legal systems of other countries. From here, in this paper we are going to make some considerations about what could be their regulation.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el artículo 19 de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital (en adelante, la Directiva), que instaura una obligación legal de transparencia en los contratos que los creadores celebran con las industrias de contenidos creativos y culturales con el fin de autorizar la explotación comercial de sus obras. Se pretende explicar el régimen jurídico comunitario de la obligación de transparencia; valorar en qué medida pueden alcanzarse los fines pretendidos con la misma y señalar los cambios legales que debe realizar el legislador español para cumplir con la nueva regulación comunitaria., The purpose of this paper is to analyse Article 19 of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market (hereinafter the Directive), which introduces a legal transparency obligation in the contracts that creators conclude with the creative and cultural content industries in order to authorise the commercial exploitation of their works. The aim is to explain the legal regime of the transparency obligation; to assess the extent to which the aims of this obligation can be achieved and to point out the legal changes that the Spanish legislator must make in order to comply with the new regulations.

La situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 proporciona una buena oportunidad para reflexionar sobre la política de vacunación. El ordenamiento jurídico español adopta como regla general el carácter voluntario de la vacunación, aunque hay determinadas situaciones (entre las que puede encontrarse la pandemia internacional del COVID-19) en las que podría imponerse la vacunación forzosa. Más allá de los datos normativos, también debe prestarse atención a la batalla global que se estaba librando en los últimos años frente a los antivacunas, que puede encontrar un aliado muy potente en los infectados por el virus, que demandan con urgencia el descubrimiento de la vacuna que ponga remedio a la enfermedad., The health emergency situation caused by the COVID-19 coronavirus provides a good opportunity to reflect on vaccination policy. The Spanish legal system adopts as a general rule the non-mandatory vaccination, although there are certain situations (as, for example, the international pandemic of COVID-19) in which forced vaccination could be imposed. Beyond the normative data, attention must also be paid to the global battle that has been raging in recent years against anti-vaxxers, which can find a very powerful ally in those infected by the virus, that urgently demand the discovery of the vaccine that will remedy the disease.

El ensayo clínico constituye una de las piedras angulares de la investigación biomédica. De hecho, son necesarios para la autorización de nuevos medicamentos o para nuevas indicaciones terapéuticas de los que ya están siendo comercializados. De los ensayos clínicos dependen, además, buena parte del avance científico y de la mejora en la asistencia sanitaria. Aunque estadísticamente no son muy frecuentes, los daños en ensayos clínicos sí son muy mediáticos, saltando a un primer plano de la actualidad cada vez que se producen muertes o lesiones graves de los participantes. Se pone así de manifiesto, en un par de ejemplos recientes, la tensión y el difícil equilibrio entre la seguridad de los sujetos de ensayo y la necesidad de utilizar una metodología irrenunciable para progresar en el tratamiento de las enfermedades. Nos referimos, en primer lugar, al caso Bial, que ocurre en Francia a principios de 2016. Tras la previa experimentación en chimpancés, se estaban desarrollando desde mediados de 2015 en las instalaciones de la empresa privada Biotrial, con sede en Rennes, ensayos de un medicamento para combatir cambios de ánimo y distorsiones motoras que aparecen en enfermedades degenerativas. El ensayo se encontraba en fase I3, realizándose con voluntarios sanos que sufrieron accidentes cerebrales con necrosis y hemorragias profundas, llegando a fallecer un participante. En el segundo caso, en julio de 2018 se paraliza en Holanda un ensayo clínico con Viagra en embarazadas tras la muerte de 11 bebés. Las madres habían recibido durante el embarazo sildenafilo para favorecer el crecimiento de la placenta. La prueba se inició en 2015 y participaron 183 gestantes (93 tomaron Viagra, 90 un placebo). El sildenafilo dilata los vasos sanguíneos y se utiliza la mejorar la erección masculina, y los médicos esperaban que aumentara el flujo de sangre en la placenta, haciendo que prospere el feto, pero ahora se teme, a la espera del resultado de la investigación, que el sildenafilo

La evolución de la profesión sanitaria y de la sociedad han dado lugar al abandono del paternalismo clásico y al nacimiento de la etapa de toma de decisiones compartida. La manifestación más directa de este cambio de paradigma ha sido el reconocimiento del derecho al consentimiento informado. En nuestro país, la plasmación del mismo se produjo con la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En suma, se concreta en un derecho de configuración legal que supone el reconocimiento, a todos los pacientes, de dos facultades íntimamente conectadas: de un lado, poder conocer el estado de su salud y las implicaciones de la intervención que, en su caso, deba llevarse a cabo; de otro, tras recibir esta información, decidir lo que estime más adecuado en este ámbito. Además, como tuvo ocasión de destacar nuestro Tribunal Constitucional, el consentimiento informado tiene implicaciones constitucionales en tanto en cuanto opera como una garantía del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). Asimismo, lo cierto es que también pueden verse comprometidos otros derechos constitucionales como la libertad o la dignidad. De esta suerte, la tutela del consentimiento informado aparece como imprescindible, ya que, de otro modo, los usuarios de los centros de salud no podrán desarrollar su facultad de autodeterminación y su autonomía de la voluntad. En este sentido, entendemos que la responsabilidad civil merece ser repensada a la luz de los mandatos de nuestra Carta Magna, ofreciendo un sistema de reparación que sea respetuoso con los mismos.

SUMARIO: l. INTRODUCCIÓN. II. EL ORIGEN DEL PRECEPTO: EL LÍMITE DE ILUSTRACIÓN EN EL CB Y EN LA DDASI. III. LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIGITALES PROTEGIDOS POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ENSEÑANZA PRESENCIAL Y ONLINE. 1. El artículo 5 DDAMUD. A) Estructura de la norma. B) Requisitos para la aplicación del límite: análisis del art. 5.1 DDAMUD. a) Derechos de explotación involucrados. b) El uso de recursos digitales. c) La finalidad docente. d) Los sujetos afectados. e) La indicación del nombre del autor y de la fuente. C) Los requisitos no específicamente previstos por el art. 5 DDAMUD. a) El necesario respeto del derecho de divulgación. b) El tipo de obra susceptible de utilización. e) La extensión del uso. D) El elemento facultativo: la compensación equitativa. E) El control de la legalidad del uso de las obras en los servicios de enseñanza online transfronterizos. F) El ámbito de aplicación de la excepción: su carácter obligatorio y los acuerdos de licencia. BIBLIOGRAFÍA.

Dentro de las cláusulas que han producido más litigiosidad en materia de préstamos hipotecarios, destacan las que se refieren a los pactos relativos al cálculo, variabilidad y cuantía de los intereses remuneratorios. Entre ellas, las cláusulas de redondeo al alza del tipo de interés variable, las cláusulas suelo, las que han utilizado como índice de referencia el IRPH, las que indexan el capital a una divisa extranjera (hipotecas multidivisa) y también las que acuerdan calcular el interés del préstamo conforme al año comercial (de 360 días) y no con el año natural (de 365 días). A pesar de referirse todas ellas al objeto principal del contrato de préstamo (los intereses remuneratorios), no todas son descriptivas o definitorias del mismo y han de juzgarse conforme a criterios de transparencia, como muestra la jurisprudencia del TS y del TJUE., Among the clauses that have produced more litigation in terms of mortgages, the ones that stand out are those referring to the agreements related to the estimate, variability and amount of remuneratory interest rate. Among them, the rounding up clauses of the variable interest rate, the «floor clauses», those that have used «IRPH» as a reference index, those that index the capital to a foreign currency (multi-currency mortgages), and also those that agree to calculate the loan’s interest according not to the calendar year (of 365 days), but to the commercial year (of 360 days). Although all of them refer to the main subject matter of the loan contract (the remuneratory interests), not all of them are descriptive or defining of it, and must be judged according to the control of material transparency, as the Supreme Court and the Court of Justice of the European Union case-law denotes.

En la presente tesis doctoral se ha llevado a cabo una investigación multidisciplinar de los fenómenos del acoso escolar y ciberacoso. Para ello se ha analizado, en primer lugar, desde el punto de vista sociológico y psicológico, las causas, consecuencias y mecanismos de detección e intervención, tanto del acoso escolar como del ciberacoso. En segundo lugar, desde la perspectiva jurídica, se ha abordado la exégesis de la regulación penal aplicable tanto a los mayores como a los menores de edad. Finalmente, en tercer lugar, se ha llevado a cabo el examen de la responsabilidad civil del menor agresor, de los padres y centros docentes, debiendo diferenciarse entre la naturaleza pública o privada de éstos últimos, dado la diversa normativa aplicable sobre en materia de responsabilidad de los mismos.

Al hilo de la aprobación de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el presente trabajo tiene por objeto el estudio de la regulación del tratamiento de datos personales y de contenidos digitales tras el fallecimiento de la persona (o «testamento digital»), según sus arts. 3 y 96, respectivamente. Para ello, será analizado cómo ha sido resuelta esta cuestión en otros países europeos, lo que permitirá comparar tales normas con los elementos configuradores de la gestión de los contenidos digitales y la protección de los datos de personas fallecidas en España., This work aims to analyse the regulation of the processing of personal data and digital content after death of the person (or “digital will”), arising from arts. 3 and 96, respectively, of LO 3/2018, of 5th December, on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights. In order to do this, it will be considered how this issue has been solved in other European countries, which will allow to compare these laws with the elements that configure the management of the succession of digital assets and the protection of the data of deceased persons in Spain.

A raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional de 4 de junio y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de junio, ambas de 2018, el presente trabajo tiene por objeto analizar el conflicto entre el derecho al olvido y la libertad de información en relación con un supuesto concreto: el uso del nombre y apellidos en noticias contenidas en hemerotecas digitales. Para ello, se analiza en primer lugar si los archivos digitales de la prensa quedan amparados por la libertad de información y, en segundo, se estudian los criterios de ponderación necesarios para equilibrar los derechos en liza, en especial, la relevancia pública de la información tras el paso del tiempo. Finalmente, se determinan las medidas adecuadas para el restablecimiento del derecho al olvido y se comparan con las aportadas por las recientes normas que lo han reconocido legalmente, en concreto, con el RGPD y la LOPDGDD., As a result of the judgements of the Spanish Constitutional Court of 4th June and the European Court of Human Rights of 28th June, both of 2018, the purpose of this paper is to analyse the conflict between the right to be forgotten and freedom of information in relation to a specific situation: the use of the name and surnames in news contained in digital press archives. Firstly, it is considered if the digital archives of the press are protected by the freedom of information and, secondly, the weighting criteria to balance the rights at issue are studied, especially, the public relevance of the information after the passage of time. Finally, the appropriate measures for the restoration of the right to be forgotten are determined and compared with those provided by the recent legal instruments that have recognized it, in particular, with the GDPR and the LOPDGDD.

La inscripción de nuevas edificaciones en el Registro de la Propiedad ha constituido, constituye, y muy probablemente seguirá constituyendo una de las fuentes más importantes de conflictos en nuestro sistema hipotecario, a pesar de lo cual no puede decirse que sea uno de los temas más estudiados ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado. El presente artículo analiza la legitimación activa en la declaración de obra nueva, vinculándola a la naturaleza jurídica de la misma, al título inscribible, así como a la relación jurídica existente entre el declarante y obra declarada., The inscription of new buildings in the Land Registry has constituted, constitutes, and very likely will continue to be one of the most important sources of conflicts in our mortgage system, despite which it cannot be said to be one of the most studied topics neither in the doctrine, nor in the jurisprudence of the General Directorate of Registries and Notaries. This article analyzes the active legitimation in the declaration of new work, linking it to the legal nature of the same, to the registrable title, as well as to the existing legal relationship between the declarant and declared work.

En este artículo, su autora analiza los problemas relativos a los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad. Hablamos de decisiones que afectan a su facultad de decidir tener o no hijos, cuándo y cómo tenerlos, como el aborto, la esterilización o el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Todas estas delicadas cuestiones son examinadas a la luz de la Convención de Naciones Unidades sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto implica que la voluntad de las mujeres con discapacidad deberá actuar como principio básico, siempre y cuando se tenga capacidad para prestar un consentimiento médico informado válido y, en su caso, asumir las consecuencias de la maternidad. Además, en este trabajo se propone la necesidad de introducir con carácter general la consideración del interés del niño por nacer para el acceso a la reproducción asistida, en armonía con otros ordenamientos europeos., In this paper, the author analyzes the problems related to reproductive rights of women with disabilities. This implies talking about decisions that affect their ability to decide whether or not to have children and when and how to have them, such as abortion, sterilization, or the access to assisted reproductive technologies. All these delicate questions must be resolved in light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This means the will of women with disabilities must act as a basic principle, as long as they can give an informed and valid medical consent, and asume the consequences of motherhood. Moreover, this paper proposes that it would be necessary to introduce the welfare of the unborn child in cases of assisted fertilization, in harmony with other European legal systems.

Las tarjetas didácticas o mnemotécnicas consisten en cartulinas en las que se escribe un concepto en el anverso y su definición en el reverso, de modo que, con la visualización del primero, debe intentar recordarse lo que se contiene en el segundo. Así, y mediante la repetición de este proceso, se favorece el aprendizaje autónomo del estudiante y se le permite autoevaluar su grado de adquisición de conocimientos. Por esta razón y gracias a las TIC, se ha puesto en práctica la aplicación de la plataforma virtual Brainscape en la docencia de varias asignaturas de la rama del Derecho civil con estos objetivos: facilitar el aprendizaje de conceptos jurídico-civiles; promover la autoevaluación del alumnado y otorgar al profesorado una nueva herramienta para aplicar la evaluación continua. Para lograrlos, el profesorado ha elaborado un mazo de 5 e-flashcards por cada tema del programa, al que tenía que acceder el alumnado al menos en 5 ocasiones para que ello se tuviera en cuenta en la puntuación. Finalmente, se ha evaluado la consecución de los objetivos propuestos tanto por los docentes, mediante la puesta en común de los resultados, como por los propios estudiantes, a través de una encuesta de valoración.

La libertad de panorama, excepción reconocida con carácter opcional en la Directiva de la Sociedad de la Información, fue objeto de atención por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea coincidiendo con el proceso de revisión de las normas sobre derechos de autor en el ámbito comunitario. El presente artículo expone la posición del Parlamento Europeo y de la Comisión acerca de la necesidad de revisión de la excepción de panorama, analiza el ámbito de aplicación de la excepción en la Directiva, así como el grado de armonización de las legislaciones nacionales con la misma, particularmente la española, y examina si son realmente necesarios los dos ejes sobre los que se había planteado la revisión de la excepción: su carácter obligatorio y una definición más pormenorizada., The freedom of panorama, an optional exception in the Information Society Directive, was the subject of attention by the European Parliament and the European Commission coinciding with the process of reviewing copyright rules at Community level. This article sets out the position of the European Parliament and the Commission on the need to revise the panorama exception, analyses the scope of application of the exception in the Directive, as well as the degree of harmonisation of national legislation with the Directive, particularly the Spanish one, and examines whether the two axes on which the review of the exception had been proposed are really necessary: its compulsory nature and a more detailed definition.

El legislador nacional ha sido incapaz de trasladar, en tiempo y forma, a nuestro ordenamiento jurídico ciertas directivas centrándose el presente artículo en la demorada e insólita incorporación de la Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento núm. 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la anterior Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados. Su concreta transposición ha tenido lugar mediante el discutible cauce de un Real Decreto-ley de reciente convalidación (RDL 23/2018, de 21 de diciembre) tras diversos conatos fallidos y ante el temor de padecer la imposición de una sanción por parte de la Comisión Europea, previa incoación del correspondiente procedimiento formal de infracción. Este estudio pretende llevar a cabo un análisis crítico y clarificar algunos de los aspectos principales de la nueva reforma relativos a la transformación operada en la misma noción de viaje combinado, en particular, la integración de determinados conceptos como los servicios de viaje vinculados, sus eventuales exclusiones –establecidas o no en la actual normativa– y otros extremos de relevancia a la luz del mentado cuerpo legal y de los principales trabajos preparatorios que le anteceden., The national legislators have been unable to transpose, in time and in form, certain directives to our body of law, specifically focussing current work on the delayed and unusual incorporation of Directive 2015/2302 of the European Parliament and of the Council, of 25 November, concerning package travel and related travel services, through which Regulation no. 2006/2004 and Directive 2011/83/UE of the European Parliament and of the Council are modified and through which the previous Directive 90/314/CEE of the Council, of 13 June 1990 is abrogated, relating to package travel, package holidays and package tours. The specific transposition of the directives has been carried out via the questionable route of a recently validated Royal Decree-Law (RDL 23/2018, of 21 December) after various failed attempts and in consideration of the possibility of a fine being imposed by the European Commission prior to initiation of corresponding formal infringement proceedings. This study aims to carry out a critical analysis and to clarify of some of the new reform’s principal aspects relating to the change occurring in the sphere of package travel, particularly the integration of certain concepts such as related travel services, any possible exclusions – whether established or not in current regulations – and other relevant perspectives in view of the recognised body of law and its principal preceding groundwork., El legislador nacional ha estat incapaç de traslladar, dintre del termini i en la forma escaient, al nostre ordenament jurídic certes directives. De manera que aquest article se centra en la demorada i insòlita incorporació de la Directiva 2015/2302 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre, relativa als viatges combinats i als serveis de viatge vinculats, per la qual es modifiquen el Reglament núm. 2006/2004 i la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell i per la qual es deroga l’anterior Directiva 90/314/CEE del Consell, de 13 de juny de 1990, relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats. La seva concreta transposició ha tingut lloc mitjançant la discutible via d’un Reial decret-llei de recent convalidació (RDL 23/2018, de 21 de desembre) després de diverses temptatives fallides i davant el temor de patir la imposició d’una sanció per part de la Comissió Europea, prèvia incoació del corresponent procediment formal d’infracció. Aquest estudi pretén dur a terme una anàlisi crítica i aclarir alguns dels aspectes principals de la nova reforma relatius a la transformació que hi ha hagut en la mateixa noció de viatge combinat, en particular, la integració de determinats conceptes com els serveis de viatge vinculats, les seves eventuals exclusions –establertes o no en l’actual normativa– i altres extrems de rellevància en vista de l’esmentat cos legal i dels principals treballs preparatoris que l’antecedeixen.

Las tarjetas mnemotécnicas consisten en cartulinas en las que se escribe en el anverso un concepto y en el reverso su definición, de modo que, con la visualización del primero, se debe recordar lo que se contiene en el segundo. Esta metodología pretende favorecer el aprendizaje autónomo del estudiantado y la autoevaluación de conocimientos. Por ello, se ha empleado la herramienta virtual Brainscape con el objeto de alcanzar tales fines y facilitar el aprendizaje de cuestiones jurídico-civiles en las titulaciones de Turismo y TADE. Con ella, el profesorado de la asignatura Regulación jurídico-civil del turismo ha elaborado un mazo de 5 cartas por tema, a los que acceden los discentes a través de un enlace, pudiendo hacerlo cuantas veces quieran, pero debiendo puntuar cada vez del 1 al 5 el grado de correspondencia que hay entre lo que ellos recuerdan y la solución que recoge la carta. Las tarjetas didácticas peor asimiladas, le aparecerán al estudiante con más frecuencia. El grado de satisfacción del alumnado participante se ha evaluado mediante unas encuestas en las que se ha valorado positivamente la experiencia educativa (76%), recomendándose su uso en otras asignaturas (83%). En conclusión, el uso de e-flashcards a través de las TIC es una metodología docente apropiada para la enseñanza, también en el ámbito universitario.

El presente trabajo analiza los argumentos que ofrece la Comisión Europea para declarar abusiva la cláusula de renuncia de acciones por parte del consumidor frente al profesional. En concreto, atiende a la existencia de un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes contratantes, y no a la falta de transparencia de la cláusula como venían entendiendo nuestros Tribunales. Este razonamiento, según creemos, poco diferirá de la respuesta final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea., This paper analyzes the arguments offered by the European Commission in order to declare a waiver actions clause by a consumer to be unfair. Specifically, these arguments refer to the existence of a significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract, and not to the lack of transparency of that clause as indeed Spanish courts were construing. We believe this reasoning will differ little from the final response from the Court of Justice of the European Union.

Los niños expuestos prenatalmente a drogas pueden ser considerados un caso especial de infancia en riesgo. La exposición prenatal a drogas se asocia a un amplio rango de complicaciones obstétricas y alteraciones neuroconductuales infantiles. Este trabajo analiza los diferentes mecanismos de protección de menores en situación de riesgo o desamparo que ofrece el Derecho civil, con especial referencia a las últimas reformas de 2015 que modifican la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, completando el estudio con las normas autonómicas existentes en la materia., Infants prenatally exposed to drugs can be considered to be a special case of infancy at risk. Prenatal drug exposure can be associated with a wide range of obstetrical complications and neurobehavioral disturbances in infants. This paper analyses the different mechanisms offered by civil law to protect children against risk and neglect, with special reference to the latest reforms of 2015 that modify the Child Protection Act 1/1996, being this study completed with the regional norms in this field.

La introducción del Derecho de daños en el ámbito de la familia es una realidad. No obstante, en algunos sectores, como el de las relaciones paternofiliales, hay pocos pronunciamientos jurisprudenciales. En concreto, en este trabajo vamos a centrarnos en los daños causados a los hijos menores como consecuencia de una inadecuada alimentación por parte de sus padres o tutores., The introduction of Tort Law in the area of the family relations is already a reality. However, in certain sectors, such as parent-child relationship, there are few jurisprudential pronouncements. In particular, in this paper we will focus on the damage caused to minor children as a result of an inadequate nutrition from their parents or legal guardians.

Este estudio analiza la reforma en materia de contratos agrarios valencianos llevada cabo por la Ley 2/2019, de 6 de febrero., This paper studies the reform of the Valencian land contracts that has been produced by the Law 2/2019 of February 6th.

Los niños expuestos prenatalmente a drogas pueden ser considerados un caso especial de infancia en riesgo. La exposición prenatal a drogas se asocia a un amplio rango de complicaciones obstétricas y alteraciones neuroconductuales infantiles. Este trabajo analiza los diferentes mecanismos de protección de menores en situación de riesgo o desamparo que ofrece el Derecho civil, con especial referencia a las últimas reformas de 2015 que modifican la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, completando el estudio con las normas autonómicas existentes en la materia., Infants prenatally exposed to drugs can be considered to be a special case of infancy at risk. Prenatal drug exposure can be associated with a wide range of obstetrical complications and neurobehavioral disturbances in infants. This paper analyses the different mechanisms offered by civil law to protect children against risk and neglect, with special reference to the latest reforms of 2015 that modify the Child Protection Act 1/1996, being this study completed with the regional norms in this field.

Los ensayos clínicos son necesarios y esenciales para obtener medicamentos autorizados para el tratamiento y prevención de las enfermedades. La publicación y entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, introduce cambios importantes para España, dando lugar al Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. Entre otras materias, el Real Decreto contiene las reglas técnicas de la responsabilidad en los ensayos clínicos: no pueden ser autorizados sin seguro o garantía financiera equivalente que cubran los daños a los participantes que puedan derivarse de su realización; si el seguro no cubre por entero los daños reclamados, el promotor, el investigador principal y el hospital donde se lleva a cabo el ensayo responderán objetiva y solidariamente, invirtiéndose la carga de la prueba, no pudiendo exonerarse de responsabilidad por la autorización administrativa o el dictamen del Comité de Ética para la Investigación con medicamentos; salvo prueba en contrario, se presume causado por el ensayo cualquier daño a la salud del sujeto de ensayo durante el mismo y durante un año después de la conclusión del tratamiento, pero transcurrido dicho periodo el sujeto de ensayo está obligado a probar la relación causal entre daño y ensayo; serán objeto de resarcimiento todos los gastos derivados del menoscabo a la salud o estado físico de la persona sometida al ensayo clínico, así como los perjuicios económicos que se deriven directamente de dicho menoscabo, siempre que este no sea inherente a la patología objeto de estudio o a la evolución propia de su enfermedad; el importe mínimo que se garantizará en concepto de responsabilidad será 250.000 Euros por sujeto de ensayo, pudiendo ser percibido en forma de indemnización a tanto alzado o de renta equivalente al mismo capi, Clinical trials are necessary and essential to obtain authorised medicines for the treatment and prevention of illness. The adoption and entry into force of the new Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council, of 16 April 2014, introduces important changes for Spain, leading to the publication of the Royal Decree 1090/2015, of 4 December, regulating clinical trials with medicinal products, Ethics Committees for Investigation with medicinal products and the Spanish Clinical Studies Registry. Among other topics, the Royal Decree contains the technical rules of liability in clinical trials: they cannot be conducted unless an insurance or other financial guarantee has been previously subscribed to cover damages to participants that may arise as a result of the trials; if insurance does not entirely cover damages claimed, the sponsor, the principal investigator and the hospital where the trial is conducted will share joint and strict liability, bearing the burden of proof, and neither administrative authorization of the trial nor the opinion of the Ethics Committee with Medicinal Products will enable them to disclaim this liability; unless proven otherwise, it shall be presumed that any harm to the health of a trial subject health during the course of the trial and within one year from the end of treatment has occurred as a result of the trial, but, once the year has concluded, the trial subject is obliged to prove the connection between the trial and the harm caused; all expenses derived from impairment in the health or physical status of the subject undergoing the clinical trial shall be considered liable for compensation, as well as any economic losses directly derived from such impairment, provided this is not inherent to the disease under study or due to the natural course of the disease as a result of the ineffectiveness of treatment; the minimum amount that shall be guaranteed as civil liability shall be 250.000 Euros per subject unde

La presente Tesis Doctoral se inserta en la línea de investigación Derecho Ambiental, Transnacionalidad y Sostenibilidad y arquitecta arreglos científico-legales para hacer frente a la incertidumbre en sociedades complejas. Su finalidad es ayudar en el cumplimiento adecuado del orden superior insertado en las Cartas Nacionales de Brasil y España. En ambos se determina la preservación del medio ambiente, valor fundamental. Con este fin, se propusieron dos lecturas sobre el tema ofrecidas por la responsabilidad civil: una preventiva y otra precaucional. El primero, tejido a partir del estudio de la teoría de la oportunidad perdida, analiza la aparición de un nuevo tipo de daño (la oportunidad desperdiciada en sí misma considerada) y una causalidad parcial o probabilística. El segundo promueve el cumplimiento del principio de precaución con la teoría de conjuntos fuzzy. De esto surgió una causalidad­ambiental-posibilística calificada por la lógica difusa, capaz de promover precauciones científicamente justificadas y, por lo tanto, sindicables. Finalmente, se promueve la resignificación del vínculo causal y se inserta la admisión de otro nivel de responsabilidad en los dominios del derecho de daños, ahora debido a la lógica fuzzy.

Esta memoria refleja el trabajo realizado por distintos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante para, por un lado, poner en común experiencias docentes respecto del diseño, seguimiento y evaluación de los Trabajos de Fin de Grado y Máster (en adelante, TFG/M) y para, por otro lado, presentar los principales problemas de los que adolece esta asignatura en Derecho. A tal fin, se ha optado por confrontar la realidad de los diversos Departamentos y Áreas a través de un cuestionario con el que se pretende dar cobertura a todas las cuestiones que se plantean acerca del diseño, seguimiento y evaluación de los TFG/M. Con la información recopilada, se ha logrado iniciar un necesario proceso de reflexión, desde el punto de vista del profesorado, sobre la dirección, el desarrollo y la evaluación de los TFG/M en Derecho e, incluso, sobre las novedades que incorpora el nuevo Reglamento de la Facultad sobre la elaboración de estos trabajos. De esta forma, se ofrece una visión muy completa de la problemática estudiada para, incluso, proponer mejoras a nivel interdepartamental con las que se consigan resultados más satisfactorios en esta asignatura.

El propósito de la presente investigación es realizar un análisis exhaustivo de la excepción de la ilustración con fines educativos y de investigación científica a la propiedad intelectual, de manera que sea posible llevar a cabo proposiciones de lege ferenda que permitan delimitar los contornos de la limitación de forma que se compensen adecuadamente los intereses en juego. Para ello, se ha indagado en el origen histórico de la limitación, así como en el fundamento constitucional de los derechos que subyacen al establecimiento de la misma: el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la educación y la promoción de la investigación científica. Posteriormente, se ha elaborado un detallado examen de los elementos configurados del límite de la ilustración previsto en el art. 10.2) del Convenio de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística de 9 de septiembre de 1886 y en el art. 5.3 a) de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Dados los amplios términos en los que se expresan los textos internacional y comunitario, la concreción de su contenido se ha llevado a cabo por medio de un estudio de Derecho comparado, esto es, atendiendo a la regulación que de dicha excepción se contempla en ciertos Estados miembros, en concreto, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Por último, se analizar en profundidad la última y reciente modificación de la excepción de la ilustración con fines educativos y de investigación científica prevista en el art. 32.3-5 del Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual, integrando la respuesta que a este concreto límite se ha dado por parte de los legisladores de nuestro entorno jurídico. Todo ello ha permitido determinar cuál debe ser ámbito de aplicación adecuado para alcanzar el equilibrio entre los legítimos derecho

Al hilo de la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2017 (Antović y Mirković c. Montenegro), se analizan en este trabajo dos cuestiones principales. La primera es si la instalación y el uso de cámaras de videovigilancia en las aulas de una universidad suponen una injerencia en el derecho a la vida privada de los profesores (y los alumnos) a efectos del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la segunda, que parte de una contestación afirmativa a la anterior, se refiere a en qué casos dicha injerencia no constituye, sin embargo, una violación del citado precepto por concurrir las circunstancias legitimadoras previstas en él., This paper will focus on two main issues arising from the recent European Court of Human Rights Judgement of 28th November 2017 (Antović y Mirković v. Montenegro). The former refers to whether the installation and use of video surveillance equipment in university auditoriums constitutes an interference with teachers’ (and students’) right to respect of private life within the meaning of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Regarding the latter, which implies an affirmative answer to the previous one, analyses the cases in which that intromission does not violate the forementioned article because certain legal requirements referred to in it are fulfilled.

La gamificación constituye un método de aprendizaje que contribuye a motivar al discente en el proceso cognitivo, lo cual favorece una adecuada adquisición de conocimientos. Por esta razón, se ha puesto en práctica la aplicación de la herramienta virtual Quizizz en la docencia de varias asignaturas de la rama del Derecho civil con varios objetivos: mejorar el proceso de aprendizaje; motivar al alumnado por medio del juego; otorgar al profesorado una nueva herramienta para la evaluación continua; y favorecer la integración en el proceso de aprendizaje del estudiante con dificultades para desenvolverse en el aula. Para conseguirlos y tras la resolución de dos cuestionarios de preguntas en cada asignatura por el alumnado, se ha recompensado a los estudiantes que han conseguido los cinco puestos más altos del ranking con 0,25 puntos por cuestionario en la nota de participación activa. Finalmente, se ha evaluado la consecución de los objetivos por los docentes y por los propios estudiantes.

La obtención del consentimiento de los titulares de derechos sobre obras fuera del circuito comercial plantea dificultades prácticas y altos costes de transacción que la Unión Europea pretende resolver para lograr su objetivo de digitalización total y puesta a disposición en línea del patrimonio cultural europeo como medio para hacer realidad el mercado único digital. El propósito de este trabajo es exponer las diferentes vías exploradas al respecto por la Unión Europea hasta la Propuesta de Directiva de derechos de autor en el mercado único digital, así como analizar críticamente dicha Propuesta, comparando las tres versiones de la Comisión, del Consejo y del Parlamento que actualmente se están debatiendo por dichos órganos para acordar un texto definitivo., Rights clearance of Out-of-commerce Works is faced by distinct difficulties and high transaction costs, which the European Union desires to solve in order to achieve its goal of total digitisation and dissemination of the European cultural heritage, as a way to reach a real digital single market. The purpose of this paper is to present the various ways explored in this regard by the European Union until the Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market, as well as critically analyse the forementioned Proposal through a comparison among the three versions from the Commission, the Council and the Parliament which are currently being debated in order to agree on a final text.

El deber de mitigar el daño encuentra su justificación dentro de la conducta que podría ser exigible al sujeto que experimenta un daño por el incumplimiento de un contrato o por un hecho ilícito. Dicho deber encuentra una generalizada acogida en los distintos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, si bien sirviéndose de distintas opciones legislativas. Aun cuando el concepto y contenido del deber de mitigación del daño en la esfera extracontractual no difieren sustancialmente del que pueda resultar de un vínculo contractual, sí que cabe extraer ciertas singularidades. Pues bien, el presente trabajo pretende analizar la problemática especial de dicho deber de mitigación ante un ilícito civil. A tal efecto, junto a las consideraciones relacionadas con el concreto fundamento legal del deber, se analizan las medidas que, por razón de su distinta finalidad, podrían integrar el contenido del mismo. A este último respecto, especial atención se presta, partiendo de un daño corporal en la víctima, a las medidas de sanación o curación que cabría esperar de ella, a los fines de evitar la extensión o propagación de su propio daño. El interés de dicho estudio se ve acrecentado por la reciente Ley 35/2015, de 22 de septiembre, en el marco de la responsabilidad extracontractual, consecuencia de la utilización de vehículos de motor, con la consagración del deber de mitigar el daño en su art.1, punto 2, tercer párrafo., The duty to mitigate damage finds its justification within the conduct which may be claimed to an injured person because of a breach of contract or a tort. This duty has a widespread acceptance in different legal systems of our environment, although using distinct legislative options. Even if the concept and content of the duty to mitigate damage in the extracontractual sphere do not differ much from those of a contractual relation, it is possible to extract certain singularities. Consequently, this paper analyzes the special problems of the duty to mitigate damage in civil wrongs. For that purpose, the legal basis of this duty is analyzed, as well as measures which could integrate the content of the duty of mitigation, considering their different objectives. In this regard and in relation to a bodily harm, special attention is paid to the measures of healing which the injured person is expected to take, in order to avoid an extension or propagation of its own damage. The interest of this analysis increases because of the recent Act 35/2015, 22th September, enacted within the framework of tortious liability derived from the use of motor vehicles, which recognizes the duty to mitigate damage in their sec. 1. 2, third paragraph.

Circunstancia que debe destacarse de la institución del defensor judicial es el gran desarrollo normativo experimentado en cuanto a su ámbito de actuación. Su originario marco de actuación, restringido a la patria potestad, se vio ampliado por Ley 13/1983 de 24 de octubre, de reforma del Código Civil, a los regímenes de tutela y curatela. Dicha regulación ha resultado inalterada hasta la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria, provocando con su aprobación, al tiempo que sustanciales incidencias en el funcionamiento de la institución, ciertas disfunciones con el marco normativo que proporciona, a su vez, el Código Civil. Respecto a su praxis se analizan, en relación con el supuesto de actuación por conflicto de intereses, las parcelas donde este supuesto suele prodigarse, con la finalidad de obtener los correspondientes criterios de actuación seguidos por el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado. Destacan a este último respecto los conflictos generados con ocasión de efectuar la partición hereditaria y filiación. Un nuevo impulso se pretende dar a la institución, en este caso de gran trascendencia, si prospera cierta iniciativa legislativa acerca de la modificación de la normativa sobre la discapacidad, surgida, en lo esencial, con la finalidad de un mayor acomodo normativo a los postulados proclamados en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Pues bien, concebido el defensor judicial, bajo dicha iniciativa legislativa, como una concreta medida de apoyo, aunque temporal, a favor del discapacitado, la figura del defensor judicial dejaría de ser concebida necesariamente como una institución supletoria de otros regímenes de guarda, al revestir en estos casos la consideración de una institución autónoma. Se trata, indudablemente de un importante cambio cualitativo en la figura del defensor judicial., One of the main aspects that should be highlighted from the institution of the judicial defender is the great development experienced by its regulation in relation to its scope of intervention. The original action sphere of the judicial defender, restricted to parental authority, was expanded to the regimes of guardianship and curatorship by Act 13/1983 24th October, which amended the Spanish Civil Code. This regulation has kept unchanged until Act 15/2015, 2nd July, of Voluntary Jurisdiction, provoking with its adoption substantial incidents in the functioning of the institution and certain dysfunctions with the normative framework that the Civil Code provides. Regarding his praxis, the intervention based on a conflict of interests is analysed with the purpose of obtaining the corresponding action criteria followed by the Supreme Court and the Directorate General of Registries and the Notary. In this regard, conflicts related to the partition of a succession and filiation stand out. If a certain legislative initiative for the amendment of the regulations on disability, arising, in essence, with the purpose of a greater normative accommodation to the United Nations International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 13th December 2006, catch on, a new impulse will be given to the institution, in this case of great transcendence. Then, conceived the judicial defender, under this legislative initiative, as a concrete measure of support, albeit temporary, in favour of the disabled person, the institution of the judicial defender would cease to be necessarily conceived as a supplementary institution of other guardianship regimes, because if that initiative is successful, the judicial defender would be an autonomous one. Undoubtedly, it is an important qualitative change in the judicial defender institution.

En el ejercicio del derecho de alimentos de los hijos mayores de edad, la regulación actual del Código civil, bien intencionada pero demasiado genérica, está resultando insuficiente para impedir ciertos comportamientos abusivos de los descendientes respecto a sus progenitores y una quiebra del principio de solidaridad familiar. Como principio general, se podría considerar que, cuando existe una excesiva prolongación en el tiempo de la dependencia económica, más allá del periodo formativo razonable, la necesidad podría presumirse ya como imputable, deslegitimando toda posibilidad de recibir alimentos. Pese a la falta de independencia económica, debe entenderse que los hijos que no demuestren ni un rendimiento aceptable en su formación, ni una actitud positiva para la búsqueda de empleo, no deberían encontrar amparo judicial. La situación resulta especialmente grave para el deudor alimentante, cuando el derecho de alimentos se ha establecido en el ámbito de la crisis matrimonial de los progenitores, especialmente si existe una deficiente comunicación entre los sujetos, con las consiguientes dificultades probatorias de las causas extintivas de las pensiones alimenticias. Al mismo tiempo, al tratarse de personas mayores de edad, la petición de información a los centros educativos suele encontrar obstáculos en materia de protección de datos. El objetivo del presente trabajo es aportar algunas posibles medidas limitativas, como guía hacia interpretaciones judiciales correctoras de las situaciones abusivas respecto al progenitor. En definitiva, hay que conseguir restablecer el justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes, procurando otorgar una mayor protección a los alimentantes, que en muchas ocasiones se encuentran próximos a la edad de jubilación y, en particular, cuando las relaciones resulten especialmente conflictivas con sus hijos mayores de edad., In the exercising of the right to support and sustenance for adult progeny, the current regulation of the Civil Code, well intentioned but lacking in specifics, is not sufficient to prevent abusive behaviour by the progeny towards their parents and consequently makes breaking up the solidarity principle of family Law. As a general principle, it could be asserted, that when there is an excessive duration of economic dependence, beyond the reasonable period of training, the responsibility of the parent could be presumed to be set aside, delegitimising the right of the adult progeny to be supported by the family. Inspite of their lack of economic independence, it should be understood that adult offspring who do not show an acceptable attitude to their educational opportunities, or to the search for employment, should not find judicial recourse. The situation is especially serious for the debtor of the right to support, when the right of sustenance has been established in the context of matrimonial crisis, especially where there is poor communication between the parties, resulting in consequential difficulties in determining the contributing factors in the calculation of alimony. At the same time, when dealing with prodigy of legal age, the request for information by educational centres can encounter obstacles in the area of data protection. The objective of this paper is to provide some possible limitative measures as a guide in the judicial considerations appertaining to the abuse of the parental obligation by their filiation. In short, it is necessary to establish a fair balance between the rights and obligations of both parties, seeking to grant greater protection to the nurturers, who are often close to retirement age and, in particular, when parent/child relations are particularly conflictive.

Desde la aprobación de la Directiva 2000/31/CE, las reglas de exención de responsabilidad han sido el hábitat en el que se han movido los prestadores de servicios de la sociedad de la información, incluidos los llamados proveedores de alojamiento 2.0 que hacen posible el acceso a contenidos generados por usuarios. En la actualidad se está debatiendo en Europa el texto definitivo de la Directiva sobre los derechos de autor en el Mercado Único Digital, cuyo artículo 13 está llamado a producir un cambio radical en el régimen de responsabilidad aplicable a estas plataformas. Con la finalidad de terminar con la presunta brecha de valor entre los titulares de derechos y las plataformas en línea, la Propuesta de Directiva pretende hacer responsables a estas últimas de la comunicación pública de las obras y prestaciones protegidas cargadas por sus usuarios. El presente artículo pretende demostrar que el legislador europeo se apoya en una lectura errónea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no tiene en cuenta el delicado equilibrio de intereses que se esconde detrás de las reglas de exención de responsabilidad., Since the enactment of Directive 2000/31/EC, the safe harbour provisions have been the habitat in which information society service providers have thrived, including 2.0 hosting providers that facilitate access to user-generated-content. Currently is being drafted the final text of the Directive on copyright in the Digital Single Market, whose article 13 is meant to bring a major change in the liability regime applicable to these platforms. In order to close the alleged value gap between rights holders and online platforms, the Proposal intends to hold the latter liable for the communication to the public of protected works and other subject matter uploaded by their users. This article aims to prove that the European legislator relies on an erroneous reading of the case law of the European Union Court of Justice that disregards the delicate balance of interests behind the safe harbour provisions.

En el presente estudio se constata que la doctrina jurisprudencial que se da en torno al artículo 24.1 de la Constitución Española —el precepto más invocado estadísticamente de cuantos la integran— ha incrementado de manera notable su ámbito de actuación, de manera que influye en numerosas parcelas del derecho civil. Entre otros extremos ha amplificado su ámbito subjetivo al prescindir del criterio de la nacionalidad e, incluso, de la residencia legal en el territorio nacional, lo cual provocó la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España. Asimismo, permitió la intervención en los procedimientos de adopción de quienes, inicial y transitoriamente, tan solo eran acogedores de los menores de edad, y contribuyó a la reforma de los artículos 133 y 136 del Código Civil en materia de filiación. De igual forma, tras un examen del precepto, sus antecedentes y, en particular, sus principales manifestaciones —conforme a la interpretación llevada a cabo por nuestros más altos tribunales— se advierte su influjo en una institución tan longeva como es la compensación de créditos, de modo que contribuye a solucionar una cuestión sobre la que recaían numerosas decisiones contradictorias., In this paper it is verified that the jurisprudential doctrine relapsed around the Art. 24.1 of the Spanish Constitution —the most statistically invoked precept of this rule— has significantly increased its scope of action influencing numerous plots of Civil Law. The analyzed norm has amplified its subjective scope by dispensing with the criterion of nationality and even the one of legal residence in the national territory, causing the reform of the Organic Law 4/2000 regulating the rights and freedoms of foreigners in Spain, among other provisions; thus, it has allowed intervention in the adoption procedures of those who, initially and temporarily, were only hospitable to minors, contributing also to the reform of Arts. 133 and 136 of the Civil Code in matters of filiation. After analyzing the precept, its antecedents and, in particular, its main projections according to the interpretation carried out by our highest courts, it is even noticed its influence in an institution as antique as the compensation of credits contributing to solve a question on which many contradictory decisions were coming.

En este trabajo se analizarán dos cuestiones recientemente tratadas por el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de noviembre de 2017 (RJ 2017, 5099), sobre los pactos alimenticios realizados entre cónyuges. En concreto, se analizará, por un lado, la naturaleza jurídica de tales pactos, y por otro lado y en función de la misma, se estudiará la posibilidad de extinguir el derecho de alimentos pactado voluntariamente por el desistimiento unilateral del obligado a prestarlos. Partiendo de la resolución citada se pretende, como objetivo principal, esclarecer los criterios seguidos por los tribunales en éste y otros casos conexos, aportando consideraciones críticas sobre su actuación y proponiendo soluciones alternativas., This paper focuses on two questions analysed by the recent sentence from the Spanish Supreme Court, November 20th 2017 (RJ 2017, 5099), related with the maintenance agreements between spouses. In particular, we will analyse, on the one hand, their legal nature, and on the other hand, the possibility of their termination by unilateral withdrawal. Following this resolution, we will pretend, as a main objective, to clarify the criteria followed by the courts in this case and other related cases, providing critical considerations on their actions and proposing alternative solutions.

Esta comunicación refleja el trabajo realizado por la red docente “TFG/M en Derecho: metodologías de trabajo y valoración de experiencias”, integrada por distintos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante para, por un lado, poner en común experiencias docentes respecto del diseño, seguimiento y evaluación de los Trabajos de Fin de Grado y Máster (en adelante, TFG/M) y para, por otro lado, presentar los principales problemas de los que adolece esta asignatura en Derecho. A tal fin, se ha optado por confrontar la realidad de los diversos Departamentos y Áreas a través de un cuestionario con el que se pretende dar cobertura a todas las cuestiones que se plantean acerca del diseño, seguimiento y evaluación de los TFG/M. Con la información recopilada, se ha logrado iniciar un necesario proceso de reflexión, desde el punto de vista del profesorado, sobre la dirección, el desarrollo y la evaluación de los TFG/M en Derecho e, incluso, sobre las novedades que incorpora el nuevo Reglamento de la Facultad sobre la elaboración de estos trabajos. De esta forma, se ofrece una visión muy completa de la problemática estudiada para, incluso, proponer mejoras a nivel interdepartamental con las que se consigan resultados más satisfactorios en esta asignatura.

La gamificación constituye un método de aprendizaje que contribuye a motivar al discente en el proceso cognitivo, lo cual favorece una adecuada adquisición de conocimientos. Por esta razón, se ha puesto en práctica la aplicación de la herramienta virtual Quizizz en la docencia de la asignatura “Regulación jurídico-civil del turismo” en los Grados de Turismo y TADE, con dos objetivos: mejorar el proceso de aprendizaje y motivar al alumnado por medio del juego. A tal efecto, mediante la citada plataforma se han elaborado dos cuestionarios de preguntas que han sido resueltos en clase por el alumnado. Tras su resolución, según la tabla de clasificación proporcionada por la propia herramienta, se ha recompensado a los estudiantes que han conseguido los cinco puestos más altos del ranking con 0,25 puntos por cuestionario en la nota de participación activa. Finalmente, se ha evaluado la consecución de los objetivos pretendidos por los estudiantes que han participado (59), mediante un cuestionario a tal efecto. Los resultados reflejan que la mayoría considera que el proceso de aprendizaje mejora con el uso de la herramienta Quizizz (84%) y que les ha motivado para estudiar la asignatura (78%). En conclusión, la aplicación de la dinámica del juego a la enseñanza, que se ha visto facilitada por las TIC, constituye una metodología docente muy útil en el ámbito universitario.

The offenses typify those socially reprehensible behaviors that are tried to avoid with the threat of suffering a punishment or sanction, that is to say, with the penal legislation. On the other hand, civil infractions tend to be remedied (but not punished) by applying the principle of equivalence, for which the responsible assumes the duty to correct the damage caused. In this paper we focus on the main titles of attribution of civil liability in Spain (guilt and risk), its evolution and the possible application of the Principles of European Tort Law in light of the jurisprudential criteria and standards established by the Supreme Court, especially with respect to the burden of proof. After the correct confrontation between the fault and the risk alludes to the possible civil responsibility derived from damages caused by animals, by things thrown from a home, by the circulation of motorized vehicles, by the exercise of hunting, by air navigation and other damages caused by defective products.

Sumario: I. Planteamiento de la cuestión. II. La usucapibilidad de los elementos comunes desafectables. III. La prueba del animus domini. IV. La usucapión ganada y el Registro de la Propiedad. V. Bibliografía.

Este trabajo analiza la posibilidad de adquirir por usucapión los elementos comunes poseídos por un propietario de forma exclusiva y excluyente en el ámbito de la propiedad horizontal y los problemas que se pueden derivar a la hora de reflejar la adquisición de su derecho en el Registro de la Propiedad. Esta cuestión, de atractivo interés y evidente aplicación práctica, no ha sido claramente resuelta por una jurisprudencia que en la mayoría de los casos considera que estamos ante una posesión tolerada por el resto de vecinos, pero que también pone en valor el transcurso del tiempo sin reacción de la comunidad ante obras inconsentidas en elementos comunes., This paper analyzes the possibility of acquiring through acquisitive prescription the common elements in a horizontal property regime when they have been possessed in an exclusively manner by one of the co-owners, such as the problems that derive when reflecting the acquisition of their right in the Land Registry. This question of crucial interest and evident practical application has not been clearly solved in case law. In most cases courts point out that possessory acts allowed by mere tolerance of the rest of co-owners do not enable acquisitive prescription but on the other hand, courts also acknowledge some effects to the course of time when an owner makes some construction in communal areas of the property without due permission of the community.

A medida que aumenta la popularidad del grafiti y éste se consolida como una de los movimientos artísticos más importantes del siglo XXI, se intensifica el debate en torno a su protección por el Derecho de autor. El presente artículo defiende que el grafiti creado ilegalmente está sujeto a derechos de autor, pero al mismo tiempo destaca los problemas específicos a los que se enfrentaría el artista para hacer valer estos derechos., As graffiti grows in popularity and consolidates as one of the most prominent artistic movements of the XXI century, so does the debate about its protection through copyright law. This article argues that illegal graffiti art is subject to copyright, and outlines the specific challenges that graffiti artists would face in attempting to enforce their rights.

El reconocimiento del derecho a la información del paciente y del deber de obtener su consentimiento ha supuesto un cambio en el modo de ejercer la medicina. La no obtención del consentimiento informado es causa de responsabilidad profesional, aun a pesar de haber cumplido con el resto de obligaciones médicas y cuidados del paciente. El Tribunal Supremo español considera que la obligación de la información es un elemento esencial de la “lex artis”. Este trabajo analiza esta amplia visión de la jurisprudencia española y los casos en los que la infracción del consentimiento informado da lugar a responsabilidad civil., The recognition of the right of patient’s information and of the duty to obtain his consent has supposed a change in the way of exercising the medicine. Not obtaining of the informed consent is a reason for professional liability, still in spite of having executed the rest of medical duties and taken care of the patient. The Supreme Spanish Court thinks that the duty of information is an essential element of “lex artis”. In this work we analyse this wide vision of the Spanish courts and the cases in which the infringement of the informed consent gives rise to civil liability.