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El objetivo del Proyecto de Innovación Docente es ofrecer una herramienta para el aprendizaje del Derecho, basada en la digitalización mediante podcast, que permita a los estudiantes disponer de contenidos jurídicos para su proceso formativo., The aim of the Teaching Innovation Project is to offer a tool for learning law, based on digitalisation through podcasts, which allows students to have access to legal content for their learning process., L'obiettivo del Progetto di Innovazione Didattica è quello di offrire uno strumento per l'apprendimento del diritto, basato sulla digitalizzazione attraverso i podcast, che permetta agli studenti di avere accesso a contenuti giuridici per il loro processo di formazione., O objetivo do Projeto de Inovação Didática é oferecer uma ferramenta de aprendizagem do direito, baseada na digitalização através de podcasts, que permita aos estudantes ter acesso a conteúdos jurídicos para o seu processo de formação.

El trabajo a través de plataformas digitales offline y online plantea numerosos retos para el Derecho del Trabajo, incluyendo, entre ellos, el de la delimitación de su ámbito subjetivo. El Tribunal Supremo y la reciente disposición adicional vigesimotercera del ET han arrojado luz sobre esa cuestión, instando una interpretación flexible del trabajo objeto del Derecho del Trabajo. No obstante, el debate dista de estar resuelto a corto y medio plazo, pues las empresas titulares de plataformas continúan modificando sus estructuras productivas para evitar que sus prestadores sean calificados de trabajadores por cuenta ajena. Las nuevas formas de prestación de servicios y, en concreto, la gestión algorítmica del trabajo a través de plataformas, obligan a examinar desde un punto de vista renovado las notas con las que se ha definido tradicionalmente el trabajo por cuenta ajena. Esta Tesis aporta un estudio detallado sobre la vigencia e interpretación del carácter personal y retribuido del trabajo en plataformas digitales, así como de su prestación en régimen de dependencia y de ajenidad. En concreto, se recogen una serie de pautas para calificar jurídicamente el trabajo en plataformas digitales, actualizando el sistema de indicios de las referidas notas de laboralidad empleado hasta el momento por la doctrina judicial.

BACKGROUND Focal vasospasm (FV) of the occluded vessel can occur during the endovascular treatment of acute ischemic stroke (AIS). Nimodipine is commonly used to treat vasospasm and can play a role in distinguishing it from artery narrowing due to iatrogenic dissection or residual clot. However, nimodipine administration can result in arterial hypotension and subsequent enlargement of the ischemic core. OBJECTIVE To assess the efficacy of preventive and continuous vasoactive amine infusion to counterbalance nimodipine-induced hypotension. METHODS We reviewed data from a prospective registry of patients treated for AIS between January 2019 and January 2022 who were administered nimodipine. All patients were equipped with an arterial cannula for invasive blood pressure measurement and given vasoactive amines preemptively before general anesthesia and throughout the procedure. Data obtained from invasive monitoring of mean arterial blood pressure (MABP) in a time-lapse of 25 min before and after nimodipine administration were analyzed. RESULTS MABP significantly decreased after nimodipine administration but remained within the recommended range (81.79 ± 0.49 mmHg). Nimodipine was effective in reducing FV caused by stent retriever passage in 76.3% of cases. Furthermore, it proved valuable in diagnosing iatrogenic dissection (9.2%), residual clot (10.5%), or intracranial stenosis (4%). CONCLUSIONS Infusion of vasoactive amines effectively counteracted the intraarterial nimodipine effect, thus avoiding frank arterial hypotension during endovascular treatment. Nimodipine has been useful in differentiating the diagnosis of FV resulting from mechanical thrombectomy and other potential causes, such as iatrogenic dissection or residual clot.

El objetivo es potenciar una competencia crucial como es el trabajo colaborativo y en equipo de los alumnos mediante la utilización de entornos virtuales en el aprendizaje en las enseñanzas universitarias basado en problemas Resulta innegable que el trabajo en equipo y colaborativo fomenta la motivación de los estudiantes y favorece el aprendizaje, debido al propio efecto social que genera la pertenencia a un grupo. Contribuyendo, asimismo, al desarrollo de la capacidad de debate y argumentación, el razonamiento crítico y creativo o la organización de procesos de trabajo complejos, entre otras muchas competencias esenciales. El proyecto pone el foco en el trabajo colaborativo en entornos digitales dentro del aprendizaje basado en problemas y persigue favorecer un modelo de aprendizaje más participativo, mediante el uso de los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, aumentando la interacción de los estudiantes, incluso en entornos digitales. El trabajo colaborativo supone la creación de grupos integrados por varios estudiantes con, a priori, el mismo nivel formativo, y con una asunción compartida del liderazgo y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje. El trabajo colaborativo se basa, además, en la autonomía de trabajo de sus integrantes que presentan funcionalidades y competencias heterogéneas, y que tienen que desarrollar y fortalecer elementos como la confianza, la comunicación, la gestión de conflictos y solución de problemas y la adopción de decisiones.

A Directiva (UE) 2019/1937 consolida a nivel europeo unha figura de orixe estadounidense: a dos whistleblowers. Este anglicismo refírese a persoas que no contexto das súas actividades laborais coñecen irregularidades que danan o benestar da sociedade e polo tanto, deciden denuncialas. Coa expansión desta práctica a Europa, os whistleblowers pasaron a denominarse alertadores, denunciantes ou informantes. O lexislador europeo decatouse de que os alertadores son un perfecto aliado para descubrir infraccións do Dereito da Unión. Non obstante, adoitan mostrarse reticentes a actuar polo medo ás múltiples represalias que poden sufrir no contexto laboral. Para evitar este problema, a Directiva establece unha importante gama de medidas de protección dos denunciantes. A norma europea contempla a obriga de implantar canles de denuncia internas (seguras, confidenciais e efectivas) en todas as empresas do sector privado que teñan 50 ou máis traballadores e, con carácter xeral, nas entidades do sector público. Tamén prevé, con similares garantías, a posibilidade de que o informante acuda a canles de denuncia externas xestionadas a través das autoridades competentes designadas polos Estados membros. Así mesmo, a Directiva admite coma terceira vía de denuncia a revelación pública; pero o alertador que recorre a ela só goza de protección en casos moi específicos. España non dispón, ata o momento, dunha norma estatal de salvagarda dos informantes; se ben en marzo de 2022 o Consello de Ministros aprobou un anteproxecto para a transposición (tardía) da Directiva Whistleblowing., La Directiva (UE) 2019/1937 consolida a nivel europeo una figura de origen estadounidense: la de los whistleblowers. Este anglicismo se refiere a las personas que en el contexto de sus actividades laborales conocen irregularidades que dañan el bienestar de la sociedad y por lo tanto, deciden denunciarlas. Con la expansión de esta práctica a Europa, los whistleblowers pasaron a denominarse alertadores, denunciantes o informantes. El legislador europeo se ha dado cuenta de que los alertadores son un perfecto aliado para descubrir infracciones de Derecho de la Unión. No obstante, suelen mostrarse reticentes a actuar por miedo a las múltiples represalias que pueden sufrir en el contexto laboral. Para evitar este problema, la Directiva establece una importante gama de medidas protección de los denunciantes. La norma europea contempla la obligación de implantar canales de denuncia interna (seguros, confidenciales y efectivos) en todas las empresas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores y, con carácter general, en las entidades del sector público. También prevé, con similares garantías, la posibilidad de que el informante acuda a los canales de denuncia externos gestionados por las autoridades competentes designadas por los Estados miembros. Asimismo, la Directiva admite como tercera vía de denuncia la revelación pública; pero el alertador que recurre a ella solo goza de protección en casos muy específicos. España no dispone, hasta el momento, de una norma estatal para salvaguardar a los informantes; si bien en marzo de 2022 el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto para la transposición (tardía) de la Directiva Whistleblowing., The Directive (EU) 2019/1937 consolidates at European level a figure of American origin: that of the whistleblowers. This anglicism refers to people who, in the context of their work activities, are aware of irregularities that harm the well-being of society and therefore decide to report them. With the spread of this practice to Europe, whistleblowers came to be called claimants, complainants or informants. The European legislator has realized that whistleblowers are a perfect ally to discover infringements of Union Law. However, they are often reluctant to act for fear of the multiple reprisals they may suffer in the workplace. To avoid this problem, the Directive establishes an important range of protection measures for whistleblowers. The European standard contemplates the obligation to implement internal reporting channels (safe, confidential and effective) in all private sector companies that have 50 or more workers and, in general, in public sector entities. It also provides, with similar guarantees, for the informant to use the external reporting channels managed by the competent authorities designated by the Member States. Likewise, the Directive admits public revelation as a third way of reporting; but the whistleblower who resorts to it only enjoys protection in very specific cases. Spain does not have, to date, a state regulation to safeguard informants; although in March 2022 the Council of Ministers has approved a draft for the (late) transposition of the Whistleblowing Directive.

This open access book investigates the role of collective bargaining in the gig economy. Despite the variety of situations covered by the term ‘gig economy’, collective agreements for employees and non-employees are being concluded in various countries, either at company or at branch level. Offline workers such as riders, food deliverers, drivers or providers of cleaning services are slowly gaining access to the series of negotiated rights that, in the past, were only available to employees. Embedded in the EU legal framework, including the EU Commission’s proposal for a Directive on improving working conditions in platform work and its Draft Guidelines on the application of EU competition law, both from December 2021, the chapters analyse recent high-profile decisions including Uber in France’s Cour de Cassation, Glovo in the Tribunal Supremo, and Uber in the UK Supreme Court. They evaluate the bargaining agents in different Member States of the EU, to determine whether established actors are participating in the dynamics of the gig economy or if they are being substituted, totally or partially, by new agents. Interesting best practices are drawn from the comparison, also as regards the contents of collective bargaining, raising awareness in those countries that are being left behind in the dynamics of the gig economy

La sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2019, European Federation of Public Service Unions (EPSU), Jan Goudriaan, contra Comisión Europea, asunto T-310/18, fuertemente contestada desde los sindicatos, ha devuelto a escena, con un cierto dramatismo, la subsidiariedad horizontal, curiosamente en un momento político en el que la Comisión Europea insiste con fuerza en la importancia del diálogo social. El protagonismo del Tribunal General, en este caso, se debe a que el litigio tiene como objeto la impugnación de una decisión de la Comisión Europea, en el marco de un recurso de anulación, y no una cuestión prejudicial que indefectiblemente conduciría al Tribunal de Justicia.

Esta Tesis aporta un estudio detallado de las disposiciones particulares aplicables a la prestación por desempleo contenidas en los Reglamentos de coordinación, arrojando luz sobre aquellas cuestiones que presentan mayor controversia y ofreciendo alternativas desde la perspectiva española. En concreto, se abordan las cuestiones relativas a la determinación de la legislación aplicable, la totalización y cálculo de la prestación, la exportación de la prestación por desempleo y las disposiciones particulares aplicables al colectivo de trabajadores que, en el momento de su última actividad, residían en un Estado miembro distinto del de ocupación.

La mal denominada “economía colaborativa” ha conseguido implantar en un mercado digitalizado una nueva canalización de oferta y demanda a través de plataformas digitales donde se encuentra conectada una infinidad de prestadores de servicios a la espera de un simple aviso informático. La consideración de estos prestadores de servicios como trabajadores por cuenta ajena, en respuesta a una nueva huida del Derecho del Trabajo, trae como consecuencia la revisión necesaria de una normativa laboral que carece de ese “matiz” digital, especialmente en la dimensión colectiva de la relación laboral. Destacan en este sentido los mecanismos a disposición de los trabajadores de las plataformas digitales dirigidos a la defensa y promoción de los intereses comunes a través de la representación unitaria y la representación sindical. Estas pueden no ofrecer posibilidades de adaptación o cobertura para las características tan particulares de la plataforma digital y, consecuentemente, pueden perjudicar la conformación de la voluntad común, debidamente reflejada en un convenio colectivo no fácilmente identificable. La representación unitaria debe responder a la identificación del centro de trabajo para su propia conformación y, a su vez, la representación sindical se encuentra de frente con el fenómeno de la “huida del sindicalismo de clase”, al ser los trabajadores más propensos a crear sus propias asociaciones u organizaciones de defensa y representación. Contando estos trabajadores con iniciativa suficiente para la movilización y reivindicación mediante estrategias de colapso de las plataformas digitales, también debe prestarse atención a los instrumentos de presión como la huelga, cuya protección puede verse desbordada por las nuevas estrategias empresariales de reacción indirecta a través de los sistemas reputacionales o de valoración por la clientela de los trabajadores.

La aprobación de la Directiva (UE) 2019/1152 obliga a llevar a cabo mediante su transposición na revisión del Estatuto de los Trabajadores y de otras normas, principalmente el Real Decreto 1659/1998. Las materias que deben ser comunicadas en papel o por soporte electrónico a los trabajadores aumentan y se acortan considerablemente los plazos para dicha comunicación. La Directiva obligará también a una revisión de la actual regulación del periodo de prueba, entre otros ajustes, limitándolo a seis meses. Un punto de particular interés en la transposición será la puesta en práctica de mecanismos de tutela de los derechos contenidos en ella. La transposición, en síntesis, obligará al legislador español a una tarea detallada y minuciosa de ajuste, más compleja que en otras ocasiones, con numerosas decisiones de política legislativa que no pueden ser objeto de una incorporación automática, The approval of Directive (EU) 2019/1152 requires a revision of the Workers’ Statute and other regulations, mainly Royal Decree 1659/1998, to be carried out by means of its transposition. The matters that must be communicated on paper or by electronic means to the workers increase and the deadlines for said communication are considerably shortened. The Directive will also require a review of the current regulation of the probationary period, among other adjustments, limiting it to six months. A particular point of interest in the transposition will be the implementation of mechanisms for the protection of the rights contained therein. The transposition, in short, will force the Spanish legislator to a detailed and meticulous task of adjustment, more complex than on other occasions, with numerous legislative policy decisions that cannot be automatically incorporated