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La Ley española permite expresamente algunos engaños policiales: aquellos autorizados judicialmente con el objetivo de perseguir la delincuencia organizada (art. 282 bis LECrim). El objetivo de este trabajo consiste en determinar si el resto de engaños policiales ―es decir, aquellos que no están autorizados judicialmente y/o persiguen otra clase de delincuencia―, además de no estar expresamente permitidos, también están prohibidos. Para ello se empieza negando que, en general, las actuaciones policiales que no se encuentran expresamente permitidas estén prohibidas. De este modo, se pone de manifiesto que los engaños policiales solo estarán prohibidos si, además de no encontrarse expresamente permitidos, restringen algún derecho fundamental. Precisamente por ello, a continuación, se analiza la eventual incidencia de dichos engaños sobre el secreto de las comunicaciones, el derecho a la autodeterminación informativa, la intimidad y el derecho a no autoincriminarse. Finalmente, se concluye que, en su conjunto, los engaños policiales no restringen derechos fundamentales y, por tanto, no están prohibidos aunque carezcan de apoyo legal expreso. Esto pone de relieve que la Ley española, mediante su art. 282 bis LECrim, permite expresamente más conductas de las que, sin dicho precepto, estarían prohibidas.

En aquest comentari es pretén analitzar el contingut i la significació dels dos paràgrafs de què consta el punt 2 de l’article 17 del vigent Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. En el primer es declara el dret “a gaudir d’una vida i un medi ambient segur, sa i ecològicament equilibrat” i es fan les consideracions que s’estimen pertinents quant a la seua inserció en l’ordenament jurídic, abast i eficàcia. Tot això relacionat amb els preceptes concordants de la Constitució Espanyola i amb la recent declaració de Nacions Unides sobre el dret fonamental a un medi ambient “net, saludable i sostenible”. El segon incorpora un mandat de protecció del medi ambient dirigit a la Generalitat Valenciana, i se’l jutja d’escassa amplitud subjectiva i precisió conceptual. En el presente comentario se pretende analizar el contenido y significación de los dos párrafos de que consta el punto 2 del artículo 17 del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En el primero se declara el derecho “a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado” y se hacen las consideraciones que se estiman pertinentes en cuanto a su inserción en el Ordenamiento Jurídico, alcance y eficacia. Todo ello puesto en relación con los preceptos concordantes de la Constitución Española y con la reciente declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho Fundamental a un medio ambiente “limpio, saludable y sostenible”. El segundo incorpora un mandato de protección del medio ambiente dirigido a la Generalitat Valenciana, juzgándolo de escasa amplitud subjetiva y precisión conceptual. In this commentary it is intended to analyze the content and significance of the two paragraphs that point 2 of article 17 of the current Statute of Autonomy of the Valencian Community consists of. The first declares the right “to enjoy a safe, healthy and ecologically balanced life and environment” and makes the considerations that are considered pertinent in terms of its inclusion in the Legal System, scope, and effectiveness. All this in relation to the concordant precepts of the Spanish Constitution and the recent United Nations declaration on the Fundamental Right to a “clean, healthy and sustainable” environment. The second incorporates a mandate for the protection of the environment addressed to the Generalitat Valenciana, judging it of little subjective breadth and conceptual precision.

Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Arbós, Xavier, 1954, El derecho de excepción es el sector del ordenamiento jurídico que se encarga de resolver situaciones de crisis en las que no es de efectiva aplicación el derecho ordinario. La situación provocada por la pandemia de COVID-19 que se inició en marzo de 2020 obligó al Gobierno español a declarar el estado de alarma y adoptar medidas excepcionales para poder gestionar la crisis. En este trabajo se hace un recorrido por la historia constitucional española explicando la evolución de la regulación del Derecho de excepción. Seguidamente, se centra en las medidas adoptadas por el Gobierno y se hace un análisis de la discusión doctrinal y jurisprudencial sobre la dicotomía entre suspensión y limitación de derechos fundamentales, con especial atención al derecho de libre circulación. En base a las conclusiones que se extraigan de esta cuestión, se hablará de la posibilidad de haber declarado un estado de excepción, en vez de un estado de alarma. Y finalmente, a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se analizará el cambio de paradigma que se introduce en la regulación de la prórroga de los estados de excepción.

Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Scotto Benito, Pablo, Tradicionalmente, se ha entendido la eutanasia como una práctica que ponía en conflicto la protección de la vida y la libertad. Cuando la vida, como bien jurídico protegido constitucionalmente, colisiona con otros valores constitucionales, hay que recurrir a la ponderación para resolver la confrontación. Sin duda, la dignidad –valor superior del ordenamiento jurídico– condiciona el contenido que otorgamos a los derechos fundamentales. ¿Es posible defender una concepción de la dignidad que evite el conflicto entre vida y libertad en los casos de eutanasia? Pese a que una noción de dignidad basada en un concepto totalmente liberal de la autonomía podría evitarlo, el mismo no sería admisible en un Estado democrático de Derecho. Nuestro ordenamiento jurídico vigente contiene un derecho subjetivo a la eutanasia, introducido por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia, que a la práctica solventa el conflicto entre valores constitucionales. Sin embargo, dicha regulación es confusa respecto de la articulación de los derechos fundamentales, por lo que, a nivel teórico, no podemos afirmar que se construya sobre la afirmación de la compatibilidad de la vida con el resto de los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. La teoría de Dworkin nos ofrece una vía alternativa para entender la eutanasia desde un punto de vista superador de la dicotomía clásica entre vida y libertad. Aceptando esta teoría moral como plausible, podemos analizar su coherencia con nuestro Derecho positivo.

[spa] El presente trabajo se encamina a ofrecer una perspectiva de los riesgos específicos que presentan las actuaciones de recaudación en tanto en cuanto pueden comportar vulneraciones de los derechos y garantías de los contribuyentes. A este propósito se han explorado tres ámbitos en los que se pueden aislar áreas de fricción a este respecto. Una de las fuentes a las que se puede recurrir para tratar de acotar qué tipo de actuaciones de recaudación pueden colisionar con los derechos fundamentales de los contribuyentes es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a lo que se dedica el primer epígrafe. Un segundo órgano judicial cuya jurisprudencia ha contribuido a perfilar las actuaciones de recaudación en tanto en cuanto pueden llegar a invadir el contenido nuclear de los derechos fundamentales de los contribuyentes es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al enjuiciar supuestos de asistencia mutua en materia de recaudación (epígrafe 2). El tercer órgano, en este caso de naturaleza administrativa y consultiva, en cuya actividad propia se han advertido, a lo largo de sus veinticinco años de existencia, puntos de fricción entre el desarrollo de actuaciones de recaudación y los derechos y garantías del contribuyente es el Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC) (epígrafe 3). Tratándose de un primer trabajo de exploración del tema no se han alcanzado ni siquiera conclusiones provisionales del análisis del particular., [eng] This paper aims to offer a perspective on the specific risks presented by collection actions insofar as they may entail violations of taxpayers' rights and guarantees. For this purpose, three areas have been explored in which areas of tension can be identified in this respect. One of the sources that can be resorted to in order to try to delimit what type of collection proceedings may clash with the fundamental rights of taxpayers is the case law of the European Court of Human Rights (ECHR), which is the subject of the first section. A second judicial body whose case law has contributed to outlining collection actions insofar as they may invade the core content of the fundamental rights of taxpayers is the Court of Justice of the European Union (CJEU), when judging cases of mutual assistance in collection matters (section 2). The third body, in this case an administrative and advisory body, whose activity, throughout its twenty-five years of existence, has revealed points of friction between the development of collection proceedings and the rights and guarantees of the taxpayer, is the Spanish Taxpayer's Protection Committee (CDC) (section 3). Since this is a first exploration of the subject, not even tentative conclusions have been reached from the analysis of this particular issue., Esta publicación es parte de la ayuda PID2020-114308RB-I00, financiada por MCIN y AEI/10.13039/50110001103

Taken in a narrow way, safety and security in education imply the absence of physical harm to learners and educators. However, growing attention is being paid in education law literature to broader aspects of safety and security such as problems of emotional insecurity (through bullying, for example) and pedagogical insecurity (through discriminatory teaching, for example). While there is formidable literature in education law and policy on the physical dimensions of safety and security, little is known about pedagogical security, particularly when viewed from the perspectives of those directly affected: the learners in the classroom. What is discomforting according to our empirical research is the lack of fit between the legal obligations to meet the pedagogical needs and fundamental rights of learners and the approaches to teaching and learning in the classroom. This research therefore aims to build awareness of stronger transdisciplinary collaboration between education law and teaching-learning. En un sentido estricto, la seguridad y la protección en educación implican la ausencia de daños causados tanto a estudiantes como a sus educadores. No obstante, las últimas publicaciones sobre legislación educativa están prestando especial atención a aspectos más amplios en cuestión de seguridad y protección, tales como problemas de falta de seguridad emocional (por ejemplo, debida al acoso) y falta de seguridad pedagógica (por ejemplo, debida a una enseñanza discriminatoria). Si bien existe una importante cantidad de literatura en materia de legislación y políticas educativas con respecto a las dimensiones físicas de la seguridad y la protección, poco se ha investigado acerca de la seguridad pedagógica, especialmente desde el punto de vista de aquellos que se han visto directamente afectados: los estudiantes que ocupan el aula. Según nuestro estudio empírico, el aspecto más negativo es la falta de coherencia entre las obligaciones legales de cumplir las necesidades pedagógicas y los derechos fundamentales de los estudiantes, y los enfoques de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Por tanto, este estudio pretende concienciar sobre la necesidad de forjar una colaboración transdisciplinar más sólida entre la legislación educativa y los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un sentit estricte, la seguretat i la protecció en educació impliquen l'absència de danys causats tant a estudiants com als seus educadors. No obstant això, les últimes publicacions sobre legislació educativa presten una atenció especial a aspectes més amplis en qüestió de seguretat i protecció, tals com problemes de falta de seguretat emocional (per exemple, deguda a l'assetjament) i falta de seguretat pedagògica (per exemple, deguda a un ensenyament discriminatori). Si bé existeix una quantitat important de literatura en matèria de legislació i polítiques educatives respecte de les dimensions físiques de la seguretat i la protecció, s'ha investigat poc sobre la seguretat pedagògica, especialment des del punt de vista dels que s'han vist directament afectats: els estudiants que ocupen l'aula. Segons el nostre estudi empíric, l'aspecte més negatiu és la manca de coherència entre les obligacions legals de complir les necessitats pedagògiques i els drets fonamentals dels estudiants, i els enfocaments d'ensenyament i aprenentatge a les aules. Per tant, aquest estudi pretén conscienciar sobre la necessitat de forjar una col·laboració transdisciplinària més sòlida entre la legislació educativa i els processos d'ensenyament-aprenentatge.

[cat] La investigació es centra en l’estudi de la potestat sancionadora de l’Administració, de les seves singularitats i característiques, per tal de determinar si aquest règim punitiu, en la seva configuració actual, es troba dotat de les garanties suficients per sancionar les conductes properes a l’exercici dels drets fonamentals de participació política (les llibertats d’expressió i informació -art. 20 CE- i els drets de manifestació i reunió -art. 21 CE-) quan són exercits en l’espai públic. I, al seu torn, en l’anàlisi de si la llibertat del legislador per optar entre el sistema administratiu sancionador i el penal s’ha de veure condicionada per les garanties d’ambdues manifestacions del dret punitiu, atesa la posició que aquests drets fonamentals ostenten en l’Ordenament jurídic de l’Estat espanyol. L’estudi aborda: (i) l’origen del Dret administratiu sancionador i les raons d’un sistema punitiu integrat en dues manifestacions; (ii) els intents de delimitar l’àmbit propi de cada una de les manifestacions del dret punitiu; (iii) els límits normatius i dogmàtics a la llibertat del legislador punitiu; (iv) les singularitats, característiques i manca de garanties de la potestat sancionadora de l’Administració, (v) la relació del dret punitiu amb els drets fonamentals, i (vi) si l’elecció del Dret administratiu sancionador altera les garanties dels ciutadans, en abstracte, i si té afectacions sobre l’exercici dels drets de participació política, en concret. El treball vol contribuir a la construcció del consens sobre si les garanties actuals del sistema administratiu sancionador són o no suficients quan puneix les conductes properes a l’exercici dels drets fonamentals de participació política, i és en aquest àmbit que la investigació pretén realitzar la seva aportació., [spa] La investigación se centra en el estudio de la potestad sancionadora de la Administración, de sus singularidades y características, para determinar si este régimen punitivo, en su configuración actual, se encuentra dotado de garantías suficientes para sancionar las conductas próximas al ejercicio de los derechos fundamentales de participación política (las libertades de expresión e información -art. 20 CE- y los derechos de manifestación y reunión -art. 21 CE-) cuando son ejercidos en el espacio público. Y, a su vez, en el análisis de si la libertad del legislador para optar entre el sistema administrativo sancionador y el penal debe estar condicionada por las garantías de ambas manifestaciones del derecho punitivo a tenor de la posición que estos derechos fundamentales ostentan en el Ordenamiento jurídico del Estado español. El estudio aborda: (i) el origen del Derecho administrativo sancionador y la razón de un sistema punitivo integrado en dos manifestaciones; (ii) los intentos de delimitar el ámbito propio de cada una de las manifestaciones del derecho punitivo; (iii) los límites normativos y dogmáticos a la libertad del legislador punitivo; (iv) las singularidades, características y carencia de garantías de la potestad sancionadora de la Administración, (v) la relación del derecho punitivo con los derechos fundamentales, y (vi) si la elección del Derecho administrativo sancionador altera las garantías de los ciudadanos, en abstracto, y si tiene afectaciones sobre el ejercicio de los derechos de participación política, en concreto. El trabajo quiere contribuir a la construcción del consenso sobre si las garantías actuales del sistema administrativo sancionador son o no suficientes cuando sanciona las conductas próximas al ejercicio de los derechos fundamentales de participación política, y es en este ámbito que la investigación pretende realizar su aportación., [eng] The research is focused on the Administration’s sanctioning power, its singularities and characteristics, to assess if this punitive regime, in its current configuration, is endowed with adequate guarantees to punish conducts related to the exercise of fundamental rights of political participation (freedom of expression and information -art. 20 CE- and the rights to demonstrate and to assembly -art. 21 CE-) when they are exercised in a public place. And, in turn, in the analysis of whether the freedom of the legislator to choose between the administrative sanctioning system and the criminal one, must be conditioned by the guarantees of both representations of the punitive law according to the position that these fundamental rights hold in the Spanish State’s Legal system. The study addresses: (i) the origin of the administrative sanctioning law and the reason for a punitive system integrated in two manifestations; (ii) the attempts to define the scope of each one of the punitive law manifestations; (iii) the normative and dogmatic limits to the freedom of the punitive legislator; (iv) the singularities, characteristics and lack of guarantees of the Administration’s sanctioning power, (v) the relationship of punitive law with fundamental rights, and (vi) if the choice of administrative sanctioning law alters the guarantees of citizens, in the abstract, and, specifically, if it affects the exercise of political participation rights. The essay wants to contribute to the development of a consensus on whether or not the current guarantees of the administrative sanctioning system are adequate, when it sanctions the behaviours related to the exercise of the fundamental rights of political participation, and it is in this area where the research aims to make its contribution.

Aquesta recopilació jurisprudencial pretén il·lustrar amb exemples la incidència de les noves tecnologies sobre els drets fonamentals. Els tribunals han intentat adaptar-se als nous supòsits a partir del bagatge conceptual tradicional. A poc a poc, els casos més forçats sembla que obliguen a introduir novetats, que de moment són molt limitades. El resultat final és un àmbit de protecció desigual, on certs drets són prioritzats, com de manera destacada ho és el dret a la protecció de dades, en detriment d'altres que queden més en un segon pla. S'ha afirmat, per cloure l'estudi, que potser podríem considerar la situació actual com una situació transitòria cap a una jurisprudència que, segurament amb guies legislatives més precises, concreti nous drets apareguts en el marc de la societat del coneixement. La tasca del dret és adaptar-s'hi per seguir oferint nivells de protecció equivalents com a mínim als drets tradicionals .Les transformacions de l'Administració electrònica, d'altra banda, podrien tenir repercussions més profundes del que aparentment només és una simple actualització dels procediments administratius amb les tecnologies de la informació. Esta recopilación jurisprudencial pretende ilustrar con ejemplos la incidencia de las nuevas tecnologías sobre los derechos fundamentales. Los tribunales han intentado adaptarse a los nuevos supuestos a partir del bagaje conceptual tradicional. Poco a poco, los casos más forzados parece que obligan a introducir novedades, que de momento son muy limitadas. El resultado final es un ámbito de protección desigual, donde ciertos derechos son priorizados, como de manera destacada lo es el derecho a la protección de datos, en detrimento de otros que quedan más en un segundo plan. Se ha afirmado, para concluir el estudio, que quizás podría- mos considerar la situación actual como una situación transitoria hacia una jurisprudencia que, seguramente con guías legislativas más precisas, concrete nuevos derechos aparecidos en el marco de la sociedad del conocimiento. La tarea del derecho es adaptarse para seguir ofreciendo niveles de protección equivalentes como mínimo a los derechos tradicionales. Las transformaciones de la Administración electrónica, por otra parte, podrían tenerrepercusiones más profundas delo que aparentemente sólo es una simple actualización de los procedimientos administrativos con las tecnologías de la información. This case law compilation aims to illustrate the impact of new technologies on funda- mental rights by means of examples. The law courts have tried to adapt to the new situations by drawing on the traditional conceptual background. Little by little, the most extreme cases seem to call for the introduction of innovations, which so far are very limited. The final result is an uneven scope of protection, where certain rights are given priority, among which the right to data protection stands out, against the interest of others which are left aside. To conclude this study, it has been stated that perhaps the current situation could be considered as transitional leading towards a case law which, probably with more precise legislative guides, will spe- cify the new rights which will have arisen in the knowledge society. The task of law is to adapt itself in order to carry on offering levels of protection equivalent, at least to those of traditional rights. Furthermore, the transformations of the electronic administration could have a deeper impact than what appears to be a mere updating of the administrative proceedings to the information technologies.

Aquest treball analitza com el sistema jurídic multinivell, derivat de les relacions jurídiques que imposen la globalització i la inserció en la Unió Europea, pot repercutir, positivament o negativament, en l’eficàcia dels drets fonamentals. Els paràmetres que incideixen en aquesta anàlisi també comporten una perspectiva multinivell i es deriven de la configuració que avui en dia obtenen els valors en els quals es fonamenten els sistemes jurídics, i de com es desenvolupen en els diferents nivells de regulació jurídica, incidint en els drets fonamentals.Per tal de mostrar les implicacions juridicoconstitucionals d’aquesta perspectiva, s’analitzen dos exemples. D’una banda, un exemple en què la implementació pot ser considerada com a positiva; és el cas de la regulació multinivell de la igualtat entre dones i homes. D’altra banda, també s’examina un altre exemple en què una aplicació formal del multinivell, allunyada dels valors que han de presidir l’ordre jurídic a tots els nivells, pot comportar conseqüències menys positives per als drets fonamentals, com ha estat el cas del desenvolupament de l’anomenada "regla d’or" pressupostària i els seus efectes en els drets prestacionals., This paper analyzes how the multi-tier legal system, derived from the legal relations imposed by globalization and integration in the European Union, may have positive or negative repercussions on the effectiveness of fundamental rights. The parameters that affect this analysis also entail a multi-tiered perspective and are derived from the configuration produced nowadays by the values on which legal systems are based and from the way in which the different levels of legal regulation develop, affecting fundamental rights.To show the legal and constitutional implications of this perspective, two examples are analyzed. On the one hand, an example in which implementation may be viewed as being positive; such is the case for multi-tier regulation of equality between men and women. On the other hand, another example is also examined, where the formal use of the multi-tier approach, disassociated from the values that should hold sway over every level of the legal system, may entail less positive consequences regarding fundamental rights, as was the case with the development of the so-called budgetary "golden rule" and its effects on rights to benefits., Este trabajo analiza como el sistema jurídico multinivel, derivado de las relaciones jurídicas que imponen la globalización y la inserción en la Unión Europea, puede repercutir, positivamente o negativamente, en la eficacia de los derechos fundamentales. Los parámetros que inciden en este análisis también comportan una perspectiva multinivel y se derivan de la configuración que hoy en día obtienen los valores en los cuales se fundamentan los sistemas jurídicos, y de cómo se desarrollan en los diferentes niveles de regulación jurídica, incidiendo en los derechos fundamentales.Con el fin de mostrar las implicaciones juridicoconstitucionales de esta perspectiva, se analizan dos ejemplos. Por una parte, un ejemplo en que la implementación puede ser considerada como positiva; es el caso de la regulación multinivel de la igualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, también se examina otro ejemplo en qué una aplicación formal del multinivel, alejada de los valores que tienen que presidir el orden jurídico a todos los niveles, puede comportar consecuencias menos positivas para los derechos fundamentales, como ha sido el caso del desarrollo de la llamada "regla de oro" presupuestaria y sus efectos en los derechos prestacionales.

Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutora: Cristina Alsina Rísquez, This paper aims to analyse Nina Simone's "Mississippi Goddam" and James Baldwin's "Notes of a Native Son" in order to examine the ways in which anger is expressed through music and literature, respectively, during the Civil Rights Movement in the 1960s. By examining Simone's and Baldwin's expressions of anger, I will try to explore its political and personal uses and to throw light upon the following questions: Is the expression of anger necessary and effective in the context of the Civil Rights Movement to fight racial oppression by changing or reforming the established socio-political system of the US? Is it possible to confront one's anger in a productive and effective way in this context? Is it necessary that the expression of anger takes the shape of violence for a political protest to be effective, or is it possible to achieve the same objective through nonviolent means?, Aquest treball pretén analitzar "Mississippi Goddam" de Nina Simone i "Notes of a Native Son" de James Baldwin per investigar com s’expressa la ira mitjançant la música i la literatura, respectivament, durant el moviment afroamericà pels drets civils als anys seixanta. Examinar com Simone i Baldwin expressen aquesta ira permetrà tractar-ne els usos polítics i personals, així com aprofundir en les següents qüestions: Expressar ira és, en el context del moviment afroamericà pels drets civils, necessari i efectiu per combatre l’opressió racial volent fer canvis o reformes en el sistema sociopolític establert dels EUA? És possible confrontar la ira d’un mateix de manera productiva i efectiva en aquest context? És necessari que la ira s’expressi en forma de violència perquè una protesta política sigui efectiva, o és possible assolir el mateix objectiu mitjançant la no-violència?

Basic food must be guaranteed by States as a fundamental right of all people. In this article we defend the hypothesis that the path of justiciability is insufficient to achieve full recognition of the right to food as a fundamental social right. A strong and active public sphere is needed to address the obstacles to this recognition today. Some of them are actually related to the inherited legal culture. And, on the other hand, that promotes the creation of new institutions to guarantee social rights. The constitutional State needs a "fourth estate" that guarantees fundamental rights and protects the common good from private powers.

Resumen Han sucedido tantas cosas, y en tan poco tiempo, que no resulta fácil seleccionar alguna temática sin dejarnos fuera otras igualmente relevantes. Probablemente nos pasaremos los próximos años debatiendo sobre lo acontecido, entre otros motivos, por la escasa información que aun hoy tenemos sobre la apisonadora que ha triturado nuestro estilo de vida. Pues bien, he seleccionado, de entre las innumerables que podríamos estudiar, cuatro narrativas. En concreto, la pandemia como refriega entre neokantianos y utilitaristas; como datificación de rebaño; como ajuste de cuentas epistemológico y como singularidad española. Con este análisis podremos interrelacionar, aunque sea de forma breve, las implicaciones éticas, jurídicas, políticas y científicas de una historia que recién ha comenzado. Abstract So many things have happened, and in such a short time, that it is not easy to select some topic without leaving out other equally relevant ones. We will probably spend the next few years debating what happened, among other things, due to the scant information that we still have today about the steamroller that has crushed our lifestyle. Well, I have selected, from the innumerable ones that remain to be studied, four narratives. Specifically, the pandemic as a fray between neo-Kantians and utilitarians; as herd dating; as an epistemological reckoning and as a Spanish singularity. With this analysis we will be able to interrelate, albeit briefly, the ethical, legal, political and scientific implications of a history that has just begun. Resum Han passat tantes coses, i en tan poc temps, que no resulta fàcil seleccionar alguna temàtica sense deixar-nos fora d'altres igualment rellevants. Probablement ens passarem els propers anys debatent sobre els fets, entre altres motius, per l'escassa informació que encara avui tenim sobre la piconadora que ha triturat el nostre estil de vida. Doncs bé, he seleccionat, d'entre els innombrables que podríem estudiar, quatre narratives. En concret, la pandèmia com la batalla entre neokantians i utilitaristes; com datificació de ramat; com venjança epistemològica i com a singularitat espanyola. Amb aquest anàlisi podrem interrelacionar, encara que sigui de forma breu, les implicacions ètiques, jurídiques, polítiques i científiques d'una història que just acaba de començar.

La conclusión principal, en modo resumido, consistió en optar por trasladar las dinámicas propias del mundo físico al mundo virtual entendiendo que existía un tratamiento de datos legítimo, incluida la propia imagen del estudiante, en aquellos exámenes que, de acuerdo con la normativa académica y la normativa general, exigían desplegar funciones de verificación y control de la identidad del estudiante así como mantener registros o grabaciones que garantizasen el derecho del propio estudiante a la revisión de los exámenes

Treballs Finals del Màster d'Advocacia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Ortega Gómez, Marta

RESUMEN:El propósito de este artículo es explicar el cambio de significado que lo civil sufre en el Código napoleónico. Me centro, a tal efecto, en el discurso preliminar pronunciado por Portalis en la presentación del proyecto de 1801, y comparo su concepción con la de Montesquieu. Para este último, las leyes civiles son aquellas que regulan las relaciones de los ciudadanos entre sí, a fin de garantizar el mantenimiento y la unidad de la comunidad política. Portalis pretende, en cambio, que esta misma función de cemento cívico la desempeñe un Código civil que se ocupa únicamente de esa esfera privada en la que los individuos disfrutan de su propiedad. Como muestro en la conclusión, Benjamin Constant asumirá este cambio y lo llevará un paso más allá, identificando el mencionado disfrute privado con la verdadera libertad de los tiempos modernos., The purpose of this paper is to explain the change in meaning of the civil sphere in the Napoleonic Code. To this end, I focus on the introductory speech given by Portalis at the presentation of the 1801 project, and I compare his conception with Montesquieu's. For the latter, civil laws are those regulating citizens' relations with each other, in order to guarantee the maintenance and unity of the political community. Portalis, by contrast, intends to have this civic engagement function performed by a Civil Code that deals solely with that private sphere in which individuals enjoy their property. As I show in the conclusion, Benjamin Constant will assume this change and take it one step further, identifying the aforementioned private enjoyment with the true liberty of modern times.

The role of immigrant advocacy bodies in collaborative policy–making in cities is so far insufficiently researched. This article investigates the ties between relevant urban actors and immigrant advocacy bodies in cities in two Western European countries. We draw on an original survey in forty French and German cities as well as fieldwork in one French and one German city to analyze whether urban actors from a variety of policy sectors and domains of society cooperate with immigrant councils and immigrant associations, and which factors explain such collaboration. Counter to the existing literature on the role of intermediaries between municipalities and immigrant populations, we find a widespread existence of ties with immigrant advocacy bodies. However, such ties are not mainstreamed. Instead, collaboration is most present among actors in charge of immigrant affairs, and when actors meet in policy fora that allow interaction between urban actors and immigrant advocacy bodies. This research was funded by the Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity (Germany). In addition, Mireia Bolíbar holds a Juan de la Cierva Incorporación fellowship (Ref: IJCI-2017-33999), funded by the Agencia Estatal de Investigació (AEI) of the Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó anteayer las medidas que restringían la movilidad en diez municipios de la región por el aumento de casos de coronavirus, al entender que afectaban a los derechos y libertades fundamentales. En respuesta, el Gobierno ha decretado un estado de alarma parcial para dar cobertura a dichas medidas. Los detractores de estas critican el exceso de celo del Ejecutivo, y algunos observadores no expertos en sutilezas legales, consideran que se trata de una injerencia de los jueces en las decisiones de los expertos.

El presente trabajo de investigación aborda el estudio del derecho fundamental a la libertad religiosa centrado al marco constitucional, normativo y jurisprudencial de España, referente al uso del velo islámico en el espacio público. Asimismo, forma parte de este trabajo, un análisis de las prohibiciones del uso del velo islámico integral en los espacios públicos de países como Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Reino Unido, teniendo siempre presente que la perspectiva jurídico-constitucional de éstos incluye, igual que en el caso de España, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la normativa de la Unión Europea. El present treball d'investigació empren l'estudi del dret fonamental a la llibertat religiosa centrat al marc constitucional, normatiu i jurisprudencial de l'Estat espanyol referent a l'ús del vel islàmic a l'espai públic. Tanmateix, forma part d'aquest treball, un anàlisis sobre les prohibicions de la utilització del vel islàmic integral als espais públics de països com Francià, Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Regne Unit, tenint present que la perspectiva jurídic - constitucional d'aquest inclou, igual que en el cas d'Espanya, la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i la normativa de la Unió Europea. This paper undertakes the study of the fundamental right to religious freedom regarding the constitutional, normative, and jurisprudential framework of Spain concerning the use of the Islamic veil in public space. Furthermore, this paper includes an analysis of the prohibitions of the use of the integral Islamic veil in public spaces in countries such as France, Italy, Germany, Belgium, and the United Kingdom, always bearing in mind that their legal-constitutional perspective includes, as in the case of Spain, the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the regulations of the European Union.

La relación médico-paciente se encuentra en un proceso de cambio y evolución hacia un tratamiento más humano, sustentado sobre el principio de autonomía, con el objetivo de respetar los derechos del paciente y no sólo imponer la voluntad del médico. Un instrumento que salvaguarda esta situación es el Documento de Voluntades Anticipadas, como extensión del consentimiento informado. A pesar de su regulación internacional y nacional, en ciertos contextos, como el de la salud mental, el modelo hegemónico-paternalista sigue imperando y nos preguntamos por qué. The doctor-patient relations are undergoing a process of change and evolution towards a more humane approach, based on the principle of autonomy , with the aim of respecting the rights of patients and not just imposing the will of the phyisician. Advance Directives, as an extension of Informed Consent documents, can further safeguard such rights. Despite its international and national regulation, in certain contexts, such as mental health, the hegemonic-paternalistic model persists, and the authors question the underlying motive. La relació metge-pacient es troba en un procés de canvi i evolució cap a un tractament més humà basat en el principi d'autonomia, amb l'objectiu de respectar els drets del pacient i no només imposar la voluntat de metge. Un instrument que salvaguarda aquesta situació és el Document de Voluntats Anticipades, com a extensió del consentiment informat. Malgrat la seva regulació internacional i nacional, en certs contextos, com el de la salut mental, el model hegemònic-paternalista segueix imperant i ens preguntem per què. Este artículo ha recibido la ayuda técnica y económica del proyecto de investigación emergente GRE17-05 de la Universidad de Alicante, “Conocimientos y habilidades de los profesionales de Salud Mental hacia el Documento de Voluntades Anticipadas”, financiado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento para la promoción de la I +D de la Universidad de Alicante.

Tot i que cada vegada són més les institucions internacionals que advoquen per la implantació de mecanismes de denúncia per vulneració de drets fonamentals en procediments de deportació, a l'ordenament espanyol no existeix un mecanisme específic en situacions de detenció, internament i expulsió d'estrangers sent els procediments administratius i penals genèrics la única opció. Tanmateix, el dret a una defensa legal és ineficaç, suspès o inexistent en diversos moments del procés sancionador i del control de fronteres. Aquest article discutirà els principals conflictes que afecten bàsicament al dret fonamental a una tutela judicial, concloent en assenyalar la necessitat d'habilitar mecanismes de denúncia, i augmentar el zel institucional i judicial per garantir l'efectivitat d'aquest dret com a condició sine qua non per la denúncia de conculcacions de drets. No es poden idear futurs mecanismes sense ser conscients de la situació actual, assenyalar les llacunes normatives, les males praxis policials i les vulneracions de drets fonamentals existents., Although there are more and more international institutions that advocate the implementation of reporting mechanisms for the violation of fundamental rights in deportation proceedings, in the Spanish legal system there is no specific mechanism in situations of detention, incarceration and expulsion of foreigners, with administrative and generic criminal procedures being the only option. However, the right to legal defence is ineffective, suspended or non-existent at various stages of the sanctioning process and border control. This article will discuss the main conflicts that basically affect the fundamental right to judicial protection, concluding by showing the need for enabling reporting mechanisms, and increasing the institutional and judicial zeal for guaranteeing the effectiveness of said right as a sine qua non condition for the reporting of rights violations. Future mechanisms cannot be devised without being aware of the current situation, pointing out normative gaps, police malpractice and violations of existing fundamental rights., Aunque cada vez son más las instituciones internacionales que abogan por la implantación de mecanismos de denuncia por vulneración de derechos fundamentales en procedimientos de deportación, en el ordenamiento español no existe un mecanismo específico en situaciones de detención, internamiento y expulsión de extranjeros siendo los procedimientos administrativos y penales genéricos la única opción. Sin embargo, el derecho a una defensa legal es ineficaz, suspendido o inexistente en varios momentos del proceso sancionador y del control de fronteras. Este artículo discutirá los principales conflictos que afectan básicamente al derecho fundamental a una tutela judicial, concluyendo en señalar la necesidad de habilitar mecanismos de denuncia, e incrementar el celo institucional y judicial para garantizar la efectividad de dicho derecho como condición sine qua non para la denuncia de conculcaciones de derechos. No pueden idearse futuros mecanismos sin ser conscientes de la situación actual, señalar las lagunas normativas, las malas praxis policiales y las vulneraciones de derechos fundamentales existentes.