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This paper begins with an overview of the historical evolution of the acknowledgement and protection of human rights by the European Union, which is currently committed to safeguarding them within and beyond its borders. In relation to their protection abroad, it proceeds to study the European Union's autonomous restrictive measures as an essential instrument of the Common Foreign and Security Policy (CFSP), with emphasis on the comprehensive human rights sanctions regime adopted in 2020 with the aim of addressing serious human rights violations and abuses without geographical limitations. This is followed by a contextualisation of the conflict between Russia and Ukraine and a review of the autonomous restrictive measures adopted from 2014 until December 2022, with an in-depth study of those adopted against those responsible for serious human rights violations and abuses in the cities of Bucha and Mariupol. The paper concludes with a critical analysis of the restrictive measures adopted by the European Union against those responsible for the atrocities committed in Bucha and Mariupol, as well as the overall human rights sanctions regime. El presente trabajo comienza con un recorrido por la evolución histórica del reconocimiento y protección de los derechos humanos por la Unión Europea, actualmente comprometida con su salvaguarda dentro y fuera de sus fronteras. En relación con su protección en el exterior se procede al estudio de las medidas restrictivas autónomas de la Unión Europea como instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), haciendo hincapié en el régimen global de sanciones en materia de derechos humanos adoptado el pasado año 2020 con el objetivo de hacer frente a las violaciones y abusos graves de derechos humanos sin limitaciones geográficas. Tras ello se procede a la contextualización del conflicto existente entre Rusia y Ucrania, así como al estudio de las medidas restrictivas autónomas adoptadas desde el año 2014 y hasta el mes de diciembre del año 2022, profundizando en el estudio de aquellas adoptadas frente a los responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en las ciudades de Bucha y Mariúpol. El trabajo finaliza con un análisis crítico de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea frente a los responsables de las atrocidades cometidas en Bucha y Mariúpol, así como del régimen global de sanciones en materia de derechos humanos.

La pandemia provocada por la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria y económica sin precedentes. En este trabajo se identifican los posibles factores que influyen en la actividad económica durante la pandemia. Desde un punto de vista multidisciplinar, usando variables de índole política, sanitaria y económica, se examina el efecto de dichos factores con el fin de explicar el diferente impacto de la COVID-19 en la actividad económica de los países a través del PIB. Para ello, se realiza un estudio empírico a través de una muestra de 100 países para un horizonte temporal que abarca todo el año 2020, realizándose regresiones MCO para cada uno de los cuatro trimestres del año. Los resultados muestran la importancia económica de la exposición de los países al turismo, siendo el predictor más destacado para explicar el comportamiento de la actividad económica durante todo el año. Las medidas restrictivas aplicadas por los gobiernos para contener el virus como el distanciamiento social, los bloqueos o los confinamientos, juegan un importante papel a la hora de explicar la variación del PIB. En los momentos más caóticos de la pandemia, durante el segundo trimestre, la velocidad de respuesta de los gobiernos a la pandemia y la estructura sanitaria con la que contaban antes de su inicio se hacen relevantes para explicar el comportamiento de las diferentes economías. En cambio, no es hasta el segundo semestre del año cuando una monitorización más adecuada de los datos estrictamente sanitarios lleva a la tasa de mortalidad a influir de forma significativa sobre el PIB. El desgaste que implica la prolongación de la crisis sanitaria a lo largo del año provoca que los impulsores de la variación interanual del PIB en el último trimestre sean las características específicas propias de la economía de cada país, como la fragilidad de su mercado laboral, su apertura comercial al exterior o la dimensión de su sector turístico.

El 2020 estuvo marcado por el número de medidas restrictivas emitidas para enfrentar la pandemia del Covid-19[1], fortalecer y preparar el sistema de salud nacional y proteger la salud de los colombianos. Además de la evidente crisis en el sistema de salud, dada su incapacidad para atender un número significativo de ciudadanos, las medidas de confinamiento adoptadas por las autoridades nacionales, regionales y municipales produjeron una crisis social y económica nunca antes vista. Amplios sectores de la sociedad colombiana se quedaron sin empleo o fuente de ingresos. En este sentido, la privación de recursos para el sostenimiento de las familias fue extendida a varios estratos del país. Las carencias económicas para cubrir las necesidades básicas de los hogares colombianos se sintieron tanto en los sectores populares, como en las clases medias y profesionales del país. This article studies the modalities of social protests that Caleño citizens deployed during the implementation of restrictive mea-surements of confinement to combat Covid 19 from 17 March to 31 August 2020. The article focuses on describing four aspects of the social protests. First, it describes the collective actors in-volved in the protest. Second, it analyzes the repertoire of collec-tive actions that caleño citizens developed during the restrictive measurements. Third, it identifies the geographic distributions of the protests; and fourth, its rhythms.

Durante la última década, la Unión Europea ha protagonizado una práctica de cierta relevancia en la aplicación de medidas restrictivas como respuesta a vulneraciones graves de los derechos humanos cometidas en un buen número de Estados, y más en particular en los países del Mediterráneo meridional; en concreto, en esta región destacan los casos de Libia y de Siria. Más recientemente, la Unión Europea se ha dotado de un mecanismo selectivo de aplicación de medidas restrictivas de carácter temático u horizontal, específicamente diseñado para hacer frente a las vulneraciones graves de los derechos humanos, que ya ha sido puesto en práctica respecto de unas dos decenas de personas físicas y jurídicas y entidades, incluidas dos personas físicas responsables de tales abusos en Libia. Se trata, en ambos supuestos, del recurso a medidas de retorsión y contramedidas descentralizadas admitidas por el Derecho Internacional general, dirigidas a conseguir el cese y la reparación –en interés de los beneficiarios de la obligación violada-- de las violaciones graves de los derechos humanos. La Unión Europea asume así en su acción exterior un papel de potencia normativa comprometida con la promoción y el respeto de los derechos humanos, aunque con evidentes dobles estándares o diferentes raseros a la hora de hacer uso de tales medidas restrictivas. En este sentido, cabe demandar que, en los próximos años, la UE desarrolle una acción exterior más coherente y uniforme en la aplicación de medidas restrictivas como respuesta a vulneraciones graves de los derechos humanos. Tanto a nivel universal, como más en particular, en sus relaciones con los Estados de su vecindario meridional, cuya estabilidad política, económica y social es de fundamental importancia para la UE. Over the last decade, the European Union has been engaged in a practice of some relevance in the application of restrictive measures in response to serious human rights violations committed in a number of states, and more particularly in the countries of the southern Mediterranean; in this region, the cases of Libya and Syria in particular stand out. More recently, the EU has established a targeted mechanism of thematic or horizontal restrictive measures, specifically designed to address serious human rights violations, which has already been implement against some two dozen natural and legal persons and entities, including two individuals responsible for such violations in Libya. In both cases, it is a matter of resorting to measures of retorsion and decentralized countermeasures admitted by general international law, aimed at achieving the cessation and reparation –in the interest of the beneficiaries of the obligation breached- of serious human rights violations. In its external action, the European Union thus assumes the role of a normative power committed to promoting and respecting human rights, albeit with evident double standards or different standards when deciding to use such restrictive measures. On this point, the EU is request to develop in the coming years a more coherent and uniform external action in the application of restrictive measures in response to serious human rights violations. Both at a universal level and, more particularly, in its relations with the states in its southern neighbourhood, whose political, economic and social stability is of fundamental importance to the EU. Este trabajo forma parte de las actividades de investigación desarrolladas en el marco del proyecto de investigación, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, "El respeto de los derechos humanos y la actividad exterior de las empresas españolas: retos y respuestas desde el Derecho Internacional" (PID2019-107311RB-I00); y del Centro de Excelencia Jean Monnet "Inter-University for European Studies of the University of Alicante: The European Union and the Mediterranean" (619838-EPP-1-2020-ES-EPPJMO-CoE).

The existence of challenges to public immunization policies imposed by scientific denialism is not new. In the history of Brazil, it is observed that the anti-vax movement has existed since the 19th century, based on fallacious justifications that have discredited science by the most different legal, moral, and religious arguments. This article aims to interpret the refutation of public policies to combat the coronavirus pandemic under the events that resulted in the Vaccine Revolt. To this end, a narrative literature review was conducted, outlined by searching for scientific articles and bibliographies in the main international electronic repositories. The descriptors used for the search were: vaccines, COVID-19, immunization, history, sanitary measures, denialism, anti-vax movements, and Brazil. A line of continuity was perceived between past and present discourses opposing restrictive measures and vaccination, either by claiming to defend individual freedom or by invoking obscurantist ideas. We have concluded that the arbitrary refusal to comply with public health policies constitutes an abusive exercise against the right to individual freedom, by exposing society to serious and avoidable risks. La existencia de desafíos impuestos por el negacionismo científico a las políticas públicas de inmunización no es nueva. En la historia de Brasil, se observa que el movimiento antivacuna ha estado presente desde el siglo XIX, basándose en justificaciones falaces que desacreditaban a la ciencia a través de los más diversos argumentos jurídicos, morales y religiosos. El presente texto tiene como objetivo interpretar la refutación de las políticas públicas de lucha contra el coronavirus a la luz de los acontecimientos que dieron lugar a la Revolta da Vacina. Para ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica narrativa, esbozada mediante la búsqueda de artículos científicos y bibliográficos en los principales repositorios electrónicos internacionales. Los descriptores utilizados para la búsqueda fueron: vacunas, COVID-19, inmunización, historia, medidas sanitarias, negacionismo, movimientos antivacuna y Brasil, así como sus respectivas traducciones al inglês. Se percibe una línea de continuidad entre los discursos pasados y presentes que se oponen a las medidas restrictivas y a la vacunación, ya sea alegando la defensa de la libertad individual o invocando ideas oscurantistas. Se concluye que la negativa arbitraria a cumplir con las políticas de salud pública configura un ejercicio abusivo del derecho a la libertad individual, al exponer a la sociedad a riesgos graves y evitables. Não constitui novidade a existência de desafios impostos pelo negacionismo científico às políticas públicas de imunização. Na história do Brasil, observa-se que o movimento antivacina esteve presente desde o século XIX, baseando-se em justificativas falaciosas que descredenciavam a ciência pelos mais diferentes argumentos jurídicos, morais e religiosos. O presente texto tem como objetivo interpretar a refutação às políticas públicas de combate à pandemia de coronavírus à luz dos eventos que resultaram na Revolta da Vacina. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica narrativa, delineada pela busca de artigos científicos e bibliografias nos principais repositórios eletrônicos internacionais. Os descritores utilizados para busca foram: vacinas, COVID-19, imunização, histórico, medidas sanitárias, negacionismo, movimentos antivacina e Brasil, além das suas respectivas traduções para a língua inglesa. Foi percebida uma linha de continuidade entre os discursos do passado e do presente que se opõem às medidas restritivas e à vacinação, seja pela alegação de defesa da liberdade individual, seja pela invocação de ideias obscurantistas. Conclui-se que a recusa arbitrária ao cumprimento de políticas públicas sanitárias configura exercício abusivo do direito de liberdade individual, por expor a sociedade a riscos graves e evitáveis.

Desde la irrupción del Coronavirus en nuestro país, la Administración se ha visto en la obligación de tomar decisiones de gran calibre, decisiones que implican en no pocas ocasiones la restricción de derechos fundamentales. Es en este ámbito donde la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene un papel esencial: el de ser garante de dichos derechos. Sin embargo, desde el primer pronunciamiento mediante auto hasta la fecha, el protagonismo de los juzgados de lo contencioso-administrativo en su papel como garante ha ido variando. Esto se debe a la formulación del Estado de Alarma, un instrumento jurídico que refuerza la discrecionalidad del poder del ejecutivo. En este trabajo abordaremos la importancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa durante la crisis sanitaria y la capacidad de nuestro ordenamiento jurídico actual para enfrentarse a una pandemia. Since the outbreak of Coronavirus in our country, the Administration has been obligated to take decisions of great importance, decisions that often involve the restrictions of fundamental rights. It is in this area where the Administrative Litigation Courts has an essential role: that of being the guarantor of these rights. However, from the first pronouncement by means of an order to date, the role of the administrative courts as guarantors has been changing. This is due to the formulation of the State of Alarm, a legal instrument that reinforces the discretion of the executive power. In this paper we will address the importance of the Administrative Litigation Courts during the health crisis and the capacity of our current legal system to deal with a pandemic. Universidad de Sevilla. Doble Grado en Derecho y en Finanzas y Contabilidad

Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, la protección y promoción de los derechos humanos comienza a consolidarse en la Unión Europea. Hoy en día y gracias al Tratado de Lisboa, los derechos humanos y las libertades fundamentales constituyen uno de los valores fundamentales en los que se sustenta la Unión, pero no solo eso, sino que los derechos humanos se convierten en un principio rector y el objetivo, al mismo tiempo, de la acción exterior de la UE. Este estudio tiene como objetivo desengranar las fórmulas por las que la UE pretende hacer cumplir los derechos humanos en todo el mundo y mostrarnos hasta qué punto la Unión se compromete con ellos. Una de las fórmulas que desarrollaremos en mayor medida serán las medidas restrictivas adoptadas autónomamente por la UE, y nos centraremos en su naturaleza, legitimidad y su regulación actual en el marco de los abusos y violaciones graves de derechos humanos. Por último, haremos un recorrido por los sucesos que han marcado las relaciones entre la Unión Europea y Rusia desde el 2014, parándonos en los regímenes de medidas restrictivas adoptados contra la Federación rusa desde la anexión ilegal de Crimea, hasta el arresto y encarcelamiento del opositor ruso Navalny. With the entry into force of the Amsterdam Treaty in 1999, the protection and promotion of human rights began to consolidate in the European Union. Today and thanks to the Lisbon Treaty, human rights and fundamental freedoms constitute one of the fundamental values on which the Union is based, but not only that, but human rights become a guiding principle and the objective at the same time, of the external action of the EU. This study aims to unravel the formulas by which the EU intends to enforce human rights around the world and show us to what extent the Union is committed to them. One of the formulas that we will further develop will be the restrictive measures adopted autonomously by the EU, and we will focus on their nature, legitimacy,and their current regulation in the framework of serious human rights abuses and violations. Finally, we will take a tour of the events that have marked the relations between the European Union and Russia since 2014, focusing on the regimes of restrictivemeasures adopted against the Russian Federation from the illegal annexation of Crimea to the arrest and imprisonment of the russian opponent Navalny.

Esta investigación, se propuso examinar la observancia de los derechos fundamentales del imputado en Protocolo de actuación conjunta intervención o grabación de registro de comunicaciones o de otras formas de comunicación, para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar los derechos fundamentales del imputado se ven afectados por las modificaciones introducidas a la intervención de comunicaciones por el Protocolo de actuación conjunta, se efectuó bajo un enfoque cualitativo, de básico aplicativo, a nivel descriptivo explicativo, de clase: correlacional-no experimental, se consideró una población de 160 individuos y una muestra de 113, los instrumentos que se emplearon fueron: fichas bibliográficas, cuestionario y guías de análisis documental; como procedimientos se emplearon histórico, sistemático y exegético. Los hallazgos más significativos son: que el 91% de los individuos que participaron en el sondeo, se manifestaron de acuerdo con que el principio de legalidad se afecta por las modificaciones a la medida de intervención de comunicaciones realizadas por el Protocolo de actuación conjunta, en cuanto a las exigencias legales para su procedencia; y, el 93% concordó con que el derecho de defensa del imputado se afecta por las modificaciones a la intervención de comunicaciones por realizadas por el Protocolo de actuación conjunta, dado que con simples indicios de sospecha inicial no es posible imputar aun persona.

El presente artículo efectúa un balance sobre las primeras decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con la pandemia de la COVID-19. El estudio muestra que el mecanismo de demanda individual del artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no resulta adecuado para recurrir frente a los Estados miembros del Consejo de Europa con respecto a la gestión de la crisis del coronavirus y su impacto en el conjunto de la población, puesto que el Convenio no reconoció una acción popular (caso Le Mailloux c. Francia). Por el contrario, las partes demandantes pueden invocar el Convenio si alegan ser víctimas, es decir, si con capaces de aportar pruebas razonables y convincentes de la probabilidad de que se produzca una violación que les afecte personalmente (caso Fenech c. Malta). Por otro lado, las obligaciones procesales que pesan sobre las Partes Contratantes en virtud del artículo 34 del Convenio deben ser respetadas con independencia del resultado final del proceso (caso Feilazoo c. Malta). El trabajo concluye que, sin perjuicio de las funciones generales de supervisión que desempeñan otros mecanismos de control del Consejo de Europa, la jurisprudencia del Tribunal Europeo puede ser una herramienta útil para verificar a nivel nacional la legitimidad y proporcionalidad de los objetivos perseguidos por una determinada medida restrictiva contra la pandemia (caso Vavřička y otros c. República Checa). This article presents the first European Court’s decisions related to the COVID-19 pandemic. The study shows that the individual application mechanism under Article 34 of the European Convention on Human Rights is not adequate to complain about handling by the Council of Europe Member States of the coronavirus crisis and its impact among the whole population, since the Convention did not recognise an actio popularis (case of Le Mailloux v. France). On the contrary, applicants may rely on the Convention if they are able to claim to be a victim, that is to say, if they are able to produce reasonable and convincing evidence of the likelihood that a violation affecting them personally will occur (case of Fenech v. Malta). On the other hand, the Contracting Party’s procedural obligations under Article 34 of the Convention must be enforced irrespective of the eventual outcome of the proceedings (case of Feilazoo v. Malta). The paper concludes that, without prejudice of the general supervision functions performed by other monitoring mechanisms of the Council of Europe, the European Court’s case-law can be a useful tool while testing at domestic level the legitimacy and proportionality of the goals pursued by a given restriction measure against the pandemic (case of Vavřička and Others v. Czech Republic).

La presente tesis doctoral tiene por objeto el estudio de las medidas restrictivas que impone la Unión Europea (UE) contra individuos y entidades. Este instrumento es el reflejo de la evolución de la práctica internacional en materia de sanciones. Durante la década de 1990, conocida como la década de las sanciones, el recurso a medidas coercitivas unilaterales experimentó un notable incremento. Las graves consecuencias humanitarias que su adopción provocó en la población civil derivaron en una evolución hacia el concepto de sanción inteligente. Se pasó de las sanciones generales a los regímenes de medidas restrictivas de carácter selectivo en pro del respeto a los derechos humanos. No obstante, esta práctica sancionadora ha suscitado controversias y se han puesto en evidencia diversos problemas jurídicos. Estas medidas se han convertido en los últimos quince años en una de las piezas fundamentales de la Política Exterior y Seguridad Común (PESC) de la UE. Actualmente, centenares de sujetos y entidades de más de 34 países están siendo objeto de estas sanciones. Dentro del elenco de medidas restrictivas adoptadas por la UE contra diferentes regímenes y organizaciones, la presente investigación se centra en las relativas a la República Islámica de Irán, que han sido consideradas como uno de los regímenes sancionadores más severos adoptados por la comunidad internacional. Las sanciones impuestas contra Irán representan, tal vez, el esfuerzo más completo realizado por la comunidad internacional por diversos motivos: los sectores afectados, el número de entidades y sujetos sancionados, los esfuerzos diplomáticos en su adopción, el levantamiento de las sanciones, etc. Asimismo, es el ejemplo más ilustrativo para la comprensión del poder sancionador de la UE en relación con el disfrute de los derechos humanos de los sancionados y la labor que el TJUE ha realizado al respecto. A partir de la práctica de la UE, tanto de sus instituciones como la de sus Estados miembros y del análisis de la jurisprudencia del TJUE, se estudia el fenómeno de las medidas restrictivas en el ámbito de la UE. La investigación tiene como objetivo analizar el concepto de medida restrictiva, la evolución del marco jurídico de la UE en materia sancionadora y los problemas jurídicos derivados de las repercusiones de las mismas sobre los derechos humanos de los sancionados. Del análisis jurisprudencial se concluye que en la aplicación de las medidas restrictivas existe intrínsecamente una afectación de los derechos fundamentales de los receptores de las sanciones. Los derechos que pueden verse conculcados son tanto de carácter procesal (el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, afectándose a la obligación de motivación, el derecho a ser oído, a recibir pruebas, acceso a los documentos y la utilización de pruebas secretas y confidenciales) como de carácter sustantivo (derecho al honor, derecho de reparación, derecho de propiedad y al libre ejercicio de una actividad profesional). Los resultados obtenidos de este análisis permiten constatar la existencia de diferencias de apreciación del Tribunal General (TG) y el Tribunal de Justicia (TJ) a tenor de los sectores objeto de la sanción. Los ámbitos más afectados por medidas restrictivas y que han ocasionado una mayor respuesta por parte del TJUE, dada su importancia económica y social en el país persa, son el sector bancario y el sector energético, gasístico y petrolero. Las primeras medidas que fueron objeto de revisión por parte del TJUE respecto a sanciones impuestas contra la República Islámica de Irán y que marcaron la tendencia de situar en una situación preponderante el disfrute de los derechos fundamentales de los sancionados fue en el contexto de la lucha antiterrorista. Si bien es cierto, que se observó un gran número de restricciones al tratarse de materia altamente sensible. Recientemente las medidas adoptadas han tenido como objetivo impedir la financiación de la proliferación nuclear, así como la obstaculización de la utilización de los equipos de la industria petrolera que también son susceptibles de empleo en el ámbito nuclear. En este bloque de medidas, los elementos determinantes han sido los relativos a propiedad y control de las sociedades contra quienes se aplican las sanciones. A lo largo de la investigación se constata una gran evolución legislativa y jurisprudencial en materia de medidas restrictivas y regímenes sancionadores, aunque aún existen lagunas que requieren de una solución, sobre todo, en la utilización de conceptos jurídicamente indeterminados. Estas medidas son útiles y eficaces en la medida en que su adopción se adecue a derecho, y se respeten los derechos de los sancionados tanto en su adopción como en su implementación.

La presente investigación tiene como principal objetivo analizar las consecuencias de la aplicación de medidas proteccionistas, restrictivas, aranceles, y salvaguardas por parte del Gobierno Ecuatoriano a la entrada de partes, repuestos, y principalmente vehículos que ingresan al país, propiciando a través de la medida determinar las mejoras a la política económica de la nación. Todo esto con el fin de fomentar la producción, incremento del empleo y desarrollo económico social. Este trabajo de investigación pretende primero explicar el comportamiento del mercado automotriz nacional, ya que este sector se encuentra en la actualidad en continua evolución, se realizará una valoración del comportamiento de las importaciones, demanda, y producción de vehículos, repuestos y partes. Se presentará una descripción detallada de las diferentes políticas aplicadas, aranceles, impuestos, salvaguardias, y cuotas al sector automotriz e información necesaria del Comité de Comercio Exterior que permita evaluar la real estimación de estas medidas. Finalmente se realiza una revisión de las cuentas tanto estatales, como empresariales, lo que permitirá tomar una decisión si las salvaguardas, fueron positivas o negativas, en pos de mejorar el empleo y la producción.

Hasta el estallido de la denominada “primavera árabe” en los primeros meses de 2011, la Unión europea había mantenido una política exterior condescendiente ante las vulneraciones graves y masivas de los derechos humanos responsabilidad del régimen sirio dirigido por el clan de los Al-Assad. Como respuesta al conflicto armado sirio y la comisión de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra atribuibles al Gobierno sirio, la UE ha aplicado toda una batería de medidas restrictivas, y ha destinado un volumen notable, aunque insuficiente, de ayuda humanitaria para atender las necesidades básicas de los refugiados y desplazados internos. La actuación llevada a cabo ante la crisis siria, ha evidenciado tanto las limitaciones como las incoherencias que presenta la acción exterior de la UE, en el contexto del fracaso de la política euromediterránea desarrollada por las instituciones de la UE durante los últimos 20 años. Como mejor receta para corregir estas limitaciones e incoherencias, cabe propugnar que la acción exterior de la UE se base en el estricto cumplimiento del ordenamiento internacional, y más en particular en la defensa de la aplicación de sus principios estructurales. Until the outbreak of the “Arab Spring” during the first months of 2011, EU’s External Policy had been condescending towards the serious and massive violations of human rights committed by the Syrian regime under the Al-Assad clan. As a response to the Syrian armed conflict and to the commission of crimes against humanity and war crimes attributed to the Syrian Government, the EU has adopted a package of restrictive measures and has allocated a significant, yet insufficient, volume of humanitarian aid to attend to the essential needs of refugees and internal displaced persons. EU’s action in response to the Syrian crisis has demonstrated not only the constraints but also the incoherences of EU’s External Policy in a context of failure of the Euro-Mediterranean Policy developed by the institutions throughout the last twenty years. Therefore, the best prescription for the correction of the said constraints and incoherences shall be that EU’s External Policy be underpinned by the strict compliance with international law, specifically, by the defence of the application of its structural principles. Trabajo elaborado en el marco del proyecto de investigación coordinado, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, “Paz y Seguridad en el Mediterráneo: análisis jurídico desde una perspectiva española” (DER2012-39061-CO2-01).