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Los políticos independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo en 2019 interpusieron demandas contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegando la violación de derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El examen de estas demandas ha coincidido temporalmente con el debate de la Proposición de Ley de Amnistía en las Cortes Generales. En este contexto, surgen dudas sobre si la amnistía podría conllevar la pérdida del estatus de víctima de los políticos independentistas, lo cual llevaría al TEDH a inadmitir las demandas. Este artículo examina el régimen jurídico del estatus de víctima, mostrando que el TEDH generalmente exige dos condiciones para que una medida como la amnistía pueda suponer la pérdida del estatus de víctima de un demandante: primero, que reconozca y, segundo, que repare la violación de derechos alegada. El análisis también revela que las demandas relativas a derechos del artículo 6 están sujetas a una regla especial menos restrictiva. Aplicando estas reglas, se concluye que la amnistía no hará perder el estatus de víctima de los políticos independentistas, de manera que no impedirá que el TEDH se pronuncie sobre el fondo de sus demandas.

In the last fifteen years, the European Court, the US Supreme Court and the Inter-American Court of Human Rights have all ruled on the issue of same-sex marriage. The Strasbourg Court has not, at this stage, dared to affirm the right to marriage, unlike its (inter)American counterparts. The article proposes a comparative analysis of the decisions rendered by the three jurisdictions: it highlights, beyond the (obvious and indisputable) differences between the three legal orders, the similar issues – of applicability, proportionality and subsidiarity – with which the judges responsible for ensuring respect for human rights are confronted. As the analysis also reveals, these issues are sometimes hotly debated within the courts themselves, while their understanding can be enriched by inter-jurisdictional dialogue. In conclusion, it is argued that, with regard to the recognition and protection of same-sex couples, the European Court should draw inspiration from American experiences and (1) clearly (re)affirm that the right to marry (art. 12 ECHR) applies to same-sex couples (2) mobilise the full potential of the prohibition of discrimination (art. 14 ECHR) and (3) move away from strict adherence to the European consensus rule. En los últimos quince años, el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado sobre la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. El Tribunal de Estrasburgo no se ha atrevido, por el momento, a afirmar el derecho al matrimonio, a diferencia de sus homólogos (inter)americanos. El artículo propone un análisis comparativo de las decisiones dictadas por las tres jurisdicciones: pone de relieve, más allá de las diferencias (evidentes e indiscutibles) entre los tres ordenamientos jurídicos, las cuestiones similares –de aplicabilidad, proporcionalidad y subsidiariedad– a las que se enfrentan los jueces encargados de velar por el respeto de los derechos humanos. Como también revela el análisis, estas cuestiones son a veces objeto de acalorados debates en el seno de los propios tribunales, mientras que su comprensión puede verse enriquecida por el diálogo interjurisdiccional. En conclusión, se sostiene que, en lo que respecta al reconocimiento y la protección de las parejas del mismo sexo, el Tribunal Europeo debería inspirarse en las experiencias estadounidenses y (1) (re)afirmar claramente que el derecho a contraer matrimonio (art. 12 del CEDH) se aplica a las parejas del mismo sexo (2) movilizar todo el potencial de la prohibición de la discriminación (art. 14 del CEDH) y (3) alejarse de la estricta adhesión a la norma del consenso europeo. Available from: https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1347

The special constitutional relevance is a critic dialogical instrument from the perspective of multilevel constitutionalism and, especially, is a privileged conversational element between the Spanish Constitutional Court and the European Court of Human Rights. The need to adapt the constitutional jurisprudence of the Spanish Constitutional Court to the case law of the European Court of Human Rights as a cause of special constitutional relevance institutionalizes a practice already followed by the Constitutional Court by virtue of art 10.2 of the Spanish Constitution. Now, in addition, two further aspects are incorporated: a principle of collaboration between the appellants in amparo and the Court in the detection of new developments in the international systems, and the reinforcement of the Constitutional Court as a principal mean for channeling the European jurisprudence to ordinary justice. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El presente trabajo se propone tres objetivos. Primero, se exponen las notas principales del procedimiento de determinación de la edad y sus déficits o sombras a la luz de su puesta en práctica en materia de menores extranjeros no acompañados. Segundo, se refuerza el juicio crítico que merece la actual regulación a través de la referencia a un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual «convencionaliza» algunos derechos de los menores. Y, tercero, se sintetizan y se valoran positivamente algunas características del procedimiento de determinación de la edad que propuso el Anteproyecto de Ley de 2022.

El objetivo es analizar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2020 ND y NT contra España. Se buscarán los elementos de continuidad y de cambio respecto de la jurisprudencia anterior del Tribunal Europeo sobre la prohibición de expulsiones colectivas (artículo 4 del Protocolo 4). El análisis de la Sentencia del Tribunal Europeo se enmarca, desde la perspectiva del ordenamiento español, con una breve referencia a la legislación interna y a la posterior Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre, del Tribunal Constitucional español.

En el presente estudio se lleva a cabo un análisis narratológico de los relatos de los hechos presentes en las sentencias españolas del caso Stern Taulats y Roura Capellera relativas a un supuesto delito de injurias contra la Corona. Para ello, se estudian los tres niveles narrativos de sentido presentes en los relatos de los hechos con la finalidad de analizar el posterior dictamen emitido por el TEDH acerca de la adecuación de la valoración jurídica de dichos hechos realizada por los tribunales españoles. Del análisis se concluye que es en la propia construcción narrativa del relato de los hechos, realizada por los tribunales españoles, en donde se encuentra la raíz de esa supuesta frontera infranqueable entre los tribunales españoles y el TEDH.

Este artículo reseña: Alonso PINO ÁVILA, La autonomía reproductiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aranzadi, Pamplona 2023, 310 pp.

Este artículo presenta un análisis crítico de discurso aplicado a dos sistemas internacionales de derechos humanos (DDHH) en el ámbito de la violencia contra las mujeres (VCM). Se analizaron cualitativamente convenciones, jurisprudencia y materiales comunicacionales de organismos europeos e interamericanos. Los resultados sugieren una “juridificación” de las respuestas a la VCM y revelan cómo se constituye una penalidad basada en DDHH. Este modelo le atribuye múltiples virtudes a la respuesta penal, caracterizando su activación como diligencia debida. Tal paradigma tiende a marginar las experiencias de las víctimas/sobrevivientes, soslaya la violencia que ejerce el aparato penal y debilita posibles enfoques redistributivos, basados en derechos económicos y sociales. Se sugiere que estos se profundicen en una futura agenda de investigación.

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The article analyzes the jurisprudence of the European Court of Human Rights regarding reproductive autonomy, addressing topics such as abortion, assisted reproductive techniques, and surrogacy. The Court recognizes certain reproductive rights but does not require states to recognize or regulate abortion. Regarding assisted reproductive techniques, the Court recognizes the right to become parents through these techniques and the right to allocate in vitro embryos for scientific research, as long as they are justified and proportionate. The Court's prudence in its decisions and the importance of collaboration with states in the protection of reproductive rights are highlighted. [Extracted from the article]

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IJudge at the European Court of Human Rights for seven years, the time has come to take stock. This article is an ideal opportunity to outline the most significant differences I have noticed as a European judge compared to my previous duties as a judge at the Supreme Court of the Principality of Andorra. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El alcance del principio de la interdicción de los poderes públicos es una de las cuestiones esenciales para la comprensión del Estado de derecho. En el caso del ejercicio de la potestad jurisdiccional, la imparcialidad de los tribunales deviene esencial, y la reflexión acerca de su práctica actual resulta de interés para la valoración de la calidad democrática de un sistema político.

L'article examina l'evolució dels estàndards de protecció del col·lectiu transsexual a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, en particular respecte de les decisions que concerneixen a la violació del dret a la identitat sexual ia l'autodeterminació, davant del denegament de les autoritats nacionals de modificar el sexe de les persones transsexuals als registres nacionals. Conscients de la tensió constant entre la necessitat de protegir els drets reconeguts en el Conveni Europeu i el respecte del marge d'apreciació que els Estats mantenen en determinats àmbits, el propòsit de la investigació és comprovar l'existència i la consolidació d'uns estàndards mínims o normes comunes que el Tribunal Europeu ha anat elaborant i aplicant en els seus anys d'activitat, i identificar quins són encara els reptes a què s'enfronta en aquesta matèria. Conèixer aquests elements establirà les bases per promoure que l'adopció de mesures legislatives estatals estigui orientada a respectar aquests estàndards comuns i a aconseguir una protecció efectiva dels drets de les persones trans a l'entorn europeu.

La violencia de género está siendo abordada de diferente manera y con legislaciones que distan mucho de ser, cuando menos, homologables, mucho menos uniformes y homogéneas. De ahí que sea muy importante que se atienda a los pronunciamientos de órganos de expertos como referentes interpretativos de los estándares internacionales sobre esta materia y, sobre todo, a cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los utiliza para aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Precisamente en esa conexión es importante subrayar las obligaciones de los Estados por la actuación de sus agentes estatales y no estatales a efectos de proteger y descargar a la víctima de violencia de género de exigencias probatorias que pueden suponer revictimización.

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La detención de inmigrantes en situación irregular para evitar su entrada en el territorio de un Estado o para garantizar su expulsión del mismo se ha convertido en una práctica habitual en toda Europa. Esta práctica podría estar priorizando excesivamente el objetivo estatal de control migratorio, especialmente respecto de la denominada «migración irregular», en detrimento del cumplimiento de obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. A pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos admite la llamada detención administrativa de los inmigrantes en situación irregular, impone ciertas condiciones. El Convenio Europeo de Derechos Humanos ha permitido articular esas condiciones utilizando dos ejes de referencia: el derecho a la libertad, garantizado en el artículo 5; y el derecho a la integridad de la persona, deducido de la prohibición de malos tratos impuesta en el artículo 3. A su vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, artífice de la construcción de esos límites a la detención, ha incluido en su jurisprudencia una variada referencia a la situación particular de los niños migrantes detenidos, tanto cuando llegan solos como acompañados de sus familias. Este artículo pretende analizar ciertas aportaciones del Tribunal de Estrasburgo en la materia con la finalidad de concluir hasta qué punto este tribunal regional está redefiniendo determinados límites a la soberanía de los Estados y contribuyendo con ello a garantizar el respeto de los derechos humanos en Europa.

This article begins with the mention to the concept of “crimmigration”. This notion describes the increasing relationship between migration law and criminal law. The governmental authorities consider that detention can be a useful tool to control the irregular entry and stay in their countries. Moreover, International Human Rights Law allows the detention of migrant to prevent unauthorized entry or to effect deportation. However, from the European perspective, the European Convention on Human Rights has established two limits to the detention: the right to liberty (article 5) and the prohibition of torture or to inhuman or degrading treatment or punishment (article 3). This article provides an overview of the jurisprudence of the European Court of Human Rights regarding both articles, taking into consideration the situation of migrant children in particular. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La separación entre información y opinión es uno de los principios deontológicos clásicos del periodismo. Su objetivo es evitar la desinformación, permitiendo a los destinatarios distinguir con claridad entre la información factual —respecto de la que existe una expectativa de veracidad— y las tomas de posición políticas, morales, etc. del periodista. Pero ¿cabe convertir ese principio en un deber jurídico? ¿Puede un Estado exigir responsabilidad a los periodistas o a los medios por su incumplimiento? En su Sentencia de 28.4.2020 (caso ATV Zrt c. Hungría, demanda n.º 61178/14), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debió afrontar esta delicada cues-tión. Aunque la sentencia desaprovechó en cierta medida la ocasión para tomar posición clara al respecto, un voto particular fijó de un modo más conciso el campo del debate y las vías para su tratamiento. El hecho de que el Estado dicte cómo deben comunicarse las noticias, incluso con las mejores intenciones, genera un elevadísimo riesgo para las libertades comunicativas. Por ello, el voto particular apunta a la necesidad de acudir a instrumentos autorregulatorios y corregulatorios, y no a reglas de derecho imperativo.

La segunda condena al músico Pablo Hasél por delitos relacionados con actos de expresión (injurias a miembros de la familia real, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la policía) ha generado una importante polémica, En este texto se propone un análisis detallado de las expresiones que han dado lugar a la condena, y se confronta el razonamiento de las sentencias condenatorias con los estándares del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.

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Les reflexions acadèmiques sobre la jurisprudència de Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) relativa al discurs de l'odi són freqüents. Actualment, però, es plantegen rellevants interrogants que encara es mantenen oberts. Per començar, no sembla que la Cort europea tingui una concepció clara i uniforme sobre el discurs de l'odi, sinó que sota aquest paraigua s'aixopluguen realitats diferents. Per continuar, el TEDH aplica idèntic tractament jurídic a aquestes diferents realitats, obviant que el dret ha d'oferir respostes diferents a problemes diferents. Finalment, la Cort no ha aclarit si aquest tractament jurídic del discurs de l'odi, que sempre ha aplicat a missatges emesos pels canals tradicionals de comunicació, pot traslladar-se mutatis mutandis al discurs difós a través de xarxes socials. Aquests tres temes rellevants constitueixen l'objecte de l'estudi que es recull en aquest article. Concretament, l'estudi es proposa donar passos en la delimitació del concepte de discurs de l'odi; proposar un tractament jurídic diferent als diferents tipus de discurs de l'odi; i analitzar quines conseqüències resultarien d'aplicar la jurisprudència europea sobre discurs de l'odi a la comunicació en la xarxa.

El presente artículo presenta y analiza el Protocolo n.º 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El protocolo abre un nuevo sistema en lo referente al sistema de protección del Convenio Europeo, pues prevé la consulta prejudicial dando una nueva alternativa procedimental a los órganos jurisdiccionales de mayor rango de una Alta Parte Contratante. Así, cuando les surja alguna duda interpretativa o alguna cuestión de principio sobre algún derecho humano recogido en el Convenio o en alguno de sus protocolos, podrán suspender el procedimiento y consultar al Tribunal de Estrasburgo, que responderá con una opinión consultiva. Este artículo expone el esquema del propio Convenio, la naturaleza del Tribunal de Estrasburgo y el funcionamiento del nuevo protocolo, así como un análisis de la primera y única opinión consultiva emitida hasta el momento.

The article summarizes the ruling of the Constitutional Court of Spain on September 29, 2011, in which a complaint filed by a citizen against the City Council of Valencia was dismissed. The complaint was based on a claim for financial liability for expenses incurred in the citizen's home to prevent the transmission of external noise, alleging that the municipal administration allowed noise levels higher than those established in the Municipal Ordinance. However, the Court concludes that the intensity and characteristics of the disturbances suffered in the plaintiff's home have not been demonstrated, and that the impact of the noise on their specific home has not been proven. Additionally, it is highlighted that the City Council has taken measures to reduce noise in the area. The article presents a ruling from the Constitutional Court in which the protection of fundamental rights in relation to environmental noise is discussed. It is established that prolonged exposure to avoidable and unbearable noise levels should be protected as a fundamental right to personal and family privacy. However, it is argued that not all people living in an acoustically saturated area are experiencing a violation of their fundamental rights. Additionally, it is mentioned that the Constitutional Court differs from the doctrine of the European Court of Human Rights regarding the burden of proof of the noise level inside the home. [Extracted from the article]

The aim of this contribution is to accomplish an initial approach to climate demands associated with human rights violations, sticking to the analysis of the main obstacles that arise from the perspective of admissibility requirements. Among other issues, we will examine the competence ratione personae and ratione loci, in particular, the exhaustion of domestic remedies, causality, collective actions and jurisdictional scope based on complaints filed to date in regional (European and Inter-American) and universal systems. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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En la sentencia GK c. Bélgica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aborda una vez más las garantías que ofrecen los sistemas exclusivamente parlamentarios de verificación de actas y supervisión de mandatos en los que no se contempla ninguna instancia ulterior de carácter jurisdiccional. Muy pocos países europeos mantienen esta tradicional prerrogativa liberal, típica del parlamentarismo del siglo XIX. El examen de la validez de la renuncia de una senadora belga sirve de pretexto para poner el foco en las deficiencias registradas en el procedimiento parlamentario utilizado, dominado por la enorme discrecionalidad reconocida a la Cámara y la ausencia de garantías frente la arbitrariedad. La resolución de la Corte, sin innovar en exceso, permite confirmar la línea que se había iniciado con decisiones anteriores, en las que profundiza en la vertiente procesal de los derechos incluidos en el artículo 3 del Protocolo Adicional. El caso planteado en GK c. Bélgica ofrece interés al tratarse de uno de los pocos asuntos que escapan del derecho estrictamente electoral y entran de lleno en el derecho parlamentario, con la originalidad añadida de que el sistema belga pertenece al modelo parlamentario puro que, en este caso, se muestra en franco retroceso.

La prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes es absoluta y está contenida en todos los tratados y convenios sobre derechos humanos. Sin embargo, en algunas cárceles de Europa se está produciendo una violación sistemática de lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). En este artículo se explica en qué consiste el procedimiento de las sentencias piloto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se analizan las sentencias piloto sobre el estado de las cárceles que el Tribunal ha dictado hasta el momento. El principal objetivo es tratar de determinar si las sentencias piloto han resultado ser un instrumento útil a la hora de mejorar la eficacia de la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, contenida en el artículo 3 del CEDH, en el ámbito carcelario.

El obligado compromiso de los Estados y las instituciones en la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas está fuera de toda duda. Los avances normativos en esta materia han incorporado expresas referencias a la sujeción preceptiva al seguimiento, prevención y represión de actos de agresión contra las mujeres. En este sentido, Europa y América van alcanzado un desarrollo normativo y jurisprudencial nada desdeñable. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos han logrado dar pasos importantes en esta línea y han desarrollado el parámetro de diligencia debida reforzada en violencia de género para valorar la responsabilidad estatal en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención, represión y reparación.

Jueces y académicos llevan mucho tiempo debatiendo si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH o el Tribunal) puede solo ampliar la protección de los derechos humanos en Europa, pero nunca disminuirlos. Estudios recientes han constatado que las reacciones políticas y las restricciones nacionales han influido en la jurisprudencia del TEDH. Sin embargo, analizar si el TEDH está cambiando hacia una dirección regresiva supone un reto empírico: ¿cómo podemos determinar si el Tribunal está limitando los derechos a lo largo del tiempo si nunca ha revocado expresamente una sentencia anterior en un sentido que favorezca al Gobierno? Para responder a esta pregunta, analizamos todas las opiniones separadas y minoritarias de la Gran Sala del TEDH entre 1998 y 2018. Nos centramos en las opiniones que afirman que la Gran Sala ha revocado tácitamente sentencias anteriores o doctrina establecida para favorecer al Estado demandado, lo que denominamos “disidencias por regresión”. Descubrimos que estas se han vuelto significativamente más comunes en la última década, lo que revela que algunos miembros del TEDH creen que la Gran Sala está revocando cada vez más sentencias anteriores en una dirección regresiva.