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El consentimiento penal es un instituto dogmático que presenta una especial complejidad, sobre todo, cuando atendemos al consentimiento prestado por los menores de edad en el marco de los delitos contra la libertad sexual. En este devenir, el presente trabajo se estructura en torno a tres ejes temáticos, a saber, el consentimiento penal, entendido como un instituto dogmático con autonomía respecto a su homónimo civil, el delito de agresión sexual a menores de dieciséis años tipificado en el art. 181 del Código penal tras la reformas operadas por la LO 10/2022 y 4/2023, y por último, la cláusula contenida en el artículo 183 bis del Código penal. A través de los citados, la presente Tesis Doctoral pretende ahondar en el consentimiento penal desde la perspectiva de la Parte General y a su vez cohonestar este instituto con las vicisitudes propias del delito de agresión sexual a menores de dieciséis años y con el tenor de la cláusula contenida en el artículo 183 bis del mismo cuerpo legal a los efectos de analizar la viabilidad y adecuación de ambos preceptos, como se ha dicho, desde la óptica del consentimiento penal. A estos efectos, el trabajo se articula en nueve Capítulos en los que se abordan la ubicación sistemática del consentimiento penal en la teoría del delito, los presupuestos de eficacia del consentimiento penal o la -íntima- relación entre consentimiento penal y bien jurídico protegido, en especial atendiendo a bienes tales que la vida o la integridad física. De igual manera, el trabajo esboza unas reflexiones político criminales sobre la sobre los delitos contra la libertad sexual de los menores de dieciséis años, además de un análisis del Derecho comparado en la materia. Tras ello, la presente Tesis Doctoral realiza un estudio del delito de agresión sexual a menores de dieciséis años de artículo 181 del Código penal, para culminar con un estudio crítico del artículo 183 bis del mismo cuerpo legal, atendiendo a los criterios de proximidad etaria y del grad

La entrada en vigor en España el 7 de octubre de 2022 de la denominada ley del solo sí es sí trajo importantes novedades en los delitos contra la libertad sexual. Estas fueron la definición del consentimiento, entendido en sentido positivo, proactivo, y una inicial indiferenciación del delito de agresión y del de abuso sexual. Ambos delitos quedaron unificados en una sola tipología y castigados con la misma pena. Esta reforma convirtió la ley en una norma más favorable que la anterior, con el indeseable efecto de la excarcelación de multitud de delincuentes sexuales o la reducción de sus condenas. Ello debió corregirse solo seis meses después, promulgándose la Ley Orgánica 4/2023, que volvió a distinguir unos medios comisivos de otros en la agresión sexual, convirtiendo en subtipo agravado la agresión sexual con violencia o intimidación, y en agravante de segundo grado la sumisión química., The entry into force in Spain on October 7, 2022 of the law of the “only yes is yes” brought important innovations in crimes against sexual freedom. These were such the definition of consent, understood in a positive, proactive sense, and an initial lack of differentiation of the crime of assault and sexual abuse. Both crimes were unified in a single typology and punished with the same penalty. This reform became the law in a more favorable norm than the previous one, with the undesirable effect of the release of a multitude of sexual offenders or the reduction of their sentences. This had to be corrected only six months later with an organic law 4/2023, which again distinguished according to the commissive means used, converting sexual assault with violence or intimidation into an aggravated subtype, and chemical submission into hyper-aggravation

En 2017 se incorporó el término de aporofobia al diccionario de la Real Academia Española, como la «fobia a las personas pobres o desfavorecidas», con la finalidad de visibilizar una realidad social que venía siendo olvidada. Esto también ha tenido su repercusión en el Derecho penal, en tanto que la disposición final sexta de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, reformó el Código penal español incorporando la aporofobia como forma de discriminación. Concretamente, dicha reforma tuvo especial importancia en el art. 22. 4 del precitado texto penal, puesto que actualmente es posible agravar la responsabilidad penal del victimario que actúa por razón de odio, aversión y discriminación al pobre. En este trabajo de investigación, basándose en la igualdad constitucional como punto de partida, se analizan las dimensiones victimológicas y penales de la aporofobia, tras realizar un análisis de la pobreza y la desigualdad social desde un punto de vista nocional y estadístico; se desarrolla la problemática de la aporofobia desde una perspectiva teórica y explicativa de su origen y surgimiento; se analizan las diferentes dimensiones del odio, con el objetivo de conocer la magnitud de la problemática, y así buscar posibles soluciones y mejoras a las ya existentes; se hace un análisis jurisprudencial y un recorrido explicativo de las entidades y asociaciones existentes, que surgen para proteger de una manera integral a las personas más desfavorecidas y vulnerables socialmente; y, por último, se exponen determinadas propuestas de lege lata y lege ferenda; así como diversas propuestas para conseguir la prevención de la delincuencia aporófoba y una mejor asistencia especializada de las víctimas de aporofobia, para así evitar victimizaciones adicionales a la aporofobia.

En el presente trabajo trataremos de exponer el impacto que tiene en el diario de las mujeres el acoso callejero, entendiendo este como una forma más de violencia de género, normalizada en exceso. Realizaremos un análisis donde centraremos en la definición teórica del tipo y su relación con la violencia de género, así como un análisis en profundidad sobre el marco jurídico aplicable a nivel estatal y su influencia por el marco jurídico internacional. Concluiremos con una investigación de campo ejercitada a 121 personas, en un rango de edad entre los 18 y los 35 años, tanto a hombres como mujeres, sobre el acoso callejero y su percepción sobre el mismo, exponiendo ejemplificaciones aportadas por ellos, apoyando la línea argumentativa expuesta en nuestro proyecto sobre este delito.

La innovación docente, futuro que es presente de la docencia universitaria, nos ha demostrado con datos más que seguros que enseñar de una forma divertida es posible y que los estudiantes son capaces de adquirir mejor los conocimientos. En asignaturas quizás con conceptos más o menos abstractos, en las que los estudiantes sienten cierto miedo por no estar en su zona de confort, es importante darles confianza para que puedan desarrollar habilidades para adquirir esos conocimientos. Utilizar herramientas en la enseñanza que les genere interés supone que aprendan casi sin esfuerzo. Invertir tiempo en nuestros estudiantes siempre será un valor seguro que agradecen y se ve plasmado en los resultados. Las instituciones del sistema de control penal y la forma de prevención de los delitos era un campo desconocido para mis estudiantes que han terminado manejando a la perfección., Teaching innovation, the future that is present in university teaching, has shown us with more than certain data that teaching in a fun way is possible and that students are capable of acquiring knowledge better. In subjects perhaps with more or less abstract concepts in which students feel a certain fear for not being in their comfort zone, it is important to give them confidence so that they can develop skills to acquire this knowledge and use teaching tools that help them generate interest supposes that they learn almost effortlessly. Investing time in our students will always be a sure value that they are grateful for and is reflected in the results. The institutions of the criminal control system and the form of crime prevention were an unknown field that they have ended up handling perfectly.

La docencia universitaria se enfrenta a grandes e importantes retos, desde el gran número de alumnos que tenemos en las aulas hasta que cada vez encuentran mayor comodidad en los entornos digitales y debemos adaptar nuestra docencia para encontrar en las redes sociales aliados, contra los que ya difícilmente podemos competir. El plan Bolonia que prometía unas aulas con menos alumnos para así facilitar la docencia más individualizada ha quedado sin embargo en una mera promesa puesto que nos enfrentamos a grupos de grandes dimensiones donde todos los estudiantes tienen un móvil en la mano y puede ser objeto de distracción. La docencia universitaria ha pasado de las grandes lecciones magistrales a modelos metodológicos mucho más dinámicos en el que el alumno desde su autonomía puede aprender mejor.

En este trabajo nos ocupamos de la regulación del embargo y decomiso contemplada en la propuesta de Directiva sobre recuperación y decomiso de activos (arts. 11 a 16 PD). Para llevar a cabo dicho estudio partimos del Informe la Comisión de 2020 titulado “Recuperación y decomiso de activos: Garantizar que el delito no resulte provechoso” en el que se evaluó la Directiva 2014/42/UE, para luego centrarnos en el análisis detallado de los artículos en los que se regula el embargo (art. 11PD) y las distintas modalidades de decomiso (arts. 12 a 16 PD), prestándolo una especial atención al estudio de la regulación de la nueva modalidad de decomiso de patrimonio no explicado (art. 16 PD), no sólo en el texto de la propuesta de Directiva presentada por la Comisión en mayo de 2022 sino también en la orientación general aprobada por el Consejo en junio de 2023. Previamente abordamos los cambios que afectan al objeto (art. 1) y ámbito de aplicación (art. 2) de la propuesta de Directiva., In this work, we deal with the regulation of freezing and confiscation contemplated in the proposed Directive on asset recovery and confiscation (arts. 11 to 16 PD). To carry out this study, we start from the 2020 Commission Report entitled “Asset recovery and confiscation: Ensuring that crime is not profitable” in which Directive 2014/42/EU was evaluated, and then focus on the detailed analysis of the articles that regulate freezing (art. 11PD) and the different types of confiscation (arts. 12 to 16 PD), paying special attention to the study of the regulation of the new modality of confiscation of unexplained wealth (art.16 PD), not only in the text of the proposal for a Directive presented by the Commission in May 2022 but also in the general orientation approved by the Council in June 2023. We previously addressed the changes that affect the subject matter (art. 1) and scope (art. 2) of the proposed Directive.

Se analiza en este artículo la regulación del derecho a la reparación integral contemplada en los artículos 43 a 45 del Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. En él se tiene en cuenta tanto la regulación de este derecho prevista en la Ley modelo contra la trata de personas (2010), el fallido Borrador de Proyecto de Ley integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual de 2018, así como el novedoso desarrollo del derecho a la reparación en la reciente la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual., The regulation of the right to comprehensive reparation contemplated in articles 43 to 45 of the Draft Comprehensive Organic Law against trafficking and exploitation of human beings is analyzed in this paper. This analysis takes into account both the regulation of this right provided for in the Model Law against Trafficking in Persons (2010), the failed Draft Comprehensive Bill against Trafficking in Human Beings and in particular for the purpose of sexual exploitation of 2018, as well as the innovative development of the right to reparation in the recent Organic Law 10/2022, on the comprehensive guarantee of sexual freedom.

Las asociaciones ilícitas constituyen una figura penal tradicional de nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de haber presentado una configuración legal peculiar, en tanto ubicadas entre los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales –en este caso del de asociación –, lo que ha provocado una fuerte reticencia de los tribunales a su aplicación a la delincuencia organizada común, durante la vigencia del CP actual la figura fue efectivamente aplicada en ocasiones a bandas comunes de delincuentes. La introducción, con la LO 5/2010, de 22 de junio, de los nuevos delitos de organización y grupo criminal plantea el interrogante sobre cuál haya de ser ahora el ámbito de aplicación del clásico delito de asociación ilícita de fin delictivo. ¿Ha de reservarse para una específica manifestación de la delincuencia organizada, asociada en su caso con el ámbito político, o, por contra, ha de aceptarse la existencia de un completo solapamiento normativo con los arts. 570 bis y ss. CP?, Unlawful associations are a traditional criminal offense in our legal system. Despite having traditionally presented a peculiar legal configuration, as crimes committed in the exercise of fundamental rights - in this case the right of association -, which has led to a strong reluctance of the courts to its application to common organized crime, during the current CP they were actually applied on some occasions to common criminal gangs. The introduction of the new crimes of organization and criminal group, as a result of the LO 5/2010, of 22 June, raises the question of what should now be the scope of application of the classic crime of unlawful association for criminal purposes. Should it be reserved for a specific manifestation of organized crime, associated in its case with the political sphere, or, on the contrary, should we accept the simple concurrence of an absolute regulatory overlap with arts. 570 bis and following CP?

En el presente artículo se hace un análisis de las circunstancias hiperagravantes del delito de agresión sexual tras las reformas llevadas a cabo en los últimos años por las leyes orgánicas 8/2021, 10/2022 y 4/2023. En la de actuación conjunta de dos o más personas se hace un repaso por las distintas posiciones de la jurisprudencia en su aplicación al autor y al cooperador, según distintos criterios y en respeto del principio non bis in idem. En las circunstancias de extrema gravedad de la violencia o intimidación y parentesco por matrimonio o afinidad se pone de manifiesto la dificultad de diferenciación de otros delitos o agravantes genéricas. Se analiza también la relativa a la vulnerabilidad de la víctima, con especial énfasis en su delimitación del abuso de trastorno mental y de la sumisión química, y los saltos penológicos experimentados con estas últimas reformas., In this article, an analysis is made of the hyper-aggravating circumstances of the crime of sexual assault after the reforms by organic laws 8/2021, 10/2022 and 4/2023. In the joint action of two or more people, a review is made of the different positions adopted by the jurisprudence in its application to the author and the cooperator respect according to different criteria and its accommodation to the non bis in idem principle. Regarding the extreme seriousness of violence or intimidation or kinship by marriage or affinity, the difficulty of delimiting them from other crimes or generic aggravating circumstances is also evident. The vulnerability of the victim is analyzed, with special emphasis on its differentiation with the abuse of mental disorders and with chemical submission, and the penological leaps made in the latest reforms.

En este trabajo se analiza la regulación en el Código Penal español de los de-litos contra la vida que subsiguen a un crimen sexual, después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, que hizo de estos delitos un crimen hiperagravado castigado con la pena de prisión permanente revisable, instaurada en el derecho español en ese mismo año. Primero, se describen los supuestos aplicados por los jueces en estos primeros ocho años de vigencia de la norma. La relación del homicidio con el objetivo de evitar que se descubra otro delito anterior —que se reintrodujo en esa misma fecha como elemento del asesinato— hizo de la compatibilidad entre ambos delitos una cuestión nada pacífi-ca, sobre la que los jueces españoles también se han pronunciado, considerando que la aplicación de los dos delitos a un único supuesto quiebra el principio non bis in idem., The following pages analyze the crimes against the life (homicide and mur-der) that follow a sexual crime in the Spanish penal code, after its drafting by Organic Law 1/2015, that made the attack on life (murder) followed by a crime against the sexual freedom of the victim a hyper-aggravated crime punishable by a reviewable permanent prison sentence, established in Spanish Law in that same year. The first section of this ar-ticle describes the assumptions applied by the judges in these first eight years of validity. The relationship of this crime with the circumstance that it is a death to prevent another previous crime from being discovered, which was reintroduced on that same date as an element of murder, made the compatibility between both crimes a far from peaceful issue, on the that the Spanish judges have also ruled at this time considering that the ap-plication of the two crimes together to a single case breaks the non bis in idem principle.

La globalización, la economía de libre mercado, la supresión de fronteras internas entre Estados europeos con el Tratado Schengen, y el desarrollo tecnológico han contribuido a un desarrollo exponencial de las clásicas agrupaciones de delincuentes, que, aprovechando tales circunstancias, han expandido su ámbito territorial de actuación y han desarrollado sus estructuras criminales, haciéndolas más sofisticadas, siempre con la finalidad última de lucrarse. Esta nueva realidad ha llevado a las instituciones internacionales a imponer a los Estados la obligación de tipificar la participación activa en organizaciones delictivas. A raíz de ello, nuestro legislador introduce en 2010 en el Código penal español los delitos de organización y grupo criminal. El presente trabajo pretende desentrañar el complejo panorama legislativo previsto en esta materia ante la coexistencia de tres tipos penales en principio aptos para castigar la participación en agrupaciones delictivas: el clásico delito de asociación ilícita y los nuevos delitos de organización y grupo criminal., Globalization, the free market economy, the abolition of internal borders between European States with the Schengen Treaty, and technological development have contributed to an exponential development of the classic criminal groups, which, taking advantage of such circumstances, have expanded their territorial scope of action and have developed their criminal structures, making them more sophisticated, always with the ultimate aim of making a profit. This new reality has led international institutions to impose on States the obligation to criminalize active participation in criminal organizations. As a result, in 2010 our legislator introduced in the Spanish Criminal Code the crimes of organization and criminal group. This paper aims to unravel the complex legislative landscape in this area, given the coexistence of three types of criminal offenses that are in principle suitable for punishing participation in criminal groups: the classic crime of illicit association and the new crimes of organization and criminal group., Die Globalisierung, die freie Marktwirtschaft, die Abschaffung der Binnengrenzen zwischen den europäischen Staaten mit dem Schengener Abkommen und die technologische Entwicklung haben zur exponentiellen Entwicklung klassischer krimineller Gruppen beigetragen, die unter Ausnutzung dieser Umstände ihren territorialen Aktionsradius ausgeweitet und ihre kriminellen Strukturen weiterentwickelt und verfeinert haben, immer mit dem Ziel, Profit zu machen. Diese neue Realität hat die internationalen Institutionen dazu veranlaßt, den Staaten die Verpflichtung aufzuerlegen, die aktive Beteiligung an kriminellen Organisationen unter Strafe zu stellen. Daher hat unser Gesetzgeber im Jahr 2010 die Straftatbestände der kriminellen Vereinigung und der kriminellen Vereinigung in das spanische Strafgesetzbuch aufgenommen. Das vorliegende Papier soll die komplexe Gesetzeslandschaft in diesem Bereich entwirren, da drei Arten von Straftatbeständen nebeneinander bestehen, die grundsätzlich geeignet sind, die Beteiligung an kriminellen Vereinigungen zu bestrafen: der klassische Straftatbestand der unrechtmäßigen Vereinigung und die neuen Straftatbestände der Organisation und der kriminellen Vereinigung.

El castigo de las violaciones grupales constituye una cuestión especialmente problemática en España ante la ausencia de un acuerdo jurisprudencial sobre cómo han de calificarse estos hechos. Si bien se parte de unas premisas comunes –la de que en las violaciones en grupo concurren al menos tantas acciones típicas de violación como personas distintas accedan carnalmente a la víctima, y la de que todas ellas han de imputarse a cada uno de los integrantes del grupo–, en unas ocasiones los tribunales consideran aplicable el delito continuado, y en otras no, valorando en estos últimos casos las acciones típicas como delitos individuales. Como solución frente a esta situación de inseguridad jurídica, algunos autores vienen proponiendo la introducción en el CP de un delito plurisubjetivo de violación grupal, similar al ya existente en el CP italiano (art. 609-octies). En el presente trabajo se reflexionará sobre la necesidad y conveniencia de una reforma del CP que incorpore una figura de estas características., The punishment of gang rapes is a particularly problematic issue in Spain due to the lack of jurisprudential agreement on how these acts should be classified. Although there are some common premises –that in gang rapes there are at least as many typical acts of rape as there are different people who have carnal access to the victim and that all of them must be imputed to all the members of the group–, on some occasions the courts consider the continuous offence to be applicable, and on others they do not, in the latter cases considering the typical acts as individual offences. As a solution to this situation of legal uncertainty, some authors have been proposing the introduction of a multi-subjective offence of gang rape in the Penal Code, similar to that already existing in the Italian PC (art. 609-octies). This paper will reflect on the need and convenience of a reform of the PC that incorporates a figure of these characteristics.

En este trabajo nos ocupamos del novedoso reconocimiento y desarrollo del derecho a la reparación a las víctimas en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS). No solo del derecho a la reparación a las víctimas sexuales en el Título VII de la citada ley, sino también de las modificaciones relacionadas con el derecho a la reparación que han sufrido otras normas a través de sus Disposiciones Finales, entre otras, el Estatuto de la Víctima del Delito o la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Además, analizamos la regulación de la indemnización por parte de los autores, prevista en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de marzo de 2022, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica., In this work we deal with the novel recognition and development of the right to reparation for victims in Organic Law 10/2022 on the Comprehensive Guarantee of Sexual Freedom (LOGILS). Not only of the rigt to reparation for sexual victims in Thtle VII of the aforementioned law, but also of the modifications related to the right to reparation that other regulations have undergone through their Final Provisions, in particular, the Statute of the Victim of Crime or the Organic Law of Comprehensive Protection Measures against Gender, Violence. In addition, we analyze the regulation of compensation by the perpetrators, provided for in the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council, of March 8, 2022, on the fight against violence against women and domestic violence.

La aplicación garantista del Derecho penal demanda principios legitimadores en su intervención, tales como el de legalidad, el de culpabilidad, el de proporcionalidad y, de forma destacada, el de ultima ratio, esto es, su consideración como último recurso. Reclama también que, allí donde sea necesario, el aplicador del derecho cuente con un método y con una teorización que dote de seguridad jurídica al proceso de aplicación de la ley, evitando cualquier componente azaroso en función de quién sea el juzgador. Desde que se aprobó el código penal de la democracia en 1995, se han promulgado más de treinta leyes de reforma que han modificado varios preceptos. En esta lección inaugural del curso académico 2023/2024 M.ª del Carmen Gómez Rivero, catedrática de Derecho penal de la Universidad de Sevilla, expone desde una visión global las que a su juicio son las tres principales causas de estas modificaciones del código penal. Para su exposición recurre a una serie de ejemplos que sirven como paradigma de cada una de ellas y que se corresponden con algunas de las reformas de los últimos tiempos motivadas por la necesidad de adaptación del sistema a la realidad que marcan los nuevos tiempos.

Esta Tesis Doctoral analiza en profundidad el artículo 112 CP y propone una interpretación acorde con su naturaleza privada. Para ello, se estudia la evolución histórica de la reparación en sede punitiva, las diferencias entre la responsabilidad civil y la penal de acuerdo con el estado de la ciencia, el modelo de responsabilidad civil ex delicto en nuestro sistema y, finalmente, se analiza el referido artículo 112 CP a través de una lectura armoniosa de todos los métodos hermenéuticos., This Doctoral Thesis analyses article 112 of the Spanish Criminal Code in depth and proposes an interpretation in accordance with its private nature. To this end, this thesis studies the historical evolution of reparation in punitive jurisdiction, the differences between civil liability and criminal responsibility in accordance with the state-of-the-art, the model of civil liability ex delicto in our system and, finally, we analyse the abovementioned article 112 of the Spanish Criminal Code through a harmonious reading of all the hermeneutic methods., Questa Tesi di Dottorato analizza in profondità l'articolo 112 CP e propone un'interpretazione conforme alla sua natura privata. A tal fine, si studia l'evoluzione storica del risarcimento del danno nei tribunali punitivi, le differenze tra responsabilità civile e penale secondo lo stato della scienza, il modello di responsabilità civile ex delicto nel nostro ordinamento e, infine, analizza il citato articolo 112 CP attraverso una lettura armonica di tutti i metodi ermeneutici.

El protagonismo histórico de las Comisarias de Familia ha cobrado mayor relevancia desde marzo del 2020, cuando se detectaron los primeros casos de contagio por Covid- 19 en Colombia que ha afectado de lleno a la vida de muchas mujeres, toda vez que algunas de ellas se han visto en una situación de mayor vulnerabilidad y, en particular, frente a las violencias psicológica, económica y patrimonial. Conscientes de esta compleja realidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, apoyado por el Programa EUROsociAL+, saca a la luz este documento que contiene el diagnóstico de la labor de las Comisarias de Familia, lineamientos técnicos y una caja de herramientas.

La presente publicación tiene como propósito poner al alcance, del conjunto de docentes que colaboran con la Academia Judicial de Chile, un abanico de herramientas con vistas a implementar una docencia con igualdad y sin discriminación. Invita, pues, a realizar un análisis crítico, conjunto y reflexivo sobre sus experiencias en las actividades de capacitación para el sector Justicia, además de sugerir herramientas que puedan favorecer un cambio estructural en pro de una enseñanza con mejores resultados.

La presente Tesis doctoral se aborda desde una perspectiva jurídicocriminológica. El delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar es uno de los más frecuentes en la práctica forense y su relevancia es realmente alta en el ámbito de la lucha frente a la violencia sobre la mujer. Es un tipo delictivo muy arraigado en nuestra jurisprudencia y no tan analizado por la doctrina penal. En su comisión subyace siempre una idea de fracaso del sistema, que no ha sido capaz de neutralizar el primer comportamiento delictivo del sujeto; a la que se une una singular puesta en peligro de la víctima, dada la aparente ineficacia de los medios de protección puestos a su servicio. En el marco de la violencia doméstica y de género, el riesgo pasa a ser más cierto para la víctima del delito de quebrantamiento que en otros supuestos delictivos, a raíz del desprecio del criminal por las barreras adoptadas no ya hacia la sociedad, sino más directamente enfocadas a garantizar la indemnidad de la mujer protegida. Sin embargo, nos encontramos con una penalidad relativamente baja en relación con la peligrosidad demostrada y el fracaso de los fines preventivos de la pena. El legislador, además de equiparar quebrantamiento de condena con quebrantamiento de medida cautelar, ha optado por imponer la más grave de las penas previstas para estos casos en base a un criterio puramente objetivo, cual es la pertenencia de la víctima al círculo jurídico-familiar contenido en el art. 173.2 CP. Paralelamente, se introduce ex novo y de manera forzada un apartado que incrimina la manipulación de los dispositivos electrónicos de control, los cuales aparecen implantados sólo en el ámbito penitenciario y de violencia sobre la mujer. Se configura así una suerte de totum revolutum, que acredita la exigencia de una mejor redacción del art. 468 CP, para lo que proponemos un desdoblamiento, que responda mejor a la pluriofensividad de la violencia doméstica, y una elevación generalizada de las penas, que refu

La intervención delictiva es uno de los temas más complejos del Derecho penal. Dicha complejidad aumenta cuando nos hallamos en presencia de delitos que exigen ciertas cualificaciones a determinados sujetos. Doctrina y jurisprudencia admiten que el delito fiscal exige que el autor del delito sea un sujeto cualificado en relación al ordenamiento jurídico-tributario y penal. Este tipo de restricción parece reducir el espectro del tipo penal. Uno de los escenarios en los que se reflejan las complicaciones para atribuir responsabilidad se encuentra la responsabilidad que le fue atribuida a futbolistas que se valieron de estructuras societarias internacionales, para incumplir total o parcialmente con su deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Sin embargo, salta a la vista que estos sujetos no se dedican a la gestión de sus asuntos económicos y financieros, sirviéndose de asesores y gestores fiscales para tales efectos. A pesar de ello, los tribunales españoles han considerado responsables principales a estos deportistas. La tesis doctoral indaga sobre el respaldo de tal atribución de responsabilidad, teniendo en cuenta que las disposiciones constitucionales y legales-tributarias tienden a resaltar la figura del obligado tributario. Para ello, el presupuesto de hecho expuesto es confrontado con las diversas construcciones teóricas y dogmáticas en materia de autoría y participación. Se transita por los sistemas unitarios y diferenciadores de autoría, donde resalta de forma particular el concepto restrictivo de autoría. Este concepto restrictivo de autoría se desenvuelve mediante diferentes criterios de autor, en los que sobresale la tendencia doctrinal basada en conceptos causalistas o naturalistas para la atribución de responsabilidad. Incluso los criterios de autoría planteados de forma exclusiva para los delitos con exigencias de cualificación mantienen esta perspectiva, la cual, se muestra insuficiente dada la poca trascendencia feno

La innovación docente en la actualidad, donde la pandemia del COVID-19 ha provocado una situación de docencia online, o docencia bimodal en el mejor de los casos, con pocos alumnos en clase y el resto online mediante sesiones síncronas, se ha vuelto ya no solo algo atractivo entre los docentes universitarios, sino en una necesidad. Aprender a enseñar en todas las situaciones, incluso las adversas es algo que debe primar en la docencia universitaria en los grados en Derecho, que tan ligados han estado siempre a las clases magistrales. Cuando un docente se divierte enseñando, el alumno se divierte aprendiendo y esos conocimientos se adquieren más fácilmente. Esta realidad que cada día tenemos más presente en la universidad está llamada a ser el cambio generacional de las universidades y los estudios de grado, por ello mientras más interés, estudio y aplicaciones tenga en las aulas más avanzaremos a los docentes del futuro, que realmente son el presente de la universidad., Teaching innovation today, where the COVID-19 pandemic has caused a situation of online teaching or bimodal teaching in the best of cases, with few students in class and the rest online through synchronous sessions, has become not only something attractive among university teachers, but a necessity. Learning to teach in all situations, even adverse ones, is something that should prevail in university teaching in law degrees, which have always been so closely linked to master classes. When a teacher has fun teaching, the student has fun learning, and this knowledge is easier to acquired. This reality that every day we have more present in the university is called to be the generational change of universities and undergraduate studies, so the more interest, study and applications in the classroom, the more we will advance the teachers of the future, who really are the present of the university.

Las experiencias de innovación docente en las que son los estudiantes los que de forma autónoma crean en primera persona un aprendizaje resultan más adecuadas para su formación. En esta ocasión un aprendizaje colaborativo basado en un juego de simulación supone una mayor facilidad para los estudiantes para aprender haciendo, así como una mayor motivación y entusiasmo por la propia tarea que, sin duda, les dejará un aprendizaje casi sin esfuerzo. Aprender divirtiéndose es la forma en la que los conocimientos permanecen mejor en la mente de nuestros estudiantes.

El bien jurídico protegido ha sido un concepto defendido desde diversas posturas doctrinales; en el presente trabajo se pretende hacer un análisis a lo largo de todas ellas con el fin de establecer una concepción adecuada para partir de una clasificación de los diferentes bienes jurídicos desde una visión personalista que configure al mismo como elemento esencial y límite al ius puniendi del Estado y le sirva al individuo para desarrollarse en sociedad., The concept of legally protected interest has been approached from different doctrinal positions. In this work we intend to make an analysis of all of them in order to establish an adequate conception to start from a classification of the different legally protected interests from a personalist vision that configures it as an essential element and limit to the ius puniendi of the State and serves the individual to develop in society.

La reforma penal española de 2015 se ha caracterizado por una intensificación de la intervención penal en relación con los delitos relativos a la propiedad intelectual. A la ampliación de conductas criminalizadas se ha unido la elevación de las penas para las figuras ya incriminadas. Este estudio procede a la evaluación de algunos elementos de la reforma de los delitos relativos a la propiedad intelectual efectuada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, atendiendo a los criterios de efectividad, eficacia y eficiencia. A tal fin, se analizaron diversas fuentes de datos oficiales disponibles en España, que aportaron luz sobre distintos aspectos relevantes concernientes a la efectividad de la reforma, como el nivel de persecución penal de los delitos contra la propiedad intelectual, la evolución del número de condenas por dichos delitos así como su tendencia de comisión en las estadísticas policiales. El estudio concluye que, desde la entrada en vigor de la reforma penal, ha aumentado significativamente el número de condenas por delito contra la propiedad intelectual, así como, en el corto plazo, también la persecución penal referida a las infracciones cometidas mediante TICS. Sin embargo, las estadísticas policiales no reflejan descensos relevantes de estos delitos tras la reforma de 2015., The Spanish Penal Code Amendment from 2015 intensified the criminal law intervention in the field of copyright offenses. That involved both criminalization of new behaviors and increasing the punishment for acts already criminalized. This study assesses some elements of the amendments made by Organic Law 1/2015, 30th March., using Effectiveness, Efficacy and Efficiency as guiding criteria for the evaluation. For that end, we analyzed a number of official available data sources from Spain. Said data shed some light about different relevant aspects concerning effectiveness of the penal reform, as criminal prosecution intensity levels in copyright offenses, evolution of sentencing for such infractions and crime patterns shown by police statistics. Our study concludes that, since the coming into force of the Penal Code Amendments from 2015, sentencing for copyright crimes has peaked up significantly. In the short term, criminal prosecution of ICTs’ infractions also increased. However, police statistics do not reflect a significant decreasing pattern in copyright offenses since the Amendments from 2015.

This study looks at the spatial distribution of robbery against residents as a function of nonstationary density and mobility patterns in the most densely populated city in Spain, Barcelona. Based on the geographical coordinates of mobile devices, we computed two measures of density of the ambient population and the tourist presence, for work days, weekends, and holidays in 2019. Negative binomial regressions are then estimated to analyse whether these measures are correlated with the risk of robbery, controlling for land use and the characteristics of the social environment. The model reveals that residents’ chances of being exposed to robbery in Barcelona depend on the social relevance and tourism attractiveness of certain places at particular times of the year. Our results disclose two sources of social disorganization as stronger predictors of the occurrence of robbery in Barcelona, respectively linked to structural processes of residential instability and daily and seasonal mobility patterns. On the one hand, we found that the efect of the density of international tourists on the outcome variable is mediated by residential volatility, which is assumed to be associated with housing shortages in neighbourhoods where short-term vacation rentals are widespread. On the other hand, the ability to exert efective social control is signifcantly undermined in urban areas, where the ambient population and the volume of tourists outnumber the resident population, thus increasing incidents of robbery victimization. The implications of these fndings for urban policy and crime prevention in the Catalan capital are discussed.

La rápida expansión del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad del coronavirus (COVID19), llevó a la OMS a calificar la situación de emergencia como pandemia mundial el 11 de marzo de 2020, y a los países a adoptar diversas medidas a nivel nacional a fin de hacer frente a una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente. En el caso de España, tales medidas se concretaron en la declaración de hasta tres estados de alarma, en el marco de los cuales se adoptaron una serie de importantes limitaciones a la libertad de circulación de los ciudadanos, cuyo exponente máximo lo encontramos en el confinamiento domiciliario acordado por el RD 463/2020, de 14 de marzo. Si las prohibiciones de circular por la vía pública salvo casos excepcionales resultaban claras en la citada norma, no sucedía, sin embargo, lo mismo con las consecuencias jurídicas de incurrir en dichas prohibiciones. Tanto esta norma, como los dos reales decretos posteriores que acuerdan el segundo y tercer estado de alarma, guardan silencio respecto al régimen sancionador aplicable en tales casos, con la salvedad de una referencia genérica a lo que dispongan “las leyes”. En el presente trabajo se abordan este “vacío legal”, así como sus consecuencias prácticas, tratando de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿pueden o no ser castigadas las conductas infractoras de las limitaciones a la libertad circulatoria impuestas durante los estados de alarma? Y, en caso afirmativo, ¿qué régimen sancionador sería aplicable?, The rapid spread of the SARS-CoV-2 virus, which causes coronavirus disease (COVID-19), led the WHO to classify the emergency as a global pandemic on 11 March 2020, and countries to adopt various measures at national level in order to deal with a health crisis unprecedented in recent history. In the case of Spain, these measures took the form of the declaration of up to three states of alert, within the framework of which a series of important limitations on citizens' freedom of movement were adopted, most notably the house arrest ordered by RD 463/2020 of 14 March. While the prohibitions to circulate on public roads, except in special cases, were clear in the aforementioned regulation, the same was not true, however, for the legal consequences of violating such prohibitions. Both this regulation and the two subsequent royal decrees that ordered the second and third state of alert are silent on the penalties applicable in such cases, with the exception of a generic reference to the provisions of "the law". This paper addresses this "legal vacuum", as well as its practical consequences, by attempting to answer the following questions: can behaviour in breach of the restrictions on freedom of movement imposed during states of alert be punished or not? And, if so, what penalties should be applicable?

Domestic abuse victim risk assessment is crucial for providing victims with the correct level of support. However, it has been shown that the approach currently taken by most UK police forces, the Domestic Abuse, Stalking, and Honour Based Violence (DASH) risk assessment, is not identifying the most vulnerable victims. Instead, we tested several machine learning algorithms and propose a predictive model, using logistic regression with elastic net as the best performing, that incorporates information readily available in police databases, and census-area-level statistics. We used data from a large UK police force including 350,000 domestic abuse incidents. Our models made significant improvement upon the predictive capacity of DASH, both for intimate partner violence (IPV; AUC = .748) and other forms of domestic abuse (non-IPV; AUC = .763). The most influential variables in the model were of the categories criminal history and domestic abuse history, particularly time since the last incident. We show that the DASH questions contributed almost nothing to the predictive performance. We also provide an overview of model fairness performance for ethnic and socioeconomic subgroups of the data sample. Although there were disparities between ethnic and demographic subgroups, everyone benefited from the increased accuracy of model-based predictions when compared with officer risk predictions., La evaluación de riesgo de las víctimas de abuso doméstico es crucial para poder ofrecerle a las mismas el nivel adecuado de asistencia. No obstante, se ha demostrado que el enfoque predominante en casi todas las fuerzas policiales británicas, que descansa en el uso de DASH (las iniciales en inglés del instrumento de evaluación de abuso doméstico, acoso y violencia por cuestión de honor), no sirve para identificar a las víctimas más vulnerables. En su lugar, este artículo evalúa varios algoritmos de aprendizaje automático y propone un modelo predictivo, usando como algoritmo con un mejor rendimiento una regresión logística con red elástica, que utiliza como fuente de información variables normalmente disponibles en los archivos policiales, así como en el censo de la población. Para desarrollar y evaluar este modelo usamos datos de un departamento policial responsable de un área metropolitana en el Reino Unido que incluía 350,000 incidentes de abuso doméstico. Nuestros modelos mejoran significativamente la capacidad predictiva de DASH, tanto para la violencia en la relación de pareja (AUC = .748) como para otras formas de abuso doméstico (AUC = .763). Las variables más influyentes en el modelo fueron medidas del historial delictivo y de violencia doméstica previa, en particular el tiempo transcurrido desde el último incidente. El artículo demuestra que el cuestionario DASH prácticamente no contribuye nada al rendimiento predictivo de nuestro modelo. El artículo también ofrece una evaluación del rendimiento en términos de equidad para distintos grupos étnicos y socioeconómicos en nuestra muestra. Aunque había disparidad entre estos subgrupos, todos ellos se beneficiaban de la mayor precisión predictiva resultante de usar nuestros modelos en lugar de las clasificaciones policiales basadas en DASH.

El delito de “corrupción entre particulares” incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la LO 5/2010, de 22 de junio, y modificado posteriormente por la LO 1/2015, en el art. 286 bis cp, ha sido objeto de numerosas críticas, algunas de las cuales serán analizadas en el presente trabajo, como la dificultad de identificación de un bien jurídico, la utilización de una técnica legislativa altamente deficiente, etcétera. Pero implica la sanción de una serie de comportamientos que pretenden garantizar la existencia de una competencial leal entre los competidores, siempre que conlleven un beneficio injustificado de unos frente a otros., The crime of “private corruption “ incorporated into our legal system by LO 5/2010, of June 22, and subsequently modified by LO 1/2015, in art. 286 bis cp, has been the subject of numerous criticisms, some of which will be the object of analysis in this paper, such as the difficulty of identifying a legal asset, the use of a highly deficient legislative technique, etc. But it implies the sanction of a series of behaviors that try to guarantee the existence of a fair competition between the competitors, as long as they entail an unjustified benefit to one another.

Este libro está basado en la amplia trayectoria docente e investigadora de la autora en la Universidad de Sevilla, constituyendo un material didáctico fundamental para alumnos y profesionales del Derecho en la disciplina del Derecho penal parte especial, respecto a una materia tan esencial como el Derecho penal patrimonial, así como una herramienta de aproximación, en particular, al análisis de los delitos de hurto y robo en el código penal español, a raíz de las reformas aprobadas durante la última década. Incorpora asimismo un detallado anexo jurisprudencial de sentencias dictadas por Juzgados, Audiencias y Tribunal Supremo desde los años ochenta hasta la actualidad más reciente.

La presente obra ofrece una visión de conjunto de la política criminal aplicada a una realidad tan cambiante y compleja como es la de los delitos contra la propiedad intelectual. En la regulación penal, pasada y presente, de las infracciones a los derechos de autor, han confluido múltiples factores que no pueden ser abarcados atendiendo solamente a realidades internas de cada país. Por esa razón, las páginas de este libro comienzan tratando los mecanismos globales que moldean la política criminal de la propiedad intelectual. Desde los tratados de comercio, bilaterales y multilaterales, que establecen nuevos compromisos de incriminación, a los instrumentos coercitivos utilizados por un país protagonista en la exportación de su política criminal doméstica, como es Estados Unidos, se va pasando revista a los diferentes resortes que estimulan las reformas penales en la materia a lo largo y ancho del globo. Es solo tras la comprensión de los condicionantes externos de la protección jurídico-penal de los creadores de obras del ingenio cuando estamos en condiciones de afrontar las claves político-criminales de la realidad española. A tal fin, el trabajo prosigue con un detallado examen de todas las reformas de los delitos relativos a la propiedad intelectual habidas desde 1987 a la actualidad. En tal proceder, se combina el análisis dogmático con una aproximación a la política legislativa penal, tratando con ello de aportar luz sobre los procesos de gestación de los diferentes cambios por los que ha transitado la política criminal española en este fascinante campo del derecho penal. Una vez recorrido este largo camino por la evolución de los delitos contra la propiedad intelectual, el autor finaliza ofreciendo su propio modelo de política criminal de la propiedad intelectual, utilizando para ello, como herramientas fundamentales, los principios vertebradores de la intervención penal. El resultado es una propuesta restrictiva de la intervención penal en este sector de la pr

En cualquier acción humana el pensamiento y el sentimiento se articulan en el lenguaje que comunicamos. De esta manera, si constituye un elemento transversal en las relaciones humanas, constituye fuente de conflicto, también es pilar para contentamiento y consensos ¿cómo podemos crecer en sociedad y abrirnos paso a través de las diferencias para superar el lenguaje cargado de connotaciones negativas y despectivas, que se emplean en las relaciones interpersonales? Para ello, esta investigación supone una reflexión y análisis de lo que supone los tres vértices de un triángulo equilátero: el lenguaje, la justicia restaurativa y la violencia de género, relación dialéctica encajada en un sistema penal que demanda modernidad para las relaciones jurídicas interpersonales. De tal manera que, estando inmersos en momentos de confusión por la proliferación de tantas leyes y de violencia verbal imperante en nuestro entorno, se hace necesario incorporar nuevos sistemas que complementen el sistema penal tradicional para dar otra perspectiva al enjuiciamiento del delito, de este modo, en este escenario, se apuesta por las prácticas de Justicia restaurativa para ayudar a reparar el daño. En concreto, se profundiza no solo en el lenguaje como elemento coadyuvante a tener en cuenta en los procesos restaurativos, sino también como pilar en las prácticas que se lleven a cabo para abordar el hecho punible y de reconstrucción en narrativas de reparación. El hecho es que la virulencia del lenguaje se retroalimenta generando escaladas de conflictos, llevando a las partes al ostracismo, que precisan un abordaje de factores que paren esa oleada de desavenencias. De este modo, a través de dar a conocer programas restaurativos con su lenguaje de concienciación, de empatía, de entendimiento del daño, para superar el lenguaje de dominación en delitos de Violencia de Género en casos leves, menos graves, eventuales y circunstanciales, se dirimirá y canalizará de una manera complementaria al sistem

Las personas integrantes de la comunidad se sienten amenazadas y perjudicadas por la realidad del hecho delictivo. Por lo que tanto a nivel del poder público como de la ciudadanía han de responder de manera coparticipe en su prevención. Esta prevención abarca múltiples visiones y enfoques tanto dirigidas al delincuente como a la víctima. Y entre ellas es de destacar la Prevención Situacional del Delito, que tiene como elementos claves a la Oportunidad y a la Elección Racional. Y estos elementos inciden a su vez en tres circunstancias (delincuente, objetivo, ausencia de guardián) que han de existir para que el delito acontezca. Y esa falta de guardián, que históricamente su papel era llevado por un agente de policía (control social formal), o por una persona (informal). Gracias a las innovaciones tecnológicas del último cuarto de siglo, como es la aparición de la videovigilancia, han hecho que la misma se haya convertido en ese guardián capaz que ejerce un control y vigilancia de las personas aun más fiscalizador. Pero ello ha derivado en que ciertos Derechos Fundamentales (intimidad, imagen, datos personales) de las personas queden afectados por la videovigilancia. Por lo que se hace sine qua non que exista un maco jurídico taxativo respecto del uso de la videovigilancia. Y en el caso de España efectivamente existe diferente legislación respecto de la videovigilancia, pero más enfocada hacia los operadores públicos, que hacia las personas en general que de manera intensiva en los últimos quince años han pasado a ser quienes más uso hacen de la videovigilancia. Y ello es observable en esta sociedad ávida de consumo, donde los establecimientos comerciales se han convertido en lugares de interacciones sociales y donde las personas transitan, por lo que su imagen es permanente captada por ese “ojo electrónico” que representa cualquier cámara de videovigilancia. Y es en este aspecto, donde llevo a cabo a la vez que una crítica una aportación personal, en tanto considero, Las personas integrantes de la comunidad se sienten amenazadas y perjudicadas por la realidad del hecho delictivo. Por lo que tanto a nivel del poder público como de la ciudadanía han de responder de manera coparticipe en su prevención. Esta prevención abarca múltiples visiones y enfoques tanto dirigidas al delincuente como a la víctima. Y entre ellas es de destacar la Prevención Situacional del Delito, que tiene como elementos claves a la Oportunidad y a la Elección Racional. Y estos elementos inciden a su vez en tres circunstancias (delincuente, objetivo, ausencia de guardián) que han de existir para que el delito acontezca. Y esa falta de guardián, que históricamente su papel era llevado por un agente de policía (control social formal), o por una persona (informal). Gracias a las innovaciones tecnológicas del último cuarto de siglo, como es la aparición de la videovigilancia, han hecho que la misma se haya convertido en ese guardián capaz que ejerce un control y vigilancia de las personas aun más fiscalizador. Pero ello ha derivado en que ciertos Derechos Fundamentales (intimidad, imagen, datos personales) de las personas queden afectados por la videovigilancia. Por lo que se hace sine qua non que exista un maco jurídico taxativo respecto del uso de la videovigilancia. Y en el caso de España efectivamente existe diferente legislación respecto de la videovigilancia, pero más enfocada hacia los operadores públicos, que hacia las personas en general que de manera intensiva en los últimos quince años han pasado a ser quienes más uso hacen de la videovigilancia. Y ello es observable en esta sociedad ávida de consumo, donde los establecimientos comerciales se han convertido en lugares de interacciones sociales y donde las personas transitan, por lo que su imagen es permanente captada por ese “ojo electrónico” que representa cualquier cámara de videovigilancia. Y es en este aspecto, donde llevo a cabo a la vez que una crítica una aportación personal, en tanto considero

Las tecnologías de la comunicación y de la información –TICS-, punto neurálgico de un contexto social, favorecen el desarrollo del individuo y en contra constituyen un nuevo medio idóneo para la comisión de delitos que se han trasladado al mundo digital, afectando especialmente a los más vulnerables: los menores de dieciséis años. Genéricamente por “child grooming” se entiende el conjunto de acciones realizadas por un sujeto mayor de edad con el objetivo de establecer una amistad así como el control emocional sobre un menor para preparar el terreno o ganarse su confianza para poder abusar sexualmente de él o conseguir comprometidas fotos de su intimidad. Este término se popularizó gracias a la Sexual Offence Act aprobada en Inglaterra y Gales en 2004 y se extendió, a pesar de los diversos términos empleados, a los textos legales europeos inclusive los de España. Como tipo de delito por la imposición de la normativa comunitaria se introdujo en el Código penal a través de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y se modificó, tal como figura en el actual art. 183 ter, ampliando su contenido y dando respuesta jurídica a un problema social. El grooming constituye un proceso gradual en el que un adulto se vale de las TICS para ponerse en contacto con un menor de dieciséis años y así crear una conexión emocional descubriendo sus debilidades, lo que disminuirá las inhibiciones de la víctima. Al lograrlo, le propone un encuentro que va acompañado de actos materiales encaminados al acercamiento (numerus apertus) o a la obtención de material pornográfico propio o imágenes de otros menores. Estos actos deben trascender al mero contacto con el mundo virtual. No es necesario que el menor acepte la propuesta sino que se requiere sin más que el sujeto activo proponga un encuentro o haga la petición de imágenes. Se trata de un delito mutilado al adelantar la consumación formal del delito a la lesión del bien jurídico del posible posterior delito sexual. El victimario se sirve de una

La Política Criminal se posiciona como uno de los desafíos más severos para nuestro Estado de derecho. La intensificación y expansión de la norma penal a ámbitos que no le competen suponen una utilización del Derecho penal con fines preventivos que restringe, vulnera y limita derechos y garantías básicas y fundamentales de la persona. Las últimas reformas legislativas en materia penal son justificadas por percepciones populares de riesgo distorsionadas y ponen de manifiesto un Derecho penal simbólico que sólo transmite una mera sensación de seguridad.

El análisis sobre el concepto de seguridad ha venido ganando terreno en amplios sectores tanto en el orden científico como el social. Muestra de ello es la abundante bibliografía que existe en este sentido, situación que di-cho sea de paso, no ha sido ajena al derecho y en específico al derecho penal, pues bajo ese concepto se han construido discursos y teorías que han modi-ficado las bases y fundamentos de su propia estructura. Muestra de ello, lo podemos encontrar en el denominado derecho penal moderno, el cual destaca entre sus postulados una amplia expansión debida a las complejas actividades que se desarrollan en sociedades altamente industrializadas, situación que las ha llevado a ser portadoras de grandes riesgos, de ahí que se entienda que, en la actualidad, la sociedad esté compuesta de una objetiva inseguridad.

El fenómeno sectario está en auge, sobre todo con las nuevas tecnologías, usadas en muchas ocasiones para la captación de población joven, aunque no es únicamente este rango de edad el más propenso a ser captado, es más, puede que no exista ningún rango de edad. Las sectas son organizaciones ilícitas generadoras de trastornos de la personalidad con una estructura jerarquizada que se sirven del proselitismo ilícito para la captación de adeptos, punto verdaderamente importante porque será sobre ellos sobre los que ejerzan un poder y control, y de los que sacan un rédito económico. Son muchas las conductas delictivas que se dan en el seno de estas organizaciones: asociación ilícita, proselitismo ilícito, coacciones y amenazas, detenciones ilegales, delitos contra la integridad moral, libertad e indemnidad sexual, lesiones, delitos contra la vida, delitos patrimoniales, etc. Es importante tener en cuenta que el consentimiento de la víctima en Derecho Penal podría ser exonerador de la responsabilidad penal, de manera que habría de estudiarse cuando existe consentimiento y cuándo este se considera jurídicamente válido. Cuando estas situaciones ocurren, en algunas ocasiones se procede a realizar «actos de desprogramación» para “resetear” al adepto, al prosélito, es decir, se aplican unas técnicas cuyo objetivo es la desvinculación real, total y efectiva del adepto para con la secta. Sin embargo, ¿cómo de legítimo es doblegar a una persona que en principio parece estar convencida y atraída por la doctrina de la organización? ¿se estaría cometiendo algún ilícito penal? ¿es una figura delictiva la desprogramación?, The sectarian phenomenon is on the rise, especially with new technologies, used on many occasions to attract young people, although it is not only this age range that is most likely to be captured, moreover, there may not be any range of age. Cults are illicit organizations that generate personality disorders with a hierarchical structure that use illicit proselytism to attract followers, a truly important point because it will be over them those who exercise power and control, and from which they obtain a profit. economic. There are many criminal behaviors that occur within these organizations: illicit association, illicit proselytism, coercion and threats, illegal arrests, crimes against moral integrity, freedom and sexual indemnity, injuries, crimes against life, property crimes, etc. It is important to bear in mind that the consent of the victim in Criminal Law could exonerate criminal responsibility, so that it would have to be studied when consent exists and when it is considered legally valid. When these situations occur, on some occasions "deprogramming acts" are carried out to "reset" the adept, the proselyte, that is, techniques are applied whose objective is the real, total and effective disassociation of the adept from the sect. However, how legitimate is it to bend a person who at first seems to be convinced and attracted by the organization's doctrine? Would you be committing any criminal offense? Is deprogramming a criminal figure?

For decades, criminologists have been aware of the severe consequences of the dark figure of police records for crime prevention strategies. Crime surveys are developed to address the limitations of police statistics as crime data sources, and estimates produced from surveys can mitigate biases in police data. This paper produces small area estimates of crimes unknown to the police at local and neighbourhood levels from the Crime Survey for England and Wales to explore the geographical inequality of the dark figure of crime. The dark figure of crime is larger not only in small cities that are deprived but also in wealthy municipalities. The dark figure is also larger in suburban, low-housing neighbourhoods with large concentrations of unqualified citizens, immigrants and non-Asian minorities.

La tendencia del legislador penal español de los últimos tiempos ha sido incrementar e inten-sificar sin límite la legislación penal. Pero más alarmante es aún ante la criminalización de los discursos extremos y el llamado discurso del odio terrorista. Ante el miedo que generan los ataques terroristas, el legislador penal, a veces movido por mandatos internacionales, y otras por reclamos sociales, ha visto justificado adelantar las barreras de intervención penal a momentos muy previos a la efectiva lesión de bienes jurídicos para tratar de inocuizar cualquier posible conducta terrorista y para ello no ha tenido problema en poner en juego la seguridad y garantías de nuestro propio Estado de derecho y poner en jaque derechos como la libertad de expresión., The tendency of the Spanish criminal legislator in recent times has been to increase and intensify criminal legislation without limit. But even more alarming is the criminalization of extreme speech and the so-called terrorist hate speech. Faced with the fear generated by terrorist attacks, the criminal legislator, sometimes moved by international mandates and others by social demands, has seen it justified to advance the barriers of criminal intervention to moments long before the effective damage to legal rights to try to innocuous any possible terrorist behavior and for this it has had no problem putting the security and gua-rantees of our own rule of law at stake and putting rights such as freedom of expression in check.

En desarrollo del derecho constitucional a la salud pública, el Código Penal español ha dispensado siempre un amplio espectro de conductas punibles (drogas tóxicas, fabricación y comercialización ilegal de alimentos y bebidas, sustancias dopantes, peligrosas o nocivas para la salud, entre otras), en sus inicios vinculadas con el medio ambiente, pero desde la promulgación del Código Penal de 1995 en un capítulo propio del Título que reconoce el derecho a la seguridad colectiva, como uno de los temas más importantes de la política social. Casos como el de la talidomida, el aceite de la Colza, el brote de listeriosis por venta de carne mechada en España, o la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19), justifican este tratamiento riguroso y reforzamiento punitivo de los últimos años (L.O. 7/2006, 1/2015 y 1/2019).

En los últimos tiempos, la realidad mediática y jurisprudencial ha puesto de relieve numerosos y sucesivos casos de corrupción que se han producido en nuestro país; tanto el número de los mismos, como la implicación de distintos agentes políticos, sociales y jurídicos, junto con la relevancia e importancia mediática que los mismos han alcanzado, han determinado un notable incremento de la preocupación social por los problemas relativos a la corrupción. Preocupación que ostenta un carácter globalizado alcanzando, no sólo el ámbito nacional, sino también el de instituciones y organismos internacionales, que mediante distintos instrumentos han solicitado a los gobiernos y legisladores de los distintos países una clara y contundente actuación en esta materia. Desde este perspectiva, siendo cierto que la mayor parte de los delitos relacionados con la corrupción pública se encuentran recogidos en los textos penales desde antiguo, los distintos legisladores nacionales, han optado por una mayor intervención y presión en estos ámbitos, que se ha realizado, esencialmente, desde la perspectiva jurídico penal, y por ello, no solo han intensificado esta intervención mediante un notable incremento de las penas establecidas para estos comportamientos, sino que también han ampliado su ámbito de aplicación, criminalizando todas aquellas conductas que pudieran implicar la existencia de algún tipo de corrupción en la función pública y, en consecuencia, la afección de su correcto funcionamiento y de los intereses derivados del mismo como el principio de imparcialidad, y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema. Y si existe un delito que constituye el paradigma de esa intervención penal, y de control de comportamientos corruptos, son los delitos de cohecho, objeto de estudio de la presente tesis doctoral. Resulta innegable que la corrupción puede conllevar el quebrantamiento de todo el sistema de valores sociales y con ello, la confianza que los ciuda

There is growing need for reliable survey-based small area estimates of crime and confidence in police work to design and evaluate place-based policing strategies. Crime and confidence in policing are geographically aggregated and police resources can be targeted to areas with the most problems. High levels of spatial autocorrelation in these variables allow for using spatial random effects to improve small area estimation models and estimates’ reliability. This article introduces the Spatial Empirical Best Linear Unbiased Predictor (SEBLUP), which borrows strength from neighboring areas, to place-based policing. It assesses the SEBLUP under different scenarios of number of areas and levels of spatial autocorrelation and provides an application to confidence in policing in London. The SEBLUP should be applied for place-based policing strategies when the variable’s spatial autocorrelation is medium/high, and the number of areas is large. Confidence in policing is higher in Central and West London and lower in Eastern neighborhoods.

En 2018 la Facultad de Derecho cumplió sus primeros 500 años. Con este motivo se llevaron a cabo diversos actos y publicaciones de tema jurídico, pero también otros humanísticos y literarios. En la presente crónica se relacionan las tres colecciones creadas en la Facultad y que unen el Derecho y la Literatura a través del Humanismo. En dichas colecciones han colaborado varios escritores de renombre universal (entre ellos, dos Premios Cervantes) y se han rescatado las obras de conocidos escritores del pasado que tuvieron vincula-ción con el Derecho y con nuestra Facultad., In 2018 the Faculty of Law fulfilled its first 500 years. With this motive diverse acts and legal publications were carried out, but also other humanistic and literary ones. In the present chronicle three collections created in the Faculty that unite Law and Literature through the Human-ism are related. In these collections several writers of universal renown (among them, two Cervantes Awards) have collaborated and rescued the works of famous writers of the past who had links with the Law and our Faculty.