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I present a research study aimed at understanding the discourses and practices regarding police violence that human rights defenders in Chile have. Using an ethnographic methodology (2020-2022), I worked with defenders from a state institution, a civil organization that supports victims, and another civil organization that monitors protests. I conducted 16 interviews, document reviews, and daily activities observations. The integrated ethnographic analysis aimed to understand how discourses and practices maintain and promote certain social relations. This research allowed me to identify practices directed toward the State, society, and the organizations themselves. The meanings of these resistance practices come together in three interrelated areas that characterize this institutional violence: invisibilization, naturalization and impunity. I conclude that filing complaints and educating to promote cultural changes create paths to face the causes of police abuses associated with the productive role of the police in a racialized and class-based order. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Este artículo evalúa las condiciones que regulan el ejercicio del uso de la fuerza policial en materia jurídico-penal y su aplicación práctica. En particular, se demuestra que no se encuentra claramente recogida en la normativa, por lo cual hay confusión en cómo se percibe, esto es, hay una falta de distinción entre el uso de la fuerza como recurso legítimo, regulado y no discrecional, y la violencia arbitraria, caracterizada por su naturaleza abusiva e injustificada. La carencia de una formulación conceptual y legal precisa y autosuficiente, reflejada en su ambigüedad e imprecisión, afecta tanto la legitimidad como la eficacia de la actuación policial, además de comprometer la percepción pública que tiene la ciudadanía sobre las fuerzas de seguridad.

El continuo crecimiento de la inseguridad en el país cuestiona el desempeño de la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad interna del país, especialmente por los controversiales casos de inacción y extralimitación en el uso de la fuerza en los últimos años. En ese sentido, el presenta trabajo de investigación buscó determinar los posibles factores explicativos asociados a la extralimitación y limitación del uso progresivo de la fuerza en los servidores policiales que laboran en la Subzona nro. 11 Loja. Por consiguiente, se realizaron encuestas a 165 policías que pertenecen la Subzona Loja y se utilizó la prueba de ji-cuadrada y prueba exacta de Fisher para identificar si existe relaciones estadísticamente significativas entre variables categóricas. Se identificó que los factores asociados con la limitación del uso progresivo de la fuerza son: comprensión de la normativa sobre el uso de la fuerza letal, la percepción en los derechos humanos (contribuyen a que el servidor policial actué en estricto respeto a la ley), la responsabilidad jurídica y una dotación deficiente de equipamiento de protección personal; mientras que los factores asociados con acciones excesivas son la percepción sobre el artículo 293 del COIP y la frecuencia con la que los policías reciben capacitaciones sobre el uso de la fuerza.

La agenda de construcción de paz internacional está experimentando una serie de transformaciones que han llevado a la literatura a cuestionarse si seguimos dentro de lo que se venía llamando Paz Liberal – un conjunto de políticas, formas de entender y abordar los conflictos cuyo mayor objetivo era la consecución de la paz mediante la reforma de los estados en conflicto, promoviendo la democracia liberal, el desarrollo y los derechos humanos. Si bien este modelo ha estado prácticamente siempre en transformación y se ha tenido que ajustar a cada contexto, desde aproximadamente 2010 se ha consolidado una pérdida de fe en la consecución de la paz y en la reforma política de los estados, y una tendencia a buscar victorias militares y a incrementar la dotación de recursos para la guerra a los Estados en conflicto. Estos dos aspectos llevan aparejados otras consecuencias como la pérdida del contexto multilateral que había hecho posible la seguridad colectiva en el seno de Naciones Unidas, un giro hacia la protección del Estado y una condena de la población civil, a la que ahora se ve como una amenaza. En base a la sociología del militarismo, este artículo analiza las transformaciones de la Paz Liberal desde el punto de vista de los cambios acaecidos en las prácticas de legitimación y consecución de la guerra, argumentando que estamos transitando de un paradigma de Paz Liberal a uno de Paz Militar. Esto no necesariamente implica que vivamos en un mundo más militarizado o menos pacífico, sino que en contra del objetivo de monopolizar y regular la guerra que se encontraba en el seno de la Paz Liberal, el uso de la fuerza se ha desmonopolizado, haciendo de la guerra, y no la promoción de la democracia o el control de la fuerza, el instrumento por defecto en la promoción del orden internacional. Metodológicamente, el artículo se basa en un análisis temático de los principales documentos sobre la agenda de construcción de paz de la ONU desde 1992 hasta 2023 e incluye algunos ejemplos sacados de varias observaciones y entrevistas realizadas con oficiales de la ONU en República Democrática del Congo (RDC) y la República Centroafricana (RCA).

La emergencia del Dáesh promovió que algunos Estados relanzaran la doctrina que facultaría a aplicar la legítima defensa contra un actor no estatal cuando el Estado en el que se encuentra el grupo no quiere o no tiene la capacidad de combatirlo. Mediante el uso de una metodología jurídica clásica que estudia las fuentes del Derecho internacional, la jurisprudencia y las aportaciones doctrinales más relevantes con un enfoque socio-jurídico crítico analizamos la licitud de esta doctrina y sus implicaciones en la comprensión del Derecho internacional. Así, determinaremos que se trata de una doctrina ambigua y arbitraria que no cuenta con el respaldo estatal suficiente para conformarse como derecho y que contraviene el principio de integridad territorial y la soberanía estatal, así como las normas de responsabilidad internacional del Estado. La tesis refleja la pretensión de impulsar un Derecho internacional hegemónico. The emergence of Daesh prompted some States to relaunch the doctrine that would allow the application of self-defence against a non-State actor when the State in which the group is located is unwilling or unable to combat it. Using a classical legal methodology that studies the sources of international law, jurisprudence and the most relevant doctrinal contributions with a critical socio-legal approach, we analyse the lawfulness of this doctrine and its implications in the understanding of international law. We will determine that it is an ambiguous and arbitrary doctrine that does not have sufficient state support to become law and that contravenes the principle of territorial integrity and state sovereignty, as well as the rules of international responsibility of the state. The thesis reflects the pretension of promoting a hegemonic international law.

El uso legítimo de la fuerza, en el territorio colombiano, está amparado desde los instrumentos jurídico-normativos internacionales y nacionales, por consiguiente, se planteó por objetivo analizar a través de un estudio del alcance del uso legítimo de la fuerza empleada en territorios urbanos de la nación, por parte de las fuerzas públicas. Asimismo, se trabajó con el paradigma de investigación interpretativa, aplicando el modelo de investigación documental - analítico, con un procedimiento documental – bibliográfico para el análisis de toda información pertinente, acompañada de la técnica de recopilación de información documental y la hermenéutica critica aplicada a dichos textos. En ese sentido, se logró identificar que el Estado Colombiano desde diversos instrumentos internacionales, adapta y logra prever que dentro de su ordenamiento jurídico se establezca la organización, forma y reconocimiento de la fuerza pública en la ley, al igual que los procedimientos judiciales. Por otra parte, se evidencia la necesidad de la actualización de este organismo por parte del Estado como una medida esencial para poder contar con mayor probabilidad de aplicación de fuerza legitima al abrigo de los derechos fundamentales con los que todo colombiano cuenta.

En este artículo sobre cine y Derecho internacional, atendemos a los hechos narrados en la película “7 días en Entebbe” (2018), del director brasileño José Padilha, a fin de redescubrir y analizar la argumentación jurídica de Israel para justificar la Operación Thunderbolt, destinada a rescatar a los rehenes secuestrados por parte de militantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina y la organización alemana Revolutionäre Zellen. Concretamente, identificamos la invocación del derecho a la legítima defensa interpretado conforme a lo señalado en el caso Caroline, una proto-doctrina unwilling or unable, y otros argumentos menores, como el rescate de nacionales en el extranjero o la calificación del secuestro como acto de piratería.

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El presente artículo hace parte de la primera parte de mi Tesis Doctoral “Uso de la Fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia, Derecho a la Protesta y el Desobediente Civil”, se trata de una reflexión en la cual se examinaron normas que regulan el uso de la fuerza que ejercen los miembros de la Policía Nacional en su labor de restablecimiento del orden público en el marco de la protesta social. Normas nacionales e internacionales sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, así como los protocolos establecidos para el ejercicio de las actuaciones de la Policía bajo parámetros de necesidad, racionalidad, adecuación, así como del uso de la fuerza de última ratio.

La emergencia de grupos terroristas que logran hacerse con el control efectivo de territorio ha provocado que los Estados recurran al uso de la fuerza para acabar con sus cobijos y bases territoriales. Para ello, en muchos casos, se han amparado en el derecho a la legítima defensa. En este contexto, el presente trabajo pretende analizar la aplicabilidad de esta institución contra el terrorismo internacional, estudiando uno de sus prerrequisitos: el ataque armado. Así, se corrobora que los actos terroristas de gravedad pueden ser calificados de ataques armados, entendiendo que se trata de una reconceptualización y aplicación de esta categoría jurídica, se analiza el umbral de gravedad requerido y se estudia la aplicabilidad de la doctrina de acumulación de actos.

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La investigación presenta un análisis jurídico de algunos hechos y acontecimientos ocurridos durante la invasión rusa a Ucrania de 2022 a través del prisma del Derecho internacional. El artículo analiza distintas facetas del conflicto actual que desencadenan temas tan importantes del derecho internacional como la amenaza y el uso de la fuerza, los ciberataques, el reconocimiento, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, etc. Se presta especial atención a los razonamientos jurídicos articulados por la Federación Rusa para justificar su agresión contra Ucrania, en particular, al alegato de legítima defensa y las acusaciones de genocidio, desmintiéndolas. Asimismo, se explora la relevancia del derecho internacional humanitario para el conflicto actual y las perspectivas de responsabilizar por los crímenes cometidos en el territorio de Ucrania a través del prisma del derecho penal nacional e internacional. Finalmente, se hace especial hincapié en los desafíos que la agresión rusa contra Ucrania plantea al derecho internacional y a la comunidad internacional en su conjunto.

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Que los ciudadanos puedan resistirse a la opresión de un poder tiránico o puedan protestar contra las medidas del gobierno en una sociedad democrática, es un derecho reconocido desde los inicios de la modernidad, y, como tal, ha sido incorporado a la mayoría de los textos constitucionales actuales. El presente artículo tiene como objetivo analizar las tensiones que se generan entre el uso progresivo de la fuerza en las marchas y protestas que se realizan en el Ecuador, y el ejercicio del derecho constitucional a la resistencia reconocido en la Constitución de la República de Ecuador, 2008, mediante el examen de los conceptos y categorías relacionadas con el tema y el marco normativo vigente aplicable tanto al ejercicio del mencionado derecho como al uso progresivo y proporcional de la fuerza por los miembros de la Policía Nacional. El resultado es una sistematización de las tensiones que se producen entre el derecho a la protesta social y la actuación del Estado ecuatoriano. Desde el punto de vista metodológico se realiza una revisión documental para caracterizar la situación actual que vive el país, frente a las protestas ciudadanas que se desarrollan por las inconformidades respecto a las políticas públicas que han adoptado los gobiernos de turno.

El presente artículo estudia los estados de emergencia declarados en el Perú durante la pandemia del COVID-19, periodo cuyo inicio se fija en la llegada de este virus al territorio peruano, durante el gobierno de Martín Vizcarra, y se extiende hasta el presente1. De esta manera, se explica que la «normalización» del recurso a la figura de los estados de emergencia ha seguido siendo una constante en la política peruana durante el periodo analizado, y que esta práctica no suele cumplir los estándares internacionales requeridos para su instauración, tales como los principios de legalidad, de proclamación, de notificación, de excepcionalidad, de necesidad y proporcionalidad, de temporalidad, de no discriminación, y de compatibili- dad con el derecho internacional. Luego del análisis de cada uno de estos principios, se revela que durante el periodo estudiado esta figura ha sido utilizada de manera consistente para prevenir la propagación del virus y sus variantes, para restablecer la convivencia social, pero también para atender situaciones de conflictividad social, el incremento de la inseguridad ciudadana, crimen organizado y combatir remanentes terroristas. Se identifica, además, que, generalmente, dicha práctica del gobierno ha limitado directa e indirectamente el ejercicio de distintos derechos humanos de los habitantes sin justificación razonable alguna.

La presente investigación analiza casos de uso de la fuerza en México por agentes de la Guardia Nacional (GN) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.). El objetivo de este trabajo es examinar las controversias de las mencionadas corporaciones en labores de seguridad pública, en razón de que al ser integradas por agentes de formación castrense, se consideran posibles actos de uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos (DD. HH.) por parte de dichos agentes; en especial, si no existen para ellos protocolos claros sobre el uso de la fuerza. El artículo se divide en siete partes. En la primera se hace una revisión de la literatura en torno al uso de la fuerza. En la segunda se presenta el instrumento metodológico para registrar los enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional y las FF. AA. en México, con base en un análisis de fuentes abiertas de medios de prensa. En la tercera sección se indican las categorías de análisis para identificar el uso debido y excesivo de la fuerza. En la cuarta parte se analizan las controversias de la Ley de la Guardia Nacional (LGN) respecto al uso de la fuerza. En la quinta sección se presentan las controversias en torno al actuar de la GN en sus operaciones. En la sexta parte se reconstruyen tres casos para analizar y entender cómo se dio el uso de la fuerza. Por último, presentamos una breve conclusión en torno a los retos del uso de la fuerza en México de la GN y las FF. AA. para garantizar el respeto a los DD. HH.

In spite of the efforts of the international community to solve the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) nuclear crisis, this issue remains unsolved. The relevance of this matter lies in the need to find a permanent solution to the crisis that leads to a total denuclearization of the Korean Peninsula. Therefore, the aim of this article is to demonstrate the need of a peaceful solution to the DPRK nuclear issue in which the security concerns of North Korea are addressed by signing a peace treaty with Pyongyang that ensures that the United States will not attack the regime, will remove its troops from South Korea and will finish its military drills with this ally. This article will discuss what elements will be necessary to achieve a peaceful solution to this nuclear conundrum.

The article analyzes the use of states of emergency in Peru during the COVID-19 pandemic and their compliance with international human rights law. It highlights that the Peruvian government has declared numerous states of emergency, but questions whether they meet international standards and national regulations. It is mentioned that the declaration of states of emergency lacks checks and balances or review mechanisms, which can lead to arbitrary and unconstitutional decisions. Additionally, it is noted that some states of emergency have been used to suppress protests and control civic space. It is concluded that it is necessary to ensure the proportionality and necessity of the measures taken during states of emergency. [Extracted from the article]

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El texto presenta una reflexión respecto al presidencialismo y los cabildos en el caso boliviano. Asimismo, refiere los estándares aplicables en atención al uso de la fuerza y el Derecho a la protesta a fin de que la ciudadanía activa sea empoderada mediante los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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The COVID-19 pandemic has been mobilizing the full capacities of societies worldwide to respond to unprecedented threats to national and human security. In many cases, emergency measures have involved military support to civil institutions, including law enforcement operations. This paper aims to better understand the legality and legitimacy of these military operations, using hermeneutic, comparative, and survey methodology. It is based on the assumptions that international human rights standards crucially determine moral requirements for domestic use of military force and that just war theory can be equally helpful in the decision-making on domestic military operations in such circumstances. This study assesses the justification of current military enforcement and recommends criteria for future emergencies. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En este artículo se analiza el uso de la fuerza al interior de los establecimientos de reclusión colombianos. Para esto, se contextualiza la situación carcelaria actual y el efecto que ha tenido la llegada de la COVID-19, que desembocó en motines y ameritó la declaratoria de emergencia penitenciaria y carcelaria. Teniendo en cuenta los hallazgos, argumentamos que la racionalidad del castigo y de la fuerza, que se emplea en contra de las personas privadas de la libertad, es potente en el texto jurídico pero criticable en la práctica. Las muertes y lesiones de personas privadas de la libertad en la Cárcel La Modelo de la ciudad de Bogotá, en los hechos del 21 de marzo de 2020, deslegitiman las acciones estatales desplegadas en procura de mantener el orden penitenciario y degeneran en una masacre.

Cada vez con mayor frecuencia, los conflictos modernos presentan un nivel de complejidad diferente a los conflictos tradicionales. Esta complejidad se evidencia principalmente a través de dos características: las desproporcionadas consecuencias humanitarias y la constante internacionalización de los conflictos internos a través del involucramiento de Estados y grupos armados externos. En este sentido, el conflicto en Siria no ha sido la excepción, puesto que lo que originalmente nació como un conflicto armado no internacional entre el Estado y grupos armados, ha evolucionado a través del involucramiento de una multiplicidad de actores externos tanto en apoyo del régimen sirio como de los grupos rebeldes. La evolución reciente del conflicto en Siria sigue este patrón al confirmarse tanto el uso de armas químicas contra la población civil como el involucramiento de Estados Unidos a través de una operación militar contra infraestructura militar siria. Cabe analizar entonces las implicaciones de dichos sucesos para el Derecho Internacional Humanitario, particularmente, sus consecuencias para la determinación de la naturaleza de los conflictos que se desarrollan en Siria y sobre la base de esto, las normas que serían aplicables a los mismos.

Throughout this year, the context of social unrest and protests in Colombia has shown a high level of political instability that many analysts still consider unfinished. Additionally, these social upheavals have been surrounded by ambivalent realities. On the one hand, the legitimate claims amid the social discontent of some sectors of the population, towards the measures adopted by the Government to meet their aspirations. On the other hand, some minority sectors that in the midst of these social mobilizations have appealed to violence as a means of expressing their frustration and discontent. Finally, a police force that has been overwhelmed in their capacity to respond to these events and that in the middle of their actions have also been accused of failing to fulfill their mission to protect and serve. This article focuses on the discussion around the need of a integral transformation of the national police. The main objective oif this transformation is to upgrade the operational capabilities of the polica aswell as to secure a better relation and interaction with colombian civil society while promoting and protecting human rights. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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This paper does a profound description of the legal framework and its recent modifications related to the State’s use of force in socio-environmental conflicts. This analysis emphasizes in law’s violent nature as a theoretic approach that intends on showing the way that the legal system, instead of defending rights, violates them. The methodology is dogmatic when analyzing law and other legal documents, and interdisciplinary when comparing laws with evidence gathered in interviews, participant observation, documents and databases. The objective its to characterize critically the complex legal framework that articulates the politics that leads to the criminalization of social protests against extractive industries in Peru.

The author analyzes the prevailing regulation on the use of force, from the perspective of Article 51 of the UN Charter related to the general prohibition of Article 2.4 UN Charter, with special emphasis on the existing doctrinal conflict due to the interpretive duality of the above-mentioned Article 51 C, offering an approach to the problem. In that regard, the theories that justify unilateral anticipatory modalities in the fightagainst organized terrorism are confronted, in order to eventually findsupport in the customary law of the inherent right to self-defense.

El uso de la fuerza policial es siempre un tema controvertido, y su justificación también resulta compleja en las sociedades democráticas. En este estudio se aborda el análisis de la concepción justificativa que realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su comparación con la de la Corte Suprema Norteamericana, a través del análisis de distintas sentencias emitidas por los citados órganos jurisdiccionales. El objetivo es determinar si en los últimos años existe o no un proceso de convergencia entre las decisiones adoptadas por estos tribunales, así como la detección de patrones interpretativos, tanto comunes como divergentes, con la finalidad de realizar un análisis crítico de la justificación que realizan sobre el fenómeno

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The following lines present a panoramic view on the use of lethal force in Venezuela. The first part deals with the national context on this issue, its normative regulation, action protocols, policies and public debate on the subject. After describing the methodological aspects, the elaborated indicators are presented linked to the daily exercise of the use of lethal force by the State during the year 2017. In the last part the general analysis of these indicators is made, finally some recommendations are suggested from the elaborated diagnosis. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

L a fuerza pública forma parte de la estructura constitucional del Estado. Este artículo pretende abordar el modelo constitucional de esta organización pública a partir de su caracterización general y particular; para el efecto, se revisaron, describieron y analizaron las normas constitu- cionales y legales que la rigen, así como la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional en la materia. Como resultados, se evidenciaron las semejanzas y diferencias entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, los umbrales fácticos y jurídicos que traslapan, las tareas misionales relacionadas con el uso de la fuerza y las medidas jurídicas, administrativas y jurisprudenciales, tendientes a preservar el modelo constitucional de esta organización pública. L a investigación permite concluir que el constituyente modeló la fuerza pública y en especial su misión, como instrumento para cumplir los fines del Estado y, principalmente, para mantener el orden consitucional y proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los residentes en Colombia.

El presente trabajo tiene por objeto indagar sobre la existencia de una dimensión jurídica de los elementos de la estatalidad que requiera que los componentes del Estado hayan sido obtenidos por causa lícita, entendiéndose como tal a una no contraria al ordenamiento imperativo del Derecho Internacional. A tales efectos, se analizará en concreto si la agrupación autodenominada “Estado Islámico de Irak y el Levante” puede ser considerada un Estado conforme a las normas actuales de Derecho Internacional.

Exceptionally not grounded on the rhetorical penetration of the great theoretical schemes of international relations and foreign policy areas of academic knowledge but grounded, instead, on the juxtaposition of the new Obama Administration's main electoral promises on foreign policy related matters with a series of empirical data on the current state of the world, the aim of these remarks is that of providing the reader with a down-to-Earth introductory background to the future of US' foreign policy. ------------------------------------------------------------------------------- Excepcionalmente no basado en la penetración retórica de los grandes esquemas teóricos de las áreas de conocimiento académico de las relaciones internacionales y la política exterior, sino en la mera yuxtaposición de las principales promesas electorales de la nueva Administración Obama con una serie de datos empíricos sobre el estado del mundo, la intención que anima estos apuntes es la de proporcionar al lector un trasfondo introductorio realista al futuro de la política exterior estadounidense.

Este ensayo maneja las capacidades de las organizaciones internacionales con un carácter regional en el mantenimiento de la paz. Busca probar la hipótesis de que la práctica internacional permite la acción coercitiva de tales entidades como una nueva excepción a la prohibición general del uso de la fuerza, más allá de los casos tradicionales, que son acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o bajo su autorización; y autodefensa individual y colectiva. El tema de este estudio son las operaciones armadas de organizaciones internacionales sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Este artículo revisa los permisos de uso de la fuerza previstos en la Carta de las Naciones Unidas. Este texto pretende estudiar la permisibilidad del uso de la fuerza por parte de entidades regionales como tales, no su actuación en otras modalidades del ius ad bellum que también están abiertas a estados singulares. Se concluye que la práctica internacional no permite la acción coercitiva de las organizaciones regionales sin la autorización del Consejo de Seguridad. Dichas intervenciones no pueden simplemente denominarse ilegales, debido a su importante papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales.

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Este texto evalúa el uso de la fuerza letal por parte de fuerzas federales mexicanas en enfrentamientos con presuntos miembros de la delincuencia organizada en el período 2008-2014. Los autores utilizan datos oficiales y reportes de prensa sobre muertos y heridos en enfrentamientos para construir indicadores como el número de civiles muertos por cada miembro de una fuerza de seguridad muerto y el número de civiles muertos por cada civil herido. Los resultados previenen sobre el posible uso excesivo de la fuerza letal como patrón de comportamiento. Además, se plantea un contexto de creciente opacidad en la información oficial disponible y serias carencias en el marco legal que regula el uso de la fuerza.