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El derecho a la vivienda es uno de esos derechos que en las últimas décadas han demostrado su esencialidad en el Estado social y democrático de derecho. A pesar de su relevancia política, social y económica y de su reconocimiento multinivel (internacional más las múltiples normas autonómicas sobre vivienda y, hoy, estatal, con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda), no hay correspondencia con una política de realización efectiva de este derecho, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 47. Sobre la primera ley estatal por el derecho a la vivienda se plantean múltiples temas, siendo la cuestión competencial un asunto de sumo interés. En el presente trabajo, partiendo del reconocimiento de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de vivienda, se estudia la incidencia que tienen ciertos títulos competenciales transversales del Estado sobre aquella, y su reflejo en el referido texto legal a la luz de la jurisprudencia constitucional recaída sobre la distribución competencial en materia de vivienda. Asimismo, especial atención merece el desplazamiento del uso de vivienda a otros mercados alternativos, como es la vivienda turística, que, aunque no trata la ley de vivienda de 2023, está íntimamente ligada a toda esta problemática que suscita la regulación estatal.

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Este trabajo se centra, dentro del ámbito del alojamiento colaborativo o turismo colaborativo, en el examen del régimen jurídico aplicable a las viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid, y el empleo de la zonificación urbanística como instrumento preponderante para proceder a dicha regulación. En tal sentido, el texto parte de un examen general de la regulación de dichas viviendas, incluyendo su propia definición, para después proyectarla en el ámbito normativo de la Comunidad y el municipio de Madrid, que utilizan sus competencias en materia de turismo y de urbanismo para la producción de una regulación autonómica y local en el sector de referencia. En este contexto se estudia en detalle el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2019, que procede a zonificar la ciudad, mediante la técnica de la calificación urbanística y la modificación de los usos del planteamiento urbanístico. Seguidamente, el texto se plantea la conformidad del empleo de esta técnica en relación con las reglas de liberalización de servicios y defensa de la competencia contenidas en nuestra legislación, entre otros argumentos, y al hilo de pronunciamientos debidos a las autoridades de competencia, y examinando la jurisprudencia europea y nacional en este ámbito, confirma la legitimidad de la utilización de tales instrumentos. Desde esta perspectiva, finalmente se aportan un conjunto de valoraciones en orden a su empleo, o el recurso a técnicas jurídicas distintas más agresivas, con la perspectiva de la proliferación descontrolada de dichas viviendas y la inefectividad de la regulación vigente como telón de fondo.

This article discusses short-term rentals (STR) dynamics in Lisbon's historical city centre by matching its tourism characteristics with the organization of the city at residential and urban revitalization levels. The developed work comprises an analysis of the state of the art, the assessment of STR trends in several European cities, and an empirical investigation with the application of semi-structured interviews to four different groups of stakeholders, focusing on their perceptions about STR dynamics in the parish of Santa Maria Maior, Lisbon. Some inputs to develop a sustainable STR model are presented, which could be balanced with the preservation of the residents and their neighbourhood. Results show that changes which occurred in this specific neighbourhood led to an increase in the STR activity. It is concluded that new strategies may be helpful to achieve the goal of having a better balance among Lisbon's tourist and residential function. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El Alto Tribunal examina el recurso de casación interpuesto por la "Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona" contra la sentencia de 4 de abril de 2019 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo promovido por la mencionada Asociación contra el Acuerdo del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, adoptado en su sesión de 1 de abril de 2016, por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial Urbanístico para la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (en adelante VUT) en la referida ciudad. La sentencia de instancia, previa estimación parcial del recurso, anuló parcialmente el mencionado Acuerdo y declaró la nulidad de los artículos 6.2º.c), d), 3º, 7º. 1º. g), 17. 3º y la Disposición Transitoria 2ª de la normativa urbanística y la nulidad parcial del artículo 7.1º. d), rechazando declarar la nulidad de los restantes preceptos que se suplicaba en la demanda. El Plan Especial Urbanístico para la regulación de las VUT es una figura de planeamiento especial que toma su cobertura del artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y del artículo 67 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, para planes especiales de usos. También le resulta aplicable el Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo. La cuestión que suscita interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia es determinar si una regulación como la contemplada en los artículos 7, 11, 12, 13, 14 y 16 del Plan Especial urbanístico, resulta, o no, contraria a lo establecido por el artículo 15.2 y 3 de la Directiva 2006/123/CE y 9.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y si resulta proporcionada y está suficientemente justificada su necesidad por la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Las razones alegadas por la recurrente para justificar la vulneración del articulado de la Directiva vienen referidas a la imposición de los siguientes requisitos para el ejercicio de dicha actividad: una densidad máxima de viviendas de uso turístico limitadas a las existentes [artículo 11.2º.b), 12.2º.c); 13.2º.c) y 14.2º.c), en relación con el artículo 17]; el decrecimiento de habilitaciones de viviendas de uso turístico en determinadas zonas específicas [artículo 11.2º.c) y 14.2º.c)]; la prohibición de implantar viviendas de uso turístico en entidades con usos de viviendas a fecha 1 de julio de 2015 [artículos 7.1º.d), 12.2º.b) y 13.2º.b) del Plan ] y en la fijación del índice del 1,18 por 100 de densidad máxima de viviendas de uso turístico por manzana en determinadas zonas [artículos 12.2º.d), 13.2º.d) y 16 del Plan Especial aprobado]. La recurrente alega que la sentencia de instancia resulta contradictoria al considerar que las referidas limitaciones deben justificarse en las previsiones que se contienen en el artículo 15. 3º de la Directiva de Servicios: necesidad, no discriminación y proporcionalidad. Circunstancias que la Sala de instancia entiende que concurren en este caso concreto. La cuestión controvertida se centra en determinar si la regulación en el ámbito urbanístico vulnera la normativa europea y de Derecho interno que se ha citado. Y si a la vista de estas exigencias normativas, la imposición de requisitos que limitan el acceso a la actividad de VUT, con fundamento en una discriminación por razones de interés general y proporcionalidad para la protección de ese interés, requiere una motivación especial y concreta en cada supuesto. Se debe puntualizar que no es la primera ocasión en que el Alto Tribunal se pronuncia sobre este Plan Especial –su sentencia de 26 de enero de 2021 ya ha sido objeto de comentario en esta publicación Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Cataluña. Planeamiento urbanístico. Viviendas de uso turístico. Actualidad Jurídica Ambiental | AJA-. Sin embargo, pese a referirse al mismo instrumento de planeamiento, lo cierto es que en este caso la cuestión que se suscita es más específica y responde a si las limitaciones que comportan los concretos preceptos del Plan aprobado y tachados de ilegalidad, pueden estimarse justificadas en las condiciones que impone la norma comunitaria, en concreto, en la necesaria motivación de los requisitos que legitiman las limitaciones que se imponen a las VUT. La Sala trae a colación la doctrina sobre las limitaciones a la libertad de establecimiento y prestación de servicios y su preceptiva justificación; y se pronuncia sobre los requisitos que pueden condicionar una actividad de servicio o su ejercicio y la necesidad de que estén justificados y sean proporcionados en relación a una “razón imperiosa de interés general”; no sin antes destacar que aquellas limitaciones se imponen en un instrumento de planeamiento con un específico régimen de control vinculado a la obtención de licencias urbanísticas. En cuanto a la doble decisión -sometimiento a autorización y requisitos de las autorizaciones-, la Sala llega a la siguiente conclusión: “cuando la regulación de la libertad de establecimiento de servicios se realiza directamente, como aquí sucede, por el planeamiento urbanístico, la aplicación de la normativa general en materia de libre prestación de servicios que se imponen tanto en la Directiva como en la Ley nacional, tiene la peculiaridad de que debe ser el mismo planeamiento el que debe contener las exigencias que se imponen, tanto para someter la actividad a la previa autorización administrativa, como los requisitos para la concesión de dichas autorizaciones”. Asimismo, considera legítima la discriminación que se hace, desde el punto de vista estrictamente urbanístico, en la regulación de los usos de las edificaciones y, en particular, el discriminar dentro del uso residencial, el específico que se impone a esas VUT. Es más, el planificador puede y debe efectuar esa ordenación de usos específicos, y lo que no se puede pretender es que esa ordenación tenga un régimen diferente de las restantes determinaciones del planeamiento. Determinaciones del Plan especial que deben estar motivadas en la memoria, por cuanto los planes de urbanismo no pueden contener una específica motivación de todas las determinaciones que contienen. En definitiva, el Alto Tribunal responde a la cuestión casacional de la siguiente forma: “un plan de urbanismo como el de autos es un instrumento legítimo para someter a la previa autorización administrativa el ejercicio de una actividad de VUT y que los preceptos del mencionado Plan que condicionan la concesión de la tal autorización es proporcionada y está suficientemente justificada por la salvaguarda de la razón imperiosa de interés general de facilitar la existencia de viviendas susceptibles de arrendamientos para residencia de los ciudadanos”. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La presente investigación se centra en el estudio de la implantación y crecimiento del alquiler vacacional en el espacio castellanomanchego, así como su incidencia geográfica, temporal y social, con el fin de valorar la magnitud del fenómeno. El objetivo general radica en el análisis detallado de la aparición, evolución y generalización en Castilla-La Mancha de las nuevas modalidades de alojamientos turísticos, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico en los últimos 25 años, considerando las posibles correlaciones positivas entre recursos patrimoniales, naturales y culturales, y la existencia de infraestructuras de alojamiento en determinados espacios de la región, tanto urbanos como rurales. Junto con la oferta tradicional de alojamientos en núcleos urbanos, en los últimos años la región ha experimentado un cambio significativo al alza de distintas modalidades de establecimientos relacionados con la importancia que va adquiriendo la práctica del turismo rural y de naturaleza y el turismo cultural y de centros urbanos.

El auge de las viviendas turísticas en España, a lo largo de la última década, ha puesto el fenómeno en el centro del debate público y ha llevado a muchos municipios a plantearse la necesidad de ordenarlos o limitarlos. Este artículo analiza, a través de la óptica de la jurisprudencia, las experiencias acumuladas de los últimos años mediante la legislación turística, las ordenanzas municipales y la planificación urbanística. El análisis de los diferentes instrumentos normativos, y singularmente los ejemplos de Barcelona y Bilbao, nos permite extraer algunas conclusiones útiles y al mismo tiempo proponer soluciones normativas óptimas para abordar este fenómeno, compatibilizando el derecho a la ciudad o a una vivienda digna y la libertad de prestación de servicios.

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La Sentencia que comentamos en esta ocasión resuelve el recurso de casación núm. 8090/2019, interpuesto por particulares, contra la sentencia dictada por la de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 15 de julio de 2019, estimatoria en parte del recurso núm. 105/2016, contra el acuerdo del Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de 1 de abril de 2016, por el que se aprobó definitivamente el Plan especial urbanístico para la regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona. Son partes recurridas el Ayuntamiento de Barcelona, y la entidad mercantil. El Plan en cuestión regula las viviendas de uso turístico (VUT), en el marco del art. 67 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, en el sentido de que estos planes ordenan la incidencia y efectos urbanísticos, medioambientales y sobre el patrimonio urbano de las actividades que se producen en el territorio, regulando la intensidad y condiciones de ejercicio de dichas actividades. Así, el Plan dispone condiciones para el establecimiento territorial de las viviendas turísticas, con el objetivo de alcanzar un equilibrio en el entorno urbano entre el ejercicio de dicha actividad económica y la garantía de una ciudad sostenible, especialmente para sus residentes habituales (F.J.6). Específicamente, se establece una graduación de limitaciones para la implantación de las VUT entre diversas zonas, con la identificación de un total de seis grados aplicables a las seis zonas homogéneas que en el plan se describen y que se delimitan en función de determinadas características; y, de forma particular, en la zona denominada Ciutat Vella, se exige que las VUT se ubiquen en edificios enteros y se establece un número máximo de VUT coincidente con la totalidad de las VUT habilitadas existentes en el momento de la aprobación definitiva del plan, de forma que para que pueda instalarse una nueva es necesario que se produzca la baja de alguna de estas VUT habilitadas existentes, de forma que se prevén mecanismos que permitan a la Administración tener este dato debidamente actualizado. A juicio de los recurrentes, este exigencia justifica la impugnación del plan, puesto que, grosso modo, se trata de limitaciones que no se ajustan al régimen de autorización que con carácter excepcional se contempla en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios de mercado interior (y, por extensión, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), dado que “no se basan en consideraciones urbanísticas y son condiciones discriminatorias y desproporcionadas, al impedir prácticamente que nuevos operadores puedan acceder al ejercicio de la actividad”. El Tribunal Supremo desestima el recurso, sin imposición de costas, haciendo suyos buena parte de los argumentos utilizados por la Sala de instancia, y considerando de forma expresa tanto la STJUE de 22 de septiembre de 2020, como la Sentencia de 19 de noviembre de 2020, dictada por el mismo. En este sentido, el Tribunal señala, en primer lugar, que la limitación cuestionada por los recurrentes es totalmente objetiva y razonable, impidiendo su consideración de discriminatoria, de conformidad con la doctrina aludida del STJUE. A ello añade que las peculiares características de la zona denominada Ciutat Vella, todas ellas con incidencia en el derecho a una vivienda digna y en la protección de un entorno urbano de calidad, requieren de intervención, conectando directamente con las razones imperiosas de interés general que las normas citadas reconocen como legitimadoras del establecimiento de limitaciones al desarrollo de actividades económicas, de forma que el Tribunal reconoce abiertamente que estamos ante el ejercicio de la potestad de ordenación urbanística pero imbricada con el principio de desarrollo sostenible (F.J.6).Destacamos los siguientes extractos: “«En definitiva son argumentos del todo punto urbanísticos (convivencia ciudadana, demografía, densidad de población, relación entre población flotante y residencial, la optimización de la utilización de los espacios públicos, medio ambiente, movilidad) y no de política económica ni turística los que obligan a regular la actividad de las viviendas de uso turístico y poner freno al crecimiento progresivo y desproporcionado de la oferta de vivienda de uso turístico en el Distrito. Las prescripciones introducidas en el PEHUT tienen, pues, como finalidad el cumplimiento de los objetivos urbanísticos mencionados; una finalidad, en consecuencia, de cariz absolutamente urbanística». (…) Rechaza que la regulación con tenida en el plan impugnado contradiga la Directiva 2006/123, ya que ésta, de conformidad con su considerando 9, no se aplica a las normas de ordenación del territorio y urbanismo que deban ser respetadas por los prestadores de servicios en el ejercicio de su actividad económica igual que los particulares en su capacidad privada, incluyendo dentro de las razones imperiosas de interés general que habilitan para imponer restricciones a la libre prestación de servicios, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, que es lo que en este caso ocurre ya que los objetivos perseguidos por el Plan especial impugnado son de ámbito urbanístico y medioambiental, y no económicos o de mercado, pues se refieren a la convivencia ciudadana, demografía, densidad de población, relación entre población flotante y residencial, la optimización de la utilización de los espacios públicos, medio ambiente, etc…(F.J.4)”. “Hay que situar las actuales actuaciones urbanísticas en el marco de la regeneración y rehabilitación ciudadana, y, en tal proceso, las VUT no pueden incidir negativamente ni alterar las expresadas líneas de actuación urbana, salvo que los mecanismos democráticos municipales así lo asumieran; esto es, la normativa -en principio liberalizadora- que defiende, como es su obligación, la entidad recurrente, no puede alterar el actual proceso urbanístico - a forma de vivir en la misma-, incidiendo negativamente en su transformación, pues el mismo va dirigido a la configuración de una ciudad compacta, como marco esencial de convivencia (F.J.5)”. “Esta justificación tiene como sustento las peculiares características de la zona denominada Ciutat Vella, todas ellas con incidencia en el derecho a una vivienda digna y en la protección de un entorno urbano de calidad: superior presión turística que el resto del municipio de Barcelona; la mayor concentración de VUT de todo el municipio; estructura urbanística propia de un centro histórico con calles estrechas y escasos espacios públicos que dificulta la compatibilidad de ambos modos de vida, residentes y turístico; elevación del precio de la vivienda en propiedad y alquiler… (F.J.6). “Además, los criterios utilizados para sustentar las limitaciones son criterios objetivos, se encuentran plenamente conectados con la ordenación del suelo y tienen pleno acomodo en el objeto de este tipo de planes urbanísticos que ordenan la incidencia que la actividad, en este caso de VUT, produce en el territorio, y más en concreto, por lo que a este caso se refiere, en el derecho a la vivienda y en el entorno urbano, regulando y ordenando su intensidad en función de criterios netamente urbanísticos como son, entre otros, el establecimiento de densidades máximas en función de la proporción existente en los barrios y manzanas entre las VUT y las viviendas de uso residencial o entre población flotante y residente; el número, distribución territorial y ubicación de las VUT existentes en los distintos barrios, manzanas y edificios; las características urbanísticas del tejido urbano o la tipología arquitectónica de los edificios. Se trata, por tanto, de un adecuado ejercicio por el planificador de la potestad de ordenación urbanística, enraizada en el principio de desarrollo sostenible y debidamente justificada en la protección del derecho a la vivienda y del entorno urbano (…) (…) En definitiva, y como concluyéramos en nuestra sentencia de 19 de noviembre de 2020, también en este caso debemos concluir que se trata de una decisión adoptada por la Administración que mejor conoce la ciudad de Barcelona, que la ha justificado en la Memoria que acompaña al Acuerdo adoptado y que la Sala de instancia ha valorado correctamente en uso de las facultades que le corresponden, debiendo excluirse la vulneración, tanto de la Directiva 2006/123, como de la legislación interna que la traspone (F.J.6)”. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La irrupción de la economía digital ha implicado grandes transformaciones para los distintos sectores económicos. Los cambios tecnológicos y la rapidez en los intercambios de información han permitido que proliferen nuevos modelos de negocio, caracterizados por una interacción más directa entre los usuarios y los ‘vendedores’. El ‘fenómeno Airbnb’ es una preocupación cada vez mayor en los distintos territorios del Estado, lo que ha tenido un impacto significativo en el crecimiento de la regulación específica en este campo. En el presente artículo analizamos las similitudes y divergencias regulatorias entre los distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, intentando resumir a grandes rasgos los elementos más característicos de la normativa en este ámbito.

Airbnb es el ejemplo más destacable de plataforma P2P en el sector del alojamiento. Estudios previos sobre este fenómeno se han centrado en su impacto en la hostelería dejando de lado el efecto que produce en la intermediación turística, concretamente a las agencias de viajes. Se analiza este impacto en un sector que percibe cómo la innovación disruptiva de Airbnb le desplaza del negocio de alquiler de apartamentos vacacionales y amenaza con hacerlo también del de actividades. Se discute si el sector tiene la necesidad y si estaría dispuesto a trabajar en un sistema de coopetición, similar al que se ha producido recientemente con la implementación de Civitatis o Booking en los procesos de ventas. Se concluye que la agencia de viajes prioriza afianzar su reposicionamiento en este producto aliándose con el principal actor del mercado a pesar de la probable reducción de márgenes.

The tourism industry joins the digital era driving to an increase in the offer of home sharing for tourist use. The analysis of the negative externalities associated with this phenomenon supports this work in five keys. It synthesizes the regulations in two representative destinations: Balearic Islands and Madrid. Presents a quantification of economic impacts at national level, with Table Input-Output of Spain 2015, noting that a change of behavior pattern tourists associated with habits in housing for tourist, generates impacts of various signs from the perspective of national accounting. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Work in tourism has mostly been characterized by its precariousness, especially since the beginning of the global financial crisis in 2008. This dynamic has been strengthened by new forms of non-hotel accommodation through tourist housing throughout its value chain. The objective of this communication is to identify which labour groups would be subjected to greater processes of labour precariousness, basically customer service work in sharing platforms; student interns and "checkers" in management companies of these tourist homes and subcontracted maintenance and cleaning work, and to explain through which business mechanisms this loss of quality in employment is produced. The study is carried out in the city of Barcelona, where this new form of tourist accommodation is widely established. The research has an exploratory nature and is developed based on 15 semi-structured in-depth interviews with workers in different tasks linked to the marketing and management of tourist flats, as well as with managers of these companies and marketing platforms. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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The boom in housing for tourist use, especially through technological platforms, is sometimes causing negative effects on the local population. In response to this process, some city council are exercising their powers in urban planning in order to avoid the excessive concentration of tourist accommodation in certain areas and proceed to an efficient distribution according to what is desirable for society. For this, intervention techniques typical of administrative law are used, such as urban zoning and sanctioning law under the justification of harmonizing the economic sectors with the protection of the environment and the territory, both higher values of constitutional scope. We will analyze administrative intervention measures in urban planning, especially the use of the zoning technique, as possible solutions to the problems derived from the processes of tourist gentrification in cities. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Public policies and mass tourism have promoted new urban logic associated with the gentrification process, which includes real estate speculation and the commercialization of public space. For the contextualization of this problem, which implies the relationship between residents, tourists and real estate agents / tourists, was chosen the La Barceloneta neighbourhood, in whose scenario it is observed how the demand of the visitors disagrees with the needs of the residents and how tourism activities affect the daily lives of its citizens. Likewise, this paper evaluates the socio-territorial impacts that cause a greater level of neighbourhood rejection, as well as claims and protests that require the regulation of housing for tourist use (VUT) and the use of public space, which has been achieved, although not entirely, through the approval of the PEUAT. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El fenómeno de la turismofobia y los problemas de convivencia turística son el objeto de estudio del presente artículo, realizado en base a un análisis comparativo de las ciudades de Ámsterdam, Barcelona y Berlín. El objetivo principal es estudiar el concepto turismofobia con la finalidad de conocer las características comunes que provocan la aparición de varios problemas de convivencia turística. Para el estudio de la extensión del fenómeno se ha llevado a cabo una búsqueda de cifras y artículos divulgativos con el objetivo de definir los problemas provocados por la actividad turística en las tres ciudades. Paralelamente se han realizado entrevistas a 27 personalidades del sector, pertenecientes tanto a la administración pública como a asociaciones vecinales, al mundo académico y al sector privado. Los resultados llevan a considerar que la concepción del término turismofobia, teniendo en cuenta su significado etimológico, se aleja de las líneas más extendidas. Las tres ciudades presentan distintos problemas de convivencia entre turistas y residentes provocados, principalmente, por la masificación de los espacios públicos y por la mala planificación del entorno, hechos que causan malestar entre la ciudadanía y que ha sido entendido como odio al turismo tanto por diversos actores del sector como por los medios de comunicación.

Las importantes restricciones que el planeamiento urbano ha impuesto a las viviendas de uso turístico en las ciudades de Madrid y Barcelona imponen un examen de estas medidas desde el punto de vista de los principios de buena regulación económica, la libre prestación de servicios y la protección de los derechos fundamentales de ciudadanos en general y de propietarios de viviendas en particular.

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La presente investigación aborda el fenómeno de la socialización del negocio turístico a través de la comercialización de estancias turísticas en viviendas, en el caso del municipio de Lloret de Vistalegre (Mallorca). Los resultados obtenidos han permitido cuantificar la oferta de este tipo de alojamiento turístico, conocer su distribución territorial, además de radiografiar las características de las viviendas y el perfil de los propietarios. [ABSTRACT FROM AUTHOR]